Aproximadamente cuatro horas demoró la Policía del Departamento de Casanare para recapturar a cuatro presos quienes se fugaron el día anterior de la carceleta de la Estación de Policía del municipio de Manì.

Segùn el coronel José Rafael Miranda, comandante de la Policía en Casanare, los sujetos fueron ubicados a las afueras del municipio de Manì, en un sector rural, gracias a la información que suministró una persona a través de la línea 123.

Recalcó Miranda, que las Estaciones de Policía no están diseñadas para retener personas privadas de la libertad, debido a que las instalaciones no reúnen todas las condiciones y es ahí donde estas personas aprovechan las falencias para escapar.

Dos de los sujetos están detenidos por el delito de hurto, entre los fugados recapturados está Kevin Doncel, señalado de participar en un robo a una sucursal del supermercado Justo & Bueno. Otro está por el delito de tráfico local de drogas, y uno más por el delito invasión por daño en bien ajeno y agresión.

Los individuos fueron trasladados a la ciudad de Yopal para ser recluidos en otra carceleta donde exista mayor seguridad.

Un operativo sorpresa que se tomó celdas y pasillos de la cárcel La Guafilla, dejó como resultado la incautación de varios elementos que se convierten en material probatorio para sustentar que desde allí los reclusos venían realizando llamadas para extorsionar y estafar a los casanareños. Sumado a ello también se vendrían coordinando homicidios en el departamento, según el reporte entregado por la Policía.

Durante el procedimiento se encontraron elementos prohibidos que violan las normas del establecimiento carcelario como: 35 celulares, 72 tarjetas sim card, 113 armas corto punzantes, 50 dosis de estupefacientes, 2 USB, 70 libretas que contiene lista de personas y abonados telefónicos de posibles víctimas de estafa y extorsión. 

El coronel José Rafael Miranda, comandante de la Policía en Casanare, indicó que estos elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía, para adelantar las respectivas investigaciones. Agregò que desde el centro carcelario también se estaba llamando a personas para hacerles creer que eran los felices ganadores de falsos premios, casos que se venìan registrando de manera reiterativa en el departamento y que eran investigados por las autoridades.

Con el operativo sorpresa que fue liderado por el Gaula de la Policía Casanare en articulación con el INPEC, el pasado viernes 21 de enero sobre las 6 de la mañana se asesta un contundente golpe a las rentas criminales articuladas desde el centro carcelario, dijeron las autoridades.

En el penal, ubicado en jurisdicción de Yopal, aún no permiten que los internos puedan reiniciar o retomar sus lazos afectivos con sus familiares, mientras en las demás penitenciarias del país los reclusos ya disfrutan de las visitas conyugales.

Según familiares, los privados de la libertad solo pueden ver a sus esposas durante un par de horas cada 20 días, lo cual pierde sentido lógico si se tiene en cuenta que los reclusos ya cumplieron hace dos meses con su plan de vacunación contra la Covid-19 y de igual manera sus familiares.

Voceros de los reclusos manifiestan que la Secretaría de Salud del Municipio viene actuando en forma tardía frente a los procesos de salubridad y que esa entidad no se hizo presente como autoridad sanitaria en el momento que realmente debió hacerlo.

Y es que, según ellos, dicha dependencia hizo oídos sordos ante tutela elevada por los reclusos en 2020, en la que solicitaban que no se realizaran traslados de presos de otras cárceles del país donde estaban disparados los casos de Covid-19 como lo era Villavicencio. “Para esa fecha el virus aún no había llegado al penal de Yopal y las autoridades sanitarias y demás instituciones respondieron que tenían todo bajo control, realizando traslados de 16 internos de Villavicencio y San José del Guaviare, razón por la cual a los 22 de dicho traslado, empezaron a presentarse los primeros síntomas del Covid-19 en los reclusos del penal”, dice un interno.

Pero ahí no acabó todo, dice él... El colmo fue cuando la Secretaría de manera tardía realizó las pruebas PCR a los reclusos a quienes ya se les había pasado la sintomatología hacía más de un mes. Gran parte de los internos del penal se habían contagiado gracias a la incompetencia de las autoridades sanitarias y entes de control. Ahora, esta dependencia viene a hacer presencia cuando ya el riesgo se dio y cuando los esquemas de vacunación se completaron para los reclusos y sus familiares. “Siguen actuando tarde y perjudicando a las personas privadas de la libertad pues ahora, lo que está en riesgo es la salud mental de los reclusos y de sus familias... Muchos hogares se han acabado, las relaciones se están extinguiendo, y la unidad familiar no existe por falta del fortalecimiento del vínculo”.

