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250 millones de pesos exigían los captores por la liberación de María Cenobia Tibaduiza, madre de la ex alcaldesa de Pore, Cristina Guarnizo, quien fue rescatada en la madrugada de hoy tras operación militar realizada en zona rural de Pore por el Gaula Militar Casanare en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades los responsables del hecho, cinco colombianos y dos extranjeros, al parecer pertenecientes a una organización al margen de la ley, fueron capturados y se encuentran en proceso de judicialización.

María Cenobia Tibaduiza, quien había sido secuestrada el pasado 23 de septiembre en la vereda Bocas de Pore, agradeció a Dios, a los casanareños por sus oraciones y a las autoridades militares por su pronto rescate y relató los momentos difíciles que vivió.

“Yo estaba por el lado de la quebrada, y cuando yo vi es que salió uno  por la orilla de la pared de la casa y yo lo confundí con un trabajador de allá. Yo lo saludé y le dije: Hola, cómo le va, entonces ya el hombre se fue ligero, y fue cuando salieron otros más, entonces yo me fui a entrar a la pieza, y uno de ellos cogió la puerta y no me la dejó cerrar. Después me coge y me dice, usted toca que se vaya con nosotros, busque la llave de la camioneta porque también la vamos a llevar. Y yo le dije, yo no me voy ¿Por qué tengo que irme?, después me agarré de una columna y entonces cuando vi que eran cinco, me solté y me fui para el carro, no iba a a aguantar a cinco varones haciendo fuerza. Cuando salimos por la vía a Chaparrito, me vendaron los ojos, yo sentía que iba por la calle de Las Multas”, relató.

Dijo doña María que “anduvieron como media hora en el carro, y luego pararon y ordenaron a uno de los individuos que se devolviera con el vehículo, caminamos cerca de 20 minutos y llegamos a una casa abandonada en donde estuve hasta hoy cuando llegaron las autoridades a rescatarme”.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, agradeció a las fuerzas militares el contundente operativo de rescate:

 “Todo el reconocimiento a nuestras Fuerzas Militares que, de manera eficiente y exitosa, lograron esta operación de rescate que también permitió la captura de cinco criminales”.

El mandatario recordó que esta operación fue posible gracias a la tecnología adquirida por la Gobernación con una inversión superior a $5.000 millones, y anunció que la próxima semana se entregará una nueva dotación por $17.000 millones para fortalecer la seguridad en el departamento.

El rapto de la señora María Cenobia Tibaduiza, madre de la exalcaldesa de Pore Cristina Guarnizo, ocurrió en la madrugada de hoy, hacía las 5:00 am en la finca Malvinas , vereda Bocas de Pore, por cinco hombres encapuchados, quienes obligaron a la señora Tibaduiza a subir a una camioneta Hilux de color gris plateado con placas HZZ-960.

En un Comunicado a la Opinión Pública, la Gobernación de Casanare rechazó de manera categórica el secuestro de la señora María Cenobia y solicitó el apoyo de las autoridades, en especial de la Fuerza Pública y los organismos de investigación, para ubicarla sana y salva y poder judicializar a los responsables del hecho.

"Como institución condenamos este acto repudiable que atenta contra la vida, la libertad y la tranquilidad ciudadana y en especial de la familia Guarnizo Tibaduiza, que infortunadamente ya ha vivido este flagelo en persona de don Germán Guarnizo en el año 2018. No descansaremos hasta ver a doña María Cenobia Tibaduiza de regreso, sana y salva al reencuentro con sus familiares”, dice el comunicado en uno de sus apartes.

“Hemos solicitado todo el apoyo de las autoridades, en especial de la Fuerza Pública y los organismos de investigación, quienes de manera inmediata activaron todos los protocolos para ubicarla sana y salva y poder judicializar a los responsables de uno de los crímenes más terribles que puede padecer un ser humano” afirmó el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro.

La Administración Departamental expresó su solidaridad con los familiares y amigos de la señora María Cenobia y la comunidad de Pore, y reiteró que ningún hecho violento detendrá los esfuerzos por mantener un departamento libre de secuestro y extorsión.

En un operativo liderado por la Policía Nacional en Yopal, fue capturado un hombre conocido como alias “Bombero” mediante orden judicial, acusado del delito de acceso carnal violento.

