Portando camisetas blancas e insignias alusivas a la Paz, centenares de niños de Yopal se unen  en solidaridad y rechazo del  vil asesinato de cuatro menores en Caquetá, a la jornada nacional convocada por el gobierno nacional, como símbolo de protesta y repudio a los últimos hechos violentos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes del país.

La iniciativa es liderada por la Secretaría de Educación del municipio en cabeza del Licenciado, Yesid Jiménez Silva, quien señaló que la  voz de protesta se realizará hacia el mediodía frente a cada una de las Instituciones Educativas de la ciudad.

Silva lamentó este hecho que atentó directamente con la integridad e humanidad de los pequeños, por lo  que  convocó   hoy a todos los estudiantes de planteles educativos del municipio, para que luzcan camisetas blancas y  manifiesten su solidaridad y  rechazo por el asesinato de los cuatro hermanos Vanegas ocurrido en zona rural del Caquetá.

Ante la demora en los pagos de compromisos que adeudan varias  EPS (Empresas Prestadoras de Salud), 150 mil usuarios Casanareños tienen suspendido los servicios en salud de Consulta Externa, Laboratorio y Clínicos y citas con Especialistas, desde el pasado mes de diciembre, por directrices de la gerencia de este Centro Asistencial.

La suma que adeudan las EPS asciende a los $31 millones  y es el consolidado de varios compromisos pendientes que tienen las empresas con el Hospital de Yopal, por servicios que se prestan a usuarios del régimen subsidiado y contributivo del departamento.

Nuria Rodríguez, Subgerente del Centro Asistencial, señaló que  no se exceptúan las EPS que tienen  suspendidos los servicios, “tenemos cuentas pendientes con CAPRECOM, Nueva EPS y  Coomeva entre otras, no podíamos seguir supliendo los servicios en salud sin recibir el pago por concepto de los mismo”.

 Por ahora los usuarios de estas empresas prestadoras de  servicios en salud podrán ser atendidos en el Centro Asistencial solo  a través  del  Servicio de Urgencias, el cual fue habilitado por el Hospital de Yopal con miras a atender las eventualidades mayores que comprometen la vida de los usuarios.

Bohórquez  espera que los gerentes de las EPS logren ponerse al día con las obligaciones pendientes con el Centro Asistencial para evitar  que los usuarios se vean afectados con la suspensión de los servicios en salud.

Abierta sigue la discusión entre el gobierno nacional y el gremio de los conductores de vehículos de servicio particular, tipo taxi en Yopal, con ocasión a quién debe asumir los pagos de seguridad social para los conductores de estos vehículos; conforme a las disposiciones legales del Decreto 1047 de 2014 que obliga a realizar estos aportes, pero que no establece los porcentajes de retribución.

Pese a que en las últimas horas se cumplió en la Cámara de Comercio de Casanare una mesa de trabajo con representantes  del gremio amarillo de Yopal y Aguazul y delegados del Ministerio del Trabajo, para socializar las disposiciones del Decreto 1047 de 2014, no se lograron avances en esta normatividad.

“Solicitamos que el estado vuelva a socializar esta medida que si bien es cierto es importante para salvaguardar la integridad de los conductores,  no se realizó conociendo la opinión de los representantes del gremio”, señaló Jorge Cadena, Vocero de los taxistas de Yopal.

Cadena expresó que, el gremio no se opone al pago de la seguridad social sino a la falta de claridad en el porcentaje que debe asumir el conductor y el propietario del vehículo, “no se sabe ni explica quién debe responder por los dineros que se deben pagar”.

Considera el representante de los taxistas que un alto porcentaje de los conductores de este servicio de transporte son población de bajos recursos que se encuentran vinculados al régimen contributivo en salud, y que al afiliarse al sistema contributivo perderían varios beneficios que les otorga el gobierno central.

Por su parte, el secretario de Tránsito de la ciudad,  Rofer Roncancio Sanabria explicó que se trata de un Decreto que ya fue sancionado, que se encuentra en vigencia desde el mes de enero de 2015 el cual debe acatar y dar cumplimiento, de lo contrario se vería obligado a responder ante los entes de control por la omisión de una disposición legal.

