De manera categórica la petrolera GeoPark rechazó los señalamientos de los cuales ha sido objeto por parte del ciudadano Alex Gil. Según la empresa, ha insinuado que la compañía ha adelantado acciones para afectar su integridad personal.

En boletín de prensa la multinacional indicó que valora, respeta y comparte la labor que ejerce el mencionado ciudadano, por preservación de los recursos naturales.

Teniendo en cuenta lo anterior, GeoPark rechaza de manera contundente cualquier acusación o insinuación, que vincula a la petrolera con amenazas contra los líderes sociales.

En el escrito se recuerda que la multinacional es respetuosa de los Derecho Humanos, tanto de las personas como de las comunidades vecinas a sus operaciones.

Bajo estos parámetros las acusaciones hechas por el señor Gil son consideradas por la empresa como una contravía de los valores de respeto, diálogo y confianza que rigen el actuar de GeoPark

Es por ello que, ante los señalamientos recibidos, se puso en conocimiento de las entidades competentes esta situación, para que las autoridades adelanten las acciones que consideren pertinentes.

Igualmente la firma petrolera dejó claro que ha intentado establecer canales de diálogo con el señor Gil, para atender sus inquietudes en presencia de las autoridades locales y entidades garantes de Derechos Humanos. Sin embargo, estos esfuerzos han sido infructuosos.

Finalmente, GeoPark reafirmó su disposición al diálogo y al relacionamiento transparente con las comunidades vecinas a sus operaciones.

Por ello recordó la existencia del programa “Cuéntame”, que a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. y los puntos de atención presenciales en Villanueva (Calle 17 #10-48, Barrio El Morichal) y Tauramena (Calle 9 #11-74, Barrio Mastranto), gestiona las preocupaciones y peticiones de todos sus grupos de interés.

Un carro bomba sería el método que estarían pensando utilizar algunos actores violentos, para atendar contra la seguridad del gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro.

La información fue confirma por el propio mandatario, quien dijo que fue alertado sobre esta situación, por lo que adelantó la noche de este lunes 02 de septiembre un consejo de seguridad para analizar esta información. Participaron de esta actividad la Policía, Ejército FAC y Fiscalía.

Aunque no entregó más detalles sobre el caso, manifestó que se están tomando las medidas de seguridad respectivas, especialmente con su núcleo familiar, para evitar cualquier eventualidad.

Agregó el mandatario que el tema por el momento es una alarma y que se encuentra a la espera del resultado de las investigaciones que adelantan las autoridades para esclarecer este hecho. Mientras tanto, dijo, que continuará trabajando como lo ha venido haciendo hasta ahora.

“Necesitamos que se preste atención. Que los trámites se hagan con celeridad. Personalmente les dije que he sido objeto de amenazas y que en mi caso es un poco demorado, no me imagino el tema de los líderes sociales”.

Con estas palabras el secretario de gobierno de Yopal, Carlos Andrés Rodríguez llamó la atención a la Unidad Nacional de Protección, para que tome cartas en el asunto de las amenazas a líderes sociales, que se presenta en la ciudad.

Aunque este tema se ha vuelvo recurrente, la preocupación del funcionario radica en el creciente número de víctimas. Mencionó que el año pasado circuló un panfleto con los nombres de 10 líderes sociales y que este año las lista aumentó a 31 personas que han sido objeto de este delito.

La situación es tan preocupante que este 10 de junio se desarrolló un consejo extraordinario de seguridad, para abordar esta problemática. Infortunadamente la gran ausente fue la UNP, por lo que no fue posible resolver varios interrogantes, cuyas respuestas son de competencia de esta entidad.

Una de esas preguntas que aún espera respuesta tiene que ver con el caso de Javier Condía, líder del corregimiento de El Morro, asesinado recientemente.

Sobre este caso Rodríguez manifestó que basado en la información recibida por la Defensoría del Pueblo y la Personería, este líder tenía medidas de protección, pero realmente en el momento en que fue asesinado no contaba con la persona de la UNP.

