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Después del asesinato de un taxista en Villanueva, Casanare, el pasado 28 de junio, surgió una ola de preocupación entre conductores del municipio por la circulación de panfletos amenazantes firmados por un grupo armado ilegal que se hace llamar Renacer Erpac.

El primer mensaje, difundido por redes sociales, contenía advertencias directas al gremio de taxistas. Posteriormente, se conoció un segundo panfleto en el que se impone un presunto toque de queda a vehículos de transporte público y domiciliarios.

El documento advierte que quienes incumplan la medida deberán abandonar el municipio, y amenaza con posibles atentados contra sus vidas o las de sus familiares.

El homicidio que dio origen a esta situación ocurrió sobre la vía Marginal del Llano, en el tramo entre Villanueva y Aguaclara, pocos kilómetros después del peaje de San Pedro.

Según el reporte oficial, el conductor fue atacado a disparos por un pasajero, perdiendo la vida de forma inmediata. Tras el hecho, el vehículo se salió de la vía y colisionó contra una propiedad a un costado de la carretera.

El agresor habría aprovechado la confusión provocada por el choque para escapar del lugar. Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar y capturar al responsable del crimen.

En medio de la consternación que embarga al sector comercial de Yopal tras el fallecimiento de Carlos Navarrete, gerente del supermercado Súper Mío, el comerciante Óscar Rodríguez alzó su voz para exigir respuestas y soluciones concretas a las autoridades, frente a la creciente ola de inseguridad que afecta a la ciudad.

Navarrete fue víctima de un ataque con arma de fuego el pasado 16 de junio, al parecer, en un intento de atraco, hecho que ha generado temor y profunda indignación entre los empresarios locales.

Rodríguez, en declaraciones recientes, expresó sus condolencias a la familia de Navarrete y manifestó el sentimiento de desprotección que reina entre los comerciantes.

El líder gremial fue enfático al señalar que la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes en el municipio. “Estamos cansados de ir a mesas de seguridad donde siempre nos sentamos con la Policía, Fiscalía, Defensoría… pero no pasa nada. Nosotros necesitamos acciones, nos sentimos desprotegidos, ya nos sentimos solos”, recalcó.

Anunció también que, junto con otros representantes del comercio, elevarán un oficio a la Alcaldía, la Gobernación, la Fiscalía y los medios de comunicación, solicitando la conformación de una mesa de trabajo seria y efectiva.

Indicó que invitará participar de este ejercicio a las máximas autoridades municipales, departamentales y a la oficina de Migración. “Necesitamos verdaderas estrategias, un verdadero engranaje. Si toca volver a Bogotá a exigir aumento del pie de fuerza, lo haremos”, advirtió.

El comerciante también pidió no estigmatizar a la población extranjera y exigió el esclarecimiento de otros homicidios recientes, subrayando la urgencia de una respuesta integral y coordinada.

Finalmente, Rodríguez reiteró el compromiso del gremio comercial para contribuir a la seguridad, pero insistió en que la responsabilidad principal recae en las autoridades.

“Nosotros colocamos cámaras, radios, alarmas, pero siempre se habla y no pasa nada. Necesitamos resultados”, concluyó.

La comunidad espera que este llamado sirva como punto de inflexión para que la seguridad en Yopal deje de ser una promesa incumplida y se convierta en una prioridad real para las autoridades.

La imagen de la parte posterior de una ambulancia que es seguida de cerca por una mujer en motocicleta hace su mejor esfuerzo por describir toda la angustia y dolor a que tuvo que vivir una joven madre.

La mujer fue víctima de la delincuencia. Hampones abordo de una motocicleta, la hicieron caer de la moto en que se movilizaba, en un intento por hurtarle su bolso.

En este robo la peor parte la llevó el hijo de la víctima, un niño de 8 años. El menor terminó fuertemente golpeado y fue necesario trasladarlo a un centro asistencial para que recibiera atención médica.

