Noticias relacionadas: EDUCACIÓN

La contralora y el personero estudiantil del colegio Centro Social de Yopal, Elizabeth Castro y David Vega, participaron en una mesa de trabajo con el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro y el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, para discutir la construcción de la sede educativa.

Durante el encuentro, se analizó la dificultad técnica para obtener el cambio de uso de suelo en el terreno previsto inicialmente, ubicado por la vía a Sirivana, contigua a la estación de policía, debido a contradicciones entre el plan de ordenamiento territorial antiguo y el actual.

Ante la situación, la comunidad educativa y las autoridades locales acordaron esperar el fallo del Tribunal respecto a la legalidad del uso del suelo en el predio actual.

De manera simultánea, se inició la búsqueda de terrenos alternativos dentro del casco urbano que cuenten con una extensión de 2,5 hectáreas, espacio necesario para atender a los 1.800 estudiantes de la institución bajo la normativa vigente.

El proyecto tiene un costo total estimado de 55.000 millones de pesos, de los cuales el municipio ya ha destinado 17.500 millones, correspondientes al 30% de la inversión.

El resto de los recursos deberán ser gestionados ante el gobierno departamental y nacional una vez se cuente con un terreno viable que permita avanzar en los diseños y la planificación técnica.

Las partes programaron una nueva reunión para el martes 21 a las 2:00 p.m. con el fin de revisar el estado de las negociaciones de predios y los avances del proceso judicial.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, anunció la convocatoria a un paro nacional del magisterio para el próximo miércoles 15 de abril de 2026.

La movilización tiene como objetivo principal la defensa del Acuerdo 003 de 2024 y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, en respuesta a las dificultades reportadas en la prestación de los servicios de salud para los docentes y sus beneficiarios.

La organización sindical exige a la dirección de la Fiduprevisora avanzar en acciones concretas para la estabilización del modelo de salud y propone la conformación de una mesa técnica permanente integrada por dicha entidad, los sindicatos filiales y la propia federación.

Igualmente, el gremio demanda que las entidades prestadoras cumplan con sus obligaciones y cesen la suspensión injustificada de servicios médicos.

En el pliego de peticiones que motiva esta jornada de protesta se incluye la pronta expedición de los decretos salariales y el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones sociales, con énfasis en la defensa del derecho a la prima de mitad de año.

Fecode también solicita garantías sindicales a las entidades territoriales certificadas e insta al Gobierno nacional a intensificar el proceso de materialización de los acuerdos firmados previamente entre las partes.

Todos los pormenores del desarrollo de programa de alimentación escolar (PAE) durante la vigencia 2026, serán expuestos en la primera mesa pública sobre este tema, programada para el próximo martes 24 de marzo.

Dentro de los puntos que serán dados a conocer a la comunidad se encuentran el inicio del servicio, el operador encargado, la cobertura, la población beneficiada y la inversión destinada para dicha iniciativa.

La actividad se cumplirá en el auditorio de la Biblioteca Municipal La Tríada, a partir de las 2:00 p. m. Este escenario permitirá a los asistentes

resolver inquietudes, expresar observaciones y hacer seguimiento al funcionamiento del programa, que beneficia diariamente a estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio.

A la jornada han sido convocados entes de control como Procuraduría, Contraloría, Personería y Defensoría del Pueblo, así como rectores, docentes, estudiantes, manipuladoras de alimentos, veedurías ciudadanas y comunidad en general.

La Alcaldía de Yopal y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) establecieron un convenio para intervenir las instalaciones de cinco instituciones educativas del municipio.

El proyecto contempla obras de mejoramiento en la sede principal de Santa Teresa de Punto Nuevo, La Inmaculada de Tilodirán, Policarpa Salavarrieta de Morichal, Luis Carlos Galán Sarmiento en la sede La Libertad y Lorgio Rodríguez de El Taladro, donde además se edificará una residencia escolar.

La administración municipal destinará 516 millones de pesos bajo un esquema de cofinanciación, mientras que el FFIE cubrirá el excedente de la inversión requerida.

Los trabajos, que se centrarán en la adecuación de unidades sanitarias y el cambio de cubiertas en las aulas de clase, tienen un tiempo estimado de ejecución de siete meses tras la firma del acta de inicio.

Según la Secretaría de Educación, estas intervenciones proyectan beneficiar a 1.450 estudiantes y se suman a las mejoras realizadas en otras diez sedes durante el año anterior.

La Secretaría de Educación de Yopal confirmó que el servicio de vigilancia en las instituciones educativas oficiales del municipio está asegurado hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante la implementación de turnos de 12 horas.