A la fecha de los 800 taxistas que laboran en la ciudad, solo el 10% hace los aportes de seguridad social (EPS y ARP), los conductores restantes se oponen al pago de este aporte hasta tanto el gobierno nacional no escuche las peticiones del gremio frente a  modificar el Decreto 1047 de 2014.

Inconformismo generó entre los propietarios de predios de zonas rurales y urbanas del municipio de Aguazul, el alza en el pago de impuesto predial, realizado por el Instituto  Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad encargada y autorizada para estas actualizaciones. Denuncian los contribuyentes que en algunos casos el incremento  asciende al 200%.

Adonay Ramos ciudadano de este municipio, señaló que el alza es exagerado por tanto, la comunidad se ha venido reuniendo para conformar una veeduría y realizar una marcha para solicitar al Agustín Codazzi la revisión de los recibos que los contribuyentes deben pagar.

“Los impuestos los subieron a más del 100%, con el visto bueno de un acto administrativo del Concejo de Aguazul, aunque la alcaldía dice que fue el IGAC”, señaló Ramos.

El líder comunal solicitó que  se suspenda el pago de esta contribución hasta tanto se haga una revisión del IGAC en este municipio  y se fije una reducción en este impuesto, “hay quienes ya han cancelado este costo, pero algunos otros se oponen a pagar”.

Añadió, “por ahora la comunidad adelanta las acciones pertinentes para interponer una demanda en contra de este cobro exagerado del impuesto predial”.

 Ante esta situación el mandatario local, Helí Fernando Camacho se mostró preocupado por el incremento en esta contribución, además reconoció que se evidencia esta situación en el caso urbano del municipio.

“El alza generalizada se ha evidenciado en el área urbana, es una situación preocupante. Debíamos hacer una actualización catastral, estábamos retardados dos años, pero no estoy de acuerdo con algunos cobros”.

Sin embargo, el alcalde señaló que en algunos casos  el cobro  es consecuente con el  incremento del  avalúo catastral  que ha tenido el predio en los últimos años.

“Era algo muy lógico, varios predios hace  siete u ocho años constaban 9 0 10 millones de pesos, hoy se van a comprar y piden entre 30 y 40 millones, entonces, en la medida en que sube el avalúo comercial  es razonable que suba el catastral“.

Frente a la pertinencia de la administración en estas decisiones el alcalde expresó “nosotros simplemente lo que hacemos es transferir los recursos para que se realice la actualización catastral”.

Aseguró el alcalde que espera recibir comunicación del Instituto Agustín Codazzi que permita fijar una disminución de esta contribución, así como analizar legalmente  de manera conjunta con el Concejo de Aguazul  qué acciones tomar para mitigar esta situación.

En tragedia terminó  para una familia de Yopal una actividad de baño que realizaban en inmediaciones al río Cravo Sur, luego de que la  policía confirmará  la muerte de  un menor de tres años de edad por inmersión en  aguas de esta cuenca hídrica.

Según el reporte de las autoridades, los hechos se registraron hacia las 5:30 de la tarde de este domingo en el margen del río  que de Yopal conduce al corregimiento de la Chaparrera, sector del `vivero`, cuando el menor departía con sus progenitores.

“Al parecer en un descuido de los padres del menor el niño queda solo en el agua y lamentablemente muere por inmersión”, expresó el capitán James Vidal Silva, comandante de la estación de policía Yopal.

El oficial lamentó este hecho en el que  es tristemente las víctimas directas son menores de edad, por lo que hizo un  llamado a los padres de familia para que estén atentos a cada una de las actividades que desarrollan sus hijos  cuando estén expuestos a situaciones de peligro.

El presidente de la ACP, Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, señaló durante su visita a Yopal capital de Casanare, que el país hoy no es una de las naciones que se destaca a nivel mundial  por sus altos porcentajes de  producción de hidrocarburos.

