Un nuevo hecho de inseguridad en la capital casanareña ha generado una fuerte controversia. El incidente, que dejó a una mujer herida, pone de manifiesto las dificultades en la judicialización de delitos en flagrancia.

El ataque ocurrió en la carrera 26, entre calles 13 y 14. Según los informes, la víctima fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los delincuentes no se limitaron a despojarla de su bolso y teléfono celular; de manera injustificada, le propinaron un fuerte golpe en la cabeza con la cacha del arma de fuego con la que la intimidaron y después emprendieron la huida.

Debido a la severidad de la agresión, la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde estuvo varias horas bajo observación médica.

Gracias a la activación de un plan candado y al seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de seguridad del sector, la Policía Nacional logró interceptar y capturar a uno de los sospechosos pocos minutos después del asalto. Las autoridades aseguran contar con el material audiovisual que vincula al detenido con el acto delictivo.

Pese a la captura y el señalamiento de la fuerza pública, el proceso sufrió un estancamiento en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía. El ente acusador se abstuvo de legalizar la captura y de solicitar una medida de aseguramiento, argumentando que, bajo su criterio, "faltan pruebas más contundentes" para proceder con la detención formal.

Versiones de testigos comentaron que el argumento del ente acusador se basa en que debido a la falta de nitidez de las cámaras de seguridad, no era posible establecer plenamente la identidad del sospechoso.

La decisión causó rechazo en inconformidad de parte de la víctima y sus familiares, quienes esperaban que se hiciera justicia en este caso