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El Ministerio de Minas y Energía liderará una mesa técnica, el próximo viernes 24 de octubre, con la participación de la comunidad de estos departamentos, gremios de transportadores, autoridades regionales y entidades públicas con el fin de establecer acuerdos que permitan mejorar las condiciones de suministro de gas en la región. Atendiendo las necesidades de la comunidad, desde la cartera de Energía se adelanta un proyecto de resolución para garantizar el abastecimiento y suministro de Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV) en ambos territorios.

Luego de las protestas de los gremios de transportadores, principalmente los taxistas y la comunidad en general de Casanare y el Meta, el Ministerio de Minas y Energía realizará, este viernes 24 de octubre, una mesa técnica de trabajo con el fin de adoptar medidas que mitiguen la situación de abastecimiento de gas natural en estos dos departamentos, principales productores de petróleo y gas del país.

Este espacio contará con la participación de autoridades territoriales, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Aguazul, así como representantes del Ministerio Público, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ecopetrol, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).

En este sentido, MinEnergía también prepara una propuesta normativa que permita establecer medidas concretas para priorizar el suministro de gas natural a los usuarios residenciales, pequeños comercios y también al sector vehicular.

“Desde nuestro ministerio escuchamos la voz de los representantes del gremio de transportadores y taxistas de la comunidad de Aguazul, Casanare, quienes han solicitado, en reuniones previas, soluciones que garanticen el abastecimiento de gas natural vehicular, la incorporación de mecanismos alternativos de suministro, y mejoras en la infraestructura para lograr un abastecimiento más eficiente de gas natural en las comunidades casanarenses”, afirmó el ministro Edwin Palma.

Para optimizar este espacio, el Ministerio de Minas y Energía trabajará, previamente, de la mano con las entidades del sector y con Ecopetrol, operador de los campos de producción de hidrocarburos en el departamento para asegurar las fuentes de abastecimiento.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) se permite alertar sobre la situación de desabastecimiento de combustibles líquidos en varias zonas del territorio nacional, la cual cumple más de 15 días, y que pone en riesgo actividades esenciales y agudiza la ya difícil situación económica del país.

Colombia afronta una compleja situación económica y fiscal, acentuada por la pandemia; en este contexto, el impacto de los bloqueos, los actos vandálicos y el desabastecimiento de combustibles líquidos, superior a un 30% (40 millones de galones y diésel), afecta cada día a todos los colombianos, especialmente en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

La menor venta de combustibles ha impactado el recaudo nacional y de las regiones. Con corte al 12 de mayo, se prevé que las pérdidas ascienden a $32 mil millones de pesos menos en impuestos nacionales (IVA, Impuesto nacional a la gasolina, y el impuesto al carbono) y $26 mil millones menos de sobretasa para las regiones. Lo anterior en un momento de estrechez fiscal donde urge contar con mayores recursos. 

Las Estaciones de Servicio (EDS) también han dejado de percibir ingresos por cerca de $340 mil millones de pesos. Adicionalmente, los actos vandálicos han destruido cerca de 120 estaciones de servicio, y los ataques a terminales de combustible como los presentados este fin de semana en Yumbo (Valle del Cauca) han puesto en riesgo la vida de trabajadores y comunidades, y han afectando a muchas familias cuyo sustento depende de estos negocios.

Las regiones más afectadas están en el suroccidente colombiano, en donde se ha presentado un desabastecimiento de 20 millones de galones; 97 EDS vandalizadas y pérdidas para la región por $12 mil millones de menor recaudo en sobretasa. El Centro y los Llanos orientales han presentado un desabastecimiento de 10 millones de galones; 12 EDS vandalizadas y pérdidas de $7 mil millones de pesos por menos recaudo en sobretasa.

“La distribución de combustibles líquidos es un servicio público, así lo determina la ley colombiana, al ser esencial para el transporte de alimentos, insumos agrícolas y médicos, así como la movilidad de trabajadores, personal de salud, en todo el territorio nacional. Es  imprescindible hoy más que siempre restablecer las condiciones para contar con un abastecimiento seguro”, afirmó el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera.

En este sentido, la ACP hace un llamado al restablecimiento del orden público y al cese de la violencia y el vandalismo que atentan contra la vida, afectan a todos los colombianos y empeoran la situación económica y social del país.