Esta medida técnica responde a la necesidad de cubrir todo el calendario anual, luego de que los costos proyectados inicialmente se vieran afectados por el incremento del 23 % en el salario mínimo y los ajustes en las tarifas fijadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Originalmente, la planeación realizada en 2025 mediante vigencias futuras excepcionales contemplaba una inversión de 5.394 millones de pesos para prestar servicios en jornadas de 12, 16 y 24 horas.

No obstante, ante el encarecimiento de los servicios de seguridad, el presupuesto disponible solo permitía mantener el esquema inicial hasta el 23 de agosto de 2026.

Para evitar que los planteles quedaran sin custodia durante los últimos tres meses y medio del año, la administración municipal optó por unificar todos los servicios a turnos de 12 horas.

La vigilancia se ha priorizado en el horario nocturno como una medida preventiva fundamentada en las estadísticas de años anteriores, las cuales indican que la mayoría de los hurtos ocurren durante la noche.

Las autoridades educativas argumentaron que el riesgo de siniestros aumenta en este periodo debido a la ausencia de personal administrativo y docente en las instalaciones, lo que dificulta la reacción y coordinación con la Fuerza Pública.

Este cambio en el modelo de prestación del servicio fue socializado con los rectores de las instituciones educativas oficiales el pasado 15 de enero.

Según la Secretaría de Educación, la decisión obedece a un ejercicio de responsabilidad financiera para evitar la interrupción del servicio. La entidad añadió que las situaciones particulares que se presenten en cada sede serán evaluadas de forma articulada con los directivos de cada plantel educativo.

La Secretaría de Educación de Yopal informó que ha recibido múltiples quejas de padres de familia, quienes reclaman por no poder realizar el proceso de matrícula de sus hijos en instituciones educativas oficiales y privadas del municipio.

La causa de esta anomalía reside en falta de validez legal de estudios cursados previamente en modalidades no presenciales o esquemas de educación en casa.

Según el reporte oficial, las inconsistencias detectadas radican en que diversas instituciones que ofrecen servicios de educación virtual o educación en casa no cuentan con la licencia de funcionamiento reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, lo que impide la homologación o validación de los grados cursados bajo la normativa vigente.

La autoridad educativa municipal recordó que la educación formal en los niveles de preescolar, básica y media debe ser impartida exclusivamente por establecimientos autorizados y registrados en el Directorio Único de Establecimientos Educativos para que sus certificaciones académicas tengan validez legal.

Así mismo, la entidad identificó casos de estudiantes procedentes del exterior que realizaron procesos de validación en instituciones no facultadas, afectando su continuidad académica en el sistema formal de la ciudad.

Ante este panorama, la Secretaría hizo un llamado preventivo a los padres de familia para que verifiquen la vigencia de las licencias de funcionamiento y el reconocimiento oficial de los planteles antes de proceder con cualquier matrícula, con el fin de garantizar la trayectoria escolar y el registro ante sistemas oficiales como el ICFES.

Tras años de gestiones por parte de la comunidad educativa, el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, realizó la firma de las escrituras que individualizan el terreno donde se construirá la sede propia de la Institución Educativa Centro Social.

El proceso técnico, que incluyó estudios topográficos y la obtención de licencias de subdivisión bajo la modalidad de reloteo ante la Curaduría Segunda, culminó con la segregación del lote que anteriormente compartía espacio con la actual estación de Policía de Yopal.

La Administración municipal confirmó una asignación de 17.000 millones de pesos para la cofinanciación de la obra, infraestructura que busca dar solución definitiva a una institución que ha funcionado históricamente bajo la modalidad de arrendamiento.

Según el cronograma presentado, el próximo 1 de marzo se radicará el proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para iniciar los debates correspondientes y asegurar el avance del proyecto que beneficiará a más de 1.800 estudiantes.

Como parte del diseño urbanístico, la Secretaría de Infraestructura informó que se habilitará una vía perimetral para separar físicamente el plantel educativo de la unidad policial colindante.

Con el registro del nuevo folio de matrícula inmobiliaria ante la Oficina de Instrumentos Públicos, el municipio queda habilitado legalmente para iniciar las fases de contratación y ejecución de la infraestructura física.

El presidente de la Asociación de padres de familia del colegio Centro Social, John Molina, expresó que se tiene previsto adelantar una marcha el próximo 26 de febrero.

La movilización tiene como objetivo solicitar celeridad en los trámites para la construcción de la sede propia de la institución, un proyecto que, según Molina, presenta retrasos administrativos.

El presidente de la Asociación manifestó que el principal obstáculo actual es la falta de gestión por parte de la Secretaría de Planeación Municipal en lo relacionado con la modificación del uso de suelo del predio asignado.

