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A la espera de la definición de una medida cautelar se encuentra el caso del agente de tránsito, Gonzalo Vergara Salamanca, quien fue acusado por la Fiscalía del delito de concusión.

Esta conducta ilegal está tipificada en el artículo 404 del Código Penal y se refiere a un acto de corrupción cometido por un servidor público que abusa de su cargo para obtener beneficios indebidos, ya sea para sí mismo o para un tercero.

El origen de esta historia se remonta al viernes 28 de febrero. Ese día un joven quien iba al volante de una camioneta de una empresa contratista, sufrió un accidente de tránsito a la altura de la calle 60, sector del caño Usívar.

Las partes involucradas en el siniestro vial llegaron a un acuerdo para solucionar el tema de los daños ocasionados. No obstante, al parecer Vergara Salamanca le habría exigido dos millones de pesos al conductor, argumentando que debía someterse a una prueba de alcoholemia en el Hospital Regional de la Orinoquía.

Supuestamente, la propuesta del agente era modificar los resultados de la prueba para evitarle sanciones al conductor, así como la inmovilización del vehículo. Para conseguir el objetivo, al parecer Vergara Salamanca contaba con la complicidad con una médica de urgencias del Hospital Regional de la Orinoquia.

El agente de tránsito fue capturado en flagrancia el 04 de marzo, en momentos en que se disponía a recibir el dinero del soborno, en un operativo adelantado por el CTI y el Gaula militar.

La audiencia de legalización de captura se llevó a cabo el miércoles 05 de marzo y la imputación de cargos el jueves 06. El funcionario no acepto los cargos de los cuales es acusado la Fiscalía.

El ente acusador solicitó a la autoridad judicial que lleva el caso, medida de aseguramiento en centro carcelario para el acusado. Los argumentos esgrimidos por la Fiscalía señalan que debido a que el agente continúa ejerciendo sus funciones, puede llegar a ingerir tanto en los testigos como en las pruebas, las cuales se encuentran en la Secretaría de la Movilidad, dependencia de la Administración municipal, a la cual está adscrito Vergara Salamanca.

Otro señalamiento que salió a luz pública es la posible participación de funcionarios de Medicina Legal y el Horo en este tipo de prácticas corruptas.

Se conoció de la existencia de una grabación donde, supuestamente, el acusado mencionó la existencia de unas tarifas establecidas por algunos empleados de las entidades mencionadas, para alterar los exámenes de alcoholemia.

Igualmente, al parecer, en la lista de implicados en este tipo de situaciones irregulares, figura una médica encargada de practicar la prueba al conductor implicado en el accidente que fue la génesis de este caso.

Otro dato que se conoció es la existencia de material audiovisual, donde, supuestamente, se ven al conductor antes mencionado, en un aparente estado de alicoramiento, sin embargo, el resultado del examen de alcoholemia dio negativo.

Aunque el agente no aceptó los cargos, el proceso continúa, a la espera del pronunciamiento de la autoridad judicial de lleva el caso.

La plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó la proposición del representante César Ortiz Zorro, que busca realizar una audiencia pública sobre "la problemática en las vías que comunican a los departamentos de Boyacá y Casanare.

La audiencia pública se realizará el próximo 13 de septiembre de 2021, de manera presencial y semipresencial en las instalaciones del Salón Boyacá del Capitolio Nacional, por medio de la plataforma que disponga la secretaría General de la Cámara de Representantes, con transmisión en directo por el Canal del Congreso.

Allí se analizará la grave situación que presentan los corredores viales Sogamoso- Aguazul, Vado Hondo - Labranzagrande- Yopal, Tauramena – Monterralo y la vía Monterrey – Tauramena, que están afectando dramáticamente el normal transito de pasajeros y carga de productos agropecuarios, asì como el turismo.

A la audiencia está invitada la Ministra de Transporte, director Nacional del Invìas, Gobernador de Casanare y Boyacá, Cámara de Comercio de Casanare,  veedurías y comités que ejercen vigilancia ciudadana en las vías que conectan a los dos departamentos.

La rendición de cuentas por parte de Capresoca, se realizará el 30 de junio de 2021 de manera virtual teniendo en cuenta que no se pueden adelantar reuniones masivas como medidas de prevención contra el COVID-19. En la audiencia la EPS dará a conocer a afiliados, prestadores y comunidad en general los logros, resultados y avances de la entidad.

La gerente Nuria Bohórquez, invita a líderes sociales, veedores de salud y comunidad en general, para que desde ya consulten el informe de gestión y descarguen el formato de preguntas para participar, publicado en la página web de la institución www.capresoca-casanare.gov.co  en el link rendición de cuentas.

Cualquier ponencia o solicitud de información adicional, la pueden solicitar al correo electrónico planeacióEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., donde estarán los funcionarios de la entidad en disposición para aclarar cualquier información.

Señala Capresoca a través de un comunicado que es de gran importancia que la comunidad asista y participe para que conozca de primera mano, cómo se vienen prestando los servicios, la red de prestadores, la condición económica de la institución, los indicadores de satisfacción, avances y ejecuciones de la entidad durante la vigencia 2020.

En la audiencia inicial de la demanda de nulidad electoral contra el gobernador de Casanare Salomón Sanabria, en la sección quinta del Consejo de Estado, se evidenció que hay suficiente pruebas para fijar rápidamente audiencia de alegatos y juzgamiento o para dictar fallo. Solo faltan unos registros civiles de los hermanos Cielo y Alirio Barrera Rodríguez, esposa y cuñado del mandatario cuestionado.

