La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre bienes que pertenecerían al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Se trata de 11 inmuebles urbanos y 2 rurales y 10 vehículos ubicados en Fortul (Arauca), Yopal (Casanare), Villavicencio (Meta) y Bogotá.

Los cálculos preliminares dan cuenta de que los activos ascenderían en valor a 7.624 millones de pesos. Estas acciones de la Fiscalía, apoyadas por el Ejército Nacional, buscan afectar el patrimonio del exmandatario, quien es investigado y permanece privado de la libertad en centro carcelario como presunto responsable de múltiples irregularidades de contratación durante los dos periodos en los que se desempeñó como gobernador (2012 – 2015 y 2020 – 2021).

Según la investigación, Castillo Cisneros le habría entregado parte de la contratación del departamento a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, a cambio de recibir apoyo político en varios municipios.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de financiación del terrorismo; y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación en favor de terceros agravado; y concierto para delinquir agravado.

Las propiedades ocupadas con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Al no cumplir con un compromiso claro, concreto, programado e idóneo para alcanzar los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le cerró la puerta al exgobernador de Casanare, William Pérez Espinel, para hacer parte como compareciente de la justicia transicional. El político está condenado en la justicia ordinaria por beneficiar a las autoridades campesinas de Casanare.

Pérez Espinel condenado por la Corte Suprema de Justicia en tres ocasiones pidió pista en la JEP para que sus expedientes fuesen revisados en esa instancia porque consideró que los actos fueron cometidos en el marco del conflicto armado. El exgobernador, en su momento, confesó que su campaña para ocupar la plaza de mandatario departamental fue financiada por parte de los grupos de autodefensas que le brindaban garantías de proselitismo, mientras él les garantizaba poder político, económico y militar en el departamento.

Un análisis de la Unidad de Investigación y Acusación da cuenta que el exgobernador se encuentra vinculado en 16 procesos judiciales en calidad de indiciado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contratación sin cumplimiento de requisitos, concusión y enriquecimiento ilícito. Aunque sobre su nombre pesan tres condenas por más de ocho y 15 años, el político pidió pista en la JEP para que conociera del resto de expedientes.

En 2018 logró que la justicia transicional tuviera para estudio su caso, y desde allí empezó la lucha para que fuese aceptado a través de sometimiento. El tribunal de paz resaltó que debía entregar información valiosa sobre los nexos que tuvo con el grupo ilegal. No obstante, este miércoles, esa misma corporación le cerró la puerta al considerar que lo que ha dicho ha sido una reiteración de lo que tiene en su poder la justicia ordinaria.

“Se tiene que a pesar de los múltiples requerimientos dados al señor William Hernán Pérez Espinel, dentro de su escrito de compromiso claro, concreto y programado no proporcionó los datos específicos que permitieran verificar su dicho, las acciones que realizó y las demás personas que se vieron involucradas en los hechos relatados y no meramente aseveraciones genéricas”, resaltó el auto de más de 60 páginas.

A juicio de la JEP, en lugar de poner en evidencia, por sus propios medios y versiones las faltas en las que incurrió, el exgobernador se limitó a remitir a la magistratura las sentencias condenatorias que ya se habían proferido en la justicia ordinaria. Así, la justicia transicional consideró que su aporte no podría generar un apoyo significativo para brindar información para esclarecer los fenómenos de macro criminalidad y victimización.

“El interesado debe señalar sobre cuáles hechos aportará relatos veraces, qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer y qué tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del SIVJRNR, y además debe comprometerse a superar el umbral de lo ya esclarecido en la justicia ordinaria, aspecto que no se denota en los acuerdos radicados en esta jurisdicción”, resaltó el tribunal.

En julio de 2016, el exgobernador fue enviado a la cárcel luego de que aceptó responsabilidad por incrementar injustificadamente su patrimonio en $143 millones. Según la investigación de la época, el entonces mandatario departamental no pudo explicar ni demostrar el origen de los recursos que incrementaron notablemente su patrimonio económico. Pese a que era conocida su actividad como ganadero en la zona nunca presentó un sustento frente al notable incremento.

Fuente: El Espectador

Exgobernador de Casanare, Whitman Porras se salvó de otra condena. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador del departamento de Casanare, Whitman Herney Porras Pérez, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, relacionado con convenios de la Gobernación de Casanare y la Universidad de Pamplona.

