Recientemente en el departamento de Casanare se han desarrollado varias actividades en la etapa de formulación e implementación de los 17 planes de retornos y reubicaciones con los que actualmente se busca la reparación integral de las víctimas por el hecho de desplazamiento forzado. 

Desde la etapa de formulación, se llevó a cabo la aprobación del plan de retorno y reubicación con el cual se buscará la reparación integral de la comunidad Forjando Caminos de Esperanza, en el municipio de Hato Corozal. 

Este paso se dio en el marco del comité de justicia transicional realizado en días pasados en ese municipio, donde  los voceros de esta organización sin ánimo de lucro dijeron que el cierre de esta etapa de formulación es el resultado de un trabajo conjunto que les tomó casi todo un año de diálogos comunitarios y otros espacios de análisis y revisión,  en los que se identificaron esas acciones que demanda la comunidad para superar la situación de vulnerabilidad de los afectados por el conflicto armado. 

Por otro lado, en el municipio de Monterrey se efectuó la entrega de dotación mobiliaria para el centro de salud, siendo esta una de las acciones acordadas. Allí se contó con el acompañamiento de la organización Huellas de Esperanza, alcaldía y funcionarios del puesto de salud.            

En el plan de retorno y reubicación que se adelanta con la Asociación de Víctimas de Orocué (Asovioro), la comunidad también recibió mobiliario para el centro de desarrollo infantil. La inversión total de estas tres entregas de implementos es de aproximadamente $90 millones y consistió en sillas, escritorios, vitrinas y demás elementos necesarios para la operación básica de estos lugares.                                      

La Fiscalía General de la Nación a través de la Estructura de Apoyo de la de Seccional Casanare, logró que un juez con funciones de control de garantías legalizara las diligencias de allanamientos, incautaciones y la captura de Jeinner Stiven Villamizar Henao, César Fabián Crespo Avella y Cristian David Ramírez Ávila, del grupo delincuencial “Los gordos”, como presuntos responsables de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado.

Las diligencias se llevaron a cabo por parte de la Fiscalía en coordinación con Policía Nacional el pasado 11 de octubre en el sector de Matepantano, en el barrio La Campiña y en el barrio Llano Vargas de la capital casanareña, donde fueron encontrados elementos para la dosificación de estupefacientes, munición para pistola calibre 9 milímetros y 423 gramos de cocaína entre otros.

Las denuncias daban cuenta de que este grupo actuaba bajo la modalidad de entregas a domicilio y ventas en punto fijo de bazuco, cocaína, marihuana y sus derivados en varios sectores de la ciudad.

El pasado 12 de octubre la Fiscalía los imputó por los delitos mencionados, cargos que no fueron aceptados por los capturados y el juez los envío a la cárcel. Esta información se publica por razones de interés general.

  

Capturados en Paz de Ariporo tres ciudadanos de 35, 35 y 46 años de edad, quienes realizaban disparos al aire bajo los efectos de bebidas embriagantes en el sector de la carrera 12 con calle 5 del barrio Las Ferias del municipio de Paz de Ariporo.

Según el reporte de la policía, cuando la patrulla llegó al lugar alertada por la misma comunidad, los ciudadanos apuntaron e intimidaron a los uniformados con tres armas traumáticas y luego emprendieron la huida del lugar. Sin embargo, metros más adelante fueron alcanzados y capturados.

Las armas traumáticas incautadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los capturados quienes tendrán que responder por el delito de violencia contra servidor público.

 

Un intento de sicariato se registró ayer a la altura de la vereda El Viso, en la vía que de Maní conduce a Aguazul. Las víctimas, quienes serían prestamistas, residen en este municipio, y dos de ellos son oriundos de otras regiones del país, exactamente del departamento del Cesar.

Preliminarmente se conoció que los heridos fueron identificados como Orly José Urina Quiroga, Rubén Clemente Cuadro Manjarrez, y Sebastián García. Al parecer, el tema tendría que ver con retaliaciones del Clan del Golfo, grupo paramilitar que tiene estructuras que pretenden el control territorial y del microtráfico en esta zona de Casanare.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el coronel José Rafel Miranda, comandante de la Policía en Casanare, dos de los heridos llegaron por sus propios medios al hospital de Aguazul, y posteriormente fueron trasladados al Hospital Regional de la Orinoquía.  

La tercera persona que resultó herida quedó tendida en el piso y solo pudo ser trasladada a un centro asistencial de Manì cuando llegó la policía al lugar tras la alerta de la comunidad. Posteriormente el herido fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía, debido a su delicado estado de salud, toda vez que recibió un disparo en la cabeza, aunque el casco que portaba ayudó a minimizar el impacto.

