La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre bienes que pertenecerían al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Se trata de 11 inmuebles urbanos y 2 rurales y 10 vehículos ubicados en Fortul (Arauca), Yopal (Casanare), Villavicencio (Meta) y Bogotá.

Los cálculos preliminares dan cuenta de que los activos ascenderían en valor a 7.624 millones de pesos. Estas acciones de la Fiscalía, apoyadas por el Ejército Nacional, buscan afectar el patrimonio del exmandatario, quien es investigado y permanece privado de la libertad en centro carcelario como presunto responsable de múltiples irregularidades de contratación durante los dos periodos en los que se desempeñó como gobernador (2012 – 2015 y 2020 – 2021).

Según la investigación, Castillo Cisneros le habría entregado parte de la contratación del departamento a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, a cambio de recibir apoyo político en varios municipios.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de financiación del terrorismo; y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación en favor de terceros agravado; y concierto para delinquir agravado.

Las propiedades ocupadas con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Se impusieron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder adquisitivo del derecho de dominio a 652 bienes, avaluados en más de 50 mil millones de pesos a las propiedades de dos de los cabecillas del ‘Clan del Golfo’ en seis regiones del país.  

Los bienes que irán a extinción de dominio serían parte de la estructura armada en asocio con la Oficina de Envigado, así como alias ‘El Tuzo’ y alias ‘Pipón’, narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos.

Las propiedades están ubicadas en Magdalena, Bogotá, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Casanare.

El director de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), general Fernando Murillo, explicó que durante 12 meses duró la investigación en la que se identificó que los bienes pertenecían a un testaferro de alias ‘El Indio’, principal cabecilla del ‘Clan del Golfo’, quien murió en marzo de 2018 en medio de los operativos de la fuerza pública.

Segùn las autoridades, dada la facilidad para comprar ganado bovino y equino, estas personas efectuaban inyección de capitales de orígenes ilícitos producto del narcotráfico, siendo este el modus operandi de la organización para adquirir y tratar de justificar ingresos económicos con los que adquirían otras propiedades, generando con ello mezcla de dineros lícitos con ilícitos», señaló la Dijin de la Policía Nacional.

Se habrían constituido varias sociedades comerciales en los que se logró establecer por parte de la Dijin, que no tenían capacidad económica ni para hacer parte de ellos ni tampoco para hacer los aportes a capital y luego de estar constituidas formalmente, se adelantaban operaciones de compra y venta de bienes a través de familiares.

Expertos forenses en análisis financieros y contables determinaron que los supuestos dueños de estas propiedades no tenían la capacidad económica para comprarlos, pero en cambio sus patrimonios se incrementaron injustificadamente en más de 6 mil millones de pesos en cuatro años.

Los 652 bienes que irán a extinción de dominio son: 26 inmuebles, 17 vehículos, 2 sociedades comerciales, 3 establecimientos de comercio, 24 equinos y 580 bovinos de raza Brahaman al igual que, un criadero de caballos en el departamento de Bolívar que ha obtenido premios a nivel internacional.

Todos los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Según las autoridades, las propiedades y bienes embargados, con fines de extinción de dominio por parte de las autoridades competentes, estarían a nombre de quienes serían miembros de ese GAO-r. El trabajo de inteligencia que durante varios años se llevó a cabo hizo posible que se aplicara la medida cautelar a 4 inmuebles, 4 fincas, 2 establecimientos comerciales y 36 cabezas de ganado que estarían avaluados en más de $2000 millones.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, los bienes incautados eran requeridos por los delitos de testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por haber sido adquiridos con dineros producto del narcotráfico y otros delitos cometidos por el GAO-r E10 a lo largo y ancho del departamento.

Argumentan las autoridades que con este importante resultado operacional se propina un golpe estratégico que afecta el accionar delictivo de este grupo al margen de la ley, evitando posibles ataques contra la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública, en especial atentar contra la tropa que se encuentra realizando operaciones de control institucional del territorio en la Orinoquía colombiana.

Así mismo, se afectan de manera directa las finanzas criminales de alias de Ferley, señalado de ser el cabecilla financiero del GAO-r Estructura Décima.

Una casa de extinción de dominio, bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales SAE, que está ubicada en la carrera 19 número 19 Nª 28 - 46 en Yopal, se está convirtiendo en guarida de consumidores de estupefacientes, según denuncias de la misma comunidad del sector.

Vecinos denuncian que están desmantelando la vivienda, al punto que se han llevado puertas, ventanas y hasta han tumbado parte del techo por lo que piden intervención de las autoridades.

Esta vivienda entró en un proceso de extinción de dominio en el año 2009, debido a que presuntamente allí se cometieron varios delitos que estaban afectando a la capital casanareña.

En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, que persigue el patrimonio ilícito de las organizaciones criminales y las estructuras narcotraficantes, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 33 inmuebles, 1 sociedad, 86 semovientes y 2 vehículos, avaluados en cerca de 45.000 millones de pesos.

Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional en Bogotá, Trinidad (Casanare); y Villavicencio, Castilla La Nueva y Restrepo (Meta).

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía estableció que los bienes afectados, al parecer, fueron adquiridos mediante diferentes maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Los indicios dan cuenta de que estarían a nombre de presuntos testaferros de Germán Rivera Vega, alias Porreguala, quien fue condenado en Estados Unidos por conspiración para fabricación y distribución de cocaína. Luego de cumplir pena y regresar a Colombia, fue asesinado en un establecimiento de comercio la noche del pasado 8 de abril.

Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Fuente: Fiscalía General de la Nación.