Presunta negligencia médica en la atención brindada tanto en la Clínica Casanare como en el Hospital Regional de la Orinoquía, denunció Carlos Gómez, hermano de la estilista, Yenny Nayenci Gómez López, quien falleció en la mañana de ayer.

La mujer de 37 años de edad, según informó su hermano, ingresó a la Clínica Casanare con un intenso dolor, allí le dijeron que tenía gastritis por lo que le formularon omeprazol. Al ver que el dolor persistía Yenny decidió ir por urgencias al Hospital Regional de la Orinoquía, donde la hospitalizaron, y en un nuevo diagnostico le dijeron que tenía cálculos en la vesícula, le practicaron una endoscopia y algunos exámenes. Sin embargo, el centro asistencial le informó que debían trasladarla para la Clínica Casanare porque la EPS Colsanitas no tenía convenio con el HORO.

Contó Carlos Gómez, que ya cuando la ambulancia estaba lista para hacer el traslado, llegó un cirujano y apenas la vio dijo: “esta señora no puede salir de acá, está muy grave”. “El cirujano les dijo a los doctores que estaban ahí que por qué no habían hecho los exámenes y ahí sí pudieron hacerlos, en ese momento la pasaron a cirugía y cuando ella salió a las 9:00p.m. el doctor me dijo que el problema radicó en que la apendicitis se estalló y le dio peritonis, pero que ya la habían lavado y desinfectado y que tocaba esperar tres días en la UCI para que se recuperara. Luego nos dijeron que tenía deficiencia respiratoria y que la iban a pasar a otra UCI, pero después me llamaron y me dijeron que mi hermana había fallecido”, señaló.

Recalcó Carlos que hubo negligencia médica tanto en la Clínica Casanare como en el Horo, haciendo énfasis en que no existió un diagnóstico claro, ni se prestó una atención adecuada.

Responsabilizó a la Clínica porque allá fue donde ingresó inicialmente y no le hicieron los exámenes de rigor, mientras que del HORO señaló la falta de profesionalismo de los médicos. “Yo no sé si es que les da pereza realizar los exámenes, pero ya tengo dos hermanos que han muerto por peritonitis en manos de los médicos del HORO, ambos sufrieron por negligencia médica, lo que les importa es recibir aprendices y les importa un carajo la vida de las personas”, afirmó Carlos.

La violencia física, sexual, emocional y racista ejercida contra dos niños de 6 y 10 años de edad y su madre, Kerlin Sugey Murillo Mena, una docente de inglés, afrodescendiente chocoana, en Paya, Boyacá, generó rechazo, cuestionamientos y diversas investigaciones de organismos de defensa de la niñez y las mujeres como el ICBF, de la Fiscalía y la Procuraduría.  Por ahora la profesora fue trasladada a Chita, en ese mismo departamento.

De acuerdo con las denuncias conocidas a través de medios nacionales, la joven profesora llegó a trabajar en 2021 al colegio El Rosario, ubicado en Paya. Y desde el inicio sintió el rechazo de otros profesores, donde el color de su piel sería el detonante de esa discriminación. La situación se agravó con el visceral ataque que comenzaron a vivir sus pequeños hijos, en ese momento de 5 y 10 años de edad.

De acuerdo a los hechos denunciados, el niño Keiner Joel Córdona, el más pequeño,  fue blanco de constantes humillaciones y maltrato que, de ser probadas, se trataría de delitos que la Fiscalía General de la Nación tendrá que investigar de oficio, si se tiene en cuenta que algunos testimonios aseguran que Keiner fue víctima de acceso carnal, de vejámenes relacionados supuestamente con otros niños que le introducían orines en su boca. Inclusive se habla de una posible fractura en su cráneo, tras ser lanzado al vacío desde un tobogán.

Mientras tanto el niño mayor Yojackson Córdoba tiene lesiones en las cejas, mentón, pecho y una oreja, al parecer por tratar de defender a su hermano de las agresiones propinadas por otros niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), coordina acciones con las Comisarías de Paya y Chita, para brindar acompañamiento a a la familia y ya se inició el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) para los dos niños, quienes reciben tratamiento psicológico desde el área de salud.

Ante manifestación pacífica adelantada el sábado por padres y estudiantes de la Escuela Normal Superior de Monterrey, en protesta por presuntos casos de acoso y abuso por parte de algunos profesores, se pronunció la secretaria de Educación de Casanare Elizabeth Ojeda.

