A sus 50 años de edad murió José Antonio Esteban Núñez, ex alcalde del municipio de Hato Corozal. Su fallecimiento se produjo ayer en horas de la mañana en la UCI de la Clínica Casanare, en donde estaba internado desde hacía varios días, ante complicaciones de una diabetes que lo venía afectando.

Esteban Núñez, conocido cariñosamente como Toño, era oriundo de Chiscas (Boyacá), fue alcalde de Hato Corozal durante el periodo 2012 - 2015, y nuevamente había aspirado a la Alcaldía en la pasada contienda electoral.

Al ex alcalde le sobreviven su esposa María Elsy y sus hijos, Camilo,  Antonio José y Dulce María.

Familiares, amigos y dirigentes políticos se reunieron ayer en Trinidad para rendirle un homenaje póstumo al exalcalde de esa población y exdiputado Fabio Betancourt Aranguren, quien pereció en un accidente vial el sábado 10 de septiembre. Ayer se realizaron sus exequias en medio de una multitud de personas que se agolparon para darle el último adiós.

Su esposa, Nelly Karina Reyes, expresó que su corazón estaba arrugado por la partida de su compañero de vida. Dijo que se había quedado esperándolo a la hora del desayuno y cuando la llamaron para contarle del accidente, creyó que estaba con vida y organizó la ropa para llevarle al hospital de Trinidad. Narró que Fabio Betancourt se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar y pedirle a Dios que toda su familia se entregara a la fe cristiana.

Por su parte su hermano Jorge Betancourt, dijo, que en la familia los habían criado con valores de honestidad y trabajo. Recordó que el sábado cuando pasó por el sitio del accidente en el kilómetro 3 entre Trinidad y Pore, vio el cuerpo tendido de un hombre y lo observó, lamentó el hecho, pero no reconoció que su hermano era el que yacía tendido en el pavimento. Habló con el conductor de la buseta y este le explicó cómo había sido el hecho. Él continúo en su camino y solo unos minutos más tarde le informaron que el muerto era su hermano, Fabio Betancourt.

En el homenaje estuvieron varios dirigentes políticos como el alcalde de Orocué, Monchy Giovany Moreno, el diputado Carlos Fredy Mejía, los exgobernadores Marco Tulio Ruíz, Helí Cala López, el exalcalde de Trinidad, Carlos Navas y el actual alcalde Jesús Nolberto Monroy Moreno, entre otras personalidades, quienes destacaron su rol en la sociedad casanareña. Que descanse en paz.

El siniestro se registró hacia las 7:00 am, en el kilómetro 3 de la vía Trinidad - Pore, cuando la moto que conducía el ex mandatario se estrelló contra una buseta de la empresa Coocatrans.

Fabio Betancourt, fue en dos ocasiones alcalde de Trinidad, diputado de la Asamblea de Casanare y en la actualidad dirigía la emisora La Voz de Trinidad.

A Fabio Betancourt le sobreviven sus hijos, Juan Pablo, Fabio Alejandro y Julián, con su primera esposa Helena Barrera, (Q.E.P.D.) y un menor de edad con su actual esposa, Nelly Karina Reyes.

Casanare Noticias le expresa a sus hijos y familiares sus más sentidas condolencias, por tan lamentable hecho.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Yopal, Jorge García Lizarazo y Carlos Humberto Tibaduiza Pinto, este último en calidad de encargado para la fecha en que ocurrieron los hechos, así como al ex jefe de la oficina de Planeación, Hugo Andrés Montes Sánchez, por posibles irregularidades en la expedición de varios planes parciales de ordenamiento territorial del municipio.

De acuerdo con la investigación, el exmandatario García Lizarazo emitió los decretos municipales que adoptaban los señalados planes parciales de Palmarito, La Castellana, Ciudad Manoa, Rivarca y Asociados, La Aurora y Matalarga, al parecer, sin haber terminado previamente el trámite de concertación ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia.

Igual situación se habría presentado con la adopción del plan parcial de San Pablo II por parte del exalcalde encargado, Carlos Tibaduiza Pinto.

El Ministerio Público advirtió que la concertación ambiental debía realizarse en estos casos tomando en cuenta que se trataba de suelo de expansión urbana.

Señaló que, según las pruebas documentales, los cuestionados decretos, a través de los cuales se adoptó cada plan parcial, fueron suscritos en fechas anteriores al acto administrativo que declara la concertación de los asuntos ambientales, el cual era emitido por Corporinoquia.

Por su parte, Montes Sánchez, quien habría proyectado el decreto municipal que adoptó el plan parcial de Palmarito y dado su visto bueno a los proyectos de decreto municipal de San Pablo II, La Castellana y Ciudad Manoa, sin contar, en ningún caso, con la concertación ambiental previa como lo exige la ley.

La aparente conducta de los investigados fue calificada provisionalmente como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde del municipio de Maní, Casanare (2016-2019), Tony Wilfred Ávila Hernández, por las presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la totalidad del calendario escolar 2016.

Al parecer, el exalcalde habría omitido la prestación del servicio del PAE para los estudiantes de la localidad, desde el primer día del calendario escolar y durante la vigencia 2016, a pesar de contar con recursos presupuestales disponibles por valor de $246’729.324.

Según el Ministerio Público, el investigado habría desconocido los derechos fundamentales a la educación, la asistencia y bienestar social de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del municipio.

Asimismo, recordó que “el ordenador del gasto en su territorio debe adelantar los procesos de contratación del PAE necesarios para ejecutar en forma oportuna durante todo el calendario escolar vigente, los recursos destinados para tal fin”.

Para la Procuraduría se pudo vulnerar el principio de eficacia, en el entendido que a las autoridades administrativas les corresponde asegurar la protección infantil y el suministro de la nutrición balanceada durante toda la jornada escolar, contribuyendo a garantizar sus derechos a la educación y alimentación.