Según el reporte oficial, los hechos de los cuales se responsabiliza a este personaje ocurrieron en una zona rural del municipio y están relacionados con el abuso de una menor de edad, cuya agresión fue interrumpida gracias a la rápida intervención de un familiar que protegió a la víctima.

La captura se logró tras labores investigativas y operativas de las autoridades, quienes pusieron al sujeto a disposición de la justicia para que responda por los cargos en su contra.

En la noche del sábado 20 de septiembre de 2025, un fatal accidente de tránsito cobró la vida de Daniel Sandoval, un trabajador de la empresa Ecoplanta, en la vía que conecta Aguazul con Maní. El siniestro ocurrió en el centro poblado de San José del Bubuy.

La información que se tiene sobre este percance manifiestan que Sandoval, quien se desplazaba en una motocicleta azul con placas NJS-36, perdió la vida en el lugar del siniestro.

Las autoridades, lideradas por la Sijín han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Bomberos Voluntarios de Aguazul acudieron al lugar para atender la emergencia, pero no pudieron salvar a la víctima.

Por el momento, la información es preliminar y se espera un reporte oficial que detalle las causas del trágico suceso. La comunidad de Aguazul lamenta la pérdida y las autoridades han hecho un llamado a la prudencia en las vías para evitar futuros incidentes.

En la noche del sábado 20 de septiembre de 2025, un violento enfrentamiento en el barrio Villa Polita, municipio de Trinidad, Casanare, culminó con la trágica muerte de Deyver Exnith Vargas González, de 31 años.

El joven falleció en el lugar tras recibir múltiples heridas con arma blanca durante una riña que, según testigos, involucró a ciudadanos colombianos y venezolanos.

Las versiones preliminares señalan que Deyver y su hermano, Sebastián Enrique León González, venían de comprar medicamentos para su progenitora, cuando fueron atacados.

Sebastián resultó gravemente herido con siete puñaladas y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía en Yopal, donde permanece en observación con pronóstico reservado.

También se conoció que las autoridades capturaron a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, identificados como barberos de la zona, quienes son señalados como los responsables del homicidio.

La Policía avanza en la investigación para determinar las causas de la disputa, que escaló hasta convertirse en una batalla campal. El hecho ha generado conmoción en Trinidad.

En la madrugada del 20 de septiembre, un hombre fue detenido en el barrio Villa del Prado de Monterrey, Casanare, por presuntamente atacar con arma blanca a su pareja sentimental. El hecho ocurrió alrededor de las 3:20 a. m. y fue atendido por unidades de la Policía Nacional.

Según el reporte oficial, la víctima recibió aproximadamente 22 heridas abiertas en distintas partes del cuerpo, incluyendo espalda, cuello, cráneo, rostro, manos y abdomen.

El agresor fue capturado en el lugar de los hechos y se incautó un cuchillo plateado de marca Luxor Las Vegas, presuntamente utilizado en el ataque.

La persona lesionada, identificada como Ana de Jesús La Torre Infante, de nacionalidad venezolana, fue trasladada por el cuerpo de bomberos a un centro asistencial del municipio, donde el personal médico informó que se encuentra estable, aunque será remitida al Hospital Regional de la Orinoquia en Yopal debido a la gravedad de las heridas.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía para el proceso judicial correspondiente por el delito de lesiones personales.

Luego de conocer que el Tribunal Administrativo de Casanare decretara la pérdida de investidura del diputado Wílder Andrés Ávila Tivadija, el dirigente político se pronunció públicamente sobre la decisión emitida el 19 de septiembre de 2025.

Ávila expresó que respeta el fallo, aunque no comparte sus conclusiones. Señaló que su equipo jurídico aún no ha recibido el texto completo de la sentencia, por lo que están a la espera de conocer sus fundamentos para preparar una apelación ante el Consejo de Estado.

El fallo se basa en su participación en la votación de una recusación que él mismo había presentado contra otra diputada, durante una sesión plenaria realizada el 28 de noviembre de 2024.

Sobre este punto, Ávila indicó que considera que la interpretación del Tribunal no refleja adecuadamente el contexto ni los alcances de su actuación.

El diputado también afirmó que continuará con sus actividades políticas y sociales en el departamento de Casanare, y que mantiene su compromiso con las comunidades que lo han respaldado.

Reiteró que seguirá trabajando desde el liderazgo ciudadano, mientras avanza el proceso legal correspondiente.

