Enerca informa a los usuarios del servicio de energía eléctrica, que el martes 13 de marzo se efectuarán trabajos de mantenimiento preventivo en el corredor de red 13,2KV sector Yopitos – Porfía – Arenosa.

Se limpiará la vegetación que hace contacto con las redes eléctricas, se hará ajuste de conexionado en seccionadores y cambio de aislamiento averiado y reposición de protecciones.

Se hace necesario restringir el servicio de energía eléctrica de 8:00 am a 3:00 pm en los siguientes sectores del área rural del municipio de Yopal: Yopitos, Porfía, Arenosa, Mapora, Argelia, Milagro.

Enerca recomienda mantener desconectados los electrodomésticos durante el tiempo de suspensión y cinco minutos después del restablecimiento del servicio, también, no intervenir las redes eléctricas sin autorización, ya que de acuerdo al avance y condiciones propias de la actividad se puede normalizar la prestación del servicio en menor tiempo.

En las últimas horas a través de redes sociales y de WhatsApp viene circulando un escrito mal intencionado en contra de la campaña de Amanda Rocío González, candidata al Senado por el partido Centro Democrático, con el que pretenden sembrar terror en los seguidores mal informándolos de una presunta inhabilidad de la candidata para gestionar proyectos para el departamento de Casanare en caso de ser electa senadora, por su parentesco con el gobernador actual este departamento.

“Me he enterado por las publicaciones que circulan a través de redes sociales, de los supuestos impedimentos que generarían mi elección como Senadora de la República frente a la gestión administrativa del gobierno departamental. Debo decir al respecto y de forma muy respetuosa que desmiento categóricamente todo su contenido, pues no amerita un análisis profundo ni la experticia jurídica para saber que las inhabilidades o los impedimentos son específicos frente a determinadas situaciones y no pueden hacerse analogías o presagios que sólo muestran un afán desesperado de otras campañas políticas que pretenden confundir y generar desinformación ante la evidente aceptación de nuestra propuesta política y nuestra contundente y segura victoria en las elecciones de este 11 de marzo. Tengo el conocimiento necesario y la preparación académica requerida para saber a que voy al Congreso de la República, cual es el alcance de la gestión legal frente a la actuación administrativa de los gobernantes y de las entidades públicas” explicó Amanda Rocío González.

Finalmente la aspirante casanareña al Senado por el partido Centro Democrático con el número 36, hizo un respetuoso llamado a los opositores para que el debate político sea basado en ideas y propuestas y no subestimen al electorado con falsas comunicaciones carentes de todo sentido razonable.

Oficina de Prensa, Amanda González, (Publicidad Política Pagada).

Más que una reunión cuantiosa, es la evidencia del respaldo de Julio Ramos CR 101 a la Cámara de Representantes en su natal Maní.

“Me da orgullo decir que el hijo de La Cristalina, gracias a Dios, al esfuerzo propio, al de mis padres y abuelos, pudo capacitarse y hoy está en la recta final para ser el que lleve la vocería de este hermoso departamento ante todo el país” dijo Julio Ramos CR 101 ante miles de asistentes que le aplaudieron con todo el júbilo por ser uno de los mayores exponentes de la raza llanera, de la sabana inmensa y rica de Maní.

La concentración masiva fue un reflejo de lo que ha sido esta campaña de dos meses y medio, un sentir de miles de casanareños que creen en la fuerza de un gran líder, el cual cuenta con el respaldo de una colectividad que inspira no solo respeto, sino que es tomada en cuenta en las decisiones de gobierno.

En el marco de esta copiosa reunión, Julio Ramos CR 101 recordó sus orígenes campesinos, e hizo un homenaje a la tierra que lo vio nacer y que hasta hoy lo sigue acompañando como uno de sus hijos consentidos.