Es por ello que hizo un llamado a los organismos encargados de la seguridad para que hagan lo pertinente. Recalcó que no se puede permitir que estas personas sigan viviendo en la zozobra que genera la intimidación.

Añadió que esta situación puede obedecer a esa labor social que ellos adelantan. Expresó que además de los líderes de El Morro, también se han presentado casos en Tilodirán, Tacarimena, Quebrada Seca y algunos ediles de Charte. Sobre los responsables de estas amenazas el secretario dijo que las autoridades manejan distintas hipótesis y que son objeto de investigación. 

La tranquilidad en varios sectores de Yopal se vio alterada por la circulación clandestina de panfletos y grafitis con amenazas atribuidas a un grupo autodenominado "AUC - Autodefensas Unidas de Colombia".

En las paredes de un inmueble sujeto a un proceso de extinción de dominio, cercano a la Alcaldía Municipal y el Comando de Policía, aparecieron grafitis alusivos a este grupo armado.

Paralelamente, se distribuyeron de forma masiva panfletos con una lista de más de 30 alias y nombres propios, de presuntos delincuentes vinculados a hechos como tráfico de estupefacientes, hurtos, extorsiones, abigeato y atracos,

Varios de las personas amenazadas son residentes en zonas complicadas de seguridad, como La Resistencia, Llano Lindo, el asentamiento Mi Nueva Esperanza y el barrio Los Progresos y los autores de las amenazas les dieron 24 horas para abandonar la ciudad.

Según los reportes, en el barrio Bosques de San Martín también se encontró un grafiti con las siglas de las AUC. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni desmentido la autenticidad del panfleto amenazante.

Una hipótesis del hecho se atribuye a intentos de intimidación entre bandas delincuenciales, que disputan el control territorial en la capital casanareña.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes exigen mayores medidas de seguridad por parte de las autoridades locales, quienes aún no se han pronunciado  sobre este caso.

La directora de la Fundación MUJER EMPODERADA de Monterrey, Fanny Mendoza Martínez, denunció que es víctima de desplazamiento forzado.

Fanny relató que el domingo anterior un individuo, quien se identificó como integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia llegó a su vivienda y le dijo que si quería seguir con vida debía abandonar el municipio.

Acto seguido, se refugió en un hotel y el lunes se desplazó en su carro, solo con su ropa hacia Yopal, en donde a pesar de haber tocado puertas en diversas entidades denunciando el caso, no ha obtenido respuesta.

“Ella se encuentra en la calle, desamparada, ya que no ha recibido ayuda por parte de ninguna de las autoridades competentes, razón por la cual, nos preguntamos lo siguiente ¿si en Casanare no está pasando nada, si es un territorio de paz, porqué los defensores de derechos humanos están saliendo de los municipios, desplazados?”, cuestiona Rubiela Benítez.

Ver: Yopal y Aguazul, asediados por el Clan del Golfo, ELN, Disidencias Farc y delincuentes comunes, según Alerta Temprana de Defensoría del Pueblo (Informe Especial)

La líder relató que hace 8 meses se encuentra al frente de la fundación que trabaja al menos con 74 familias víctimas del conflicto armado. "De manera constante he recibido amenazas, pero esta última ha sido la más contundente", expresa.

Mendoza Martínez ha tenido que vivir con la pesadilla de la violencia y la zozobra de las amenazas desde hace 30 años, sin que recibir hasta el momento una solución definitiva por parte del Estado.

El punto de partida ocurre en la década del 90 cuando junto con su esposo, tenían un almacén de venta de repuestos, para los sistemas de refrigeración para vehículos.

El martirio comenzó con las extorsiones de la que fueron víctimas, a cargo del grupo paramilitar de Miguel Arroyave. Así lo contó la señora Mendoza.