La posible falta de Ávila Hernández se calificó provisionalmente como grave a título de culpa gravísima, por la supuesta falta de compromiso del entonces mandatario con la población adolescente y joven del municipio.

La Procuraduría Regional de Casanare precisó que, terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá por competencia a la Procuraduría delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), ante la cual los sujetos procesales podrán presentar descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos, si lo estiman pertinente.

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde del municipio de Hato Corozal, Casanare, Alexánder Martínez Parra (2016-2019), quien presuntamente omitió la prestación del servicio de alimentación escolar durante el primer semestre del año 2018.

La investigación señala que el exmandatario no habría garantizado la prestación de este servicio desde el primer día del calendario escolar, sino tan solo por cinco meses y medio de la vigencia 2018.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, el contrato para “garantizar el servicio de alimentación a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del Hato Corozal, Casanare” se habría iniciado el 16 de julio de 2018, es decir 6 meses después de haber comenzado el año lectivo.

Al contrastar la fecha de inicio del contrato con la disposición legal que ordena la prestación de este servicio, desde el primer día del calendario escolar, esta contratación solo cubrió el segundo semestre de 2018, puntualizó la Procuraduría Regional de Casanare.

La conducta objeto de investigación fue calificada provisionalmente como grave, a título de culpa grave, pues el exmandatario habría desconocido los derechos fundamentales a la educación y a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas de Hato Corozal.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena de 40 años de prisión contra el coronel en retiro del Ejército Nacional, Juan Carlos Castañeda Villamizar; y el exalcalde de Recetor (Casanare), Flaminio Cocinero Costo, por su participación en los actos de tortura, homicidio y desaparición de 54 personas entre 2002 y 2003.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que el oficial en retiro, quien se desempeñó como comandante del Batallón N°44 Ramón Nonato Pérez; y el exmandatario, participaron activamente en un plan criminal ejecutado por las entonces autodefensas de Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, contra los pobladores de Chámeza y Recetor (Casanare).

Con abundante material de prueba y evidencia testimonial quedó acreditado que los dos sentenciados entregaron a la estructura ilegal listados con los nombres de supuestos auxiliadores de los grupos guerrilleros. Con estos señalamientos, algunas personas fueron citadas a las zonas de injerencia de la estructura paramilitar; y otras fueron buscadas en sus viviendas por hombres armados que las sometieron.

En total, 54 habitantes fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Adicionalmente, los dos exfuncionarios omitieron su deber de protección a la comunidad y, con pleno conocimiento de lo que ocurría, permitieron incursiones violentas de manera sistemática.

El Juzgado Único Especializado de Yopal (Casanare) avaló los argumentos y los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, y declaró a Castañeda Villamizar y a Cocinero Costo responsables de los delitos de: homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

El fallo ordenó la captura inmediata del coronel en retiro, quien se encuentra en libertad provisional. Lo mismo dispuso contra el exalcalde; sin embargo, solicitó expedir en su contra notificación roja de Interpol, en el entendido de que es prófugo de la justicia.

De igual manera, les impuso multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y como indemnización por los perjuicios morales causados con las infracciones cometidas, una suma equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley.

Por omisión en el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de cinco meses e inhabilidad por el mismo período al exalcalde de Támara, Casanare, Fernando Mantilla Abreo y su secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, Segundo Samuel Vega Mariño.  

El Ministerio Público estableció que el exalcalde contrató como asesor jurídico a un particular sobre el cual pesaba una inhabilidad impuesta por la Procuraduría para contratar con el Estado por un lapso de 10 años. 

Igualmente, se encontró responsable disciplinariamente al exsecretario Vega Mariño quien certificó la idoneidad para contratar al particular como asesor de la administración municipal cuando este se encontraba inhabilitado.     

Tomando en cuenta que los sancionados no se encuentran ejerciendo el cargo, se ordenó realizar la conversión de la sanción de suspensión en salarios, de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta. 

La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa de los disciplinados durante la audiencia pública

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Orocué, Casanare (2016-2019), Anderson Salvador Bernal Tello, por posibles irregularidades en la inversión ambiental en el municipio durante los años 2016 y 2017. 

Según la investigación, el exmandatario no habría invertido el 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, ICLD, asignados a la Alcaldía de Orocué para la ejecución de los programas del plan de desarrollo local relacionados con el sector ambiental. 

El pliego de cargos señala los recursos estaban disponibles, por cuanto el Gobierno Nacional apropió durante el 2016 y 2017 a favor del municipio de Orocúe, Casanare, $14.380’975.097 de los cuales, según la norma, al menos $140’000.000 debieron ser ejecutados como inversión ambiental. 

No obstante, de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el año 2016 solo se habrían ejecutado $55.485.026 y en la vigencia 2017 no hubo inversión alguna en los programas ambientales señalados en el Decreto Nacional 953 de 2013 que regula esta materia. 

La falta fue calificada provisionalmente como grave cometida al parecer a título de dolo. 

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Támara - Casanare, Fernando Mantilla Abreo (2016-2019), y su secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, Segundo Samuel Vega Mariño, por omisión en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la investigación, en enero de 2019, el exmandatario habría contratado al señor Gustavo Lara Sepúlveda como asesor jurídico de la alcaldía, quien se encontraba inhabilitado por la Procuraduría para contratar con el Estado por el término de 10 años.

El Ministerio Público también cuestiona la conducta del entonces secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, Segundo Vega, quien certificó la idoneidad para contratar a Lara Sepúlveda omitiendo al parecer, su obligación de verificar previamente si se presentaba alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses; con lo cual habría desconocido el principio de responsabilidad.

Las posibles faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.