Allí, Ramos Prieto recordó sus propuestas, las cuales van direccionadas a asuntos sociales, en gestión, en lo legislativo y de control político. Manifestó la importancia de declararle la guerra al sistema obsoleto y deficiente del SOAT, habló de la oposición rotunda con la que quiere enfrentar cualquier proyecto que intente subir la edad de pensión y la materialización del proyecto de ley para la creación del ministerio de la familia que se encargue de temas urgentes como la violencia intrafamiliar, violencia sexual, madres y padres cabeza de familia, tercera edad, juventud, discapacidad y demás temas inherentes a la familia que están afectando a la población no solo casanareña, sino del país.

Las reuniones se han extendido en todo Yopal también, donde miles de mujeres le han recibido para conmemorar juntos el día de la mujer como núcleo fundamental de la sociedad. Allí reiteró uno de sus proyectos bandera con ellas para gestionar la creación del Ministerio de la Familia, de manera que haya un compromiso real con la parte vital de la sociedad.

A pocas horas que termine esta contienda electoral, la agenda de Julio Ramos no cesa, y por el contrario, se viene fortaleciendo, pues si bien arrancó con fuerza, cada día sigue creciendo aún más, porque minuto a minuto es mayor el apoyo a este líder que ha cambiado la manera de ver y hacer la política en Casanare.

Oficina de Prensa, Julio Ramos, (Publicidad Política Pagada).

Mediante el “Plan Democracia”, la Décima Sexta Brigada, orgánica de la Octava División, activó los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad y tranquilidad, en el desarrollo de los comicios electorales del próximo 11 de marzo, donde los colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República.

En lo que al Ejército Nacional le compete, hará presencia en 86 puestos de votación, correspondiente a 120 mesas; esto en los 19 municipios del departamento de Casanare y los municipios de Pisba y Paya, Boyacá, jurisdicción de la Décima Sexta Brigada; además del apoyo a la Policía Nacional en otros sectores, como segundo anillo de seguridad.   

Para este propósito se han dispuesto tropas del Batallón de Infantería No.44 “Ramón Nonato Pérez”, Grupo de Caballería Montado No. 16 “Guías de Casanare”, Gaula Militar Casanare, Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 16 y Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 16.

De igual manera, se mantiene la restricción al porte de armas, incluso a quienes tengan el respectivo permiso en toda la jurisdicción y las autoridades militares y de policía procederán a la incautación a quienes sean sorprendidos portando armas de fuego, y tendrá consecuencias desde multas hasta la suspensión definitiva de su permiso de porte.

La Gobernación de Casanare, los Comités de Arroceros de Aguazul y Yopal, y los productores de arroz del departamento, rechazan la actitud del gobierno nacional de permitir el ingreso de arroz proveniente de la República del Ecuador, consentida por la industria Molinera, manifestada por su presidente de junta directiva de INDUARROZ, José Manuel Susso, en el seno del consejo Nacional del Arroz el 5 de Marzo del año en curso en la ciudad de Bogotá.

La gran preocupación del gremio arrocero es que el Gobierno Nacional aun conociendo el alto nivel de inventarios que se tienen producto de acatar el llamado en el plan Colombia Siembra, el cual logró la autosuficiencia del país, autoriza la entrada de arroz, afectando negativamente los ingresos de los agricultores, quienes solicitan contar con políticas agrícolas contundentes para proteger la producción alimentaria nacional.

 Ante esta situación, se solicitó de manera urgente las acciones inmediatas que impidan la entrada de contingentes de arroz al país, y que se genere una coherencia entre las manifestaciones públicas del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha publicado que no se harían importaciones del cereal, y la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, que ha aprobado la entrada de arroz del Ecuador.

Igualmente, reiteran la necesidad de renegociar el tratado de comercio de la CAN; el cuál fue firmado hace más de 40 años, quedando relegado por la situación de la producción actual del país; donde son autosuficientes en nuestra producción arrocera, razón para solicitar la exclusión del arroz en cualquier nuevo acuerdo internacional.

