Una de los renglones que materia de seguridad más preocupa al Departamento de Policía Casanare, son los casos de violencia intrafamiliar. Así lo ha expresó el comandante de esta unidad policial, el coronel Efraín García, en una reciente rueda de prensa.

Justamente un caso de violencia intrafamiliar se presentó esta mañana en el barrio Torres de San Marcos y que tiene consternada no solo a la comunidad de este sector, sino de toda la ciudad.

El joven Juan Manuel Sánchez López, de 26 años, quien al parecer fue detenido en flagrancia, es señalado de por parte de las autoridades que quitarle la vida a su propia progenitora, la señora Nancy López Holguín, de 68 años.

Aunque no se conocen mayores detalles de lo ocurrido, se pudo establecer que el homicidio se presentó por un caso de intolerancia, en el cual Sánchez López terminó arrebatándole la vida a su señora madre, por asfixia mecánica.

El Consejo de Estado emitió un fallo de segunda instancia, donde obliga a la Gobernación de Casanare, a terminar la vía que comunica los municipios de Támara y Nunchía, vía que hace parte del listado de obras inconclusas del departamento.

La historia

El punto de partida que finiquita con esta providencia de la mencionada autoridad judicial, se encuentra en una acción popular instaurada por Norberto Martínez.

Allí se cuentan detalles sobre esta carretera. Se dice que el Gobierno nacional inició su construcción en la década el 90. Los trabajos llegaron desde los cascos urbanos de las dos poblaciones, hasta el río Pauto, en el sector conocido como Aposentos.

En el lugar era necesario construir un puente. Efectivamente en el 2000 se comenzó a levantar esta infraestructura, pero nunca se terminó, se dejó abandonada y quedaron pendiente 10 kilómetros de tramo vial.

Una de las consideraciones hechas por el demandante se explica que tanto Nunchía como Támara son patrimonio cultural de la Nación, por encontrarse dentro de la ruta libertadora.

Como parte del festejo del bicentenario de la independencia, toda esta región sería objeto de la ejecución de obras y proyectos, por parte del Estado.

Así mismo con la terminación de la carretera, se alcanzaría una cifra superior a las 15 mil personas beneficiadas.

Fase de diagnóstico

En este orden de ideas el Consejo de Estado obliga a la Gobernación a terminar la obra, elaborando una ruta de intervención vial a partir de la  de los estudios técnicos de consultoría, ejecutados mediante el contrato 2101 de 2016. En este punto la autoridad judicial también incluye las observaciones realizadas, a dicha interventoría.

“En esta etapa el departamento definirá si subdivide la obra para su construcción por etapas o si intervendrá todo el tramo vial en una sola intervención.

Además, evaluará las necesidades, condiciones y demás criterios necesarios para viabilizar el proyecto”.  

Para este punto el Consejo de Estado concedió un plazo de 3 meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para que dicha disposición se cumpla.

Fase de formulación

También ordena la conformación de una mesa de trabajo integrada por la Gobernación y el Ministerio de Transporte, “en la que el ministerio prestará asesoría técnica al departamento y brindará un acompañamiento continuo administrativo, técnico y presupuestal, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, hasta que dicha entidad territorial cumpla con las instrucciones de amparo impartidas en esta providencia”.

En este apartado el plazo para su ejecución es de 8 meses, que comienzan a contarse a partir del cumplimiento del punto anterior, es decir la elaboración de la ruta de intervención.

Luego la providencia contempla la etapa de planeación, contratación y ejecución. De todas formas aclara que el plazo global para la terminación de esta carretera, no puede superar los 3 años.

Frente al allanamiento adelantado ayer en horas de medio día en el barrio San Mateo de Yopal, donde las autoridades capturaron una mujer y decomisaron varias sustancias ilícitas como clorhidrato de cocaína, bazuco, incluso drogas sintéticas, el secretario de gobierno municipal, Rodolfo Chaparro, hizo una serie de precisiones.

Un tema sobre el cual hizo referencia estuvo relacionado con el hecho que, supuestamente, en la vivienda allanada además de la capturada había presencia de más personas, incluso menores de edad.

Al respecto dijo que en Yopal se presenta un fenómeno y está relacionado con el hecho que la distribución de alucinógenos, se ha convertido en un negocio de familia.

Contó que lamentablemente, en ocasiones núcleos familiares de bajos ingresos son presas fáciles de los distribuidores, que los convencen de vincularse a la venta de estas sustancias ilícitas y de esta manera terminan haciendo de esta actividad ilegal un negocio familiar.

También advirtió a la comunidad educativa, especialmente a los padres de familia, que estén muy atentos con sus hijos. Porque se conoce que los expendedores engañan a los niños ofreciéndoles dulces donde va camuflada la droga.

Por ello que es necesario proteger a los menores en sus entornos escolares. Comentó que ellos como autoridad tienen una restricción que les impide ingresar a los planteles educativos.

Por esta razón las labores de control se adelantan en los sectores aledaños de los colegios, pero en este escenario la colaboración de los padres de familia, es especialmente relevante.

Sobre los narcóticos que se expenden en Yopal, sostuvo que proviene del interior de país. Incluso desde hace algún tiempo en la ciudad se comercializan drogas sintéticas.

Otro tema abordado por el secretario de gobierno, fue la captura de alias “Mono Tupán”, señalado de hurtar una motocicleta. En este caso específico narró detalles como por ejemplo, que el vehículo fue robado cerca al Colegio Técnico Ambiental.

Se hizo seguimiento por parte de la Sijín con el apoyo de cámaras de seguridad. De esta manera se pudo establecer el lugar donde se encontraba la moto hurtada.

Posteriormente se procedió con el allanamiento de una vivienda en Llano Lindo. En el lugar se encontraba la progenitora de “Mono Tupán”, quien no tuvo otra alternativa que colaborar con las autoridades y entregar de manera voluntaria la motocicleta.

Ante el resultado positivo en este caso en especial, Chaparro insistió en la necesidad que las víctimas instauren la respectiva denuncia, para que las autoridades puedan actuar.

De todas formas subrayó que “no es fácil porque tienen una red muy amplia, pero están llegando a los cabecillas de estas bandas”, agregó que a veces estos procedimientos tardan entre 1 y 6 meses.

Añadió que en esta modalidad delictiva existe una serie de grupos que una vez hurtada la motocicleta la desarman, para luego vender los repuestos y que incluso los sacan del departamento.

Es por ello que para combatir el accionar delictivo en todas sus modalidades, reveló que están organizando la información para generar una red de apoyo.

“Estas fuentes humanas entregan la información para que luego entren las autoridades a proceder de manera organizada”, puntualizó el secretario de gobierno de Yopal.

Por un contrato de transacción firmado el 20 de noviembre de 2017, la Alcaldía de Yopal ahora deberá pagar a la Unión Temporal Setty, la suma de 4.455 millones de pesos, sin contar los intereses generados.

La deuda proviene de la época cuando fue alcaldesa de la ciudad, Zoila Rosa Angulo y está relacionada con la custodia de vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito.

Dichos automotores se encontraban en los parqueaderos de Setty, en el lapso comprendido entre el 1 de junio de 2016 y septiembre de 2017.

Ahora la Administración municipal deberá pagar a la mencionada unión temporal, por los vehículos que aún permanecen en dichos parqueaderos.

El auto fue proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, basado en el pronunciamiento en segunda instancia, hecho por el Consejo de Estado en abril de este año y que revocó la providencia emitida por el misto Tribunal en julio de 2021. La autoridad judicial ordena el pago inmediato de la deuda.