El Juzgado Primero Administrativo de Yopal impuso una sanción al alcalde de Paz de Ariporo, Jorge Camilo Abril Tarache, por no cumplir con una orden judicial que le exigía transferir los recursos del impuesto de alumbrado público a la empresa mixta de alumbrado público de este municipio.

La decisión judicial, emitida el 18 de septiembre de 2025, establece que el mandatario deberá pagar una multa equivalente a diez salarios mínimos legales vigentes con recursos propios. No podrá usar fondos públicos para cubrirla.

El juzgado concluyó que hubo negligencia al no girar la totalidad de los dineros, a pesar de que existía una sentencia en firme desde febrero de 2025, ratificada por el Tribunal Administrativo de Casanare en marzo del mismo año.

El fallo también advierte que, si continúa el incumplimiento, se enviará el caso a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se evalúe la posible apertura de investigaciones penales y disciplinarias.

La providencia reitera que los recursos recaudados por el impuesto deben ser entregados en su totalidad a la empresa mixta, sin aplicar descuentos ni retenciones.

Una aeronave bimotor de color blanco despegó sin autorización desde la pista aérea del municipio de Orocué, Casanare, en la madrugada del martes 16 de septiembre, y desde entonces no se tiene rastro de su paradero. El incidente ha generado preocupación entre los habitantes de la región y ha puesto en evidencia las fallas estructurales en los sistemas de seguridad del aeródromo local.

Según reportes preliminares, la avioneta había aterrizado la tarde anterior y permaneció estacionada durante la noche. Sin embargo, antes del amanecer fue puesta en marcha por personas no identificadas, quienes lograron despegar en menos de 400 metros de pista, una maniobra que sugiere un alto nivel de pericia.

Desde ese momento, los sistemas de comunicación y navegación del aparato fueron desconectados, lo que ha dificultado su rastreo.

La desaparición de la aeronave fue confirmada por el coronel Andrés Rosero, comandante del Grupo Aéreo de Casanare. El oficial agregó que se operativos de búsqueda en la región para esclarecer si se trató de un hurto planeado o de otra situación irregular.

No obstante, hasta ahora no se ha emitido un comunicado oficial detallando las acciones emprendidas ni se ha informado sobre la activación de protocolos de seguridad aérea.

La comunidad local ha expresado su inquietud por la falta de vigilancia en la pista, que está bajo la administración de la Alcaldía Municipal.

Denuncian que el lugar carece de cámaras, personal de seguridad y controles de acceso, lo que habría facilitado el despegue clandestino.

Expertos en seguridad aérea advierten que la desaparición de una aeronave en estas condiciones representa un riesgo para la seguridad nacional, dado su posible uso en actividades ilícitas como el transporte de drogas o armas.

Mientras tanto, en Orocué reina el silencio oficial. Los habitantes del municipio esperan que en las próximas horas se intensifiquen las labores de búsqueda y se adopten medidas concretas para reforzar la seguridad en las pistas rurales del departamento.

Se conoció en las últimas horas la decisión adoptada por la Alcaldía de Yopal de separar de su cargo al José Orlando Pérez, quien se desempeñaba como inspector de planeación.

La medida se hizo efectiva mediante la Resolución No. 423 de 2025, luego de que se verificara que el funcionario mantenía su cargo pese a la sentencia judicial en su contra que había quedado en firme desde el pasado 19 de febrero de 2025.

El caso judicial se remonta al 31 de mayo de 2024, cuando el Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal emitió la sentencia condenatoria, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 10 de julio del mismo año.

La decisión judicial ratificada en segunda instancia esta relacionada con una demanda que se remonta a una compraventa fraudulenta de un lote en la vereda La Patimena, ocurrida en 2011.

La sentencia impuso al ahora exfuncionario una pena principal de 40 meses de prisión, que fue suspendida condicionalmente, y una sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la cual seguía vigente al momento de su destitución.

Resulta particular que Hernández Pérez haya permanecido en el cargo durante aproximadamente siete meses después de que la condena quedara en firme, ejerciendo funciones como Inspector de Planeación a pesar de la restricción legal que le impedía desempeñar cualquier cargo público.

Esta situación podría acarrear investigaciones disciplinarias contra los posibles responsables por haber permitido que un funcionario inhabilitado continuara ejerciendo labores públicas.