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La contralora y el personero estudiantil del colegio Centro Social de Yopal, Elizabeth Castro y David Vega, participaron en una mesa de trabajo con el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro y el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, para discutir la construcción de la sede educativa.

Durante el encuentro, se analizó la dificultad técnica para obtener el cambio de uso de suelo en el terreno previsto inicialmente, ubicado por la vía a Sirivana, contigua a la estación de policía, debido a contradicciones entre el plan de ordenamiento territorial antiguo y el actual.

Ante la situación, la comunidad educativa y las autoridades locales acordaron esperar el fallo del Tribunal respecto a la legalidad del uso del suelo en el predio actual.

De manera simultánea, se inició la búsqueda de terrenos alternativos dentro del casco urbano que cuenten con una extensión de 2,5 hectáreas, espacio necesario para atender a los 1.800 estudiantes de la institución bajo la normativa vigente.

El proyecto tiene un costo total estimado de 55.000 millones de pesos, de los cuales el municipio ya ha destinado 17.500 millones, correspondientes al 30% de la inversión.

El resto de los recursos deberán ser gestionados ante el gobierno departamental y nacional una vez se cuente con un terreno viable que permita avanzar en los diseños y la planificación técnica.

Las partes programaron una nueva reunión para el martes 21 a las 2:00 p.m. con el fin de revisar el estado de las negociaciones de predios y los avances del proceso judicial.

Este domingo 12 de abril a las 3:00 p.m., el Colegio Antonio Nariño en La Yopalosa se convertirá en el epicentro del último adiós para Januario Cachay Cruz.

Tras las exequias que se cumplirán en el mismo recinto de su velación, el cortejo fúnebre partirá hacia el cementerio de la vereda Las Cañas, cerrando así un capítulo de inmenso dolor para la comunidad.

La tragedia que hoy enluta a la región se gestó en la oscuridad de la noche sobre la vía Yopal-Paz de Ariporo, apenas unos metros adelante del puente La Cabuya.

En ese punto, un fatal accidente de tránsito involucró a un camión cargado de verduras y la motocicleta en la que viajaba Januario junto a su hija, Juana Isabel Cachay Rodríguez.

El impacto fue devastador: ambos perdieron la vida en el siniestro, dejando una huella de tristeza en los corazones de sus allegados.

Januario Cachay Cruz era un hombre reconocido por su vocación de servicio; se desempeñó como exconcejal de Nunchía y era funcionario activo de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Casanare.

Su labor y calidad humana fueron destacadas por la propia Administración departamental, que lamentó profundamente la pérdida de su colaborador y envió mensajes de fortaleza a su familia.

Su esposa, María Isabel Cárdenas Rodríguez, y su hermano Salvador Cachay —excandidato al Concejo de Yopal— enfrentaron la dura realidad de la pérdida de Januario y su hija Juana.

Hoy, junto a sus otras hijas, Eliana y Tatiana, y demás familiares, invitan a amigos y conocidos a este acto de fe para honrar la memoria de los dos fallecidos, cuyas vidas se apagaron trágicamente en las carreteras del Casanare.

La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, realizó una visita técnica a los barrios Cubarrito y Conuco tras las solicitudes presentadas por los habitantes sobre la falta de iluminación en la vía de acceso principal a estos sectores de la ciudad.

Durante la inspección, la entidad confirmó que la ausencia de luz afectaba la movilidad y la seguridad en el sector, por lo cual se determinó una intervención inmediata por parte de las cuadrillas operativas.

Como medida provisional, el personal técnico instaló tres luminarias con tecnología LED de alta eficiencia en los puntos identificados como críticos.

Esta acción busca reducir la oscuridad de manera instantánea mientras la empresa desarrolla la planeación técnica necesaria para una intervención integral. Pedro Martínez, presidente de la junta de acción comunal del barrio Conuco, señaló que esta es la segunda ocasión en que la entidad atiende requerimientos de iluminación en esta calle específica.

Por su parte la gerente de Sayop. Giovanna Alonso, indicó que el siguiente paso para una solución permanente consiste en la elaboración de los diseños del sistema de alumbrado público para ambos barrios.

