La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los servidores de la Policía Nacional Hyalmar Juver Balaguera Siabato, y Wilfredo Valencia Pérez, por presunto acceso carnal violento a una menor de edad y la presunta exigencia de dinero a un tercero, que estaba en el lugar de los hechos.  

Al parecer, los uniformados, estando de servicio de patrullaje, accedieron carnalmente y de forma violenta a una menor de edad en un terreno despoblado del del barrio Villa Nariño del municipio de Yopal, Casanare.

Posteriormente, Balaguera Siabato habría exigido e inducido a un ciudadano que se encontraba en el lugar de los hechos a dar a su compañero Hyalmar Juver Balaguera Siabato y a él mismo $ 500 mil con la excusa de no reportar a la Policía de Infancia y Adolescencia que había sido encontrado con la menor.

El ente disciplinario señaló que los miembros de la fuerza pública “se habrían apartado de su principal y más importante labor como policía que era brindar protección a los ciudadanos y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades, se olvidó de sus deberes y desplegó conductas que en lugar de beneficiarlos, les causó grave daño, traicionando la confianza que le depositó toda la comunidad”.

 La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas conductas irregulares como gravísimas a título de culpa.

Exdirector del DAS y 20 militares aceptan cargos por falsos positivos en Casanare. Además el coronel Wilson Camargo Tamayo ofreció hablar de un general de apellido Quiñones, excomandante de la Cuarta División del Ejército, sobre información que lo vincularía con grupos paramilitares.

La W conoció en primicia que el exdirector del DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar, aceptó la imputación de la JEP y admitió su responsabilidad en falsos positivos. En su escrito de aceptación de responsabilidad, el exfuncionario señaló que manifiesta “a la sociedad, a las familias afectadas, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, que mi labor será en adelante enarbolar una postura tesonera y aguerrida para lograr, en mediano y largo plazo, una reparación cierta, real y efectiva”.

Además de Rivas Tovar, y vencido el plazo para responder, la JEP señaló que un total de 23 de los 25 imputados aceptaron su responsabilidad, entre ellos el general Henry Torres Escalante, como lo reveló en su momento La W. Entre los demás altos oficiales que aceptaron cargos ante la jurisdicción, se encuentran el coronel Wilson Camargo Tamayo (excomandante del Gaula Militar del Casanare), el coronel Marcolino Puerto Jiménez, y otros 18 oficiales de distintos rangos, quienes tuvieron distinta participación y responsabilidad en el fenómeno criminal que dejó más de 200 víctimas en ese departamento.

Incluso, mandos como el coronel Camargo Tamayo ofrecieron entregar mayor información sobre supuestos vínculos de altos oficiales como el general Quiñones, excomandante de la Cuarta División del Ejército, con grupos paramilitares (a sueldo).

Da mucha tristeza, saber que nuestros comandantes estaban vinculados con grupos de autodefensas, y es el caso de oídas que se tiene al respecto de que el General Quiñones comandante de 4 División, recibía dinero de parte de la Autodefensas, de esto es testigo en su Época el Mayor Álvaro Malaver, quien también había sido comandante del Grupo Gaula”, sentenció el escrito de reconocimiento del coronel Tamayo.

Asimismo, el coronel ofreció entregar una ampliación de su versión voluntaria para hablar de operaciones de la Brigada 16 que habría beneficiado a las Autodefensas del Casanare (ACC) como la “operación Astuto” en la que se favoreció la desarticulación de ese grupo armado, y asegura, hubo personas que “ganaron” económicamente. Finalmente, los únicos dos altos oficiales que decidieron rechazar los cargos endilgados por la jurisdicción son el coronel Cipriano Peña Chivatá, excomandante de la Brigada 16 en 2007 y el coronel Germán León, quien comandó el Batallón Ramón Nonato Pérez en 2006.

Fuente: La W Radio

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar Bernal, por presunta omisión en el ejercicio de sus funciones y a la secretaria de Salud, Tatiana Rojas Abril, por posible violación del régimen de inhabilidades. 