La gran preocupación es la posibilidad que el departamento pierda la generación de más de 63.000 empleos directos e indirectos, la dinámica económica anual de 1,2 billones de pesos, agravando la crisis económica y social ya generada por otros renglones en años anteriores.

En Conmemoración del día de la mujer, las asociaciones sociales del Casanare, marcharon por las principales vías de Yopal para finalizar el recorrido frente al edificio administrativo de la Gobernación, y esperar ser atendidas por Alirio Barrera, Gobernador de Casanare.

Con aproximadamente 250 mujeres de municipios como Pore, Aguazul, Trinidad, Yopal y Nunchía, los delegados de ACNUR, la asociación campesina José Antonio Galán Soto, ASONARCA, entre otros pidieron la atención del gobernador para reclamar sobre el incumplimiento al pliego de exigencias concertadas hace aproximadamente un año.

Entre estas reclamaciones las manifestantes piden vivienda digna, salud, educación y que se activen los mecanismos pertinentes para garantizarles a las mujeres que no volverán a hacer víctimas.

Según Sandra Rivera, miembro de ACNUR, la mayoría de las mujeres que hacen parte de estas movilizaciones son víctimas del conflicto social y armado, especialmente social porque aseguran haber sido violentadas por el incumplimiento de las compañías petroleras.

Ante estas exigencias, las voceras de las asociaciones fueron atendidas por un delegado de la Gobernación y se espera conocer las conclusiones de esta concertación que busca resolver las solicitudes de las comunidades evitando las vías de hecho.

Señor

FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA

Presidente Ejecutivo, ACP

Ciudad

CARTA ABIERTA

Respetado señor Lloreda,

Entiendo perfectamente su posición y obligación de defender un sector de la economía al cual usted le debe su lealtad por ser sus empleadores.  Entiendo la molestia que le causan los pronunciamientos políticos fundamentados que desnudan ante la opinión pública lo obsoleto que resulta el sector económico de los hidrocarburos en épocas de lucha por reducir el impacto del cambio climático y de la implementación de energías alternativas.

Debo empezar por recordar las afirmaciones hechas por la directora de la ANLA en sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado realizada en la ciudad de Yopal, quien al ser preguntada acerca de los estudios hidrogeológicos en el territorio colombiano afirmó contundentemente que no existen.  En el mismo sentido respondió el director del Servicio Geológico Colombiano en sesión de la Subcomisión del Agua Potable para Yopal de la Comisión Sexta Constitucional del Senado de la República. 

Es decir, en Colombia se ha desarrollado una política minera y de hidrocarburos sin contar con los estudios científicos serios sobre la riqueza hídrica subterránea, e incluso superficial, tal y como lo manifestó la Corte Constitucional en fallo del 2017.  Tal vez no se haya enterado, señor Lloreda, de los múltiples derrames de petróleo ocurridos en la región del llano y otras partes del país, los cuales han afectado fuentes hídricas, flora, fauna y cultivos de campesinos que viven de la agricultura, actividad tradicional de los colombianos.

Tal vez, señor Lloreda, usted no haya sido informado de las múltiples protestas que hacen las comunidades en el llano colombiano en diferentes pozos petroleros reclamando derecho al trabajo para la gente de la región.  Tal vez el señor Lloreda no se ha enterado de los graves daños que causan a la infraestructura vial los cientos de carros de carga ultra pesada del sector petrolero que transitan diariamente por las carreteras de los departamentos productores de petróleo y que sus comunidades reclaman el mantenimiento y la reconstrucción de esas vías a esa industria.

Agradecido con unos gobiernos permisivos y complacientes debe estar el sector petrolero que se dio el lujo de deducir las regalías de los impuestos que debían pagarle al Estado Colombiano entre el 2005 y el 2015, tal y como lo determinó el Consejo de Estado en fallo del 2017.  Es decir, operaron con absoluta libertad y comodidad en cuanto al tema ambiental y el tema tributario.  Lo increíble es que se indignan cuando un miembro del Estado, de la rama legislativa del poder público más exactamente, les hace control político y los pone en evidencia.

