Fue necesario instaurar varias acciones de tutela por parte de la Personería de Yopal, para que le concedieran cupo a cinco adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en un hogar de protección.

Las medidas buscan garantizar los derechos constitucionales fundamentales a la vida, dignidad humana, igualdad y protección de estos abuelitos, quienes presentaban alta condición de vulnerabilidad, diagnósticos médicos, deficiente recurso socioeconómico y sin una red de apoyo.

De los siete mecanismos instaurados por el Ministerio Público Municipal, durante el segundo semestre del año 2023, cinco de ellos fueron fallados a favor.

Por consiguiente los despachos judiciales conminaron a la Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a adelantar las acciones pertinentes para materializar el ingreso de los adultos mayores a un hogar de protección, con el fin de garantizarles una vida en condiciones dignas.

Si bien es cierto, que en uno de los casos no fue aprobado el cupo, el Juzgado ordenó a la mencionada Secretaría efectuar un seguimiento constante de las condiciones de vida del adulto mayor en su vivienda.

Con esta medida se busca que se protejan sus derechos fundamentales, mientras que a la EPS Capresoca le ordenó verificar mediante concepto médico, si esta persona requiere servicio de enfermera o cuidador.

Frente al otro caso en mención, la Personería Municipal de Yopal presentó impugnación del fallo en primera instancia, teniendo en cuenta que el abuelito requiere con urgencia el cupo en un hogar de protección, debido a su condición de abandono y su situación de discapacidad.

“Cabe destacar que, durante el año 2023 atendimos de manera oportuna a 264 adultos mayores. Es así como la Personería le cumplió a esta población que acudió a requerir nuestros servicios, entre ellos visitas de verificación psicosocial, intrahospitalaria y domiciliaria”, afirmó el personero Rafael Alberto Peña Torres.

De esta manera la Personería Municipal de Yopal recalcó que ha ejercido las atribuciones que le corresponden, como garante de los derechos humanos en la ciudad, en este caso en favor de las personas de la tercera edad, quienes son sujetos de especial protección constitucional.