La situación vino acompañada de un primer hecho fatal. El homicidio de su esposo, José Israel Sánchez Matamoros, el 24 de julio de 1993, a quien le quitan la vida en su establecimiento comercial ubicado frente a Villacentro, en la capital del Meta. 

Un año más tarde, el primero de julio de 1994, también asesinan a su cuñado, Efraín Sánchez Matamoros. En ese momento decidió por su seguridad y la de su familia salir de Villavicencio y establecerse en Monterrey.

En 2016 crea la Fundación que inicialmente se llamó Asopaz Unidos, pero debido a las amenazas tuvo que cambiarlo por Mujer Empoderada.

Desde allí ha venido trabajando en favor de la población víctima del conflicto armado, especialmente del sector femenino a quienes le ayudan para que hagan valer sus derechos.

En cuanto el origen de las intimidaciones, sostiene que posiblemente obedezcan al hecho que en la Fundación ha conocido casos de desapariciones, amenazas y que en reiteradas ocasiones en reuniones públicas se ha referido a esta temática, con nombres propios de los posibles responsables de estos hechos violentos.

Sobre la amenazas expresó que hay constancia de las mismas en las oficinas de la Fiscalía en Bogotá, Villavicencio y Yopal.

Otro componente de esta cadena de zozobra está relacionada con varios procesos de restitución. Fanny narró que la Agencia Nacional de Tierras le aprobó 3 resoluciones y que hay otras 2 que vienen en camino.

Pero esta gestión también le ha traído problemas. Narró que ha sido víctima de agresiones físicas, siendo golpeada con la cacha de una arma de fuego, que le rompió su cabeza.

La situación que vive Fanny corrobora que en Casanare no existe un plan de contingencia, para los líderes de derechos humanos que han recibido amenazas de grupos al margen de la ley.

"Antes existía PAO, Plan de Acción Oportuna, una ruta para atención inmediata de víctimas creada por el Ministerio del Interior, ahora no existe nada ", dice Diego Flórez, miembro de la junta departamental del CPDH seccional Casanare.

Y es que el tema traza una línea transversal, que trasciende la dimensión de seguridad de la víctima. Tiene implicaciones económicas, como consecuencia del desplazamiento.

Afecta su salud psicológica y mental porque con la llegada de las amenazas, lo primero que  se pierde es la tranquilidad, entre otras adversidades.

Aclaró que desafortunadamente conoce de otros líderes que padecen su misma situación. Agregó que conoció de varios casos, durante participaciones que ha tenido en diversas reuniones, en varios puntos de la Orinoquia.

Sobre su caso explicó que estuvo en la Defensoría del Pueblo y que allí le dijeron que iban a compulsar copias de la denuncia y que este martes 04 de julio quedaron de atenderla.

También dijo que fue a la Fiscalía. El ente investigador le recibió la denuncia, pero hasta el momento todo quedó ahí. Por ello pidió al Gobierno que ayude a los líderes amenazados, que los escuchen, que los visibilicen.

Sin embargo recalcó que lamentablemente “todos se hacen los sordos y los dejan a la deriva, si ellos están luchando por los derechos de muchas personas”.

Ver Vídeo: 

En sesión realizada en el Concejo de Hato Corozal el día anterior, la concejal del partido ASI, Luz Mila Piñeros, denunció amenazas en contra de su vida. Aseguró que ha recibido mensajes y llamadas intimidantes.

Segùn la concejal, en las primeras llamadas le señalaban que tenía que ir hasta un sitio conocido como Pueblo Nuevo, lugar a donde nunca fue, por lo que nuevamente recibió mensajes donde le advertían que por no presentarse en este sitio no respondían por su vida, ni por la de su hijo.

Luz Mila Piñeros, aseguró que la última llamada la recibió la noche de este martes 24 de agosto donde le advirtieron que le daban unas horas para desocupar el pueblo.

“Denuncio públicamente estas amenazas, no voy a ir a ningún lado a dialogo con nadie, no estoy en condiciones de negociar con nadie, aquí me quedo y no me van a sacar, Dios es el único que tiene la última palabra”, aseguró la concejal.

