La Empresa de Energía de Casanare anunció una suspensión temporal en el servicio de luz para el próximo domingo 15 de septiembre, que afectará varias zonas del norte y centro del departamento, al igual que los municipios de Boyacá y Vichada, que hacen parte de la cobertura de Enerca.

El motivo de la suspensión obedece al cambio de transformador de potencia de 40 MVA y labores de mantenimiento preventivo, en la barra de 115 KV de la subestación de Yopal.

En consecuencia, las poblaciones que ese día no tendrán energía son Yopal (urbano y rural), Nunchía, Orocué, Pore, San Luis De Palenque, Támara, Trinidad, Paz de Ariporo, Hato Corozal. Así como los sectores de Santa Rosalía y La Primavera en el Vichada, al igual que Pisba, Paya y Labranzagrande en Boyacá.

El mantenimiento está programado para llevarse a cabo entre las 3:00 a.m. y las 5:30 p.m, lapso durante el cual se suspenderá el servicio en las localidades antes mencionadas.

Enerca pidió disculpas anticipadamente por las molestias que esta interrupción pueda causar a los usuarios. Además, recomendó desconectar electrodomésticos durante la suspensión y los primeros 5 minutos, posteriores al restablecimiento del servicio. Enfatizó también, en la importancia de no intervenir las redes eléctricas sin autorización.

En caso de requerir consultas adicionales, los usuarios se pueden comunicarse con la línea de fallas y emergencias al número 115 para operador claro y al (608) 6328812 para cualquier operador, disponible las 24 horas del día.

Finalmente, la empresa invitó a seguir sus redes sociales, para obtener información oportuna y novedades en @EmpresadeEnergíadeCasanare en Facebook y @enerca_sa_esp en Instagram.

A través de un comunicado a la opinión pública, la Gobernación de Casanare se pronunció sobre el estado de salud del secretario de gobierno departamental, Julio Ramos Prieto.

Desde la noche del miércoles 4 de septiembre, el funcionario se encuentra bajo atención médica y en observación debido a complicaciones respiratorias que ha presentado desde la semana pasada.

Esta situación ha afectado su capacidad para desempeñar plenamente sus funciones, aunque ha intentado cumplir con sus responsabilidades en la medida de su recuperación.

El comunicado señala que el personal médico a cargo está realizando los exámenes necesarios y monitoreando de cerca la evolución del secretario.

Julio Ramos Prieto ha expresado su confianza en una pronta recuperación para poder reintegrarse a sus labores en la administración pública. La Gobernación ha solicitado comprensión a la ciudadanía y a sus colaboradores durante este tiempo de convalecencia.

Además, el documento destaca la solidaridad y el apoyo que ha recibido Ramos Prieto desde su hospitalización, lo que refleja el compromiso de la comunidad con su bienestar.

También destaca el comunicado que la Administración departamental continúa trabajando, para garantizar que las funciones del gobierno se mantengan a pesar de la ausencia temporal del secretario.

La situación de salud de Ramos Prieto ha generado preocupación entre los ciudadanos y sus colegas, quienes esperan su pronta recuperación y regreso a las actividades diarias en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Cada mañana de manera puntual un bote atraca en el muelle construido cerca al colegio de Santa Irene, centro educativo ubicado en una alejada zona rural de Trinidad, donde el olvido se ha convertido en la impronta personal del Estado.

De este medio de transporte fluvial descienden 20 niños provenientes de las veredas aledañas y que deben atravesar el Río Pauto para recibir clases.

Llevan sus maletas llenas de ilusiones que se acomodan en medio de los útiles escolares que los acompañan cada jornada. Tal vez esa esperanza en un mejor devenir los lleva a minimizar el riesgo que corren, cuando desembarcan en el muelle que ha sido presa de la socavación del río.

Otra visión distinta la tiene el rector de la institución educativa, Ómar Garzón. El educador es consciente del peligro que representa el deterioro del muelle, que poco a poco ha venido siento el rigor del socavamiento que ha hecho sobre la estructura las aguas del Pauto.

Para el docente esta situación deja abierta la posibilidad para que ocurra algún accidente, lo que sería muy lamentable. Adicionalmente prevé que si no se toman los correctivos necesarios, a futuro el río podría afectar la planta física del colegio.

Por eso elevó la voz, con la esperanza que su llamado no se disipe con el viento y llegue a oídos del Gobierno departamental o cualquier otra entidad oficial que tenga la potestad para solucionar esta problemática, que a pesar de la gravedad no es ninguna novedad para las autoridades.

Garzón narró que lleva un año insistiendo en este tema, pero hasta el momento la única respuesta fue una sobredosis de corrupción envuelta en una supuesta ejecución de obras, las cuales en el papel se pueden corroborar, pero que en la realidad nunca se realizaron.

“La preocupación mía son los estudiantes. Si por alguna situación sucede un  accidente, uno es el responsable por omisión o por no comentar del hecho o por no decir”, precisó el rector del colegio de Santa Irene.

Para Garzón en el orden de prioridades para solucionar esta problemática, es una intervención inmediata del muelle. El problema radia en el hecho que ya aparecen consignadas unas obras que no se hicieron, lo que impide que nuevamente se designen recursos para un proyecto que figura como ejecutado.