“Tenemos algo de petróleo, pero creemos que somos más importantes de los que somos en realidad en la producción de hidrocarburos, no somos el ombligo del mundo“, aseguró el presidente de la ACP.

Pese a que en el país se producen cerca de un millón de barriles de crudo a diario, no se ubica en los mayores productores de hidrocarburos del mundo, comparado con Venezuela que produce cerca de 2.3 millones, cifra que supera en un 200% la oferta  Colombiana.

Según el presidente de la ACP, el mundo demanda cerca de 90 millones de barriles de petróleo al día, los cuales son producidos en un  30% por países que hacen parte de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo),  entre los que se destacan los países Árabes y Venezuela.

“El 60%  restante de los barriles de hidrocarburos demandados son producidos por de otros países productores de petróleo, donde Colombia aporta un millón a este porcentaje”, indicó LLoreda.

Sumado a ello, las reservas de petróleo que tiene el país según los analistas del tema asciende a los 2.450 millones de barriles de crudo, para un estimativo de  6.6 años; cifra alarmante con el comparativo Venezolano que supera 7 veces el 100% de las reservas Colombianas.

Caída de la producción

El directivo de la ACP desvirtuó esa prospectiva que se tenía de que el país fuera considerado `un territorio petrolero`, manifestando que “la producción de hidrocarburos en Colombia pasará de un millón de barriles  producidos a diario a  785 mil en 2018 y 730 mil barriles  en 2022”.

En los próximos  7 años el país afrontará una disminución de 220 mil barriles anuales  en la oferta de crudo, “se prevé una caída importante”.

Anualmente el declive de  producción de petróleo en Colombia es del 17%, situación que obedece a que en los últimos años el país no ha logrado incorporar más reservas de crudo, además el territorio nacional "no ha logrado explorar nuevos campos como se ha deseado, tuvimos un cuarto de horas de buenos precios pero no logramos aprovecharlo", anotó Lloreda.

El proyecto, Parque Ambiental que se consolidó  un año atrás en la actual administración de Édgar Bejarano García, y que será financiado por compañías portugueses,  busca dar un tratamiento final a los residuos sólidos, a  través del procesamiento de los mismos, evitando trasladarlos al relleno sanitario de Macondo, ubicado sobre la Marginal de la Selva en la vía que de Yopal conduce al norte de Casanare.

Es un modelo Europeo que se viene implementando para manejar la problemática de basuras en ese  continente  y que se ha extendido a otros lugares del mundo; consiste en procesar de manera individual los diferentes residuos sólidos que produce el hombre “no se va a enterrar basura, todo se va a trasformar, no se van a dejar a cielo abierto los lixiviados”.

“Es otra forma de manejar las basuras en Colombia”, agregó el mandatario.

Dentro de los componentes que integran el proyecto se prevé trabajar en actividades pedagógicas  para educar en la  adecuada disposición de las basuras con los niños del municipio, además se requiere de la implementación de técnicas de procesamiento y tratamiento de residuos sólidos.

El Parque Ambiental contará con un auditorio para la formación en el proceso de reciclaje,  así como de campos para separar las basuras  y adelantar jornadas de reforestación.

“Los lixiviados se transforman en agua y gas, que se potabiliza para venderla, al igual que todos los proyectos que de allí salen”, indicó Bejarano García.

El alcalde manifestó que con esta iniciativa se dejarán de trasladar los recursos sólidos hasta el relleno sanitario de Yopal, lo que permite disminuir los gastos de combustible, vehículos y de operación para realizar el desplazamiento desde Paz de Ariporo hasta este sitio de disposición final.

“El ahorro en el municipio sería de $15 millones de pesos mensuales en transporte de estas basuras, esto es un cambio radical en la  disposición de los residuos sólidos”, dijo el jefe de gobierno seccional.

El proyecto se encuentra desde el año 2013 en proceso de evaluación en Corporinoquia, Corporación Autónoma  de la Orinoquía,  contará con el músculo financiero del sector privado, dedicado a la trasformación de las basuras en materias primas, el predio y estructuración del proyecto son aportados por el gobierno seccional.