La EPA ha sido contundente al afirmar que la principal causa de gases efecto invernadero que producen el cambio climático proviene del sector de los hidrocarburos.  Así lo afirmaba la Agencia Ambiental de los Estados Unidos hasta la llegada del presidente Trump. El Acuerdo de París se firmó con el claro propósito de tomar medidas contundentes que mitiguen el problema. La principal medida, señor Lloreda, es dejar atrás la producción y uso de hidrocarburos y darle la bienvenida a las energías limpias. El mundo avanza y Colombia no se puede quedar atrás sometido al poder económico que usted representa.

Debo recordarle que la defensa del Agua no es un tema de campaña.  Llevar la protección del Agua a la Constitución como Derecho Fundamental, para garantizar su acceso, ha sido uno de mis grandes objetivos durante todo mi período como Senador. Debo recordarle también que mi lucha por la protección del ambiente viene desde hace décadas, y que precisamente cuando yo oficiaba como Gobernador de Casanare y mi cuñado, Carlos Hernando Vargas, ejercía como director de Corporinoquía en el año 1998, que investigábamos acerca de las supuestas inversiones del 1% de compensación ambiental hechas por la British Petroleum Company, las balas de grupos armados paramilitares acabaron con la vida de Carlos Hernando.

Con lo anterior le demuestro, doctor Lloreda, que mis análisis y posición política frente a las actividades petrolera y minera se fundamentan en la realidad social, económica y ambiental de las regiones productoras.  Lo invito a que nos ayude a convencer a las multinacionales que usted representa para que empiecen a invertir en la producción de energía solar y eólica y de esa manera se vinculen a esta gran batalla por proteger la vida en nuestro Planeta.

Cordialmente

JORGE PRIETO RIVEROS

SENADOR DE LA REPÚBLICA

^{Por: Martha Cifuentes}

A menos de un año de haberse ordenado suspender cautelarmente toda actividad petrolera en el Bloque El Portón Plataforma y pozo Prosperidad 1 en Yopal, el Tribunal Administrativo de Casanare levantó la medida, previo reforzamiento de medidas ambientales de prevención y contención de riesgos. 

El fallo fue emitido este 8 de marzo en relación a la acción popular instaurada en abril de 2017 por Luis Arturo Ramírez, en representación de comunidad opositora al proyecto, y Corporinoquia contra el Ministerio de Ambiente, Anla, ANH, y la petrolera Gran Tierra Energy, y en las que se solicitó suspender el proyecto, ubicado en la vereda La Unión, por la posible afectación de la actividad petrolera en el manto acuífero de Yopal –que abastece de agua a Yopal a través de los pozos profundos- y de la expansión urbana de la cabecera municipal. En su momento, mediante fallo del 27 de abril de 2017, se dispuso la suspensión de toda actividad exploratoria como mecanismo de precaución y prevención de posibles impactos ambientales.

Luego de un largo proceso de recaudo de pruebas, y despejadas las inquietudes planteadas por los accionantes populares, además del análisis de las medidas adicionales requeridas y propuestas durante las audiencias, el Tribunal manifestó que se reconoció que se ha avanzado en la profundización del conocimiento técnico y que existe evidencia suficiente para modificar las medidas cautelares.

El fallo determina el levantamiento parcial de las medidas cautelares relacionadas con la actividad de perforación exploratoria y las pruebas de producción en el pozo Prosperidad 1 del Bloque El Portón, y “cuya reanudación queda sujeta a los términos contemplados en la licencia ambiental expedida por el Ministerio del Medio Ambiente (resolución 504 de 2009), el Plan de Manejo Ambiental para el bloque, el Plan de Manejo Ambiental Específico para dicha plataforma y pozo, y las medidas adicionales consignadas en la resolución No. 615 de 2017 de la Anla”.

