Noticias relacionadas: CONTRALORIA

La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), informó que durante el mes de enero de 2026 se suscribieron 521.269 contratos directos por un valor total de 32,88 billones de pesos.

Esta actividad contractual se registró antes del inicio de la restricción establecida por la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, que comenzó el 31 de enero debido al calendario electoral.

 En comparación con enero de 2022, el valor de la contratación presentó un incremento del 30,4%, mientras que el número de contratos aumentó un 5,2%.

El informe detalla que el orden territorial concentró la mayor parte de la gestión con 348.495 contratos por 17,7 billones de pesos, seguido por el orden nacional con 164.813 contratos por 14,87 billones y las corporaciones autónomas con 7.961 contratos por 0,3 billones.

La mayor concentración de recursos se observó en la última semana de enero, periodo en el que se adjudicaron 14,8 billones de pesos, equivalentes al 45% del total mensual. El pico máximo de contratación ocurrió el 30 de enero, con un registro de 5,7 billones de pesos en un solo día.

En cuanto a las órdenes de prestación de servicios (OPS), el consolidado nacional y territorial reportó 501.423 contratos por 22,34 billones de pesos, lo que representa el 96,2% del volumen contractual total.

Específicamente en el orden nacional, las entidades con mayor número de adjudicaciones directas fueron el Sena con 1,72 billones de pesos, el ICBF con 1,26 billones y la Aeronáutica Civil con 0,76 billones.

A nivel territorial, el ranking fue encabezado por el Distrito de Barranquilla con 1,33 billones de pesos, seguido por Medellín con 0,88 billones y Cali con 0,54 billones.

La Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales que suman $53.117 millones tras auditar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En las auditorías de cumplimiento realizadas a 68 entidades territoriales sobre recursos del Presupuesto General destinados al PAE 2024, se identificaron más de 40 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $24.254 millones, relacionados principalmente con sobrecostos y pagos sin soporte de ejecución.

Por otra parte, en la revisión de los recursos del Sistema General de Regalías para financiar el programa en los departamentos de Nariño, Quindío y Meta, así como en el municipio de Arauca entre 2021 y 2024, el ente de control reportó hallazgos por $28.863 millones debido a deficiencias en procesos contractuales y el incumplimiento de lineamientos técnicos y nutricionales.

Adicionalmente, el organismo emitió una alerta sobre la afectación de 783.000 estudiantes en 11 Entidades Territoriales Certificadas, debido a que el inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico de 2026.

Ya se conocen los resultados de las pruebas aplicadas a los aspirantes a Contralor Departamental de Casanare, proceso clave para seleccionar al sucesor de Cipriano Castro.

El examen, compuesto por 50 preguntas de opción múltiple, tiene una ponderación del 60% sobre el puntaje total del concurso.

Cada pregunta equivale a 2 puntos, por lo que, si un participante obtiene 20 puntos, significa que respondió correctamente a 10 preguntas.

Para calcular el puntaje correspondiente a la prueba escrita, el resultado se multiplica por 60 y se divide por 100. Por ejemplo, 20 puntos equivalen a 1,2 puntos en la calificación definitiva de este ítem.

El 40% restante se determinará mediante el análisis de la hoja de vida de los candidatos. De ese porcentaje, el 15% considera una evaluación de 30 puntos por especializaciones, mientras que 40 puntos corresponden a maestrías presentadas, sumando un total posible de 100 puntos.

Este método busca garantizar transparencia y objetividad en el proceso de selección para el importante cargo de Contralor Departamental de Casanare.

Dentro de los guarismos más altos se encuentran los de Carlos Camargo, con 88 puntos; Gustavo Castro Cárdenas con 82 y Rigoberto Alfonso Pérez con 80.

El gobernador de Casanare respondió al vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien en el informe entregado ayer marte 6 de febrero  en el auditorio del Hotel GHL de Yopal, hizo un llamado de atención a la Administración departamental.

Según el funcionario el actual Gobierno seccional no debió suspender el proceso licitatorio del PAE, el cual venía desde el año pasado. Esta decisión tuvo como consecuencia, un retraso en el inició de dicho programa, por lo que a la fecha aún no se ha podido prestar este servicio, lo que perjudicó a la población estudiantil del departamento.

Zuluaga recalcó que en lugar de la suspensión, lo más oportuno era remediar las posibles observaciones que tuviese el mencionado proceso. Agregó que informó a la Procuraduría sobre esta situación, para que el ente de control tome las medidas correspondientes.