No más de una hora tomó la magistrada ponente del proceso de nulidad electoral, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, para realizar la audiencia inicial virtual, en la que se debía proveer sobre el “saneamiento del trámite, fijar el objeto del litigio y decretar pruebas”.

La magistrada indicó que se negó la solicitud del apoderado del partido Centro Democrático de dictar sentencia en esta audiencia al considerar que el parentesco familiar debía demostrarse fácticamente. Igualmente se requiere escuchar a las partes y sus alegatos.

Igualmente en la audiencia se precisó que los demandantes Gonzalo Ramos Rojas, Lizeth Yazmín Valencia Balbuena y Guillermo Francisco Reyes González, consideran que el demandado gobernador Salomón Sanabria está incurso en una causal de inhabilidad establecida en los estatutos del Partido Centro Democrático que avaló su candidatura.

Se trata de la posible vulneración del artículo 13 de la Resolución 024 del 11 de septiembre de 2017, “por medio de la cual se establece el procedimiento para la presentación de renuncias e inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses aplicables a algunos miembros del partido Centro Democrático y se dictan otras disposiciones”.

Ante la solicitud de los demandantes en el sentido de citar a los precandidatos a la Gobernación de Casanare, Monchy Giovany Moreno y Andrés Rueda Gómez para confirmar que el aval a Salomón Sanabria ya estaba definido desde un comienzo, la magistrada no accedió al considerar que esto era irrelevante porque lo que se busca es determinar si hay o no causal de inhabilidad de Salomón Sanabria por ser cuñado del exgobernador del mismo departamento.

Como la mayoría de los documentos necesarios para tomar decisiones ya están aportados por los demandantes y solo están pendientes los registros civiles de la esposa y cuñado del gobernador actual, el apoderado de él dijo que los allegaría para agilizar el proceso.

Con base en ello la magistrada Bermúdez ordenó a la Secretaría de la Sección Quinta que una vez finalizado el traslado de las pruebas decretadas, pasar el expediente al Despacho para fijar fecha de audiencia de alegaciones y juzgamiento, o para dictar auto.

Nueva suspensión de la audiencia preparatoria, en el caso del líder social de San Luis de Palenque, Ferney Salcedo se efectuó el pasado 23 y 24 de julio. 

Según se pudo establecer, esta se dio,  ante la negativa del fiscal del caso de entregar el material probatorio relacionado en el escrito de acusación, que había sido solicitado por el abogado de Salcedo mediante acción de tutela. 

Durante la audiencia el juez concedió el derecho a la defensa, dando la razón a los peticiones de Salcedo, y ordenó que se entregará el  material probatorio en un término de tres días. 

Justicia negligente: Salcedo

De acuerdo con el líder social Ferney Salcedo, esta información es de vital importancia para la defensa, ya que allí se encuentra el testimonio de dos personas que, según la Fiscalía relacionan datos  respecto al contrato de la empresa 'Intercon' de propiedad de su hermana, que supuestamente servía de fachada y a su vez era su testaferro 

“La protesta es un derecho constitucional. Cada quien tendrá que responder por su hechos. Yo era vocero de una mesa de concertación, pero no quiere decir que junto con las otras personas que detuvieron, éramos quienes dirigíamos acciones vandálicas en la zona. Fuimos delegados para llevar unos temas sobre la mesa, que fueron conocimiento del señor alcalde, el personero y los concejales, como inversión social, mejoramiento de salario, participación de la mano de obra. El único tema que quedó pendiente fue el ambiental, pero debido a que el informe del ANLA y Corporinoquia en cuanto inversión, se estaba demorando, pues desafortunadamente sucedieron los hechos”,  manifestó Salcedo,  desde la cárcel La Picota, a donde fue trasladado hace unos meses, desde la cárcel La Guafilla, en medio de total hermetismo. 

Según el líder social, el traslado se dio en retaliación a las denuncias hechas por irregularidades y vulneración a los derechos de los presos en la cárcel La Guafilla. 

La nueva fecha de audiencia quedó fijada para el próximo 23, 24 y 25 de septiembre. 

De qué se le acusa 

Ferney Salcedo y otros 7 miembros de la comunidad de San Luis de Palenque vienen siendo procesados, ante denuncias de la petrolera Frontera Energy, entre otros delitos, por  concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público, obstrucción de vías y terrorismo, acusados de pertenecer a la banda delincuencial 'Los jinetes con careta'.

Fue aplazada la audiencia de acusación contra los agentes de tránsito de Yopal implicados en el llamado ‘Cartel de los comparendos’, donde se les acusa de presuntamente cobrar altas sumas de dinero para eliminar multas a infractores de tránsito.  

La audiencia estaba programada para este jueves en el Palacio de Justicia a las 2:15 de la tarde, pero fue aplazada por ausencia de los abogados defensores, por lo que fue reprogramada para el próximo 28 de junio.  

Los agentes de tránsito son sindicados de los delitos de peculado por apropiación, concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, donde están involucrados los servidores Carlos Tarazona, Alex Mendivelso, Aldemar Pan, Javier Cala, Deyvin Cisneros, Néstor Vega, Gustavo Ibarra, Jhony Alexander Cruz y Luego Gómez.