También se debe dar el “estricto cumplimiento del diseño mecánico del pozo aprobado por la ANH, el manejo de lodos y cortes de perforación y vertimientos y la perforación previa y puesta en funcionamiento del pozo de perforación y de la red de monitoreo, acorde con los compromisos adquiridos por Gran Tierra Energy en sus propuestas de pacto de cumplimiento”.

El Contencioso expresa con respecto al Distrito de Manejo Integrado, DMI Tinije, que si bien no es factible revocar las medidas si se levantarán por estar fuera del perímetro del Bloque El Portón.

Estas medidas son ejecutables a partir del día siguiente a la notificación de la providencia.

En la providencia se impone que la vigilancia técnica del cumplimiento de estas medidas estará a cargo de la Anla, la ANH y Corporinoquia, desde sus competencias, y también de la Procuraduría para Asuntos Agrarios y del personero de Yopal.

El Tribunal advierte que en caso de realizarse similares exploraciones el operador tendrá que someter el respectivo PMAE, el diseño mecánico de pozo y los demás aspectos técnicos al control y validación de las autoridades competentes, de forma que se dispongan las cautelas y protecciones necesarias a las ya establecidas en el Pozo Prosperidad 1.

Lo que expresaron los accionantes y coadyuvantes

Corporinoquia, uno de los accionantes, acogió el levantamiento o modificación de las medidas cautelares, mientras que Luis Arturo Ramírez, el otro actor popular y los coadyuvantes, se mostraron en desacuerdo con lo decidido, invocando la prevalencia del interés colectivo, pero sin ofrecer pruebas técnicas que descalificaran los estudios aportados, el informe preliminar del Servicio Geológico Colombiano y los testimonios.

La Alcaldía de Yopal no fue coherente con sus argumentos procesales y las certificaciones emitidas por Planeación respecto al uso del suelo ni como la Plataforma Prosperidad en la vereda La Unión entra en conflicto con las regulaciones urbanísticas locales o medidas de preservación de recursos naturales.

Igualmente, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal frente a los argumentos técnicos y modificaciones contempladas en la resolución 615 de 2017 de la Anla, el concepto del Servicio Geológico Colombiano, y demás explicaciones de la petrolera Gran Tierra, solo expresó mantener la duda de la eventual afectación del abanico fluvial de Yopal, esperando que se despeje en la prueba pericial pendiente.

A estas posiciones en contra del levantamiento se sumó la Procuraduría Ambiental y Agraria, que solicitó esperar la pericia.

Este fallo solo cobija lo pertinente a las medidas cautelares solicitadas al momento de interponer la acción popular pero aún continúa el proceso donde se tendrá que dar una providencia de fondo sobre la actividad petrolera en esta zona.

Un balance positivo en el proceso de restitución de tierras en Casanare, presentó Diana Herrera Patiño, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras con sede en el departamento del Meta, luego de afirmar que de las 1.100 reclamaciones presentadas en Casanare faltan menos de 100 por intervenir.

Según Herrera Patiño, este proceso inició en 2016 cuando el Consejo de Seguridad Nacional consideró que estaban dadas las condiciones de seguridad para intervenir, especialmente en los municipios de Villanueva, Monterrey, Sabanalarga y Tauramena, y a la fecha se ha logrado avanzar en 17 de los 19 municipios.

Con este avance, Herrera afirma que “la Unidad de Restitución de Tierras está permanentemente en el departamento, hoy tuvimos una reunión con las autoridades de la Fuerza Pública para identificar riesgos que se pueden presentar en el proceso de los municipios que se están interviniendo y adelantar actividades de planeamiento en terreno”.

Igualmente, la directora de la sede territorial aclaró que las personas que estén interesadas en presentar cualquier manifestación ante la Unidad no tienen como requisito adelantar estos procesos con la intervención de un abogado, para ello, se encuentran funcionarios de la entidad en los municipios, reuniéndose con las autoridades locales como secretarios de gobierno, personeros, representantes de víctimas, para facilitarle a las comunidades la entrega de documentos. Así mismo, reafirmó que los documentos también se reciben a través de correos electrónicos o correo físico, para evitar el desplazamiento hasta la ciudad de Villavicencio.