“Uno mira en el papel que se hizo una inversión, pero uno dice, dónde está esa inversión”, acotó el licenciado. Interrogante que también se hace la comunidad y que  deben resolver las autoridades competentes. Es necesario establecer qué pasó en este caso de evidentes irregularidades.

Para el caso del colegio, el presidente de la JAC de la vereda Santa Irene, Johnnecy Vianchá Montilla, dijo que se tenía previsto construir un muro de contención para proteger el muelle y la institución educativa de los embates del Río Pauto.

Sin embargo, el muro no soportó la presión ejercida por la avaricia de siniestros personajes, quienes utilizando como materia prima un cúmulo de irregularidades, fabricaron arietes que no dejaron prosperar la iniciativa y la hicieron naufragar en la profundas aguas de la corrupción.

Dicha propuesta, según Vianchá Montilla, hace parte del contrato que se encuentra en proceso de investigación y que tenía por objeto adelantar la recuperación de puntos críticos afectados por fenómenos naturales, en los municipios de Villanueva, Monterrey y Trinidad.

Estos trabajos se medirían en obras máquina. Su origen se remonta al Decreto 026 de 2023. Eran los tiempos de Casanare. La ejecución se hizo a través del Fondo de la Gestión del Riesgo de Desastres. El monto de este fue de $15.626.154.246. Recurso que salieron del sistema nacional de regalías.

En el caso específico de Trinidad las obras ejecutadas, en teoría, cuentan con una certificación firmada por el entonces alcalde del momento, Jesús Nolberto Monroy Moreno.

Por el momento la situación se encuentra en estado de observación. “Ha venido gente, han mirado, pero no hemos visto que llegue alguien a poner un punto de soldadura, a poner unos tubos o vayan a arreglar una malla”.

Actitud que también es sinónimo de preocupación para el rector, quien manifestó que su comunidad educativa está sola y huérfana porque la mano del Estado también sigue ausente.

En un extenso documento de 10 artículos, el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz Riaño, reguló por vía decreto, la venta de combustibles en la capital casanareña.

La medida se deriva de la compleja situación en el suministro de ACPM y gasolina que se ha presentado en las últimas horas, como consecuencia de los bloqueos de vías de acceso a la ciudad, producto del paro camionero.

En el artículo primero establece los topes máximos de venta de combustible medidos en pesos y de acuerdo con la categoría del automotor.

De esta manera para los carros particulares, $60.000; oficiales $100.000; transporte público, $100.000; motocicletas, $20.000 y vehículos de carga, $300.000.

“Se excluyen de esta medida los vehículos oficiales de organismos de socorro, Bomberos, servicios de salud, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Ejercito Nacional, Fiscalía, Migración Colombia, Ministerio Público, ICBF, INPEC, organismos internacionales, vehículos de aseo, vehículos de vigilancia y seguridad privada”

El decreto igualmente prohíbe “la venta de combustible en pimpinas, barriles, canecas, pomas, tambores, recipientes. El interesado al momento de solicitar este expendio deberá solicitar permiso excepcional otorgado por la Secretaría de Gobierno Municipal”.

En el tercer artículo se hace una exigencia a los distribuidores. “Las estaciones de servicio ubicadas en la jurisdicción del Municipio de Yopal, deberán de manera obligatoria reservar los 10% del total de cada despacho de combustibles derivados del petróleo efectivamente recibidos”.

Esta reserva de la cual habla el mencionado artículo, “se destinará única y exclusivamente para el suministro de vehículos de servicio de salud tales como ambulancias, transporte insumos hospitalarios, medicamentos, vacunas, gases medicinales, servicios funerarios, organismos de socorro, vehículos de servicio de aseo.

Sin embargo, estos automotores “deberán identificarse y presentar documento que certifique dicha condición, lo cual será verificado por el personal operativo de la Secretaría de Gobierno y cualquier dependencia que esté coadyuvando en los diferentes operativos de control, para todo caso se contará con el apoyo de la Policía Nacional”.

En cuanto al horario de atención al público la norma lo estableció “de manera temporal y hasta que se normalice la situación presentada con ocasión del paro nacional de transportadores de carga, será comprendido desde las ocho de la mañana (8:00 am) hasta las ocho de la noche (8:00 pm) de cada día”.

En este punto se determinó que “las estaciones de servicio que incumplan esta medida serán objeto de las sanciones establecidas en la Ley 1801 de 2016 y demás que le sean aplicables”.

Para evitar cualquier alteración “la Policía Nacional de Yopal garantizará el orden público y la seguridad ciudadana en las estaciones de servicio que funcionan en el municipio de Yopal, para lo cual dispondrá de personal adecuado para coadyuvar en el control”.

Finalmente, la Administración municipal exhortó a toda la comunidad a no vender, ofrecer o comercializar este tipo de productos en puntos diferentes a las estaciones de servicio, so pena de incurrir en el delito de “destinación ilegal de combustibles”, que tiene una pena entre 6 y 12 años de prisión, así como una multa que oscila entre los 1.000 a 6.000 salarios mininos mensuales legales vigentes.