Enfermera identificada como Lizeth Yuliana Pérez, no alcanzó a llegar a recibir turno la noche de este 4 de enero en el Hospital Regional de la Orinoquía, porque fue impactada por el conductor de un vehículo, quien, al parecer, se movilizaba por la carrera 17 con calle 17, sector de Caño Seco en Yopal, en aparente estado de embriaguez.

“Cuando ocurre el accidente el señor lo único que hizo fue levantarla y decirle yo tengo seguro, pero luego la dejó ahí sola y ella me llamó a mí. Cuando ya volvimos a llamarla ella ya se había desplazado al hospital, pero no alcanzó a tomar las placas del vehículo”, dijo la señora Lucy, madre de la enfermera.

A la mujer, según la mamá, le han aplicado medicamentos para el dolor, pero no le han hecho mucho efecto, porque persiste el fuerte dolor. Además, le hicieron una tomografía de columna, cadera y otros exámenes para determinar el nivel de las complicaciones.

Sobre el conductor, la señora Lucy dijo que no se ha presentado en el Hospital a preguntar por el estado de salud de su hija, ni a responder por los daños ocasionados, por lo que hizo un llamado a la comunidad en aras de dar con el paradero del conductor.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un médico y una enfermera, como presuntos responsables de brindar asistencia a los integrantes de la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, así como de practicar abortos y otros procedimientos no consentidos a las mujeres que hacían parte del grupo ilegal.

Se trata de Carlos Antonio Valdés Zuluaga, quien sería el gerente de una clínica de Saravena (Arauca) y profesional adscrito al hospital municipal; y Bellany Castro Quintero, alias La Caballota, Bella o Gladys. Adicionalmente, fue vinculado a la investigación William Efraín Higuera Chacón, señalado de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal.

Actuar clandestino Los dos profesionales de la salud, al parecer, facilitaban el ingreso a los centros asistenciales de integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales; y, supuestamente, les daban un trato privilegiado. Asimismo, hay evidencia de que también habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero.

Una mujer que abandonó el grupo ilegal aseguró haber sido víctima de Valdés Zuluaga y la enfermera Castro Quintero, y los reconoció como las personas que le practicaron un aborto no consentido. Asimismo, indicó que fue testigo y conoció de casi 40 embarazos interrumpidos a la fuerza por los hoy procesados. De acuerdo con el relato, la mayoría de las mujeres afectadas serían menores de edad.

El material de prueba da cuenta de que estas conductas, presuntamente, ocurrieron desde 2014 a la fecha. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera, según el posible nivel de responsabilidad, los delitos de: aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

De otra parte, el señor Higuera Chacón fue imputado por el delito de rebelión. Los procesados no aceptaron los cargos.

 Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, al considerar que no registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo.

La Fiscalía continuará las investigaciones para dar con otros presuntos responsables de los abortos realizados y ubicar a otras posibles víctimas de estos procedimientos.

Fuente: Fiscalía General de la Nación