El expersonero de Paz de Ariporo, Jorge Enrique Pérez, y quien aspira a ser personero de Villanueva periodo 2020-2024, denuncia irregularidades en concurso que busca proveer este cargo al sur de Casanare. Al parecer en la etapa final luego de presentar las pruebas del concurso adelantado por la ESAP, los concejales habrían acomodado puntajes en la entrevista para que gane la persona que ocupó el segundo lugar dentro de la lista de elegibles.

El abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, presentó reclamación al Concejo de Villanueva, sobre el informe de resultados de la entrevista para el cargo de personero, publicado el pasado 6 de septiembre. Argumentó que en las calificaciones se favoreció al candidato Luis Francisco Cala, desconociendo los parámetros aprobados para la evaluación de las respuestas.

Jorge Enrique Pérez expresa que si bien las entrevistas son subjetivas resulta no creíble que en varios de los aspectos él hubiera obtenido calificaciones de 0.3, 0.1, 0.8, y 1, mientras su contendor logró puntajes de 10. Cabe destacar que antes de la entrevista, quien venía liderando el concurso era él y llevaba una diferencia de 5 puntos porcentuales sobre el segundo candidato, que ahora es el primero.

Sin embargo, para el presidente del Concejo Wilson Humberto Ibáñez Arias, todo estuvo enmarcado en la ley y hubo garantías para todos los concursantes. En su respuesta a la reclamación hecha por Jorge Enrique Pérez, dijo que deberá ser la autoridad competente la que determine si hubo o no irregularidades o algún delito.

Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde del municipio de Hato Corozal, Casanare, Alexánder Martínez Parra (2016-2019), quien presuntamente omitió la prestación del servicio de alimentación escolar durante el primer semestre del año 2018.

La investigación señala que el exmandatario no habría garantizado la prestación de este servicio desde el primer día del calendario escolar, sino tan solo por cinco meses y medio de la vigencia 2018.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, el contrato para “garantizar el servicio de alimentación a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del Hato Corozal, Casanare” se habría iniciado el 16 de julio de 2018, es decir 6 meses después de haber comenzado el año lectivo.

Al contrastar la fecha de inicio del contrato con la disposición legal que ordena la prestación de este servicio, desde el primer día del calendario escolar, esta contratación solo cubrió el segundo semestre de 2018, puntualizó la Procuraduría Regional de Casanare.

La conducta objeto de investigación fue calificada provisionalmente como grave, a título de culpa grave, pues el exmandatario habría desconocido los derechos fundamentales a la educación y a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas de Hato Corozal.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

Las labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto supuestas irregularidades de contratación que se habrían presentado entre 2005 y 2007 en Casanare.

Según la Fiscalía, las investigaciones dan cuenta de que el 4 de agosto de 2005, el entonces gobernador, Helí Cala López, suscribió un convenio con la secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB), cuyo objeto era “la cooperación y asistencia técnica para la coadyuvancia en la gestión de programas y proyectos que se consideraron viables para el plan de desarrollo del departamento”.

Mediante esta figura, el organismo internacional celebró 59 cartas, acuerdos o contratos de obra, adecuaciones, suministro y adquisición de bienes, entre otros conceptos, por más de 94.000 millones de pesos, que correspondían a recursos públicos.

Para la Fiscalía, la contratación de obras y otras necesidades básicas para los municipios de Casanare debía ser asumida por los entonces gobernadores, mediante procesos de selección y adjudicación como lo establece la ley. En ese sentido, dicha responsabilidad no podía cederse a un tercero, más aún, cuando había de por medio dineros del departamento.

Adicionalmente, el material indica que en uno de los acuerdos o cartas, el número nueve, que contempló continuación de la construcción del matadero regional en Paz de Ariporo, se presentó un posible detrimento patrimonial.

Dicho proyecto fue entregado al Consorcio Construcciones M.V., al que le fue pagado un anticipo de 50% del valor total del contrato ($1.411’379.265). Los testimonios y otros elementos permitieron conocer que, a través de diferentes maniobras, la suma del anticipo, algo más de $600’000.000, habría llegado a manos del gobernador de la época, Helí Cala López.

Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exgobernador Cala López por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación. El exmandatario participó en la firma del convenio con el organismo internacional y avaló 57 de los 59 acuerdos o cartas suscritos. Adicionalmente, hay indicios de que, supuestamente, se quedó con recursos del departamento.

De otra parte, el exgobernador Whitman Herney Porras Pérez (septiembre de 2006 - diciembre de 2007) fue acusado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Estaría involucrado en los dos últimos acuerdos o cartas celebrados por la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB).

Este proceso investigativo se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

Fuente: Fiscalía General de la Nación