En rueda de prensa, el secretario de gobierno Oscar Gómez Peñaloza y el comandante de la Policía de Casanare, coronel José Rafael Miranda, expresaron que hasta el momento lo único que se conoce es que dos sujetos que se movilizaban en moto arremetieron contra estas personas, sin embargo, aclararon que ya se adelantan todas las investigaciones para dar con los móviles y responsables de este ataque que alteraron la seguridad y convivencia en este municipio.

Gómez Peñaloza dijo que en Maní y Villanueva se tiene comprobada la presencia de estructuras del Clan del Golfo. Igualmente, el coronel expresó que frente al accionar de este grupo narcoparamilitar se ha expandido a Aguazul, Orocué, Támara, además de Maní y Villanueva.

En abril de este año, dos hombres también fueron baleados en este sector, en lo que inicialmente se dijo fue un atraco pero que posteriormente fuentes extraoficiales indicaron que se trataría de un posible ajuste de cuentas.

Tres chatarrerías ubicadas en la zona industrial de la ciudad fueron selladas este jueves, por no contar con la documentación necesaria para su funcionamiento. Las medidas fueron impuestas durante operativos de control a estos establecimientos que viene liderando la Secretaría de Gobierno.

Durante este operativo, respaldado por Migración Colombia y la Fuerza Aérea, fueron visitadas cuatro chatarrerías, de ellas solo una tenía al día la documentación para estar funcionando.

La Administración Municipal le hace el llamado a propietarios y administradores de chatarrerías, a tener al día la documentación requerida para su funcionamiento y los exhorta, además, a verificar la procedencia de los elementos que reciben, pues comercializar objetos hurtados, es receptación, delito castigado fuertemente por la ley colombiana.

Por su parte, Migración Colombia realizó verificación de documentación a población extranjera que se encontraba laborando en las chatarrerías visitadas. Además, inspeccionó que estos ciudadanos estuviesen debidamente contratados, cumpliendo con los requisitos que exige la ley.

 

Como Wilson López Guina, oriundo del municipio de Nunchía, fue identificado el soldado profesional asesinado en horas de la madrugada de hoy jueves 22 de junio, en la vereda La Salve, de Fortul, Arauca.

Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.°27, se encontraban desarrollando operaciones de control territorial este sector cuando fueron víctimas de la activación de un campo minado que habría sido instalado por integrantes del grupo armado organizado GAO ELN.

Producto de esta acción terrorista, tres militares más resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Sin embargo, fueron evacuados vía aérea al hospital del Sarare, del municipio de Saravena donde en estos momentos están siendo atendidos por personal médico especializado.

El Ejército Nacional rechazó esta acción terrorista. A su vez extendió un mensaje de condolencias a la familia del soldado profesional López Guina, quien ofrendó su vida por la seguridad, defensa y bienestar del departamento araucano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada salón tiene capacidad para 35 estudiantes, mobiliario totalmente nuevo con pupitres, tableros y casilleros. Las aulas cuentan con teja termoacústica, cielo raso en lamina PVC, módulos redondos para la iluminación y ventanas y puertas metálicas que permitirán una mejor circulación de aire en el interior de los recintos.

Esta obra tuvo una inversión de $ 200.000.000 millones de pesos mediante transferencia del fondo FOMPET, con resolución 0608 del 2021; los cuales fueron ejecutados por la entidad mediante contrato 025-2021 para el mejoramiento de la infraestructura educativa.

El mismo alcalde Luis Eduardo Castro socializó ayer a los docentes, estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Divino Salvador de La Niata, la terminación de un bloque de 3 aulas que ayudarán a mejorar la calidad educativa de 347 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de zona rural de Yopal.

El mandatario señaló que con estos resultados se busca generar confianza en el sector educativo, porque con pocos recursos se están entregando  productos de calidad y una obra terminada.

 

 

De acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud de Casanare, sobre el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), que se adelantó en la zona urbana de los 19 municipios del departamento, se evidenció que Chámeza, Maní y San Luis de Palenque, se encuentran en riesgo medio por la calidad de agua potable.

Esta actividad que adelantan los técnicos de salud departamental, tiene como objetivo vigilar que el líquido esté en óptimas condiciones para el consumo humano y así prevenir enfermedades como la Hepatitis A, Amebiasis, Disentería, Fiebre Tifoidea entre otras.

