Nelson Orozco, representante legal del consorcio Parque Nacua calificó la terminación unilateral de su contrato por parte la Alcaldía a través del Instituto de Vivienda Gestión Urbana y Rural de Yopal (Indev), como un proceso muy complejo y difícil.

Según Orozco, la decisión del Indev se tomó de manera drástica y sin escuchar las versiones de los abogados ni de las aseguradoras involucradas, lo que consideran una vulneración de sus derechos contractuales.

La terminación se oficializó apenas horas después de concluir la audiencia de incumplimiento adelantada el 19 de mayo a las 8:30 p.m. Para las 8:00 a.m. del día siguiente, ya se había notificado el cierre inmediato y la toma del parque.

Aunque admiten que existen pagos pendientes tanto con el Indev como con la interventoría, el consorcio sostiene que esta situación forma parte de un litigio que inició desde febrero de 2021.

En su defensa, argumentó que la pandemia tuvo un impacto devastador en la operación del parque, obligándolos a asumir costos de funcionamiento sin obligación contractual, además de realizar fuertes inversiones para reabrir en diciembre de 2020 y nuevamente en diciembre de 2021.

El eje de la controversia gira en torno a la ecuación financiera del contrato de concesión, regido por la Ley 80. Explicó que el modelo inicial proyectaba más de 100.000 visitantes anuales, con ingresos que permitían cumplir con un compromiso financiero del 10%.

Sin embargo, tras la pandemia, esa ecuación se rompió, elevando la carga financiera del concesionario a entre el 30% y el 40% de los ingresos reales.

El consorcio agregó que esta situación fue notificada formalmente al INDEV el 13 de febrero de 2021, solicitando una revisión conforme a la ley y a las excepciones contempladas por la emergencia sanitaria. A pesar de ello, el proceso se dilató y la discusión se extendió hasta 2022 sin una solución definitiva.

Otro punto crítico de la denuncia es el manejo de la cláusula decimotercera del contrato, relacionada con casos fortuitos y fuerza mayor.

El representante legal aseguró que, a pesar de que la pandemia califica como una situación fortuita, su concesión fue la única en Colombia que no recibió reconocimiento por estos factores, dejándolos sin respaldo legal ante la modificación del modelo financiero.

Actualmente, el consorcio se encuentra en trámite judicial, con sus abogados preparando la defensa e invocando los derechos que, según ellos, fueron vulnerados por la Administración municipal.