Un lamentable incidente ocurrió en la madrugada de este viernes en la Marginal del Llano, en el trayecto que conecta a  Yopal con Paz de Ariporo, norte de Casanare. Una camioneta, identificada con placas BOX-305, chocó contra la infraestructura del puente sobre el río Guachiría, en el kilómetro 76 de la mencionada carretera.

Como resultado del choque, el acompañante del vehículo, Diego Pinto, perdió la vida en el lugar del accidente. El conductor, por su parte, sufrió lesiones de consideración, especialmente de tipo abdominal, y fue trasladado de urgencia al Hospital de Pore.

El percance se produjo pasada la medianoche y movilizó rápidamente a las autoridades y organismos de emergencias para el auxilio de las víctimas. Las circunstancias exactas del siniestro vial continúan bajo investigación.

José Eduardo Chalá Franco, taxista de oficio, fue judicializado luego de que, en estado de embriaguez y conduciendo a exceso de velocidad, arrollara a un grupo de personas el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

El hecho dejó 11 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. Dos de las víctimas permanecen en estado crítico.

El conductor fue conducido por la Policía Nacional al Hospital San Blas para una valoración inicial. Posteriormente, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que Chalá Franco presentaba grado tres de alcoholemia al momento del siniestro.

Las verificaciones en el lugar y los elementos probatorios recogidos indican que el taxista, producto de su estado de embriaguez, perdió el control del vehículo, colisionó contra varios peatones en una esquina y terminó impactando la fachada de un inmueble.

Por estos hechos, el fiscal de la seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías, imputándole los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas.

El acusado aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Luego del pronunciamiento de la Justicia Especial para la Paz, donde expuso las razones por la cuales no aceptó la solicitud de sometimiento del exalcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez, los hermanos del mandatario publicaron un sentido mensaje en el cual manifestaron su desacuerdo con la decisión de la JEP.

El escrito comienza por describir las repercusiones emocionales que tiene para ellos el rechazo a la petición hecha por el exmandatario. “Hablamos como los hermanos de José Mauricio Jiménez, con el corazón roto y llenos de dolor por la injusticia que hoy consume a nuestra familia”.

Asegura la publicación que durante el tiempo que ejerció como alcalde de Aguazul, su hermano terminó cediendo ante las pretensiones de los grupos armados organizados de la época, por temor.

“Nuestro hermano José Mauricio, exalcalde de Aguazul, cedió por miedo, por la coacción de un conflicto armado que devoraba a Casanare, donde los líderes civiles estaban solos, sin el amparo del Estado, y con una “pistola en la cabeza” que los obligaba a someterse a la barbarie”.

También recalca que “ha manifestado su profundo arrepentimiento y ha pedido perdón a las víctimas de los desaparecidos, demostrando su voluntad sincera de contribuir a la verdad, la reparación y la justicia”.

Sobre la negativa a la solicitud de sometimiento la califican como “una dolorosa incoherencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

Opinión que para los hermanos de Jiménez Pérez tiene su argumento. “Mientras la JEP admite y otorga beneficios a actores armados que empuñaron fusiles y cometieron crímenes atroces, a nuestro hermano —que nunca tomó un arma y cuya presunta responsabilidad se limita a una autoría por omisión, en un contexto de amenaza y abandono estatal— se le cierran las puertas”.

Razones a las que se añaden algunos cuestionamientos. “Nos preguntamos con angustia: ¿Por qué un civil coaccionado encuentra un muro, mientras criminales confesos obtienen libertad e incluso curules?”

En este contexto los hermanos Juan, Patricia Fernanda, Marta Zoraya y Juan Ricardo Jiménez, quienes firma el comunicado a la opinión pública, hacen un llamado para que la petición de Mauricio sea aceptada.

“La justicia transicional debe reconocer el contexto de guerra que obligó a muchos civiles a “aceptar el sometimiento”. Exigir una plena posición de garante a un funcionario civil bajo amenaza, sin respaldo del Estado, es un doble rasero inaceptable”.

Agrega el escrito que “no buscamos impunidad. Buscamos la verdad simétrica, el reconocimiento del contexto de terror y un trato justo”.

Por lo tanto, hace una solicitud puntual. “Exigimos que la JEP deje de ser una vía de escape para los criminales armados, mientras se convierte en un aparato de estigmatización para los civiles que fueron también víctimas de la coacción y el miedo.

Recordó la publicación que la familia Jiménez también fue víctima de la violencia. “Nuestro padre fue vilmente asesinado por los paramilitares, y reiteramos con firmeza que nuestro hermano nunca fue autor intelectual ni material de delito alguno. Su única falta fue ser autor por omisión en posición de garante, en un contexto de abandono estatal y violencia generalizada”.

Insista el comunicado en el abandono estatal imperante en la época en que ocurrieron los hechos. “Este no fue un problema exclusivo de Aguazul, sino de todo el país”.

Por eso consideran injusta la situación de Mauricio Jiménez. “El hecho de que nuestro hermano sea el único exalcalde condenado en Colombia bajo estas circunstancias profundiza aún más nuestro dolor y cuestiona la equidad en la aplicación de la justicia y en el respeto al derecho a la igualdad”.

Finalmente, pidieron un trato justo para su hermano de quien manifestaron que su único deseo es contribuir a la verdad.