Los internos que tienen familiares en otras regiones del país, aún no reciben visita pues no se justifica el viaje y los gastos, solo por dos horas que les dan para solamente verse y hablar con sus parejas, sin poder tener manifestaciones de afecto y hasta prohíben que los internos les entreguen a sus esposas artesanías elaboradas por ellos o algún detalle para que lleven a sus hijos.

“Hoy, 18 de septiembre, cuando las discotecas ya están abiertas en el mundo  y se realizan conciertos, no se justifica que esta  entidad de salud actúe así, pues bien es sabido que por más que estemos privados de la libertad, primero somos seres humanos y tenemos derechos, por lo que exigimos poder ver a nuestras familias, que son las que nos mantienen en pie de lucha, en especial si se tiene en cuenta que en las demás regiones del país los internos ya cuentan con estos privilegios”, dijo otro interno.

Ante esta situación que afrontan, los internos de La Guafilla han empezado  a acudir a los medios de comunicación y redes sociales para hacerse oír y que se sepa de las NO visitas al sitio, como debe ser,  desde hace 18 meses, claro, esto debido a la pandemia del Covid-19, pero no obstante en la mayoría de sitios ya se retomaron muchas actividades y la de las visitas a los penales, no puede ser la excepción.

De hecho, muchos reclusos manifiestan que se abstienen de salir pues con solo 2 horas de visita y sin poder compartir un almuerzo o expresar sus sentimientos afectivos a sus familiares (padres, hijos y esposas) el dolor que esto ocasiona es bastante. “Pedimos a las autoridades competentes intervenir”, concluyeron.

Frente a esta denuncia Casanare Noticias consultó al secretario de Salud de Yopal, Jhon Paulino Rojas Daza, quien dijo que este lunes hará un pronunciamiento al respecto, “desde la Secretaría existe la trazabilidad del procedimiento. Voy a revisar el asunto para poder dar claridad al mismo”, indicó.

160, son las personas afectadas por brote de Covid19 en cárcel La Guafilla de Yopal, entre reclusos y personal administrativo del penal, así lo informó la secretaria de Salud de Casanare, Jenny Fernanda Díaz quien dijo que, de las personas infectadas, dos reclusos fueron internados en el Hospital Regional de la Orinoquía debido a complicaciones de salud: de ellos ya hubo un fallecimiento. 

La funcionaria manifestó que, el brote de Covid-19 se viene presentando desde el mes de septiembre, con 150 internos, 7 custodios, 2 profesionales de la salud y 1 contratista del penal, contagiados con el virus. 

“Estos casos detectados son debido al cumplimiento juicioso de los protocolos de bioseguridad por parte del Inpec. Antes del ingreso a la institución de las personas provenientes de las carceletas de otros departamentos como Vichada, Meta, Arauca y las carceletas de Yopal, se les hace una prueba PCR por protocolo. Si salen positivos inmediatamente son aislados en pabellón” agregó la secretaria de Salud Departamental. 

El preso fallecido era un hombre de 64 años de edad del patio 5, quien comenzó con sintomatología el 3 de noviembre, fue ingresado al Hospital Regional de la Orinoquia el 11 y debido a que tenía una enfermedad de base, la hipertensión, se complicó con la Covid-19 para finalmente morir el 24 de noviembre. 

Frente a la situación actual del Covid19 en el departamento de Casanare Jenny Fernanda Díaz reiteró que “todavía estamos en el pico, hemos estado como en una meseta (…) no es que estemos bajando en el pico, realmente es el cambio de competencia en la toma de pruebas. Al inicio de la Pandemia por la normatividad en salud, la competencia de los pacientes asintomáticos era de la Secretaría de Salud Departamental y los sintomáticos de las EPS” 

La implementación de la estrategia Prass direccionó los pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos hacía las EPS, dejando en competencia de la Gobernación de Casanare la población pobre no afiliada y la población migrante, esto habría generado una reducción considerable en la toma de muestras, pasando de tomar 250 diarias a solo 12 tomas diarias como máximo. 

“El llamado que he hecho a las EPS, y que ya se lo hemos manifestado a la superintendencia, ha sido para que cumplan con oportunidad y celeridad, la toma de muestras y la entrega de resultados” puntualizó Díaz.

La atención que le brindaron al recluso José de Jesús Quiñonez Bedoya, en el Hospital Departamental de Villavicencio, entre los días 29 y 30 de marzo pasados, sería el origen de la propagación del Covid-19 en la cárcel de Villavicencio.