La iniciativa  pionera en el país,  inicialmente se va a implementar antes de culminar el 2015 en Paz de Ariporo, y  será replicada en toda la  zona del departamento.

“Estamos adelantando las gestiones, por ahora no se conoce cuál va hacer la inversión que hace la compañía”, puntualizó el alcalde.

El Tribunal Administrativo de Casanare admitió acción de tutela presentada por Germán Mendoza Rojas, un ciudadano de Yopal, quien solicita a nombre propio, del interés general y como agente oficioso del alcalde de la  ciudad, Willman Celemín Cáceres, el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y del libre ejercicio  de la libertad política, los cuales presuntamente fueron vulnerados ante la decisión de la Procuraduría General de Nación de destituir e inhabilitar en segundo instancia, por 13 años al mandatario.

Según el acto admisorio de la demanda, Mendoza Rojas actúa como agente oficioso del ciudadano Celemín Cáceres argumentando que el mandatario local está ausente de la ciudad, y por ello se encuentra imposibilitado  para abogar  por sus propis derechos.

Actuación que fue rechazada por este despacho judicial señalando que “no se aceptará al tutelante como agente oficioso del alcalde de Yopal, toda vez que de encontrarse fuera de la ciudad, no constituye imposibilidad del titular de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados para promover su propia defensa. Menos, cuando desde cualquier lugar del territorio y aun desde fuera del país, puede remitirse demanda de tutela a los despachos judiciales, incluidos los medios electrónicos, dada la absoluta informalidad”.

Resuelve:

En ese sentido, Tribunal Administrativo  de Casanare, resolvió  admitir dentro de la acción de tutela  únicamente lo que atañe a las presuntas violaciones de los derechos fundamentales, así como rechazar de plano la intervención del tutelante como agente oficioso de Celemín Cáceres.

Además, este despacho judicial requirió a la Procuraduría General de la Nación rendir informe de los actos administrativos que inhabilitan y destituyen el mandatario del cargos en primera y segunda instancia, para ello tendrá un  término de tres días contados a partir del acto de notificación.

De igual forma, se requiere a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto del registrador municipal de Yopal, a que remita en un lapso de tres días, la documentación que permita determinar si el autor de la acción de tutela participó de los  comisiones electorales donde resultó electo Willman Celemín Cáceres como alcalde de la ciudad.

La acción de tutela fue presentada ante el Tribunal  Administrativo de Casanare el 12 de febrero de 2015, y será el presidente de despacho judicial,  Magistrado Néstor Trujillo González, quien en condición de sustanciador  determinará el curso de esta demanda que se impetró en contra de la Procuraduría General de la Nación, frente a la  decisión de destituir al alcalde de Yopal, Willman Enrique Celemín Cáceres.

En desarrollo de operaciones militares  fue capturado Juan Duque Nieto, alias ‘Chucho Díaz’ (primer cabecilla) y fue muerto en combate William de Jesús Franco Aguirre, alias ‘Olimpo o Maraco’, (segundo cabecilla), integrantes del frente 28 de las FARC.

Este duro golpe en contra de este grupo al margen de la ley fue efectuado por tropas de la Décima Sexta Brigada orgánica de la Octava División del Ejército Nacional,  en la  mañana de este jueves en la vereda Sinaí del municipio de Sácama, Casanare; luego de arduo trabajo de inteligencia y seguimiento.

Durante esta operación se logró  además por  miembros del Grupo de Caballería Montado N° 16 “Guías de Casanare”, la captura de una mujer que presuntamente hace parte del mencionado frente y la recuperación de una menor de edad de raza indígena, lo que deja en evidencia el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de dicha organización ilegal.

También se logró la incautación de tres fusiles AK-47, una subametralladora, dos pistolas y material de guerra, intendencia y comunicaciones.

 Cabecilla principal

 El máximo cabecilla del frente 28 se trata de alias ‘Chucho Díaz’, de 54 años de edad, 30 de ellos en las Farc. Quien resultó herido en el marco de la operación militar y al cual se le brindó atención médica inmediata por parte de las tropas, como muestra del respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, posteriormente fue trasladado en un helicóptero hasta Yopal para ser atendido en un centro asistencial, donde se encuentra en recuperación.