“No es un hecho que se haya presentado en días anteriores o por lo menos no tenemos una denuncia que así lo evidencie. Hay un ejercicio de protesta de los estudiantes por unas denuncias que se presentaron hace 5 años por acoso sexual y no ha tenido el resultado que las personas afectadas quisieran”, señaló la secretaria de Educación de Casanare.

Agregó Ojeda que desde la Secretaría de Educación solicitaron al rector de la Normal Superior, revisar cual es la situación que se está presentado para que se active la ruta de convivencia escolar. Sin embargo, recalcó que por tratarse de un delito penal tiene que escalarse al comité de convivencia municipal.

Dijo que hay un protocolo de atención que la institución lo debe llevar a cabo, pero que es necesario que las personas afectadas denuncien con los respectivos soportes, ya que por tratarse de un delito penal corresponde a la justicia ordinaria resolver.

“Dicen que son varios casos, pero no los conocemos, los invitamos para que los estudiantes denuncien si están siendo vulnerados en sus derechos. Si existe el caso hay que tratarlo con contundencia”, puntualizó Elizabet Ojeda.

Al ya enredado y polémico contrato para el mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Maní, Tauramena y Monterrey, que desde su inicio ha estado salpicado de escándalos que han llegado hasta el Congreso de La República, se le suma una grave denuncia hecha por el consorcio CASANARE CHM en contra del CONSORCIO GAVIOTAS, pues, según la denuncia, uno de los consorciados: Andina Ingeniería y construcciones, habría presentado estados financieros alterados con el fin de lograr cumplir la capacidad financiera exigida para participar del proceso licitatorio.

Esta presunta falsedad en documento público no solo haría que la empresa Andina Ingeniería y construcciones sea descartada del estudio del consorcio de cara a la próxima licitación, que se encuentra suspendida por orden de un fallo de tutela, sino que dejaría sin posibilidad de participar al consorcio gaviotas como oferente en el proceso.

Sumado a esto, están las consecuencias legales y jurídicas para el Representante Legal, El contador y la revisora fiscal de la señalada empresa, de llegar a confirmarse la adulteración de los documentos financieros, pues se trata de la comisión del delito de falsedad en documento público.

Esta denuncia ya fue puesta en conocimiento de la Junta Central De Contadores, la Procuraduría General De La Nación, la Cámara de Comercio De Bogotá y la Fiscalía General De La Nación por parte del representante legal del consorcio CHM.

Cansados de los daños y pérdidas en los electrodomésticos, la comunidad del barrio 7 de Agosto en Yopal denunció que el servicio de energía eléctrica en el sector es insuficiente para la cantidad de habitantes que se encuentran conectados.

La denuncia pública fue realizada por Armando Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio y Ferney Africano, fiscal de dicha organización comunitaria, quienes aseguraron que de manera verbal e informal le han comunicado a la Empresa de Energía de Casanare - Enerca sobre las falencias en el servicio y no han tenido una respuesta que solucione la problemática.

“Tenemos una mala prestación del servicio por parte de Enerca, se han venido evidenciando cortes constantes debido a la caída de una fase, lo que nos ha generado daños en los electrodomésticos”, expresó el fiscal de la JAC.

Por su parte, Armando Gutiérrez, explicó que el transformador que se encuentra en el sector fue instalado inicialmente para una capacidad de 400 usuarios promedio, pero con la llegada del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza y de más habitantes para el barrio 7 de Agosto, esa capacidad se superó notablemente, por lo que se requiere que Enerca tome medidas al respecto para ampliar la capacidad del servicio.

“Es la hora que no han cambiado el transformador, los de Mi nueva Esperanza se colgaron a ese transformador y allá tienen ornamentación, soldadura y claro la luz es muy deficiente para el barrio”, indicó el presidente de la JAC.

Intervenciones sin previo aviso

Los líderes comunales también denunciaron que la empresa contratista Consorcio Gestión Integral II, que, según los denunciantes, hacen los servicios de verificación y corte del servicio en las viviendas sin un anuncio previo o un proceso de identificación del personal para con los habitantes de las viviendas.

“Esa es la situación que se ha venido presentando, como integrantes de la Junta es la situación nos han venido manifestando la misma comunidad que no hacen alusión al nombre, ni se presentan con nombre y cargo o empresa”, afirmó Ferney Africano, Fiscal de la JAC del barrio 07 de Agosto.

Un presunto hurto de alimentos del programa de Alimentación Escolar - PAE en la I.E Lucila Piragauta, efectuó ayer un ciudadano, quien manifestó que el hurto de mercados se estaría dando por parte de algunas personas que laboran en el colegio, específicamente una manipuladora de alimentos, quien en costales sacó los alimentos, en complicidad con una docente. “Las denuncias las hicimos en su momento a las directivas de la institución, pero no nos pusieron atención”, dijo el denunciante.

