El exalcalde de Yopal Leonardo Puentes instauró una nueva acción popular contra la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en relación al contrato 147 de 2022 mediante el cual se pretende la “Construcción e implementación de una planta de tratamiento, aprovechamiento, y manejo integral e industrial de residuos sólidos urbanos con tecnología de punta, en el relleno sanitario El Cascajar de Yopal” por un valor de 15.500 millones de pesos.

El exmandatario, quien ya logró a través de otra acción popular, que un juez decretara la suspensión del multimillonario contrato 148 de la Eaaay para la operación de la PTAR, básicamente utiliza los mismos argumentos que indican que los derechos colectivos de los ciudadanos de Yopal a la moralidad pública, la defensa del patrimonio público, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos, los derechos de los consumidores y usuarios y a un ambiente sano, están siendo amenazados o vulnerados.

Argumenta, entre otras cosas que, el contrato pactado a 25 años, debió “seleccionar el contratista a través de licitación pública u otro procedimiento regulado, que permitiera la concurrencia de varios oferentes, en lugar de la falaz selección pública de operador de servicios de iniciativa particular” como lo establece la resolución de la Comisión de Regulación de Agua 943 de 2021. 

El accionante indica que “En igual sentido, el contrato demandado, al transferir la administración de parte de los bienes existentes de la empresa (predios, báscula, áreas de operación, etc.) y los que se adquieran con ocasión de la ejecución del mismo al contratista” para el cumplimiento del objeto del contrato, al interior del relleno sanitario El Cascajar, debió tramitarse por la vía de la licitación pública.

Adicionalmente, el exalcalde, manifiesta que, si bien en el contrato no se establece una erogación de la Eaaay de los 15.500 millones de pesos, es claro establecer que estos recursos se pagaran con cargo al recibo del servicio público de aseo de la empresa, en lo referente al componente de aprovechamiento.

Con base a estos y otros factores, el accionante considera que este no es más que un contrato de concesión y que además aplica dentro del modelo de asociación público-privada, APP, por ende, debió realizarse un proceso licitatorio amplio donde pudieran concurrir diversos oferentes.

Tras admitir una acción popular instaurada por el expersonero de Paz de Ariporo Jorge Enrique Pérez Cáceres, el Tribunal Administrativo de Casanare, ordenó a título de medidas cautelares, al gobierno nacional, ministerio del transporte e Invías, la realización de los estudios técnicos necesarios para adoptar medidas de mitigación y solución del problema que está afectando a la comunidad debido al colapso del puente Eduardo Román Bazurto. Para la contratación se dispuso de 4 meses a partir de la notificación del auto judicial.

Igualmente se ordenó al Invías, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Consorcio Vías Nacionales, a la Gobernación de Casanare y las alcaldías de Paz de Ariporo y Hato Corozal, garanticen el transporte de personas y bienes en un término no mayor a 15 días. Puede ser un plan de contingencia por vías alternas, puente militar u otros mecanismos idóneos. Cabe destacar que el Invías tiene contemplado ya la instalación del puente militar y estableció una vía alterna, la cual requiere adecuaciones en varios puntos críticos, empeorados por transportadores de carga pesada. Para esto se dispondrá de cinco días al final de los cuales debe presentarse informe de las decisiones tomadas.

El Tribunal ordenó a Corporinoquia se analice la afectación ambiental y los permisos que se requieran para el desarrollo de los planes, programas, construcciones y demás acciones necesarias de las obras que permitan garantizar los derechos de los ciudadanos afectados por la caída del puente. Esto debe entregarse en máximo 15 días a las entidades accionadas.

Cabe destacar que fue precisamente la negligencia del Invías la que hoy tiene a Casanare en esta nueva emergencia vial al norte de Casanare por la caída parcial del puente Román Bazurto en el río Ariporo, entre Paz de Ariporo y Hato Corozal, al haber realizado unas obras de prolongación del puente e instalación de hexápodos, cuestionadas en un informe de Corporinoquia en 2005. Y recientemente en este año, el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare había recomendado la contratación de los estudios y diseños para determinar qué tipo de obras de protección definitivas se debían ejecutar en el punto crítico, lo cual no se hizo.

La Alcaldía de Yopal, realizó trabajos de adecuación y mejoramiento a la infraestructura de la Casa de Justicia y su espacio público, dando cumplimiento a la Acción   Popular   No 00284 de 2018, interpuesta por la Personería Municipal en la cual invocaba que la infraestructura tenía problemas de inundaciones, problemas en sus archivos, en sus paredes y sanitarios, condiciones que no garantizaban una atención óptima y digna por parte de los funcionarios hacia los ciudadanos.