Estos estudios técnicos servirán como base para la estructuración y posterior ejecución de un proyecto de expansión definitiva. La entidad reiteró que el inicio de estos diseños es el compromiso actual para garantizar la infraestructura necesaria en este sector de la ciudad.

La Administración Municipal de Yopal reportó la persistencia de focos de contaminación en zonas urbanas y rurales tras la finalización de las jornadas de limpieza institucional.

Según el informe oficial, sectores intervenidos recientemente han sido ocupados de nuevo con desechos sólidos, escombros, muebles y llantas.

Durante la tercera jornada denominada “Juntos Cuidando a Yopal”, se recolectaron 1.310 toneladas de residuos y material vegetal. Las labores se concentraron en puntos críticos como la diagonal 47, la calle 32 con carrera 21 y la vía hacia la vereda Picón, en el sector La Pedrera.

En este último punto, la Secretaría de Infraestructura debió realizar dos intervenciones adicionales con maquinaria pesada debido a la acumulación recurrente de materiales.

Ante la reincidencia de estas conductas, la Alcaldía solicitó a la Policía Nacional intensificar los operativos de vigilancia en las zonas afectadas.

El objetivo de la medida es aplicar las sanciones y correctivos previstos en la normativa vigente a quienes realicen una disposición inadecuada de residuos.

Las autoridades municipales informaron que el manejo de las basuras y la preservación del espacio público dependen del cumplimiento de las normas ciudadanas para prevenir problemas sanitarios, ambientales y de convivencia en el municipio.

Guillermo Carrero, en representación de la Sociedad Colombiana de Valuadores y la propiedad raíz en Casanare, presentó ante el Concejo Municipal de Yopal una revisión técnica sobre el proceso de adquisición del predio donde funcionaba el antiguo hospital y hoy opera Red Salud.

El municipio de Yopal emitió una resolución de oferta por 14.000 millones de pesos con el fin de destinar este terreno de más de cuatro hectáreas al desarrollo del malecón sobre el río Cravo Sur. Específicamente para la construcción de un parque.

Carrero señaló que existen diferencias significativas entre la oferta oficial y otros registros de valoración del inmueble. Sostuvo que un avalúo realizado por el Hospital Regional de la Orinoquía en 2024 para efectos contables estimó el valor por encima de los 24.000 millones de pesos.

Por otro lado, la actualización catastral del municipio para el año 2025 fijó el avalúo en 17.900 millones de pesos, lo que situaría el valor comercial proyectado sobre los 29.000 millones de pesos.

El representante gremial solicitó a las autoridades revisar los documentos soporte de la oferta de 14.000 millones de pesos. Carrero planteó la necesidad de verificar si hubo irregularidades en la elaboración de estos informes técnicos.

Según su exposición, la normativa de adquisición de predios para utilidad pública establece que el pago debe realizarse bajo el costo de reposición a nuevo, sin aplicar depreciación. La diferencia estimada supera los 10.000 millones de pesos.

Asimismo, se cuestionó la intención de demoler dicha infraestructura que presta servicios desde 1982 y que posee valor arquitectónico para el municipio, sugiriendo que existen otros espacios disponibles a orillas del río Cravo Sur para la construcción de parques sin afectar bienes de utilidad pública en funcionamiento.

A las 5:40 de la mañana del pasado 18 de febrero, el mundo de Claudia Patricia Bachilón se detuvo en seco en la intersección de la calle 24 con carrera 14, de Yopal.

Mientras esperaba el cambio de un semáforo para dirigirse a su jornada laboral, una buseta de transporte intermunicipal que se quedó sin frenos la arrolló, transformando su rutina de madre cabeza de familia en una pesadilla de dolor y abandono.

Hoy, tras casi tres meses de aquel impacto, Claudia no solo lucha contra las secuelas físicas de un accidente devastador; libra una batalla diaria contra la burocracia de su EPS, Capresoca, y el silencio de quienes causaron su desgracia.

Un refugio de dolor

En el quinto piso del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), específicamente en la habitación 523A, el tiempo parece haberse congelado.

Allí, Claudia Patricia permanece postrada con un diagnóstico que estremece: fractura de pelvis, costillas partidas y el codo izquierdo totalmente destrozado. A esto se suman quemaduras de tercer grado que complican aún más un cuadro clínico que el Hospital Regional de la Orinoquia ya no puede manejar.