El acto de inseguridad sucedió este domingo 02 de marzo en la carrera 23 con calle 39 de Yopal. La víctima además de recibir un fuerte golpe al caer de la motocicleta perdió sus pertenencias, incluido el teléfono móvil.

Además, tuvo que vivir momentos de angustia al ver a su hijo con lesiones en la cara. Mientras tanto, los delincuentes partieron del lugar con toda tranquilidad en la motocicleta Pulsar NS 200 de color negro, en la cual perpetraron el robo.

Este tipo de hechos corroboran que el tema de inseguridad en Yopal va más allá de una simple percepción, como se calificó en su momento desde el sector oficial.

No se pueden negar los permanentes patrullajes que hacen las autoridades, así como otra serie de operativos para mejorar la seguridad, pero pareciera que este tipo de acciones estuvieran cargadas de una gran dosis de inocuidad, porque queda la sensación que el hampa encontró una vía alterna rebosante de impunidad, para ejecutar sin mayores contratiempos sus actos delictivos.

En este escenario los hurtos no son percepción ni la inseguridad una fantasía, por el contrario, son una cruda realidad que es urgente enfrentar para evitar episodios como el reportado por un seguidor de Casanare Noticias, sobre un hecho que se presentó en la madrugada del domingo 02 de marzo.

Según la denuncia ciudadana, en la carrera 17 con calle 24, cerca de la estación de bomberos, desconocidos le propinaron dos puñaladas a un joven por hurtarle el celular. El atracó se presentó sobre las 03:20 de la mañana. El herido fue trasladado al Horo en un carro particular.

Un tercer incidente y que quedó registrado en cámaras de seguridad, se desarrolló en la carrera 17 con calle 26. En las imágenes se ve a un motorizado acercándose velozmente a su víctima, una mujer que se moviliza en motocicleta. Cuando logró alcanzarla le rapó el bolso.

La fuerza del raponazo y la velocidad del vehículo del delincuente hicieron que la mujer perdiera el control de la motocicleta y cayera aparatosamente. Aunque el hecho se presentó el 26 de febrero, hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este suceso.  

En todos estos casos la impunidad es una constante. La comunidad espera mayor contundencia por parte de las autoridades, no solo del orden local sino nacional.

En la pasada reunión de gobernadores con el presidente Gustavo Petro en Villa de Leiva, los mandatarios regionales le solicitaron más acciones para combatir la inseguridad, que tiene azotadas todas las regiones del país.

Los recientes hechos de inseguridad presentados en el municipio de Yopal, donde se registró un homicidio el pasado viernes 19 de octubre, llevó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad.

La reunió se cumplió este lunes 21 y al término de la misma el secretario de gobierno de Yopal, Jorge Andrés Rodríguez, entregó un balance y habló sobre algunas medidas que se van a implementar, para disminuir los índices de delincuencia en la ciudad.

Manifestó que uno de los principales desafíos es la escasez de personal policial. La falta de efectivos se ha visto agravada por el alto flujo migratorio, lo que ha dificultado la vigilancia y el control en las calles.

Además, las autoridades señalaron que muchas cámaras de seguridad están no están funcionando, lo que complica la identificación de delincuentes. También se mencionó la necesidad urgente de mejorar la línea de emergencia 123, que actualmente presenta fallas.

Para enfrentar estas dificultades, se están considerando varias medidas. Entre ellas, la posibilidad de contratar seguridad privada, similar a lo que se ha implementado en Sincelejo y que resultado bastante efectivo, según lo explicó el secretario Rodríguez.

Otro tema crítico es la dificultad que se presenta en el sistema judicial, debido a las demoras en la programación de audiencias, situación que pueden extenderse hasta seis meses, lo que contribuye a un clima de impunidad.

Para el titular del despacho de Gobierno, se busca fortalecer la colaboración entre la Policía y la Fiscalía y facilitar el diálogo con jueces para acelerar los procesos judiciales.

