La Procuraduría Regional de Casanare solicitó al Tribunal Administrativo de Casanare decretar medidas cautelares para suspender temporalmente el convenio entre el Municipio de Yopal y la empresa Catasig, que busca ejecutar la segunda fase de actualización catastral en el sector rural.

La solicitud tiene como punto de partida la acción popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante Tovar, quien alertó sobre posibles afectaciones a los derechos colectivos de la comunidad yopaleña.

En respuesta, el procurador Juan Pablo Rincón Camacho, en calidad de agente del Ministerio Público, emitió un pronunciamiento en el que advierte que continuar con el convenio podría generar perjuicios similares o mayores a los ya registrados en la fase urbana del proceso.

Según el documento, no se debe hacer este proceso de actualización, hasta tanto no se adelante una socialización real con la comunidad que habita el área rural del municipio.

Evitar esta observación podría derivar en bases gravables que no reflejan la realidad de los predios. Esto, además de afectar el patrimonio de los propietarios, pondría en riesgo los recursos públicos del municipio.

La Procuraduría argumenta que, de no suspenderse el convenio, se corre el riesgo de que los fondos sean desembolsados sin garantías técnicas ni jurídicas, lo que dificultaría una eventual decisión judicial que ordene rehacer el proceso bajo una nueva metodología.

En aplicación del principio de precaución, se solicita al Tribunal decretar una medida cautelar de cesación de actividades, con el fin de proteger los intereses generales, los recursos del municipio y los derechos de los propietarios rurales.