Su cuerpo requiere de al menos tres o cuatro cirugías especializadas que solo pueden realizarse en un hospital de alta complejidad. Sin embargo, la remisión necesaria para salvar su movilidad y su calidad de vida no llega.

La respuesta que recibe Claudia a través de una pantalla de celular es siempre la misma: "tenga paciencia". Pero para alguien con los huesos fragmentados, la paciencia es un lujo que no puede permitirse. Así lo narró Nubia Doreli Gaitán, amiga de la paciente y quien a estado pendiente del caso.

Una familia fragmentada por la tragedia

La historia de Claudia es también la de una familia del sector del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza, que ha visto cómo su precaria estabilidad se desmoronó tras el accidente.

Claudia, el motor de su hogar, dejó a una hija de 15 años al cuidado de una amiga de buena fe, mientras que su hijo mayor se vio obligado a buscar trabajo de inmediato para garantizar el sustento mínimo.

Nubia Doreli Gaitán, describe con indignación el desamparo total: "Es denigrante que ni el dueño de la buseta, ni el conductor, ni la empresa se hayan manifestado siquiera para visitarla o brindar un apoyo económico".

Mientras tanto, la familia de Claudia, personas humildes del campo, intentan navegar un sistema legal y de salud que parece diseñado para ignorarlos.

El muro de la burocracia

La justicia parece haberle dado la razón a Claudia en el papel, pero no en la práctica. Una acción de tutela ordenó a Capresoca resolver su caso y hacer efectiva la remisión en un plazo de 48 horas. El plazo venció y la respuesta sigue siendo el silencio administrativo.

Este no es un caso aislado. Según los testimonios recogidos por Nubia Doreli Gaitán, el HORO se encuentra saturado de pacientes "represados" que esperan traslados a centros de mayor complejidad, enfrentándose a un sistema que parece haber olvidado el sentido de la urgencia.

Un grito de auxilio a las autoridades

La comunidad y los amigos de Claudia han tenido que recurrir a la solidaridad ciudadana para costear abogados y buscar una salida a este laberinto.

Hoy, el llamado es directo al gobernador César Zorro, al alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz y a la Superintendencia de Salud: la vida de una madre no puede depender de un trámite administrativo que nunca llega.

Mientras tanto, en la habitación 523A, Claudia Patricia Bachilón no espera compasión, sino el derecho fundamental a recobrar su salud, mientras el eco de la frase "tenga paciencia" resuena en los pasillos de un hospital que ya no tiene más espacio para el olvido.

La Administración Municipal de Yopal emitió una alerta oficial a la ciudadanía tras detectar intentos de estafa relacionados con el programa nacional Renta Ciudadana.

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, personas inescrupulosas se están haciendo pasar por funcionarios de la Alcaldía para solicitar documentos personales y citar a los ciudadanos a supuestos procesos de vinculación.

Las comunicaciones fraudulentas, realizadas mediante llamadas telefónicas y mensajes, exigen la entrega de fotocopias de la cédula, recibos de servicios públicos, recomendaciones familiares y certificados del Sisbén o médicos.

Desde el Gobierno local se reiteró que ningún trámite de acceso a este beneficio social se realiza a través de llamadas, WhatsApp o canales no oficiales, ni se solicita el envío de documentación por estos medios.

El proceso de vinculación a Renta Ciudadana es competencia exclusiva de Prosperidad Social a nivel nacional y se rige estrictamente por los protocolos establecidos en su plataforma oficial.

La entidad recordó a la población que las consultas sobre la condición de beneficiario deben realizarse únicamente en el portal web institucional del programa.

Ante esta situación, las autoridades invitaron a la comunidad a no entregar información privada a desconocidos y a verificar cualquier solicitud directamente en las oficinas de la administración.

Asimismo, se hizo un llamado a los habitantes de Yopal para que denuncien estos hechos ante las autoridades competentes y utilicen solo los canales informativos oficiales.

La Alcaldía enfatizó que la prevención y el manejo riguroso de los datos personales son fundamentales para evitar que los ciudadanos sean víctimas de delitos informáticos o estafas financieras.