La delincuencia común y el microtráfico también fueron puntos destacados en el desarrollo del consejo de seguridad. En este campo delictivo el robo de celulares se ha convertido en un problema habitual, impulsado por la existencia de algunos establecimientos que compran dispositivos robados.

Es por ello por lo que las autoridades planean realizar controles más estrictos en los comercios y llevar a cabo operativos para identificar a los líderes de estas redes delictivas.

También anunció el funcionario campañas preventivas, especialmente en algunos puntos calientes. Intervenciones que contarán con la participación de los gestores de paz y convivencia. El objetivo es hacer un trabajo social en estos sectores de la ciudad.

En conclusión, las autoridades locales están conscientes de los retos en materia de seguridad y están implementando diversas estrategias para enfrentarlos. Sin embargo, su éxito dependerá de superar obstáculos como la falta de recursos, falta del pie de fuerza y las demoras en el sistema judicial.

El reconocido líder del sector comercial, Óscar Rodríguez, hizo duros cuestionamientos al manejo que le ha venido dando la Administración municipal en materia de seguridad y reactivación económica.

Explicó que los hurtos se han incrementado de manera impresionante. “El sábado a un comerciante lo atracan. Llegan dos sujetos en moto, se baja uno, lo encañona y le roba sus pertenencias”, indicó Rodríguez.

También mencionó que en un lapso de 15 días han atracado una distribuidora de pescado, otra de pollos y una tercera de cerveza. “Es una infinidad de casos que se están dando en el comercio”, recalcó.

Insistió que este tipo de actos delictivos no se veían hace algunos años en este sector de la economía. Precisó que las acciones de la delincuencia no pasaban de unos cuantos raponazos, pero que en la actualidad la situación ha cambiado.

Por eso hizo un llamado al Gobierno local para que el alcalde tome directamente cartas en el asunto. “A nosotros nos llaman de la Cámara de Comercio a decirnos que la secretaria privada de la Alcaldía quería reunirse con unos comerciantes y definitivamente nosotros nos sentamos con el alcalde, no con secretarios”, enfatizó Óscar Rodríguez.

Indicó que no cuenta con datos estadísticos que permitan hacer un paralelo en materia de inseguridad con los años anteriores, pero a ojo de buen cubero, consideró que las cifras siguen igual que las registradas durante el gobierno pasado.

Reactivación económica

También habló de reactivación económica en la ciudad. En este sentido sostuvo que “no está pasando nada”. Incluso hizo un breve recuento de las más recientes actividades lideradas por el Municipio.

“Feria ganadera, creen que porque unos ganaderos vendieron unas cabezas de ganado se generó reactivación económica y están equivocados. No pasó nada en esa feria ganadera”, señaló.

Ese mismo concepto tiene con las actividades desarrolladas durante el cumpleaños de Yopal. En cuanto al festival del pescado que se realizó durante la Semana Santa de este año, comenzó por señalar que no tiene nada en contra del empresario mayorista de quien dijo fue el mayor beneficiado con esta actividad.

“Se favoreció un comerciante grande de la ciudad de Yopal, el alcalde le compró fue a él. Eso dice los mismos informales y ellos no se beneficiaron. Entonces ¿qué ha pasado con la reactivación económica? ¡Nada!”.

Con este panorama poco alentador pidió al alcalde Marco Tulio Ruiz que se reúna con los comerciantes, para que les expliqué que programas y proyectos incluyó dentro del plan de desarrollo para la reactivación económica de la ciudad.

Evocó las actividades adelantadas durante la administración pasada. “Tano que hablaban de los bazares de Luis Eduardo, pero reactivaban la economía”. Si embargo, hizo la salvedad que con el anterior mandatario siempre tuvo diferencias, pero que le reconoce el trabajo hecho para reactivar la economía.

Los índices de inseguridad en todo el departamento han sacudido las bases de la sociedad de tal manera, que las autoridades civiles se han unido a la Policía y Fuerzas Armadas en las labores de patrullaje, para tratar de contrarrestar los actos delictivos.