A esa conclusión llega Esperanza Cruz, tía y abogada de José de Jesús, un hombre de 62 años de edad, llevado al hospital con problemas respiratorios, condenado a cinco años de prisión por concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

José de Jesús o Chucho como lo llamábamos sus familiares y quien fue el primer hombre que falleció por coronavirus, de los seis que han muerto en el Meta, habló por última vez conmigo el 22 de marzo, cuando me llamó para contarme de los amotinamientos que se habían presentado en la cárcel.

Me dijo que para controlar la protesta habían lanzado gases lacrimógenos que lo tenían afectado con problemas respiratorios. Ese día también me contó que ya tenía derecho a la libertad provisional porque había cumplido las tres quintas partes de la pena a la cual estaba condenado.

Le recomendé hacer la solicitud en la cárcel y que los del Inpec lo llevaran al juzgado para que le den la libertad, porque por la cuarentena tenía dificultad para movilizarme y hacer esa petición.

Chucho tenía problemas de la próstata, inclusive en febrero le habían puesto una manguera, pero siguió enfermo, ahora de los pulmones, lo llevaron al Hospital de Villavicencio entre el 29 y 30 de marzo, donde estuvo hospitalizado y lo regresaron a la celda ocho del patio Santander del penal.

En la cárcel se creía que había un contagio de tuberculosis porque había varios reclusos enfermos. Todo apunta que al regresar a prisión traía el virus.

El día miércoles primero de abril me llamó Marcela, enfermera de la cárcel, para que fuera a la cárcel y recogiera a Chucho porque hacía un momento el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas le había dado la libertad.

La enfermera me advirtió que tenía que llevarlo al hospital porque Chucho estaba muy mal de los pulmones y que tenía que permanecer con oxígeno. La única familia de Chucho son mis cuatro hermanas y como Chucho tampoco está afiliado a ninguna empresa de salud no lo podría llevar al hospital y pedir que le pusieran oxígeno si ninguna orden médica.

Le pedí a la enfermera la orden para que lo atendieran en el hospital, pero se negó. Entonces consulté en la Secretaría de Gobierno del municipio para que me colaboraran con la hospitalización y me respondieron que esa responsabilidad ahora le correspondía a la familia.

A Chucho le notificaron que estaba en libertad, pero ese derecho no se había hecho efectivo porque aún estaba en el interior de la cárcel y el Inpec tenía la responsabilidad de llevarlo al hospital.

Le marqué a la enfermera para saber sí ella podía hacer algo, pero no me volvió a responder las llamadas. Después supe que se le había acabado el contrato de trabajo y no había regresado a la cárcel.

Hacia las 9:00 de la noche del miércoles primero de abril llamaron a mi hermana al celular, ella vive frente a mi casa, se comunicó un muchacho, quien le informó que Chucho seguía muy malito.

El día jueves dos de abril el Inpec lo llevó al hospital y de una vez lo pasaron a la cama uno de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital. El diagnóstico que posteriormente nos dieron era neumonía, otra enfermedad poco frecuente y que le habían hecho la prueba del Covid-19.

Chucho falleció el domingo 4 de abril a las 10:45 de la noche en el hospital. No nos dejaron acercarnos a él. Nos informaron que personal de la funeraria venía y lo recogía, pero teníamos que traerle la ropa de velación, escoger el cofre y autorizar si lo cremaban.

El martes 7 lo sacaron a la sala de velación, hicimos una oración, el rosario y nos fuimos en una buseta para Jardines de la Esperanza, detrás del coche fúnebre a despedirlo. Su cuerpo se convirtió en polvo.

El viernes 10 de abril por la noche el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, informó que había fallecido el primer interno de la cárcel, era Chucho.

El sábado nos llamaron la trabajadora social y la psicóloga del hospital, así como de la Secretaría de Salud que estaban haciendo el cerco epidemiológico y nos iban a hacer la prueba de Covid-19. Yo pedí que a la enfermera que lo atendió en la cárcel y al guardián que lo acompañó en el traslado también les hicieran la prueba.

Nosotras informamos a las EPS de nuestras actividades y cercanía con Chucho y a los ocho días nos tomaron la prueba de Covid-19. Por fortuna, días después, salió negativa, pero la enfermera y el guardián resultaron contagiados de Covid-19.

Yo no sé de medicina, pero creo que Chucho adquirió el virus en el Hospital donde estuvo dos días a finales de marzo, porque las visitas en la cárcel las habían suspendido desde el 14 de marzo.

Hoy, el departamento del Meta reporta 927 personas contagiadas de coronavirus, de ellas 859 son de la cárcel de Villavicencio, es decir el 92,7 por ciento de los casos.

José de Jesús Quiñonez Bedoya, primer interno muerto en cárcel de Villavicencio