Luego de una jornada de concertación entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y la comunidad de San Rafael de Morichal, se oficializó el levantamiento de las protestas tras alcanzar acuerdos en materia de servicios públicos, infraestructura y seguridad.

El compromiso principal establece que la empresa Enerca restablecerá el servicio de energía eléctrica en el sector, garantizando así el suministro de agua potable para los habitantes.

De manera simultánea, se iniciará un proceso por la vía jurídica para recuperar una deuda histórica del municipio de Yopal con la entidad que supera los 104 millones de pesos, sumado a un plan de apoyo para la formalización de los usuarios del servicio.

En cuanto a la malla vial, las autoridades confirmaron el mantenimiento de la carpeta asfáltica en la vía Yopal - Morichal mediante la instalación de 900 metros cúbicos de asfalto en los puntos críticos identificados por la comunidad.

Asimismo, se anunció una gestión conjunta ante el Invías y el sector de hidrocarburos, bajo el mecanismo de obras por impuestos, con el objetivo de conseguir los recursos necesarios para la pavimentación definitiva del corredor Yopal - Tilodirán.

Finalmente, se acordó reforzar la seguridad en el corregimiento mediante un incremento de la presencia del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía.

La Alcaldía de Yopal expidió el Decreto 051 de 2026, a través del cual se establecen medidas restrictivas a la movilidad con el propósito de reducir la siniestralidad vial durante la Semana Mayor.

Según el reporte oficial, estas disposiciones se fundamentan en la disminución de muertes en las vías registradas en años anteriores tras la aplicación de controles similares, pasando de nueve fallecidos en 2023 a un caso por año en 2024 y 2025.

Entre las medidas adoptadas destaca la restricción de la circulación de motocicletas en todo el municipio. Esta prohibición regirá desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente, iniciando el lunes 30 de marzo y finalizando el lunes 6 de abril.

Asimismo, la Administración municipal determinó la restricción total de vehículos motorizados y bicicletas en el ascenso al Mirador de la Virgen. Esta medida se aplicará durante los días 2, 3, 4 y 5 de abril, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos que acuden a este punto de peregrinación.

Para velar por el cumplimiento de estas normas, las autoridades de tránsito realizarán operativos de control y presencia permanente en diferentes sectores del territorio municipal.

La institución señaló que estas acciones buscan fortalecer la cultura ciudadana y avanzar hacia la meta de cero fallecidos por siniestros viales en la capital.

La Alcaldía Municipal de Yopal expidió el Decreto 052 del 25 de marzo de 2026, mediante el cual se establecen las nuevas tarifas para el servicio de transporte público individual de pasajeros tipo taxi.

El acto administrativo fue suscrito por Nicasio Mariño Ortiz, secretario de Salud con funciones de alcalde delegado, basado en un estudio técnico y financiero elaborado por la Secretaría de Movilidad.

La tarifa mínima para la zona céntrica de la ciudad se fijó en ocho mil pesos ($8.000), lo que representa un incremento de mil pesos respecto al valor vigente en el año anterior.

Para las siete zonas periféricas definidas en el municipio, el decreto establece valores que oscilan entre los ocho mil quinientos pesos ($8.500) y los veintitrés mil quinientos pesos ($23.500), dependiendo de la distancia y el sector de destino.

La normativa estipula un recargo nocturno de mil pesos ($1.000), el cual aplica en el horario comprendido entre las 19:00 y las 06:00 del día siguiente.

Este mismo valor adicional se aplicará durante los días domingos y festivos, aclarando que no son acumulables; es decir, si el servicio es nocturno en un día feriado, el recargo total seguirá siendo de mil pesos.

Adicionalmente, se reconoció un recargo de mil pesos ($1.000) para los servicios que tengan como origen o destino el Aeropuerto Alcaraván.

El decreto ordena a las empresas de transporte entregar las nuevas tarjetas de control a los conductores en un plazo máximo de diez días calendario a partir de la vigencia de la norma.

Asimismo, se establece que los conductores que no porten el aviso de tarifas oficiales o lo tengan en mal estado podrán ser sancionados con multas de ocho salarios mínimos diarios vigentes.

La Secretaría de Movilidad de Yopal será la autoridad encargada de la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de estas disposiciones.