El fin de semana el gobernador de Casanare César Ortiz Zorro, fue le mejor ejemplo de este trabajo conjunto. El mandatario acompañó a efectivos de la Policía y el Ejército en un operativo de registro y control que se adelantó en el sector de Los Progresos, en la ciudad de Yopal.

Esta actividad fue aprovechada por el gobernante para socializar el cartel de los más buscados, integrados por los que son considerados por las autoridades como los actores recurrentes de delitos, más peligrosos que hay en Casanare y sus alrededores.

En este mismo operativo Ortiz Zorro escuchó las inquietudes de la comunidad en temas de seguridad. Igualmente destacó los resultados obtenido en este tema durante las últimas semanas, como las captura de 5 peligrosos delincuentes y los 11 allanamientos que permitieron desarticular varias bandas delictivas.

No obstante, pese a los esfuerzos del estamento oficial, la ciudad sigue siendo víctima de una banda de atracadores que se movilizan en varias motocicletas, quienes intimidan a sus víctimas con armas de fuego para luego despojarlas de sus pertenencias.

El caso más reciente ocurrió sobre la Marginal de la Selva, en el desvío  hacia La Colina Campestre. En este lugar 5 sujetos que se movilizaban en 3 motos, abordaron a dos jóvenes que se encontraban en este sitio y luego de apuntarles con un arma de fuego les hurtaron sus objetos de valor.

Otro hecho que ha causado consternación entre la comunidad yopaleña, fue el intento de atracó que sufrió el veedor de servicios públicos Jairo Palacios.

La situación se presentó el domingo 10 de marzo en momentos en que Palacios llegaba a su residencia, en el barrio Bicentenario. Allí es abordador por un hombre y una mujer quienes intentaron robarlo. El veedor opuso resistencia y como represaría la fémina lo atacó en varios oportunidades con un arma corto punzante. Por fortuna Jairo salió ileso.

Consciente de la gravedad de la situación de inseguridad, el gobernador invitó a la comunidad para que denuncie cualquier hecho delictivo. Es una manera muy efectiva de hacer justicia, porque en muchos casos los delincuentes quedan libres por falta de denuncia.

A la par con este trabajo mancomunado que se debe articular entre ciudadanía y autoridades, César Ortiz Zorro habló hace algunas semanas la aprobación por parte del Ministerio del Interior de una partida de 20 mil millones de pesos, para la instalación de un centro de monitoreo con cámaras de reconocimiento facial.

Ayuda tecnológica con la cual se espera poder identificar plenamente a los maleantes, para poderlos llevar de manera más efectiva a las autoridades judiciales.

Hoy al término de un consejo de seguridad liderado por el alcalde Marco Tulio Ruiz, se dieron a conocer una serie de acciones que emprenderá la Administración municipal, con miras a mejorar la tranquilidad de la ciudadanía.

El encargado de dar a conocer ese paquete de medidas fue el secretario de gobierno, Jorge Andrés Rodríguez González. El Funcionario indicó que los próximos días se entregarán cinco motocicletas, tres para el Ejército y dos para la Policía, para ayudar con las labores de patrullaje.

De igual forma Rodríguez González mencionó que se va a traer un CAI móvil desde de Villanueva, con el cual se adelantarán operativos tanto en la zona urbana como rural de la ciudad.

En cuanto al carneo y abigeato, el secretario dijo que se tienen programado realizar labores de control en carnicerías y restaurantes, para ejercer un mejor control sobre la procedencia de la carne que se distribuye y comercializa en el municipio.

Destacó la judicialización se varios sujetos que fueron detenidos el pasados sábado. Para el secretario esta acción es producto del trabajo conjunto de todas las instituciones, incluyendo la Fiscalía, inteligencia militar y de Policía, por lo que se espera seguir dando resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia.