El pasado 2 de agosto,  el Juzgado Primero Administrativo de Yopal  junto con el accionante y el Ministerio Público, realizó inspección judicial en audiencia de verificación, habiéndose realizado recorrido por la infraestructura,  y encontrando que el municipio de Yopal de manera eficaz cumplió con lo ordenado por el ente judicial; es decir, se concluye que se subsanan las pretensiones de la acción popular, resaltándose el gran cambio que se generó en la Casa de Justicia y conllevando a la prestación de servicios en condiciones más dignas.

La Secretaria General Aydee Soler, manifestó que ¨la Administración Municipal Yopal, Ciudad Segura, desde su Plan de Desarrollo, se comprometió con la construcción de seguridad, convivencia, justicia y paz, a través de acciones como el fortalecimiento a Casa de Justicia,  con el propósito de mejorar la cobertura y calidad en los servicios que se prestan en este importante Centro Interinstitucional de Justicia, de ahí la efectiva y rápida intervención tanto en adecuación, recuperación como también en mobiliario".

Atendiendo una Acción Popular relacionada con la necesidad de construir un acueducto veredal para Mata de Limón, La Chaparrera, El Morro y La Niata se reunieron Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, Ecopetrol, Acuatodos, Procuraduría, Contraloría y comunidad de este sector, con el fin de buscar soluciones a este proyecto.

El concejal de Yopal y líder de este sector, Alexander Rojas, dijo que antes de plantear la Acción Popular hicieron una serie de denuncias de una cantidad de recursos públicos que se invirtieron en el sector rural para acueductos, en materia de pozos profundos, y acueductos por gravedad, que no fueron planeados, y ejecutados para suplir ese servicio a la comunidad.

Agregó que cuando el Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de la comunidad, el gobierno departamental y municipal apelaron el fallo ante el Consejo de Estado, pero nuevamente los favoreció.

En esta reunión el gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, expresó aportar el 50% de los recursos para financiar estudios y diseños de lo que sería este Macro Acueducto, para lo cual es prioritario definir la hoja de ruta de prefactibilidad y posteriormente llevarlo a su factibilidad con el fin de cofinanciar este importante proyecto. La Administración Municipal, se comprometió a aportar el otro 50%.

Habrá un próximo encuentro el 29 de junio, en el que participarán profesionales de la Gobernación y la Alcaldía, para comenzar con el estudio de prefactibilidad que incluya el censo de la cantidad de usuarios que se beneficiarían de esta iniciativa y medir exactamente el nivel de inversión a destinar.

"Son cerca de 23 mil habitantes rurales de Yopal los que hoy no tienen agua. Estamos tratando de solucionar ese lío que viene desde hace mucho tiempo, en el que se han hecho inversiones gigantescas, pero es plata que se ha perdido", afirmó Jorge Gómez, representante a la Cámara quien estuvo hoy en una mesa técnica en la capital casanareña.

En cumplimiento de una Acción Popular interpuesta en 2015, el pasado 23 de diciembre de 2021 la Alcaldía de Yopal dio apertura a la vía de la carrera 14 entre calles 34-36, tramo que ha vulnerado el derecho a una movilidad segura y se ha convertido en foco de inseguridad afectando a los habitantes de sectores aledaños.

La Administración Municipal afirmó que, se realizaron las acciones que aseguraría el cumplimiento a este proceso judicial. Entre las labores operativas, el talento humano del taller de Obras adscrito a la Secretaría de Obras Públicas de Yopal, por administración directa, laboraron en dicha apertura. El terreno se encontraba con bastante maleza, en significativos desniveles y con piedras excesivamente grandes.  

“Con maquinaria del municipio, comprendiendo una motoniveladora, volqueta, carrotanques y vibro compactador; para la conformación de la estructura de la malla vial, se utilizó crudo de río clasificado, dando como resultado una vía de aproximadamente 30 metros de ancho”, señaló el secretario de Obras, Carlos Corregidor.

A comienzos de este año, el Concejo Municipal autorizó a la Alcaldía de Yopal un endeudamiento de 35 mil millones de pesos, parte de esos recursos serìan destinados para la compra de este terreno. La importancia de esta vía va enfocada hacia la descongestión de la calle 35, sector con alto grado de siniestralidad; a su vez, permite darle mayor acceso a los servicios del Hospital Local, que se encontraba en una zona con dificultad para ingresar por la obstrucción de las vías.