 Alias ‘Chucho Díaz’ tiene en su prontuario delictivo el haber participado en diferentes ataques contra la Fuerza Pública y la población civil. Además se le sindica de varios secuestros. El guerrillero habría tenido un papel de importancia durante la acción terrorista  que perpetró el grupo armado ilegal el 3 de agosto de 1998 contra la base Antinarcóticos de la Policía Nacional en Miraflores, Guaviare, en donde diez soldados y cinco policías fueron asesinados. Durante el hecho 21 militares más resultaron secuestrados.

 También es señalado de haber participado el 1 de noviembre de 1998 en los hechos que llevaron al secuestro del hoy general en retiro de la Policía Luis Mendieta, durante el ataque terrorista a la Policía en Mitú, Vaupés, y de estar encargado de su custodia durante el secuestro. El oficial permaneció privado de la libertad de manera ilegal durante 11 años, 7 meses, 13 días, hasta que fue rescatado por el Ejército Nacional durante la operación ‘Camaleón’.

Alias ‘Olimpo o Maraco’

 El segundo cabecilla del frente 28, muerto en el desarrollo de la operación militar, fue identificado como William de Jesús Franco Aguirre, alias ‘Olimpo o Maraco’, con 42 años de edad y con 28 años en ese grupo armado ilegal. Según inteligencia militar, desde hace cuatro meses había llegado a la estructura armada procedente del frente décimo de las Farc, con el fin de activar acciones delictivas en algunas poblaciones de Casanare.

 Su trayectoria criminal no es menos violatoria de los Derechos Humanos que la de alias ‘Chucho’. En primera medida, de acuerdo a labores de inteligencia, se conoce que participó en la toma contra la base Antinarcóticos de la Policía en Miraflores, Guaviare, en 1998. Así mismo, el ataque contra la base militar de la Uribe, Meta, en ese mismo año. En este último hecho fueron asesinados varios militares y otros más resultaron heridos.

 También se le sindica del ataque ocurrido en 1998 en Mitú, Vaupés, donde fueron asesinados policías y diez civiles, y se perpetró el secuestro de 30 uniformados más, entre ellos, el general Mendieta de la Policía Nacional, quien para ese entonces era coronel. Al igual habría participado del asesinato de tres soldados y un suboficial en Arauquita, Arauca.

 Frente 28

 Al frente 28 se le responsabiliza de gran cantidad de extorsiones a ganaderos, empresas petroleras y comerciantes, principalmente en la región de Hato Corozal, Paz de Ariporo y Yopal, Casanare, además del reclutamiento forzado a menores de edad en el área de Támara, Sácama y La Salina en este mismo departamento, lo que se constituye en una clara infracción a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como muestra de ellos se dio la recuperación de una niña este jueves.

Tres días de arresto deberá pagar la gerente de la regional Centro Oriente de la Nueva EPS Ana Isabel Triana Hernández, por desacato a una tutela del juzgado de Ejecución de Penas de Yopal, que  obligaba a la citada EPS, a que se le prestara atención a una joven con discapacidad.

La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal a donde fue elevada en consulta dicha demanda, que fue promovida por la Defensoría del Pueblo, atendiendo la solicitud de la joven Carol Johana Peña Vargas, según información entregada por el  magistrado Jairo Armando Gonzáles ponente del caso.

La sanción contempla además el pago de cinco salarios mínimos legales,  ya que no se tuvo en cuenta las solicitudes de la joven, quien previamente había pedido en dicha tutela  atención  médica y otros servicios adicionales.

El magistrado Jairo Antonio Gonzáles explicó que de no cumplirse con las pretensiones de la tutela se volverá a presentar el incidente de desacato y los funcionarios de la Nueva EPS, se verán abocados a  sanciones similares.

La decisión en este caso es de obligatorio e inmediato cumplimiento y  debe hacerse efectiva en las próximas horas.