Líderes del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza, madrugaron ayer a protestar frente a la Alcaldía de Yopal porque no están de acuerdo con caracterización que lleva a cabo el INDEV en este sector. 

Javier Pérez, líder de este asentamiento, dijo que no estàn de acuerdo por la manera como el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, está adelantando el proceso en Mi nueva Esperanza, que lleva 10 años y al cual hay que darle continuidad porque de lo contrario se perderían esos años de trabajo. Además de ir en contra del cumplimiento del fallo de tutela que esta desde el 11 de noviembre del 2016 que ordena reubicar a las familias.

Agregó el líder que el censo no lo socializaron y que es ilegal. Cuestionó además que este proceso se iniciara ayer cuando en el madrugón del pasado sábado, el mismo alcalde informó que se realizaría después del 1 de diciembre por lo que lo ven como un sabotaje a la protesta.

“Aquí lo que necesitamos es soluciones definitivas en temas de vivienda, no pañitos de agua tibia como es venir a vacunar perros y gatos, si lo hacen, pues bien, pero lo que necesitamos es propuestas serias, responsables que lleven a terminar la manera informal en la que vivimos en este asentamiento y entremos en un proceso formal”, recalcó Pérez.

Por su parte, Consuelo Carrillo, gerente del Indev dijo que el censo habitacional del asentamiento humano se socializó y que se realiza por solicitud de la comunidad, ya que se quiere conocer exactamente cuál es la población que reside en estas viviendas y si cumplen los requisitos para la adjudicación de subsidios de vivienda.

Familiares de Sonia Díaz, hallada muerta en su residencia en el barrio Bicentenario de Yopal, llegaron con gran dolor y con un ataúd a cuestas, hasta la Fiscalía Seccional Casanare, para exigir justicia sobre este crimen ocurrido el pasado 2 de septiembre de 2021.

Con pancartas, canciones y arengas, familiares y amigos de la víctima se apostaron frente a la sede de la Fiscalía, exigiendo a la directora Araly González, explicaciones sobre este caso que según dicen ellos hasta el día de hoy, no han tenido ninguna respuesta y avance por parte de las autoridades.

“Llevamos 5 meses y no nos han dicho que pasa con el caso, y yo solo quiero justicia para mi hija porque me la mataron muy macabramente. He venido dos veces a la Fiscalía y el fiscal dice que toca esperar, y estoy cansada de esperar porque nosotros no estamos bien, el que le hizo eso a mi hija anda suelto, contento y feliz, mientras que nosotros todos los días estamos viviendo una cosa terrible que no podemos dormir”, afirmó Luz Mila Barrera, madre de Sonia Díaz.

En rueda de prensa en horas de la tarde la directora Seccional de Fiscalías en Casanare, Araly González, se defendió y dijo que el caso de Sonia Díaz si se está trabajando. Señaló que en la investigación que cursa se han adelantado unas entrevistas y se practicó una diligencia de registro y allanamiento en donde se recuperó el celular de la víctima que estaba perdido, aclarando que se está estableciendo si existe participación por parte de quien portaba el celular, a su vez enfatizó que se investigan otras exploraciones alrededor del lugar donde ocurrió el crimen.

Cuando se le indagó a la fiscal por el testimonio de la hija de la víctima, y de quienes sus familiares también han cuestionado que no ha sido tenido en cuenta, Araly González, respondió que dependen del Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia, para validar lo que refiera la niña, toda vez que deben garantizar y proteger los derechos de los menores.

La directora Seccional de Fiscalías en Casanare invitó a la familia de Sonia Díaz, para que hagan llegar a la Fiscalía esos elementos que afirman tener como prueba, para ahondar más en la hipótesis que se está trabajando por parte del fiscal destacado.

Finalmente, González recalcó que dentro del proceso se están realizando actividades judiciales propias para dar con el responsable del feminicidio de Sonia.

Presidentes de Juntas de Acción Comunal de varias veredas de Bocas del Pauto del municipio de Trinidad, llegaron la tarde de este martes 1 de noviembre hasta la Gobernación de Casanare para protestar por el mal estado del corredor vial Trinidad- Bocas del Pauto.

El presidente de la vereda El Convento, Aureliano Salamanca, señaló que el pésimo estado de la vía está afectando alrededor de 1.500 estudiantes de tres corregimientos, y mas de 3 mil campesinos que no han podido sacar sus productos al pueblo.

Agregó el presidente de El Convento que, aunque una vez incluyeron a Bocas del Pauto en el plan verano, la maquinaria solo duró un mes, y que desde entonces ni el secretario de Obras volvió a responder el celular y los trabajos quedaron abandonados."El señor secretario de Obras, Oscar García, nos ha dicho bastantes mentiras, ni siquiera nos contesta el teléfono, hoy si nos estaba llamando preocupado", afirmó.

Otro de los lideres señaló que, se sienten vulnerados por el gobierno departamental y municipal, pues argumentó que la única fuente que les puede generar ingreso es la vía Trinidad Bocas del Pauto, y no han podido sacar el ganado y los cultivos. " Y lo más bueno es que hablan de la reactivación económica, cuál reactivación económica si no apoyan a los campesinos que somos los que trabajamos el campo para alimentar el pueblo", puntualizó.

Finalmente, los presidentes de Juntas de Accion comunal de Bocas del pato expresaron que no se van a ir de Yopal hasta que el gobernador Salomón Sanabria los atienda en su despacho. Fueron enfaticos en señalar que no quieren hablar con emisarios, ni con gobernadores encargados, ni mucho menos con el secretario de Infraestructura.

Sindicato de trabajadores de Homecenter Sintrasodimac, protestaron de manera pacífica frente al almacén, debido a que se vienen realizando despidos injustificados, reducción de salarios y contratación de personal de otra partes del país.

Reinel Vargas, trabajador de Homecenter en Yopal, indicó que la nueva administración viene despidiendo sin justificación al personal, además que no se le está dando participación a los habitantes de Casanare, sino que se está contratando gente de otras regiones del país.

Vargas quien lleva alrededor de cinco años laborando para Homecenter, dijo que las condiciones en cuanto a salarios han desmejorado mucho, en la actualidad hay salarios de 400 y 650 mil pesos que hoy en día no alcanzan ni para pagar el arriendo.

Agregó que, existe persecución laboral y estigmatización por hacer parte del Sindicato. "La gente no se expresa por temor a que los despidan", indicó.

"Queremos que nos tengan en cuenta a la personas que tratamos de estudiar y superarnos, que nos den la oportunidad de ascender laboralmente, para tener un mejor salario", señaló Reinel Vargas.

Los trabajadores denunciaron que esta semana fueron despedidas dos mujeres casanareñas sin justa causa, que incluso habían recibido reconocimientos por sus buenas prácticas en ventas.

Aseguraron que las personas despedidas están siendo reemplazadas por personal que no es casanareño.