Al respecto ayer en rueda de prensa, la secretaria de Educación Lida Zareth Gamboa González, la personera estudiantil de la Lucila Piragauta y la coordinadora del Programa de Alimentación Escolar, se pronunciaron y manifestaron que se atendió la denuncia ciudadana y se cumplió una reunión en la Institución, para indagar sobre la situación. “Nosotros como Secretaría de Educación, no somos jueces, no es nuestra competencia investigar delitos, por lo que exhortamos al ciudadano a presentar las denuncias correspondientes con evidencias, para darlas a conocer a los entes competentes” dijo Lida Zareth Gamboa González.

Reitero Lida Zareth Gamboa, que una de las pretensiones del denunciante era desvincular del PAE a una de las manipuladoras de alimentos, situación que no se dio, ya que no es competencia de la Secretaría, “Se va a realizar el debido proceso interno por parte del operador del programa, para determinar las acciones a seguir, fue lo que él nos manifestó”, indicó la secretaria de Educación.

Reiteró la funcionaria que, el rol de la Secretaría de Educación es efectuar, el ejercicio de seguimiento, verificación, control y monitoreo del PAE en todas las I. E. para determinar si, si se están entregando las raciones establecidas para cada colegio, con calidad y oportunidad.

Ante los señalamientos que en redes sociales hiciera el candidato a la Cámara, Lenin Bustos, contra la jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Sonia Ruíz García; la Administración no sólo desmintió sus aseveraciones, sino que dio a conocer ante los medios de comunicación locales las denuncias que ya se han interpuesto contra el abogado Bustos, por agresiones contra al menos dos de las secretarias de Despacho de la Alcaldía.

La funcionaria Ruíz García denunció que por el contrario se ha sentido víctima de agresión por parte de Lenin Bustos, pues en el mes de diciembre, mientras atendían un caso por invasión de un predio privado, el candidato utilizó palabras grotestas y desobligantes contra ella y hacia la secretaria de Gobierno Karen López; lanzando acusaciones y oponiéndose al debido proceso.

Por lo tanto, instauró en enero una denuncia ante la Fiscalía, por los delitos de falsa denuncia, violencia contra funcionario público, injuria y calumnia.

Asimismo, respondiendo a sus señalamientos, la jefe de Planeación aclaró que le pidió a su equipo de trabajo que denunciaran una información que era falsa y estaba promoviendo este señor, lo cual permite hacer Facebook con cualquier caso que vulnere el buen nombre de una persona o institución. Esto además de denunciar las agresiones de las que fue víctima junto con la secretaria de Gobierno.

“Soy una funcionaria más de la Administración que trabaja por el beneficio de la comunidad. No pararé porque soy una mujer ‘frentera’, de retos, voy a seguir trabajando sin importar las actuaciones de personas que atacan a las mujeres”: expresó la jefe de Planeación Sonia Ruíz, y pidió a todas las mujeres denunciar cuando sean agredidas en cualquier forma.

En apoyo a sus funcionarias, el alcalde Luis Eduardo Castro rechazó tajantemente las agresiones verbales de Bustos, indicando que no tiene derecho de actuar de esa manera y señalar sin el debido proceso; pues lo que hizo fue atentar contra el buen nombre de la jefe de Planeación ‘e injuriarla al decirle que roba’.

Por su parte el asesor jurídico de la Alcaldía, Jhon Kennedy Wilchez, destacó que verificaron que Bustos tiene al menos 22 procesos penales en su contra por denuncias por delitos como falso testimonio, calumnia, injuria, violencia contra servidor público e interés indebido en contratación; lo que demuestra a frecuencia de sus malas conductas.

Agregó Wilchez que se vienen presentando constantes enfrentamientos con el candidato, pero nada justifica sus acciones contra las secretarias, y resaltó en hacer un llamado a la comunidad, porque “las mujeres de Yopal se respetan”.

A su vez la gestora Social de Yopal, Silvia Vega Calderón, dijo que ha puesto en conocimiento de esta denuncia a la Alta Consejera de la Mujer, Gheidy Gallo, esperando que se pronuncie ante estas conductas de un candidato al Congreso; pidiendo que no se normalicen este tipo de violencias. Además, hizo un llamado de solidaridad de género a las mujeres yopaleñas.