El proceso por el que fue juzgado y absuelto se originó por las presuntas irregularidades cometidas en la celebración de los convenios interadministrativos 026 de 13 de abril de 2007 y 0273 de 26 de junio de 2007, suscritos entre el departamento de Casanare, representado legalmente para entonces por el Gobernador Porras Pérez y la Universidad de Pamplona. Esos convenios estaban relacionados con la ampliación de la cobertura en educación superior en dicho departamento.

La Fiscalía acusó al exgobernador señalando que en la suscripción de los convenios no verificó que se cumplieran los requisitos que rigen la administración pública, y se habían vulnerado los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad.

El exgobernador de Casanare y excandidato presidencial del Centro Democrático, Alirio Barrera, estará en la campaña para las elecciones al Congreso en 2022.

Barrera recibió la propuesta directamente del expresidente Álvaro Uribe, quien le explicó el trabajo que podría adelantar desde el Senado de la República y cómo podría poner en marcha varias de las propuestas que presentó en la contienda de precandidatos del Centro Democrático.

Uribe y Barrera estuvieron reunidos durante varias horas y allí se definió que el excandidato presidencial conformará la lista que se está confeccionando y que buscará tener nombres que representen los postulados del uribismo.

Barrera logró un rápido reconocimiento nacional y en las encuestas del partido logró el cuarto lugar con un 8 % que fue considerado por muchos como un reconocimiento a su trabajo. Algunos congresistas del partido aseguraron que los resultados del exgobernador fueron positivos porque su precandidatura arrancó faltando un mes para que se eligiera al candidato único.

Fuente: Revista Semana

Sorpresivamente el exgobernador de Casanare Nelson Mariño Velandia fue sacado a las 3 de la mañana de este domingo 31 de octubre, de la cárcel de mediana seguridad de Yopal para recluirlo en el pabellón de políticos del centro penitenciario La Picota.

El político, quien además se desempeñó como alcalde de Yopal, concejal de Yopal y diputado de Casanare, está siendo procesado por concierto para delinquir relacionado con presuntos vínculos con las autodefensas de alias "Martín Llanos", y desde hace dos años está privado de la libertad.

Cabe recordar que Mariño Velancia, fue capturado en octubre de 2019, en una finca de la vía Sirivana de Yopal, por el CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar. Inicialmente fue trasladado al comando de Policía de Casanare para verificar su identidad y posteriormente conducido a Medicina Legal para conocer su estado de salud.

El exgobernador de Casanare, Alirio Barrera, informó el día anterior a través de sus redes sociales sobre la captura de unos sujetos quienes, al parecer, iban a atentar contra su vida. El precandidato también señaló que estos sujetos podrían quedar en libertad por un juez de control de garantías que alegó supuestos errores en el procedimiento al momento de la captura.

Tras conocerse esta noticia, horas más tarde en una rueda de prensa la directora seccional de Fiscalías, Araly González, confirmó la información, señalando además que las capturas se efectuaron dentro de un proceso judicial que se adelanta por posibles amenazas contra el exgobernador incluidas contra un alcalde del departamento de Casanare.

La directora seccional de Fiscalías en Casanare, afirmó que pese a que los sujetos quedaron en libertad se tiene un proceso investigativo del cual ya cursa una acción judicial donde hay unos elementos materiales probatorios y la investigación continuará contra estas personas que fueron judicializadas.

“Que el juez no haya impuesto la medida de aseguramiento en su momento no quiere decir que el proceso finaliza, todo lo contrario, continúa y se están recaudando mayores elementos materiales probatorios. Nuestro fiscal a través de un proceso argumentativo apeló esta decisión de dejarlos en libertad”, recalcó la directora seccional de Fiscalías, Araly González.

La funcionaria dijo que, se está estableciendo si existe algún vínculo de estos sujetos con alguna estructura criminal para efectos de señalamientos o de los cargos que se puedan plasmar. Agregó que, se tienen más investigaciones contra algunos funcionarios de Casanare, particularmente de alcaldes del departamento. “Hay amenazas que se vienen investigando desde el año pasado por lo que hay un fiscal destacado solo para amenazas contra mandatarios o personajes destacados en la localidad”, puntualizó Araly González.

Según comunicado de prensa del precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático, Alirio Barrera, a la hora de la captura a los sujetos le fueron halladas armas y municiones, así como también evidencia física que los incriminaría en este accionar delictivo.