Agregó que ya dio a conocer (denunció) sobre dichas amenazas a la Policía y el Gaula y que ya se iniciaron las investigaciones para determinar de donde provienen porque en las llamadas que ha recibido no se identifican.

El Secretario de Gobierno de Casanare, Oscar Gómez Peñaloza junto con el grupo de gestores de Seguridad y Convivencia Ciudadana, llegaron hasta el colegio Técnico Ambiental para de manera personal, atender a los presidentes y ediles, y escuchar las problemáticas más sentidas de la Comuna 5 de Yopal.

Los líderes comunales solicitaron al Gobierno departamental y al comandante operativo de Policía de Casanare, coronel José Cristóbal Fonseca, acciones contundentes que les dé solución a las problemáticas relacionadas con amenazas a los líderes de las Juntas de Acción Comunal, consumo de sustancias psicoactivas, al igual que, mejoramiento e instalación de cámaras de seguridad, mayor pie de fuerza, así como la atención a las llamadas de alerta, instalación de luminarias, entre otros.

“Como estrategia de la Gobernación de Casanare, tenemos recompensas para el tema del hurto, y otros delitos relacionados con la venta de sustancias alucinógenas, de las cuales, buscamos que las comunidades denuncien a través de material probatorio como fotos y videos y así mitigar esta problemática desde el liderazgo de la acción comunal, es por eso que los invito para que se acerquen a su gestor y ellos los orienten para hacer las denuncias”, manifestó el secretario de Gobierno, Oscar Gómez.

480 millones de recompensa tiene destinados la Gobernación de Casanare para que la comunidad denuncie y así las instituciones de seguridad y la Fuerza Pública puedan atacar de raíz las problemáticas de consumo y venta de sustancias psicoactivas, entre otros delitos que se vienen presentando en Yopal.

Otro de los compromisos adquiridos en la mesa, es la realización de un Consejo de Seguridad con todos los comunales, para que se materialice con la Unidad Nacional de Protección, soluciones a los casos de amenazas que han recibido algunos de estos líderes, así como casos de extorsión.

De igual manera, se reforzará el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, a través de las estrategias de seguridad, así como la gestión de recursos para que los jóvenes casanareños se capaciten en la Policía Nacional y en compensación regresen y se radiquen en la región fortaleciendo la seguridad del territorio.

“Estuvimos en un consejo de seguridad donde se acompañó al alcalde de Támara, Leonel, porque hay algunas amenazas con respecto al señor alcalde, funcionarios y contratistas del municipio. Estamos garantizando con Ejército y Policía, para reforzar esa seguridad allí, y entender que no estamos de acuerdo con la extorsión y que no vamos a permitir que ninguno de estos delincuentes le venga a hacer daño a Casanare”, afirmó el gobernador Salomón Sanabria.

Sobre los autores de estas amenazas, el gobernador de Casanare dijo que, por ahora es materia de investigación, sin embargo, señaló que hay indicios de que el responsable sería Alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias del frente 28 de las Farc.

Recordamos que, recientemente las autoridades capturaron en flagrancia en Paz de Aariporo, a un presunto extorsionista vinculado a esa agrupación ilegal armada, quien en compañía de una menor de 16 años, estaban cobrando a un contratista de Támara, 40 millones de pesos, producto de una extorsión por dejarlo trabajar.

Por ahora se reforzarán las medidas de seguridad en este municipio y se cuenta con una bolsa de 200 millones de pesos para dar recompensas sobre información que permita llegar a los responsables de las amenazas a estas personas.

También para reforzar la seguridad en municipios del departamento, el gobernador Salomón Sanabria, anunció que en agosto se estarán entregando dos pelotones de motos a la policía en Villanueva y Paz de Ariporo. También informó que se están conformando gestores de seguridad comunitarios para identificar zonas calientes en Casanare.