Miércoles, 17 Septiembre 2025 14:07

Corporinoquia solicita intervención urgente de Alcaldía de Yopal por contaminación de molino arrocero

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Corporinoquia requirió formalmente a la Alcaldía de Yopal ejercer sus facultades policivas para suspender las operaciones de un molino arrocero que continúa funcionando, según la Corporación, sin los permisos ambientales requeridos, afectando a más de 350 familias del conjunto residencial Prados de Valverde.

Durante una inspección técnica realizada el 15 de septiembre, funcionarios de Corporinoquia verificaron que Tecnoindustrial del Llano SAS mantiene operaciones de procesamiento de arroz pese a tener una medida preventiva vigente desde 2023 que le prohibía operar sin los permisos de emisiones atmosféricas correspondientes.

En el operativo se detectaron ocho torres de secado en funcionamiento, un silo con aproximadamente 3.000 toneladas de cereal almacenado y evidencia de procesos de limpieza y descargue de arroz, lo que constituye un claro incumplimiento a las órdenes ambientales establecidas.

La situación afecta directamente a los residentes de Prados de Valverde, ubicado en el kilómetro 3 de la vía Yopal-Aguazul, quienes han reportado la invasión de partículas y olores en sus viviendas, imposibilitando la apertura de puertas y ventanas y generando riesgos para la salud de las familias.

Cabe recordar que en octubre de 2024 el Tribunal Administrativo de Casanare había fallado a favor de la comunidad mediante una Acción de Tutela, ordenando la suspensión inmediata de las operaciones del molino por vulnerar los derechos fundamentales a la salud, vida digna y ambiente sano.

Corporinoquia advirtió que el incumplimiento de las medidas ambientales puede acarrear sanciones severas para la empresa, incluyendo posibles multas y cierres definitivos, en aplicación de la Ley 1333 de 2009 que regula el procedimiento sancionatorio ambiental.

La autoridad ambiental hizo un llamado a la Alcaldía de Yopal para actuar de manera inmediata como primera autoridad policiva, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993, con el fin de proteger a la comunidad afectada y garantizar el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

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