En cuanto a los municipios de Hato Corozal, Monterrey y Támara, reportaron riesgo bajo; mientras Aguazul, Pore, La Salina, Recetor, Nunchía, Sabanalarga, Orocué, Sácama, Paz de Ariporo y Tauramena están sin riesgo en la calidad de agua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una triste y lamentable noticia se conoció este 27 de diciembre de 2021 en el departamento de Casanare, al reportarse la masacre de tres miembros de una misma familia en la vereda Sabanalarga del municipio de Sácama, en hechos ocurridos la noche de este domingo 26 de diciembre.

Las primeras informaciones suministradas indican que a la finca Rancho Alegre, llegaron desconocidos donde residían cinco personas, allí dispararon contra Ferley Velandia Fonseca, quien falleció en el lugar de los hechos. Posteriormente atacaron a Faustino Velandia Fonseca, quien resultó lesionado y fue trasladado al hospital de Sácama. Luego se habrían llevado a sus padres, Dámaso Velandia y María Fonseca, pero la mañana de este 27 de diciembre fueron hallados muertos en un camino hacia la vereda El Sinaí. Un menor de edad que se encontraba en la casa, no fue atacado. 

Según se pudo estalecer las víctimas eran oriundas del municipio de Chita en Boyacá, pero residían en el sector rural de Sácama desde hacía varios años. De acuerdo a la Personería de Sácama, el menor de edad que presenció la trágica escena se encuentra en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF.

Hasta el momento ni el Ejército ni la Policía Nacional se han pronunciado sobre los hechos ocurridos con estos campesinos en Sácama al norte de Casanare. Mientras que la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, rechazó la violenta acción y cuestionó que el hecho se hubiera presentado en una zona donde hay alto control militar y policial, ya que está ubicada cerca al casco urbano por la vía que comunica con el departamento de Arauca.

Asonalca recordó que, recientemente la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por amenazas emitidas en panfletos contra las comunidades de Sácama, La Salina, Aguazul, Yopal y Támara, de igual manera en Paya, Pajarito y Pisba en Boyacá.  En este pronunciamiento exigieron respeto por la vida y los derechos humanos e hicieron un llamado a las organizaciones armadas para que dejen por fuera del conflicto a la población civil.

Ante los hechos violentos el gobernador de Casanare, Salomòn Sanabria dijo que: "Mi total rechazo a los hechos violentos que sacuden al municipio de Sácama y expreso mi solidaridad con los familiares y vecinos de esta población, quienes de manera violenta sufrieron un ataque sicarial donde perdieron la vida tres personas. Como administración departamental estamos realizando las coordinaciones necesarias con la fuerza pública con el fin de esclarecer los hechos. Invitamos a la comunidad en general a denunciar estos hechos para poder encontrar a los responsables".

Aunque por el momento no se conoce ningún pronunciamiento oficial, las autoridades tendrán que esclarecer los hechos que rodearon esta vil masacre, que enluta al departamento de Casanare, y que tiene varias hipótesis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por considerar que no representan un peligro para la sociedad, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, dejó en libertad al Otoniel Castañeda 'El Gran Llanerazo', César Tovar Santos, ‘Piporro’, y Rafael Liévano, una vez finalizadas las audiencias que concluyeron hoy hacia las 5:30 de la mañana.

Los imputados, quienes habían sido capturados en diligencias adelantadas en Yopal, Maní y Villaanueva, enfrentan cargos por concierto para delinquir, en el caso de Otoniel Castañeda y de concierto para delinquir en concurso con extorsión a los otros dos que quedaron en libertad. Todos estos delitos serían en relación a la presunta pertenencia al Clan del Golfo.

Otras cuatro personas detenidas, quienes enfrentan cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas, homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes, sí fueron cobijadas con medida intramural, dentro de la investigación de pertenecer a las estructuras del grupo paramilitar. Tres de ellas, aceptaron cargos.

Según el abogado Óscar Sampayo, defensor de Otoniel Castañeda, surtidas las diligencias preliminares, de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, que solicitaba la Fiscalía General de la Nación, los tres quedaron en libertad, pero seguirán vinculados al proceso y tendrán que atender a los llamados que haga el juez para avanzar en la investigación.

“Durante la audiencia logramos controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía contra Otoniel Castañeda, consistentes en una interceptación telefónica y una declaración, adicionalmente se demostró que él no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, tal como lo establece el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento”, aseguró Sampayo.

Reiteró el abogado que se seguirán aportando las pruebas necesarias a la justicia para demostrar y aclarar al cien por ciento, que Otoniel Castañeda, no tiene vinculación alguna con el Clan del Golfo.