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Yopal (Casanare), Jorge García Lizarazo (marzo - diciembre 2015) y Pedro Julio Martínez Cristancho (encargado entre el 16 y el 19 de junio 2015), así como a la jefe de la oficina Asesora Jurídica de la ciudad, Leydi Johana Hernández Oviedo (abril - diciembre 2015), quienes habrían evadido los procedimientos de selección objetiva del contratista.

Al parecer, García Lizarazo no habría culminado un proceso de contratación y en su lugar habría celebrado, mediante contratación directa, un convenio de cooperación que tenía un objeto similar al proceso inicial, orientado a beneficiar a población de la tercera edad.

Igual situación se habría presentado con el exalcalde encargado Martínez Cristancho, quien suscribió de forma directa un convenio de cooperación para desarrollar el diagnóstico y formulación del plan integrado de movilidad urbana y rural PIMUR de Yopal, meses después de que se había iniciado un proceso de contratación mediante concurso de méritos para suplir esta necesidad, el cual habría quedado detenido.

Se cuestiona también al exmandatario Martínez Cristancho, como alcalde encargado, por la presunta terminación unilateral de un convenio interadministrativo celebrado con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) y su posterior liquidación unilateral, sin que se presentaran las causales previstas en la Ley para ello.

Días después, el investigado celebró un nuevo convenio de cooperación, el cual tenía un objeto similar al suscrito con Corporinoquia, fundamentado en normas que permiten a las entidades territoriales celebrar contratos de manera directa con entidades privadas sin ánimo de lucro, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público que estas tengan y que sean acordes con el Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial.

Por último, el Ministerio Público formuló cargos contra Leydi Hernández Oviedo, quien en su condición de jefe de la oficina jurídica de Yopal (Casanare), habría aprobado los estudios previos y el texto de los tres convenios de cooperación firmados por los exalcaldes, objetos de cuestionamiento. 

El ente de control calificó provisionalmente las presuntas conductas de los tres investigados como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

La Fiscalía Especializada de la Unidad de Administración Pública imputó al exregistrador delegado en Puerto López, Meta, Hernán Alonso Ballesteros Buendía, como presunto responsable del delito de cohecho propio. Los hechos que motivaron las acciones judiciales ocurrieron en Puerto López durante las elecciones para alcalde al periodo 2020 - 2023.

Según consta en la investigación, el procesado llegó de Canaletes, Córdoba, para la jornada de elecciones regionales que se realizó el 27 de octubre de 2019 en el país. De acuerdo con el material probatorio presentado por la Fiscalía, en septiembre y octubre de 2019 Ballesteros Buendía estuvo en Puerto López donde habría recibido dinero a uno de los candidatos a la alcaldía de ese municipio para, supuestamente, garantizar su triunfo en los comicios.

Según la investigación, el imputado habría recibido cuatro pagos de entre 2 y 15 millones de pesos; antes y después de las elecciones locales para asegurar el triunfo del candidato. Dichos desembolsos se habrían configurado en un hotel de esa localidad del oriente del departamento. Ballesteros Buendía no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde del municipio de Maní, Casanare (2016-2019), Tony Wilfred Ávila Hernández, por las presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la totalidad del calendario escolar 2016.

Al parecer, el exalcalde habría omitido la prestación del servicio del PAE para los estudiantes de la localidad, desde el primer día del calendario escolar y durante la vigencia 2016, a pesar de contar con recursos presupuestales disponibles por valor de $246’729.324.

Según el Ministerio Público, el investigado habría desconocido los derechos fundamentales a la educación, la asistencia y bienestar social de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del municipio.

Asimismo, recordó que “el ordenador del gasto en su territorio debe adelantar los procesos de contratación del PAE necesarios para ejecutar en forma oportuna durante todo el calendario escolar vigente, los recursos destinados para tal fin”.

Para la Procuraduría se pudo vulnerar el principio de eficacia, en el entendido que a las autoridades administrativas les corresponde asegurar la protección infantil y el suministro de la nutrición balanceada durante toda la jornada escolar, contribuyendo a garantizar sus derechos a la educación y alimentación.

La posible falta de Ávila Hernández se calificó provisionalmente como grave a título de culpa gravísima, por la supuesta falta de compromiso del entonces mandatario con la población adolescente y joven del municipio.

La Procuraduría Regional de Casanare precisó que, terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá por competencia a la Procuraduría delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), ante la cual los sujetos procesales podrán presentar descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos, si lo estiman pertinente.