"Se espera que en el transcurso del presente año algunas de las familias reclamantes logren recuperar sus predios material y jurídicamente, además que reciban los beneficios como subsidio de vivienda, saneamiento de pasivos y proyectos productivos sostenibles, teniendo en cuenta que algunos casos están en manos de jueces a la espera de ser resueltos”, puntualizó Diana Herrera.

 ^{Por: Martha Cifuentes}

El Tribunal Administrativo de Casanare requirió a la Gobernación de Casanare para que en 10 días entregue un informe ejecutivo claro, preciso y conciso sobre la construcción y dotación de la biblioteca de Paz de Ariporo dentro de la acción popular instaurada por la Defensoría del Pueblo.

Esto, ante el incumplimiento de la Gobernación al auto de pruebas emitido el 8 de noviembre de 2017, mediante el cual se ordenó al Departamento y al Ministerio de Cultura concretar mediante un informe comparativo de las memorias contractuales, qué se tenía previsto obtener como producto del proyecto de construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la biblioteca, qué se hizo realmente y qué está pendiente.

También debía evaluar el riesgo de la ubicación de las redes de media tensión cercanas a la biblioteca e identificar soluciones posibles, según consultoría derivada del contrato 2696 de 2017, que ni siquiera se ha iniciado ejecución.

La Gobernación había respondido que conocer lo solicitado por el Tribunal hace parte de una consultoría contratada desde enero pero que aún no ha suscrito acta de inicio. Los alcances de esta consultoría son el de evaluar preliminarmente desde el punto de vista técnico el estado actual de la construcción de la Biblioteca, la evaluación de los riesgos de las redes eléctricas de media tensión, las alternativas concertadas con el operador o propietario de las redes y la terminación y puesta en funcionamiento.

Según el Tribunal la información allegada por la Gobernación no brinda elementos de juicio para emitir una decisión judicial de fondo. Le insiste en que el informe requerido debe ser ejecutivo porque el Tribunal no hace trabajos analíticos de ingeniería. Y este debe entregarse 10 días después de la notificación de la providencia sin más dilaciones.

También se deberá allegar información sobre el acta de inicio del contrato de consultoría 2696 de 2017, y si no se ha suscrito detallar para cuándo se tiene proyectada y cuándo se deben recibir productos contratados.

Contexto

El proyecto de la Biblioteca de Paz de Ariporo nace de un concurso convocado por la Gobernación del Casanare, el Ministerio de Cultura y la Sociedad Colombiana de Arquitectos para enmendar las deficiencias de espacios dedicados a la lectura planteados en el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas Públicas, que buscaba construir tres bibliotecas en Yopal, Villanueva y Paz de Ariporo.

La Biblioteca de Paz de Ariporo se esperaba que fuera construida hace 13 años por Fonade, dentro del convenio 074 de 2005 que contenía el proyecto de tres bibliotecas para Casanare, por un valor de 12.500 millones de pesos, aportados por la Nación y el Departamento.

La construcción de la primera etapa fue ejecutada por el consorcio Alejandría bajo el contrato de obra pública No 0301 de 2006; para la segunda etapa el departamento y el municipio de Paz de Ariporo suscribieron el convenio 0114 de 2008 el cual fue liquidado bilateralmente el 22 de octubre de 2014 cuando se constató que no se tuvieron en cuenta actividades previstas en los estudios previos y que el presupuesto se había quedado corto.

Para el 22 de diciembre de 2016 la Gobernación de Casanare declaró desierto un concurso de méritos para la realización de una consultoría que determinara la situación de la biblioteca y ante esta situación la Defensoría del Pueblo interpone la acción popular que busca que la infraestructura se termine y cumpla con su objetivo inicial.