La financiación de programas dirigidos a víctimas del conflicto armado, adultos mayores y niños podría verse comprometida debido a la obligación de garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad en Yopal.

Así lo expusieron los alcaldes de Casanare en una reunión convocada por la Procuraduría Regional.

Durante el encuentro, los mandatarios presentaron un balance sobre las medidas implementadas para cumplir con el suministro de alimentación a los detenidos, quienes en el caso de Yopal permanecen en las carceletas de la estación de Policía.

El alcalde Marco Tulio Ruíz Riaño reiteró que este asunto ya se había discutido en el Congreso de Municipios, realizado en Cartagena a inicios de mayo.

El burgomaestre subrayó que se iniciarán gestiones para solicitar al Gobierno Nacional que retire esta responsabilidad de los entes locales, dado que los recursos municipales son insuficientes.

Ruíz Riaño detalló que actualmente Yopal alberga a 111 personas privadas de la libertad, de las cuales 70 son oriundas de la ciudad y el resto provienen de otros municipios de Casanare y otras regiones del país. Alimentarlos representa un gasto anual de aproximadamente $1.400 millones, una suma que el municipio no puede costear sin afectar otros programas.

La reunión, realizada en el Comando del Departamento de Policía Casanare, contó con la participación de la Policía Nacional, Inpec, Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, entre otras entidades.