El alcalde de Paz de Ariporo, Jorge Camilo Abril Tarache, tiene un plazo de 10 días para cumplir con una orden judicial que le exige girar los recursos retenidos por concepto de alumbrado público.

El giro debe hacerlo a la empresa mixta de alumbrado público del municipio. De no acatar la decisión, el mandatario podría enfrentar sanciones por desacato, que incluyen multas o incluso arresto, según lo establecido en el Código Penal. 

La orden fue ratificada por el Tribunal Administrativo de Casanare en segunda instancia, luego de que el Juzgado Primero Administrativo de Yopal emitiera un fallo el 13 de febrero de 2025 a favor de la empresa demandante.

El Tribunal modificó parcialmente la sentencia inicial, pero mantuvo la obligación del alcalde de transferir los fondos correspondientes al impuesto de alumbrado público, tal como lo establece el Acuerdo Municipal No. 500.02-023 del 30 de diciembre de 2022. 

En su decisión, el tribunal declaró que el alcalde ha sido renuente a cumplir con su deber de girar los recursos recaudados por este concepto, lo que constituye una omisión de sus responsabilidades administrativas.

Además, ordenó que, dentro del plazo establecido, se realicen las actuaciones necesarias para garantizar el pago de los recursos retenidos y asegurar que, en adelante, los fondos sean entregados de manera oportuna a la empresa. 

El fallo también advierte que, en caso de incumplimiento, se aplicaría el artículo 454 del Código Penal, que sanciona el fraude a resoluciones judiciales o administrativas. Esto implica que, además de las sanciones por desacato, el alcalde podría enfrentar consecuencias penales. 

La decisión judicial pone fin a un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando la obligación del alcalde de cumplir con lo establecido en el acuerdo municipal. El expediente será devuelto al juzgado de origen para su ejecución, dejando constancia de las acciones tomadas.