Por su parte César Zorro en mensaje de texto agradeció la preocupación de la Contraloría y añadió que el PAE que fue formulado a finales de 2023, presentaba “irregularidades  sustanciales imposibles de subsanar, que conllevaron a la revocatoria del proceso de contratación”.

 Sin embargo como una acción inmediata para sanear el tema se “decretó la medida de urgencia manifiesta para atender lo más pronto posible la prestación del servicio de alimentación escolar en el departamento de Casanare”, finalizó el escrito.

La Contraloría General de la República reveló que encontraron dos hallazgos fiscales por $14.981 millones, en contratos para la prestación del servicio de vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria, suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

El ente de control fiscal precisó que el hallazgo más cuantioso fue por $14.652 millones, correspondiente al cobro del servicio diario de monitoreo de dispositivos inactivos, que no estaban siendo utilizados por personas con detención domiciliaria.

La Contraloría evidencia que el software utilizado para generar los informes de facturación no fue examinado ni verificado por la interventoría de los contratos, lo que derivó en cobros y pagos por servicios no prestados.

Asimismo, se detectó otro hallazgo fiscal por $329 millones por irregularidades similares en la prestación del servicio de vigilancia electrónica contratado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El ente de control adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por $12,815 millones adicionales que aún se encuentra en etapa probatoria. Con estos hechos, la Contraloría asumió 34 hallazgos administrativos y 7 con presunta incidencia disciplinaria.

En su visita a Yopal el contralor general de la república (e), Carlos Mario Zuluaga, entregó un informe del trabajo que ha adelantado la entidad en el departamento.

Manifestó que se encontraron 34 obras inconclusas, las cuales pertenecen a la familia de los elefantes blancos, una especie con mucho arraigo en el sector público de la región.

Estos proyectos suman 571 mil millones de pesos y representan varias iniciativas que hasta el momento no han llegado a feliz término. Entre estos detrimentos patrimoniales del Estado Zuluaga mencionó el proyecto de interconexión eléctrica entre Casanare y Vichada por 120,342 millones.

El mejoramiento de la vía Maní – Tauramena – Monterrey, que tiene un valor registrado de 105.758 millones y el acueducto de Yopal, que ha demandado una inversión de 88.314 millones de pesos.

Todos los hallazgos hecho por la Controlaría los clasificó en dos grandes categorías. La primera corresponde a proyectos críticos, donde están registrados 4 de las 34 obras antes referidas y su valor asciende a $37.706 millones.

Los  30 restantes corresponde a la especie de elefantes blancos, cuyo monto total es de $533.471 millones. Otra precisión que hizo la Contraloría apunta a que $226.471 millones se han invertido en agua potable y saneamiento básico.

Torres del Silencio

Dentro de los proyectos más sonados Zuluaga se refirió a la propuesta de vivienda Torres del Silencio, cuyo contrato data desde el año 2011. El contralor (e) que desde el comienzo de la ejecución se presentaron dificultades pues la infraestructura construida no cumplió con los requerimientos de construcción, por ese motivo fue suspendido.

Algunas familias beneficiarias invadieron el conjunto residencial y habitan allí a pesar de los riesgos y que no cuentan con servicios públicos. Se cuenta igualmente con una consultoría que estableció la inviabilidad de la infraestructura existente, tras lo cual la Alcaldía declaró la calamidad pública en el proyecto.

Sobre el proyecto existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, que obliga al Municipio de Yopal a ejecutar un plan de tres fases, que permita reubicar a las familias, demoler las actuales construcciones que presentan deficiencias y consolidar un nuevo proyecto de vivienda para las familias beneficiarias que resultaron afectadas.

Sin embargo, hasta ahora no se ha culminado efectivamente ninguna de las fases, dado que la Administración local no ha comenzado el proceso administrativo para el desalojo de las familias, que no dejarán sus viviendas voluntariamente.

Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía, tienen pendiente definir cuál de las dos entidades aportará los recursos para la demolición de las torres existentes y situar los recursos para el nuevo proyecto, que actualmente cuenta solo con el monto que corresponde a la consultoría para estudios y diseños, pendiente de contratar por el Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y Rural de Yopal – INDEV.

Cravo Sur

Una segunda obra que está en el mira de la Contraloría es la estabilización y protección del margen derecho del río Cravo sur, entre la calle octava y la urbanización El Paraíso.

El proyecto que inició en el 2015 y tiene un porcentaje de avance físico del 100% y financiero del 73,6%. Además de realizarla verificación final de las obras para la entrega y liquidación de la obra, el municipio tiene pendiente gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre los recursos para la segunda fase del proyecto.

