A las 5:40 de la mañana del pasado 18 de febrero, el mundo de Claudia Patricia Bachilón se detuvo en seco en la intersección de la calle 24 con carrera 14, de Yopal.

Mientras esperaba el cambio de un semáforo para dirigirse a su jornada laboral, una buseta de transporte intermunicipal que se quedó sin frenos la arrolló, transformando su rutina de madre cabeza de familia en una pesadilla de dolor y abandono.

Hoy, tras casi tres meses de aquel impacto, Claudia no solo lucha contra las secuelas físicas de un accidente devastador; libra una batalla diaria contra la burocracia de su EPS, Capresoca, y el silencio de quienes causaron su desgracia.

Un refugio de dolor

En el quinto piso del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), específicamente en la habitación 523A, el tiempo parece haberse congelado.

Allí, Claudia Patricia permanece postrada con un diagnóstico que estremece: fractura de pelvis, costillas partidas y el codo izquierdo totalmente destrozado. A esto se suman quemaduras de tercer grado que complican aún más un cuadro clínico que el Hospital Regional de la Orinoquia ya no puede manejar.

Su cuerpo requiere de al menos tres o cuatro cirugías especializadas que solo pueden realizarse en un hospital de alta complejidad. Sin embargo, la remisión necesaria para salvar su movilidad y su calidad de vida no llega.

La respuesta que recibe Claudia a través de una pantalla de celular es siempre la misma: "tenga paciencia". Pero para alguien con los huesos fragmentados, la paciencia es un lujo que no puede permitirse. Así lo narró Nubia Doreli Gaitán, amiga de la paciente y quien a estado pendiente del caso.

Una familia fragmentada por la tragedia

La historia de Claudia es también la de una familia del sector del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza, que ha visto cómo su precaria estabilidad se desmoronó tras el accidente.

Claudia, el motor de su hogar, dejó a una hija de 15 años al cuidado de una amiga de buena fe, mientras que su hijo mayor se vio obligado a buscar trabajo de inmediato para garantizar el sustento mínimo.

Nubia Doreli Gaitán, describe con indignación el desamparo total: "Es denigrante que ni el dueño de la buseta, ni el conductor, ni la empresa se hayan manifestado siquiera para visitarla o brindar un apoyo económico".

Mientras tanto, la familia de Claudia, personas humildes del campo, intentan navegar un sistema legal y de salud que parece diseñado para ignorarlos.

El muro de la burocracia

La justicia parece haberle dado la razón a Claudia en el papel, pero no en la práctica. Una acción de tutela ordenó a Capresoca resolver su caso y hacer efectiva la remisión en un plazo de 48 horas. El plazo venció y la respuesta sigue siendo el silencio administrativo.

Este no es un caso aislado. Según los testimonios recogidos por Nubia Doreli Gaitán, el HORO se encuentra saturado de pacientes "represados" que esperan traslados a centros de mayor complejidad, enfrentándose a un sistema que parece haber olvidado el sentido de la urgencia.

Un grito de auxilio a las autoridades

La comunidad y los amigos de Claudia han tenido que recurrir a la solidaridad ciudadana para costear abogados y buscar una salida a este laberinto.

Hoy, el llamado es directo al gobernador César Zorro, al alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz y a la Superintendencia de Salud: la vida de una madre no puede depender de un trámite administrativo que nunca llega.

Mientras tanto, en la habitación 523A, Claudia Patricia Bachilón no espera compasión, sino el derecho fundamental a recobrar su salud, mientras el eco de la frase "tenga paciencia" resuena en los pasillos de un hospital que ya no tiene más espacio para el olvido.