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los exalcaldes de Chámeza, Casanare, Jorge Iván Martínez Roldán (2012-2015) y Bernardo Pérez Fonseca (2016-2019), por posible omisión en el ejercicio de sus funciones.

Los exmandatarios habrían incurrido en falta disciplinaria al no incluir en el presupuesto municipal las apropiaciones necesarias y suficientes para pagar las sentencias condenatorias proferidas contra el municipio, en primera y segunda instancia, durante los años 1998 y 2012, respectivamente, por el incumplimiento parcial de un contrato de obra pública.

Tras el incumplimiento de esta obligación, el 3 de marzo de 2020 el Tribunal Administrativo de Casanare modificó la actualización del crédito presentado por el demandante, estableciendo como pago la suma de $887.554.523,46.

Señala el Ministerio Público que la omisión de los ex servidores públicos constituye "una grave afectación al erario municipal de los años subsiguientes por el inevitable incremento de la obligación, en razón a los intereses moratorios qué día a día se van generando".

Las conductas objeto de investigación disciplinaria fueron calificadas provisionalmente por la Procuraduría como falta gravísima a título de dolo.

Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde del municipio de Hato Corozal, Casanare, Alexánder Martínez Parra (2016-2019), quien presuntamente omitió la prestación del servicio de alimentación escolar durante el primer semestre del año 2018.

La investigación señala que el exmandatario no habría garantizado la prestación de este servicio desde el primer día del calendario escolar, sino tan solo por cinco meses y medio de la vigencia 2018.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, el contrato para “garantizar el servicio de alimentación a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del Hato Corozal, Casanare” se habría iniciado el 16 de julio de 2018, es decir 6 meses después de haber comenzado el año lectivo.

Al contrastar la fecha de inicio del contrato con la disposición legal que ordena la prestación de este servicio, desde el primer día del calendario escolar, esta contratación solo cubrió el segundo semestre de 2018, puntualizó la Procuraduría Regional de Casanare.

La conducta objeto de investigación fue calificada provisionalmente como grave, a título de culpa grave, pues el exmandatario habría desconocido los derechos fundamentales a la educación y a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas de Hato Corozal.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

La Administración Departamental, se ubicó en el segundo lugar entre las gobernaciones de todo el país con mayor porcentaje de participación de mujeres en cargos de niveles decisorios, demostrando el compromiso del gobernador Salomón Sanabria, por ampliar cada vez más las oportunidades laborales para el género femenino en la gestión del estado y la política.

“Nos llena de alegría recibir este reconocimiento por parte de la Función Pública, que califica a la Gobernación de Casanare entre las entidades que más avanzaron en el cumplimiento de la Ley de Cuotas, en la vigencia 2020; al contratar a mujeres en el 60% de vacantes en cargos de Máximo Nivel Decisorio (MND) y el 42% en Otros Niveles Decisorios (OND)”, señaló el gobernador Salomón Sanabria.

Integran esta Administración mujeres valiosas que día a día aportan a la consolidación de un mejor Casanare, enriqueciendo con su capacidad de trabajo, liderazgo y organización los objetivos que se ha trazado el gobierno departamental.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Orocué, Casanare (2016-2019), Anderson Salvador Bernal Tello, por posibles irregularidades en la inversión ambiental en el municipio durante los años 2016 y 2017. 

Según la investigación, el exmandatario no habría invertido el 1% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, ICLD, asignados a la Alcaldía de Orocué para la ejecución de los programas del plan de desarrollo local relacionados con el sector ambiental. 

El pliego de cargos señala los recursos estaban disponibles, por cuanto el Gobierno Nacional apropió durante el 2016 y 2017 a favor del municipio de Orocúe, Casanare, $14.380’975.097 de los cuales, según la norma, al menos $140’000.000 debieron ser ejecutados como inversión ambiental. 

No obstante, de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el año 2016 solo se habrían ejecutado $55.485.026 y en la vigencia 2017 no hubo inversión alguna en los programas ambientales señalados en el Decreto Nacional 953 de 2013 que regula esta materia. 

La falta fue calificada provisionalmente como grave cometida al parecer a título de dolo.