La multinacional Parex Resources anunció su vinculación con el fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de Aguazul, a través de una inversión de 131 millones de pesos, que se materializó con la entrega de herramientas y equipos especializados que beneficiarán a 500 familias, de la capital arrocera de Casanare.

Entre los elementos entregados se encuentran tres rastras de 22 discos, una cortamelaza de alce hidráulico y una cosechadora de forraje.

Recursos fundamentales que facilitarán la preparación de los terrenos, la recolección de cosechas y el proceso de ensilaje. La incorporación de estas tecnologías favorecerá la eficiencia productiva, optimizará los costos y reducirá los tiempos en la producción agropecuaria.

Silvia Lucia Olmos, secretaria de desarrollo económico y ambiental de Aguazul, resaltó la importancia de apoyo recibido por la petrolera.  "Nuestro banco de maquinaria consta de cinco tractores, los cuales no contaban con los implementos necesarios para realizar operaciones completas en el campo. Gracias a Parex, hoy logramos completar el banco de maquinaria que ayudará significativamente al pequeño productor".

Por su parte, José Pastor Castro, habitante de Aguazul, destacó los beneficios del aporte hecho por la empresa. "Agradecemos a la empresa Parex por beneficiar a la población del campo. Ahora podremos trabajar mejor nuestros terrenos".

Estos equipos, que harán parte del banco de maquinaria operado por el Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul, no solo cumplirán una función práctica, también desempeñarán un papel importante en la diversificación de la economía local y la promoción del desarrollo sostenible.

GeoPark, la compañía dedicada a la exploración, operación y consolidación de petróleo y gas ha sido galardonada en los Premios Portafolio 2023 en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial.

Este reconocimiento destaca el compromiso de la petrolera con el desarrollo sostenible de las regiones donde opera.

El programa 'Transformación Territorial Sostenible' de GeoPark ha impactado positivamente la vida de miles de familias colombianas a través de proyectos de inversión social en áreas clave. 

Estas iniciativas incluyen la promoción del bienestar y la calidad de vida de las comunidades vecinas, la formación integral de niños, niñas y adolescentes, a través de alianzas con diferentes instituciones como la UNAD, Fundación Batuta, Fundación para la Reconciliación y la Universidad Javeriana de Cali.

El galardón no solo refleja la excelencia en la ejecución de estas iniciativas, sino también respalda el impacto positivo y duradero que la empresa ha tenido en las comunidades y regiones en donde opera. 

La compañía celebró este logro como un reflejo de su firme compromiso con el desarrollo territorial sostenible y el cierre de brechas sociales en Colombia.

Desde el pasado viernes 07 de julio la comunidad de Quebrada Seca, zona rural del municipio de Yopal, adelantaron un plantón, haciendo una serie de reclamaciones a la empresa Canacol.

Sin embargo, según lo explicó el expersonero de la ciudad, Miguel Zárate Parada, los manifestantes levantaron la protesta en atención a la solicitud hecha por el alcalde Luis Eduardo Castro y como muestra de civismo con Yopal, por motivo de su cumpleaños número 81, que se celebró el sábado 08 de julio.

No obstante las reclamaciones siguen vigentes. Fue así como ayer martes 11 de julio, se reunieron las autoridades locales, delegados de la empresa y del Ministerio del Interior, para analizar la situación y llegar a unos acuerdos que permitieran dirimir las diferencias.

Zarate Parada explicó los puntos centrales de las diferencias que hay entre comunidad y petrolera, que se centran principalmente en el incumplimiento por parte de la compañía, a los compromisos pactados en reuniones anteriores y que datan desde 2012.

Acuerdos de los cuales existen unas actas que corroboran, según lo manifestó el también exsecretario de gobierno departamental, quien agregó que los compromisos son básicamente en temas de inversiones sociales y ambientales que hasta la fecha no ha ejecutado la mencionada petrolera, sin contar con aspecto de contratación de mano de obra local.

“Han negado la posibilidad laboral a la comunidad y también hay falencias en el tema de bienes y servicios, van 4 a 5 años que no dan la inversión social, que es un derecho que tienen las comunidades”, acotó el abogado Miguel Zarate, quien tiene una propiedad en este sector.