Flexibilización de las denuncias

Ante las continuas quejas de la comunidad donde se reclama por lo engorroso de los trámites de denuncia, Jorge Andrés Rodríguez explicó que se encuentran adelantando un convenio con la Fiscalía, para apoyarlos con un personal para que colaboren con la recepción de las denuncias.

En este mismo sentido acotó que se viene trabajando para suscribir un convenio con las universidades que tienen facultades de Derecho, para facilitar que tengan practicantes en las estaciones y CAI de Policía, para mejorar el acceso de la comunidad a la administración de justicia.

El álgido tema de inseguridad que se ciñe sobre Yopal, atraviesa por un laberinto de promesas y compromisos de las entidades del Estado, mientras que la comunidad reclama acciones concretas que pongan fin a esta situación que tiene al borde del desespero a la ciudadanía.

Ayer lunes 15 de enero habitantes de El Morro sentaron su voz de protesta, por el creciente número de hurtos a los que están expuestos, no solo los residentes de este sector rural, sino los visitantes que llegan en búsqueda de balneario para disfrutar de un paseo de río.

A este llamado se suma ahora una denuncia ciudadana de carácter anónimo, donde se describe todas dificultades que en materia de seguridad, a traviesa el barrio Progreso III.

“En el tranquilo barrio de EL PROGRESO 3, la creciente problemática del consumo de drogas ha sumido a los residentes en un estado de inseguridad y malestar.

A medida que el problema se profundiza, los habitantes se ven afectados, no solo por la amenaza directa de la delincuencia, sino también por las consecuencias tangibles en el mercado inmobiliario y la calidad de vida.

La presencia constante de traficantes de drogas ha contribuido a un aumento significativo de la inseguridad en las calles, generando un ambiente hostil para los vecinos.

Este fenómeno no solo ha desencadenado un sentimiento de vulnerabilidad, sino que también ha provocado un descenso en los precios de las viviendas locales, afectando negativamente la inversión y el patrimonio de los residentes.

A pesar de la cercanía de las fuerzas policiales, la comunidad se queja de la falta de acciones concretas para abordar esta problemática. La aparente inacción de la Policía ha dejado a los residentes sintiéndose desprotegidos y desesperanzados.

Peticiones reiteradas de controles más estrictos y medidas de seguridad adicionales han caído en oídos sordos, exacerbando la frustración de la comunidad.

Los vecinos, unidos en su preocupación, están exigiendo respuestas inmediatas de las autoridades locales y una intervención más enérgica por parte de la policía.

La necesidad de restaurar la paz y la seguridad en el barrio se ha convertido en una prioridad urgente, ya que la vida cotidiana de los residentes se ve cada vez más afectada por esta situación.

En este contexto, los líderes comunitarios están organizando reuniones y manifestaciones para sensibilizar a las autoridades sobre la gravedad del problema y buscar soluciones concretas.

Mientras tanto, los habitantes del  Progreso III siguen a la espera de efectivas que devuelvan la tranquilidad a su barrio y pongan fin a la espiral descendente causada por el comercio de drogas y la inseguridad.

La presencia constante de traficantes de drogas no solo ha desencadenado un aumento significativo de la inseguridad en las calles, sino que también ha expuesto a los niños y adolescentes del barrio a un entorno peligroso.

La proximidad de este fenómeno ha generado preocupaciones entre los padres y educadores, quienes temen que, en muy poco tiempo, la juventud local también pueda caer en las garras de los vicios y la delincuencia.

El impacto negativo en la niñez y la adolescencia se manifiesta en la falta de entornos seguros y saludables para su desarrollo. Los residentes, además de enfrentar la amenaza directa de la delincuencia, se ven obligados a lidiar con el temor constante de que sus hijos e hijas sean arrastrados hacia una vida marcada por la adicción y el crimen.

A pesar de la urgencia de la situación, la inacción de las autoridades y la falta de medidas preventivas específicas han dejado a la comunidad sintiéndose desamparada en la protección de su juventud.