Igualmente, el secretario de Salud Municipal, Jhon Rojas, indicó que es necesario defender las buenas actuaciones y la veracidad de los hechos. Manifestó su rechazo contra las agresiones del candidato Bustos, con las cuales falta el respeto a la Administración, a la funcionaria y más en su condición de mujer.

Fuente: Alcaldìa Yopal

Una denuncia de la comunidad alertó a Corporinoquia sobre la presunta caza y sacrificio de fauna silvestre en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Mata de Santo, localizada en el municipio de San Luis de Palenque en Casanare.

Al lugar se desplazó un grupo interinstitucional integrado por Corporinoquia, SIJIN, Policía Ambiental y Ecológica y Policía de Carabineros para verificar la denuncia.

 “Hemos evidenciado la caza y sacrificio de más de 300 chigüiros y otras especies como venados y babillas, para el tráfico ilegal de carne proveniente de animales de la fauna silvestre”, dijo Alvaro Camacho, profesional de fauna de Corporinoquia.

La Corporación como autoridad ambiental, informó que, participará en la investigación aportando la información técnica para identificación de las especies sacrificadas, las poblaciones y ecosistemas afectados en este tráfico ilegal.

Po su parte SIJIN y Policía Nacional, se encargarán de la investigación para identificar a los presuntos infractores y desarticular las bandas dedicadas al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, en este caso de productos y subproductos de la fauna silvestre.

Siguen los atropellos de las entidades de salud contra los profesionales del ramo que prestan sus servicios en calidad de contratistas, por el no pago de honorarios. Conocimos el caso de la IPS VITAL ALLIANCE, con sede en Yopal, que ha incumplido en los pagos a cerca de 15 enfermeros y terapeutas.

Miguel Angel Tumay, auxiliar de enfermería, quien prestó sus servicios durante cuatro meses a Vital Alliance, denunció que dicha empresa le adeuda el salario a él y a 15 profesionales de la salud más, entre enfermeros y terapeutas, y no responde, argumentando falta de recursos. “No es justo que nos hagan trabajar, que nosotros cumplamos un horario atendiendo pacientes, y esta IPS, no nos pague”, dijo Tumay, quien es oriundo de Trinidad.

“Supuestamente en esta pandemia, nos han dicho que  los trabajadores de la salud somos los heroes, que  somos los principales, los que tenemos que estar mejor pagos, pero  desgraciadamente eso no está sucediendo”, señaló Miguel Tumay.

Usuarios del sistema de salud se quejan de las largas filas que se presentan todas las mañanas, para acceder a consultas en la IPS Visionamos de Yopal. ¿Por qué no hay instalaciones adecuadas para atender a los usuarios que pagan por el supuesto servicio en salud? se preguntó el ciudadano Carlos Gómez, quien denunció esta problemática en el Noticiero de la Salud de Caracol Tropicana 106.3 F.M. 

“Estamos ante una situación que no pasa solo en Visionamos, sino en todas las EPS. Las estructuras que se adecuan para eso, lastimosamente no cumplen con la atención que deberían prestar” manifestó Gómez quien cuestionó que la IPS cuenta con una sala de espera para máximo 20 personas. 

De acuerdo con el denunciante “aquí el gran problema es que estas estructuras están cerradas y es muy poca la ventilación que tienen, por el calor la mayoría usa aires acondicionados, pero por la pandemia esto está casi que prohibido (…) es verdad que muchos se toman el esfuerzo para cumplir los protocolos y han hecho lo posible por mantener una atención continua, pero lo de esta mañana es demasiada gente en las filas” 

Finalmente, el ciudadano invitó a las autoridades en Salud a que reflexionen sobre la pertinencia de las instalaciones en las que las instituciones prestadoras de salud brindan su atención al público. 

¿Qué dice Visionamos?

Frente a las inconformidades manifestadas por Carlos Gómez, Diana Moreno coordinadora del área de calidad de la entidad dijo que “en virtud de la pandemia, Visionamos ha instaurado los protocolos de bioseguridad con el objetivo de velar por la seguridad de nuestros pacientes, pero también de los trabajadores. En la derecha de la parte externa hacen fila los usuarios para toma de muestras de laboratorio y en el lado izquierdo para salud ocupacional” 

Respecto a las aglomeraciones Moreno aseguró que “Nosotros (Visionamos) contamos con líderes y personal logístico que desde las 6 a.m. están organizando a los usuarios. Desafortunadamente hay personas que no tiene la cultura y no dimensionan lo que está pasando con la pandemia, sin embargo lo que hacemos es ratificar constantemente a los usuarios para que hagan la fila con la distancia adecuada”