En firme quedó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, contra el ex concejal y dirigente social Luís Ferney Salcedo Gutiérrez y Jesús Leal Salcedo, a quienes, a comienzos de diciembre de 2018, les imputaron cargos y les impusieron medida preventiva, por los delitos de concierto para delinquir agravado, obstrucción de vía pública y violencia contra servidor público.
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De igual forma quedó en firme la medida de detención domiciliaria, para Carmen Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Yulibel Leal Oros, y María Teresa Rincón Duarte. Mientras que no fue resuelta la apelación de Jerónimo Salcedo Betancur y Josué Rincón Duarte, quedando pendiente una audiencia.
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La decisión se dio este jueves, en lectura de fallo de segunda instancia por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, que resolvió la apelación interpuesta tanto por la defensa de los imputados como por la Fiscalía, en audiencia virtual cumplida en la cárcel La Guafilla de Yopal.
Según Jorge Cortés, abogado de tres de los imputados, las pretensiones de la Fiscalía, era que las personas que habían gozado de medida de detención preventiva en su domicilio, fueran a la cárcel, “el juez Segundo Penal del Circuito de Yopal, Juan Alberto Pulido, consideró que debían seguir en detención domiciliaria, confirmando así la decisión de primera instancia”.
Frente a la apelación de la medida de aseguramiento, contra, Luís Ferney Salcedo Gutiérrez y Jesús Leal Salcedo, el abogado indicó que el juzgado confirmó la medida de detención en establecimiento carcelario.
“Quedó pendiente una audiencia, ya que no fue resuelta la apelación de segunda instancia de Jerónimo Salcedo Betancur y Josué Rincón Duarte, en la cual el juez deberá tomar una decisión frente a la situación de los imputados”, indicó Cortés.
Reiteró el abogado que los argumentos que esgrimió el juez, frente a la detención domiciliaria de cuatro de los imputados, fue que, la decisión tomada en primera instancia, era adecuada a derecho, a los fundamentos que había expuesto el juez. Mientras que, frente a la solicitud de apelación de la medida de aseguramiento contra Ferney Salcedo Gutiérrez y Jesús Leal Salcedo, en donde se pretendía que se revocara la detención en establecimiento carcelario, el juez consideró que había por el momento méritos, para sostener dicha medida.
En cuanto a las acciones a seguir por parte de la defensa, indicó Cortés que, “ya que tenemos alguna idea de que es la imputación que se hizo y cuál es la posible acusación, tenemos un investigador privado que está haciendo las pesquisas, y recolectando pruebas y evidencia física, para hacer valer en el juicio, o en otras audiencias que posteriormente vendrán”.
Reiteró el abogado que, la tesis de la defensa es que, los delitos que imputa la Fiscalía, no podrán ser probados en el juicio, “estamos recolectando las evidencias para controvertir la posible acusación y formalmente sepamos de que delitos se va a acusar a los imputados”.
En la actualidad, provisionalmente la Fiscalía imputó delitos como, Concierto para Delinquir Agravado, Porte Ilegal de Armas de Defensa Personal, Obstrucción de Vías Públicas, Daño en Bien Ajeno, Lesiones Personales, Homicidio en el grado de Tentativa, entre otros.
Contexto
Jorge Cortés explicó que, la situación actual de ocho líderes sociales de los municipios de San Luís y Trinidad, se remonta al año 2012, cuando las comunidades de estos municipios, específicamente de las veredas La Venturosa, Platanales y El Tigre, tuvieron grandes diferencias con la compañía Pacífic Rubiales, ya que no estaban de acuerdo con el manejo ambiental que se le venía dando a la explotación petrolera, y la escasa contratación de personal de la región.
Reiteró el abogado que, existen evidencias de hechos puntuales tales como que, Pacífic quedó debiendo más de 3.300 millones de pesos a las comunidades del sector, “hechos que son aceptados por la hoy compañía Frontera Energy, aunque no sabemos exactamente cuál sea la figura, porqué Pacífic Rubiales se convirtió en Frontera Energy. Ha habido múltiples reuniones donde la compañía ha invitado a quienes hoy están detenidos a dialogar frente a los problemas existentes, por decir algo, a la señora Teresa Rincón, propietaria de un restaurante, la compañía le adeudaba más de 15 millones de pesos en alimentación y lavado de ropa, y con propietarios de vehículos hay deudas desde hace dos años”.
Sumado a lo anterior, explicó Jorge Cortés, hay múltiples quejas de tipo ambiental, sobre contaminación de fuentes hídricas y el deterioro y destrucción permanente de carreteables,-hechos por la Gobernación y las Alcaldías para el beneficio de las comunidades-, por parte de la compañía, con el transporte de maquinaria pesada y tracto mulas.
“Existen documentos donde Ferney Salcedo eleva una serie de peticiones de cerca de 80 puntos, sobre la problemática que vive la comunidad y las exigencias para que haya contraprestación respecto a las inversiones sociales que compensen las afectaciones que han tenido”, puntualizó el abogado Cortés.
Lo que sucedió después, fue la protesta de los habitantes del sector, el cierre de vías, la utilización del Esmad para reprimir las manifestaciones y la posterior captura de ocho personas, en diciembre del año anterior.
Plantón por cambio de sitio de la audiencia
Según lo manifestó ayer el juez Segundo Penal del Circuito de Yopal, Juan Alberto Pulido, en la audiencia, el sitio de la misma se cambió del Palacio de Justicia a la cárcel de La Guafilla, por informes policivos que se tenían de que podían haber presiones o perturbaciones indebidas de algunos manifestantes.
“Considero que es un exceso, ya que las personas tenían derecho a acompañar a sus familiares y amigos. Es paradójico que se sustente una medida diciendo que los detenidos son un riesgo para la sociedad”, indicó Cortés y reiteró que la judicialización de líderes sociales, es una política de control social del Estado que ha venido en aumento en el país.
Por su parte, Jhony Cruz, habitante de Trinidad, quien junto a varias personas de esta localidad y San Luís de Palenque, hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia, calificó de des obligante el traslado del sitio de la audiencia y dijo que es una muestra más de represión contra las comunidades del sector, quienes lo único que reclaman son sus derechos y la liberación de los líderes detenidos.