Los vecinos, conscientes de la necesidad de salvar el futuro de sus hijos, elevan sus voces con más fuerza, exigiendo acciones inmediatas y programas de prevención que contrarresten el impacto devastador de la presencia del narcotráfico en el barrio.

La situación actual no solo amenaza la seguridad presente, sino que también pone en riesgo el bienestar y la integridad futura de la generación venidera en barrio el Progreso III.

La comunidad, en su totalidad, insta a las autoridades a considerar la protección de la niñez y la adolescencia como una prioridad crucial en la lucha contra la creciente crisis de seguridad y drogas que asola su barrio”.

"Ya son seis finqueros las víctimas de abigeato y carneo en el corregimiento de El Morro en lo que va corrido de 2024", denunció hoy el concejal Wilson García.

El cabildante oriundo de la vereda Tizagá, expresó su preocupación por la afectación que han tenido los pequeños y medianos finqueros de las veredas El Aracal, Marroquín y La Guamalera en donde seis reses han sido hurtadas y sacrificadas, “Están matando las vaquitas de la leche y por ende están quedando huérfanos los becerritos”, dijo.

En sesión del Concejo cumplida este martes 9 de enero, Wilson García pidió a las autoridades del municipio tomar cartas en el asunto y actuar cuanto antes para evitar que los finqueros sigan siendo víctimas de la delincuencia común.

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Ante la situación planteada, la Mesa Directiva del Concejo convocó a una mesa técnica para tratar la problemática y establecer qué medidas se tomarán, desde la Administración Municipal y Departamental, para mitigar un flagelo que no solo afecta El Morro, sino en diferentes sectores rurales del departamento.

“Se realizará reunión en El Morro este viernes 12 de enero, con la fuerza pública y la Secretarías de Gobierno Municipal y Departamental, para definir estrategias que le hagan frente a esta problemática. Además, crearemos una Comisión Accidental en la Corporación para hacer seguimiento al tema de seguridad”, dijo el presidente del Concejo, Michael Castro.

Duros cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno nacional, hizo el representante Vladimir Olaya, en el debate de control político que hizo la Comisión Segunda de la Cámara al ministro de defensa, Iván Velázquez.

Olaya señaló que en el departamento de Casanare haciendo un comparativo entre 2023 y 2022, la inseguridad ha crecido en un 35 por ciento.

Mencionó que entre los hechos más recurrentes son el ‘sicariato’, lesiones personales, hurto y abigeato, lo que ha generado zozobra en la población, especialmente en la comunidad campesina del departamento.

Agregó que estas mismas preocupaciones se las manifestó el representante al ministro, el año pasado en un evento en Barranquilla. Sin embargo desde esa fecha a la actualidad, no se han tomado acciones contundentes para enfrentar este flagelo.

Precisó Olaya que en lo que va corrido del presente año, en suelo casanareño se han presentado 5 acciones ofensivas de grupos armados al margen de la ley.

Ante este panorama de preocupación el representante propuso 4 planes para hacer frente a la situación. El primero atañe a una intervención rural con enfoque preventivo y operativo.

El segundo comprende un fortalecimiento a las labores investigativas, donde se tenga una coordinación efectiva entre las autoridades militares, policiales y judiciales.

El tercer ítem hace referencia a un plan burbuja contra el abigeato. Esta propuesta incluye consejos de seguridad ciudadana ampliados, que permita que el fondo regional destinado a este renglón tenga una destinación de recursos con misiones y resultados puntuales.

Finalmente en esta propuesta del representante casanareño, se encuentra un fortalecimiento de la inteligencia policial, para obtener mejores resultados en su lucha contra la delincuencia.

Olaya subrayó que Casanare ha hecho grandes inversiones en infraestructura, pero se requieren unos permisos por parte del Ministerio, para que se ponga en funcionamiento la moderna sede que se entregó hace más de 6 meses a la Policía.

Obra que tuvo un costo superior a los 25 mil millones de pesos, pero que no está activa por tramitología ante el Ministerio de Defensa.