En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, la Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a las autoridades nacionales y territoriales a la efectiva protección de los derechos de las mujeres y la consolidación de estrategias para mitigar el las cifras de feminicidios en el país y el accionar oportuno e integral de todas las entidades para la atención, protección, reparación y garantía de no repetición de todos los tipos de violencias por razones de sexo y género. 

El ente de control ha priorizado en el país 659 casos reportados urgentes de esclarecer para evitar más riesgos sobre las víctimas acreditadas y velar porque se garantice el debido proceso en los casos de violencia basada en género. También exhortó a las autoridades competentes a que en las investigaciones penales se cumpla con el principio de la debida diligencia y con la aplicación del enfoque de derechos de las mujeres. 

El órgano de control publicó los casos en todo el territorio nacional derivados de las valoraciones efectuadas por Medicina Legal a mujeres remitidas, registrándose la segmentación de estas alertas en los departamentos: 

Bogotá (202, Tolima (76), Cundinamarca (70), Antioquia (68), Arauca (39), Risaralda (32), Quindío (27), Huila (24), Santander (22), Casanare (17), Bolívar (15), Valle del cauca (13), Norte de Santander (4), Chocó (4), Cauca (3), Atlántico (2), Caldas (2), Magdalena (2), Nariño (1), Córdoba (1) 

El ente de control mostró su preocupación e hizo un llamado a la intervención administrativa del Ministerio Público y autoridades competentes a que se priorice la tramitación y atención de estos casos.

El llamado fue reiterado por la Procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, Viviana Mora Verbel, en su intervención en el evento Pacto Nacional para la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres y las Niñas. 

Para la Procuraduría, la prevención de este flagelo debe involucrar a la familia y a toda la sociedad, e hizo un llamado a en defensa de los derechos humanos de la niñez y las mujeres.

La Contraloría Departamental remitió, a la Alcaldía de Yopal, el informe técnico sobre el análisis de los hechos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, en el marco del proceso de conformación de la sociedad de economía mixta y la construcción del nuevo terminal de Yopal. La administración municipal tendrá un plazo "improrrogable", de cinco días, para ejercer su derecho de réplica y responder las inquietudes presentadas en el informe del ente de control.

Dentro de los aspectos mas relevantes, en los hallazgos de la investigación realizada por el ente de control se puede reseñar que: En Ia constitución de Ia Empresa de Economía Mixta Ia Alcaldía de Yopal solo participa con el 20% quedando en manos de los particulares el 80%, de las acciones, Ia que no permite que se tenga el control por parte de Ia administración del Terminal de Trasporte.

Aunado a Ia anterior Ia familia Parra es accionista del 40% del terminal que conlleva a que Ia administración quede sometida a lo que decidan los particulares pese a que se realiza, por parte del municipio, un aporte de dinero de SEIS MIL MILLONES DE PESOS. ($6.000.000.000)

La Convocatoria tenía contemplada Ia "compra de un predio para Ia construcción del terminal" y este podía quedar ubicado en cuatro zonas diferentes de Ia ciudad según POT, sin embargo, como se probó NO se analizan predios de otros sectores.

El aviso de convocatoria difiere del objeto del acta de constitución de Ia SEM, en cuanto que ya no contempla las actividades de "adquisición del terreno", habilitación y homologación del terminal, sino que contempla acciones diferentes.

Al ser menores las cargas de actividades impuestas en el acta de constitución de Ia SEM a las actividades de Ia convocatoria pública, se limitó el acceso a un mayor número de participantes que hubieran podido ofertar las actividades pactadas y con ello se ha podido obtener una mejor propuesta, incumpliendo el principio de selección objetiva.

Dentro de la investigación adelantada por la Contraloría también se analizan los procesos de gestión predial del terreno, sobre el cual recaen procesos judiciales en cursos, de los cuales tenía pleno conocimiento la administración municipal, y que deberán ser resuelto por la alcaldía en su respuesta, la cual se espera para la próxima semana.