Justamente hablando de terrenos mencionó que Canacol se niega a desembolsar los recursos de inversión social, para la compra de un lote que la comunidad ha solicitado y que está destinado a la construcción de un colegio.

Zarate Parada indicó que ya se tiene listo el predio con escrituras, pero la empresa se ha negado a realizar la inversión. Actitud que tiene en pausa la construcción de 5 salones, tres prometidos por la Alcaldía y 2 por la industria palmera que hace presencia en esta zona.

Otro punto de discordia es la presencia de la líder social de Canacol. La comunidad ha solicitado su traslado. Según Miguel Zárate la petición obedece a una controversia  relacionada con la política del  buen vecino.

Esta situación es la fuente de la discordia, que a su vez ha generado choques con tres presidentes de la junta de acción comunal, por lo que aseguró que esta persona no representa los intereses de la comunidad, ni de la empresa.

Sobre las reclamaciones de la comunidad aseguró que le han planteado soluciones y que la empresa no ha querido escucharlos, por eso se pidió esta reunión, a la que le ve poco futuro porque comentó que los delegados de Canacol no tienen poder de decisión.

Situación que según Zarate Parada advirtieron los delegados del Ministerio del Interior, quienes estuvieron en el lugar, punto sobre el cual también recalcó que faltó el acompañamiento de la Personería y la Defensoría del Pueblo.

Finalmente dijo que las peticiones que se recojan serán llevadas a las directivas de Canacol en Bogotá, para luego crear mesas de trabajo, que solo sirven para dilatar el tema y postergar las soluciones que reclama la comunidad.

Gremios de transportadores y trabajadores calificados de Maní protestaron ayer exigiendo contratación de mano de obra local en los diferentes proyectos que desarrolla la industria petrolera en el municipio.

Baltazar Hernández, habitante de Maní dijo molesto que la industria petrolera le está incumpliendo a las comunidades de este municipio, y están ignorando a trabajadores y empresas locales por lo que decidieron movilizarse para exigir sus derechos.

“Estamos siendo prácticamente arrumados por personas que vienen de otros lados con el aval de la industria petrolera que está desconociendo que en Manì hay personal capacitado para poder laborar. Estamos huérfanos de gobierno local, no tenemos quien nos defienda, solo contamos con el apoyo de la comunidad, y estamos siendo atropellados casi que por todas las operadoras petroleras”, afirmó Baltazar Hernández.

Por su parte, Oscar Garzón, vocero del gremio transportador (volqueteros), recalcó que las operadoras tienen un desconocimiento hacia los transportadores de Maní, uno de los ejes principales de la economía del municipio. Un gremio que beneficia a más de 300 familias.

“Las operadoras no nos están socializando a tiempo los proyectos, y lamentablemente cuando nos enteramos ya van a culminar. Traen vehículos de afuera, y no nos permitan trabajar, para llevar el pan a nuestras familias”, precisó Oscar Garzón.

Ariel Higuera, indicó que lo que buscan es convocar a una mesa de diálogo liderada por el Ministerio del Interior, con el fin de llegar a acuerdos para la prosperidad en el marco de la ley 1757 de 2015, que busca reglamentar la contratación de mano de obra local y bienes y servicios del municipio.

Recalcó Higuera que esta iniciativa ya fue implementada en el municipio de Sahagún, Córdoba, donde  el  Ministerio del Interior lideró las mesas de trabajo, llegando a acuerdos importantes que generaron espacios para las comunidades, por lo que urge una reunión rápidamente con presencia de la industria petrolera, Administración Municipal, ANLA, ANH, y Defensoría del Pueblo.

Finalmente, hicieron un llamado al alcalde de Maní, para que contrate una persona que cumpla funciones de enlace con el sector petrolero, en aras de que la comunidad tenga a quien acudir para plantearle las quejas y peticiones, y así evitar los inconvenientes que se han venido presentando en la localidad.

A esta conclusión llegaron concejales, ediles, presidentes de Juntas de Acción Comunal, rectores y dirigentes del sector rural de Yopal, quienes participaron en una mesa de trabajo liderada por la secretaría de Educación de Yopal.

