Martes, 25 Agosto 2020 17:35

A $676 mil millones bianual aumentarían ingresos a Casanare por aprobación de proyecto de regalías

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Así lo dio a conocer el representante a la Cámara César Ortiz Zorro, quien manifestó que Casanare duplicaría los ingresos, mientras que lo municipios productores de petróleo los triplicarían, en caso de ser aprobado el proyecto de ley que busca regular la organización y funcionamiento del nuevo sistema general de Regalías. 

De acuerdo con cifras de Ortiz Zorro, quien es el Coordinador Ponente del trámite de la iniciativa que este miércoles entra a Plenaria de la Cámara de Representantes, Casanare pasaría de recibir 337 mil a 676 mil millones de pesos bianual.

 

“Logramos descentralizar las decisiones para nuestros gobernadores y alcaldes. Se lograron recuperar recursos de las asignaciones de inversión regional que el Gobierno pretendía tomarlas, esto se dio gracias a las audiencias públicas que cité dentro de las comisiones conjuntas en las que los mandatarios locales expresaron sus preocupaciones” manifestó el Representante a la Cámara por el Partido Verde quien agregó que “aportamos para que este proyecto de ley se modificara casi en un 60% lo que ha conllevado a que el mismo este más acomodado a las necesidades de las regiones” 

Para el Representante a la Cámara, uno de los avances más importante que trae consigo el proyecto de ley es que “se pueda invertir las regalías en generación de empleo, en agroindustria, industrializar el departamento, lo que nosotros llamamos: sembrar regalías, que el día que se acabe este recurso natural no renovable nos queden otros sectores fortalecidos como el agropecuario y estar preparados para cualquier otra crisis en el sector de hidrocarburos” 

Otro de los beneficios de la ley es que se elimina la talanquera que supuso los OCAD en lo que fue la aprobación de inversión de regalías directas, lo que en su momento ocasionó retrasos en la implementación de proyectos en la región, así como la inclusión en la fiscalización y monitoreo de los recursos por parte de la Procuraduría General de Nación, entidad que  entraría a cumplir una función de prevención, contrario a lo que se venía aplicando en donde los entes de control entraban al proceso cuando el daño ya estaba hecho.

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