Acueducto de Yopal

Sobre este proyecto la Contraloría explicó que la primera etapa de los trabajos de captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal, fue culminada en su totalidad.

“Sin embargo no cuenta con recursos para el reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la contratación”, indicó la entidad en boletín de prensa.

La Contraloría exhorta a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas, que dejen saneados estos proyectos y evitar que se pierdan los recursos públicos destinados para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Con el objetivo de aclarar dudas y actualizar la normatividad sobre control fiscal, la Contraloría Departamental de Casanare adelantará desde hoy el Seminario de Control Fiscal 2023.

El evento, que se extenderá hasta mañana 06 de diciembre, reúne en el auditorio Quiripa de la Cámara de Comercio, a funcionarios públicos de entidades sujetas a control y busca ser un espacio de encuentro con la entidad fiscalizadora.

En la primera jornada se abordarán temas relacionados con contratación estatal y delitos contra la administración pública. Asimismo, se tratarán los procesos de notificación a través de tecnologías de la información.

Expertos en estas materias, como la abogada Magnolia Valencia, el consultor Héctor Arévalo y la docente Juanita Ospina, son los encargados de dirigir las conferencias.

Cabe mencionar que esta actividad académica hace parte del plan estratégico "Control fiscal, nuestro compromiso social" de la Contraloría. La inscripción y certificación del seminario son gratuitas, en el vínculo https://fycconsultores.com/.../Form.../views/inicio.php.

Argumentando un desacato a un fallo de Tutela, el Juzgado Segundo Municipal de Yopal profirió un falló en contra el hoy excontralor departamental Reyneiro Hernando Flechas Díaz.

La Tutela le ordenaba a Flechas, entonces contralor, pronunciarse ante una solicitud de nulidad, inmersa en una investigación que se lleva a cabo en contra de José Javier González, por una supuesta violación al debido proceso.

El mencionado fallo de Tutela fue proferido el 3 de mayo de 2023, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal. El mismo está relacionado con la defensa del derecho fundamental del debido proceso, en el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta contra José Javier González, por parte de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada de Casanare.

En este proceso la autoridad judicial ordenó al ente de control pronunciarse con relación a una solicitud de nulidad, fechada el 27 de diciembre de 2022.

También le ordenaba suspender de manera inmediata cualquier trámite, que se hubiese originado en dicho proceso de responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría.

Por incumplir con la orden de Tutela, falló el Juzgado Segundo Municipal. “SANCIONAR a Reyneiro Hernando Flechas Díaz, en calidad de Gerente de la Gerencia Colegiada de Casanare o quien se encuentre haciendo sus veces con tres (3) días de arresto efectivo y una multa por el equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes respectivamente…”

La gerente de Capresoca EPS Nuria Yarley Bohórquez Peña y el subgerente administrativo y financiero Ricaurte Rojas Bahamón, participaron de la mesa de instalación oficial, de la auditoría de cumplimiento a la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud – ADRES, a la Superintendencia Nacional de Salud y la EPS de la vigencia 2020, 2021 y 2022.

Esta labor de auditoría fue adelantada por la Contraloría General de la República, en desarrollo de su plan Nacional de vigilancia y control fiscal vigencia 2023.

El objetivo general de este trabajo es verificar la operación corriente de los recursos del sistema general de salud, fiscales y parafiscales, en términos de oportunidad, control y cumplimiento; considerando las operaciones administrativas relacionadas con giros, postulación de prestadores y conciliación de cartera, para la vigencia 2020, 2021 y 2022.

Durante este tiempo de auditoría, que va hasta el 24 de noviembre de 2023, Capresoca estará comprometida con el suministro oportuno de la información que solicite el equipo auditor y todos los requerimientos relacionados con dicho ejercicio.

Julio Molano Novoa, un administrador público de la ESAP con especialización en finanzas públicas y una experiencia de más de 3 lustros en el sector oficial, fue nombrado como nuevo gerente de la Contraloría General de la República en Boyacá.

Molano Novoa es oriundo de Aguazul , y entre otros cargos se ha desempeñado como secretario de Hacienda del departamento de Casanare durante la administración de Alirio Barrera, también laboró en la Alcaldía de Aguazul, en donde fue secretario de Hacienda de Fernando Camacho. Además fue concejal de Aguazul y aspirante a la Alcaldía de ese municipio en 2015. Últimamente estuvo vinculado a la UTL de Alirio Barrera y a Corporinoquia.