Teniendo en cuenta que hace cerca de una año, se viene trabajando en diferentes alternativas con la presentación de proyectos ante el Ministerio de Educación y la Gobernación de Casanare, que no han podido ser financiados, argumentando limitación en los recursos públicos, se planteó una nueva iniciativa que consiste en acudir a las compañías petroleras, a las canteras y a las palmeras, para que con un aporte en el marco de la responsabilidad social, apoyen a más de 1.000 niños del sector rural que requieren el servicio del transporte escolar.

Esta iniciativa de la comunidad del sector rural de Yopal, se oficializará en los próximos días, tras la elaboración de un proyecto diseñado por funcionarios del área de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación de Yopal, quienes, a través de un estudio técnico, estructuraron una propuesta que cuesta 5.368 millones de pesos y que permitiría beneficiar a por lo menos el 50 por ciento de los estudiantes que deben hacer largos desplazamientos para llegar a las instituciones educativas.

La comunidad hizo algunas sugerencias al documento de ampliar el alcance de la iniciativa, por lo que continúan las mesas de trabajo, para ultimar los detalles de este, uno de los proyectos de mayor impacto social para la comunidad estudiantil del área urbana de Yopal.

A finales de la pasada legislatura, un reparo del Gobierno Nacional suspendió la discusión del proyecto de ley que da prioridad del ciento por ciento de la mano de obra local no calificada y del 80 por ciento de la calificada, en zonas en donde se explotan recursos naturales no renovables, porque se podría incurrir en una violación del derecho fundamental al trabajo -consagrado en la Constitución Política- al establecer que “es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Es decir, una ley no podría venir infringir este derecho, en el entendido que constitucionalmente el derecho al trabajo es universal, todos los colombianos tienen acceso, no se puede restringir por condiciones geográficas o de población -como excluir a personal foráneo- que está en concordancia con el derecho fundamental a la igualdad, en donde se establece que todos los colombianos tienes los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

La Plenaria de la Cámara ajustó entonces el proyecto a que la vinculación de la mano de obra local se adelantara de manera “preferente”, como también la contratación “preferente” de los bienes y servicios de la empresa local.

El adverbio “preferente” significa que las empresas petroleras, inicialmente deben contratar la mano de obra local disponible -como también de bienes y servicios- para después cubrir el faltante con personal de afuera, lo que en otras palabras significa que se da prioridad a la oferta laboral territorial, y posteriormente inicia la contratación de personal foráneo.

De todos modos, la iniciativa legislativa establece que -una vez sancionada la ley -la contratación del ciento por ciento de la mano de obra local no calificada, mientras que la contratación de la mano de obra calificada será el primer año del 40 por ciento de los vacantes, el segundo año del 45 por ciento y del tercer año en adelante del 50 por ciento, en donde se contratará primero -en orden descendente- la mano de obra del área de influencia del municipio; segundo, los municipios que limiten con el área de influencia; tercero, los demás municipios del Departamento y finalmente del ámbito nacional, lo que vendría a blindar aun más ante un inminente riesgo de inconstitucionalidad.

En cuanto a la contratación de la mano de obra local calificada, la mitad será de personal técnico y tecnólogo y la otra mitad de profesionales; y la contratación de la mano de obra calificada y no calificada será del 10 por ciento para mujeres; mientras que la contratación de bienes y servicios será contratada de manera preferente con personas naturales y jurídicas del área de influencia, lo que vendría a impulsar esto último la actividad productiva de la micro, pequeña y mediana empresa de los departamentos y municipios productores de hidrocarburos.

Coletilla: Ante el archivo del proyecto de ley en la Comisión Séptima de Senado, he asumido el compromiso -como entrante representante a la Cámara- en radicarlo el 20 de julio, no sólo conservando los avances mencionados, sino logrando más ajustes y modificaciones, pero eso si contando con un Gobierno Nacional alternativo, independiente, que no esté sujeto a las indicaciones de las Multinacionales, que le impidieron a Duque darle un contundente respaldo a la iniciativa.

* Candidato Cámara de Representantes- Dignidad # 103.