Molina indicó que, aunque el alcalde ha dado instrucciones para avanzar, la dependencia técnica no ha radicado ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo con el sustento jurídico suficiente para su trámite.

Declaró que en diciembre se esperaba la radicación de dicha documentación, pero el proceso no prosperó en la corporación debido a deficiencias en el contenido del documento presentado.

Según John Molina, la comunidad educativa propuso soluciones jurídicas el año pasado, pero estas no han sido implementadas por la Administración municipal.

En la actualidad, aproximadamente 1.850 estudiantes se encuentran distribuidos en dos jornadas dentro de una sola sede, espacio que anteriormente albergaba a un número menor de alumnos.

Esta situación ha generado dificultades de movilidad interna durante los horarios de descanso debido a las dimensiones del establecimiento.

El ingeniero Molina señaló que el Ministerio de Educación exige normativas específicas de infraestructura, como la disposición de al menos 15 aulas en un primer piso para la educación inicial, requisitos que deben cumplirse en la nueva sede.

En cuanto a la parte técnica, los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos y sanitarios ya están finalizados y han sido socializados con el Ministerio de Educación.

No obstante, Molina aclaró que sin el cambio de uso de suelo no es posible aterrizar el proyecto ni iniciar las obras, a pesar de que la iniciativa ya contaba con licencia de construcción y recursos asignados en el año 2019.

El vocero destacó que otros proyectos locales, como la torre de alta complejidad del hospital y el malecón sobre el Río Cravo Sur, sí han logrado obtener sus respectivos permisos de uso de suelo de manera puntual.

Mencionó que el Concejo Municipal se encuentra a la espera que el Gobierno local radique formalmente el proyecto de acuerdo durante el próximo periodo de sesiones ordinarias, para iniciar su debate.

Finalmente, John Molina extendió la invitación a toda la comunidad educativa a participar en la jornada de protesta, para exigir condiciones adecuadas para la formación de los menores, argumentando que la infraestructura educativa es una obligación estatal.

El secretario de educación municipal, David Díaz Sánchez, presentó un balance sobre el retorno a las aulas en la capital casanareña. A la fecha, el sistema educativo oficial registra un avance de 28.000 matrículas formalizadas en los colegios oficiales del Municipio, de un universo de 35.000 alumnos.

El funcionario espera que el proceso se normalizarse y alcance la meta de la totalidad de estudiantes matriculados durante la presente semana, tras superarse retrasos técnicos en la plataforma nacional SIMAT.

Otro tema sobre el cual hizo referencia el funcionario es la activación del programa de alimentación escolar (PAE), el cual iniciará el próximo 12 de febrero.

Dijo que el programa, que ya cuenta con operador adjudicado, atenderá a 14.300 beneficiarios, priorizando a los estudiantes de jornada única y de los niveles de primera infancia.

Así mismo, el secretario confirmó el fortalecimiento de la planta de personal para el apoyo a la población con discapacidad. Un equipo interdisciplinario compuesto por tiflólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y psicólogos ya se encuentra contratado para garantizar la educación inclusiva desde el inicio del calendario escolar.

Como novedad para este año, el Ministerio de Educación aprobó 20 nuevas plazas docentes destinadas exclusivamente a los grados de prejardín, jardín y transición.

La Secretaría hizo un llamado urgente a los padres de familia para que inscriban a los menores en estos niveles, con el fin de asignar los maestros a las sedes educativas que reporten disponibilidad de cupos.

Frente al retorno de los menores a las instituciones, Díaz Sánchez enfatizó en la corresponsabilidad de los padres de familia. El funcionario informó que la próxima semana se sesionará el primer comité de convivencia escolar del año, para abordar temas preventivos sobre el consumo de sustancias y el uso de dispositivos como vapeadores.

"La educación es una responsabilidad compartida entre el Estado, los maestros y los padres de familia", señaló el secretario, instando a los acudientes a realizar un seguimiento estrecho al comportamiento y entorno escolar de sus hijos.

En el marco del inicio de clases, recordó Díaz Sánchez, que la antigua sede Braulio Campestre ahora opera de forma autónoma como la Institución Educativa Bosques de Sirivana.

Este plantel aún dispone de cupos desde preescolar hasta grado undécimo y contará con un enfoque en bilingüismo, liderado por un nuevo rector de carrera.

Y en cuanto a la sede del colegio Centro Social sostuvo que persiste el desafío de la falta de infraestructura propia. Actualmente, el municipio paga un arriendo anual de aproximadamente 600 millones de pesos a la Diócesis, por utilizar las instalaciones donde se encuentra actualmente.

Se está a la espera de que la Secretaría de Planeación radique un proyecto de acuerdo ante el Concejo para definir el uso del suelo del terreno asignado a la institución educativa y de esta manera se permita la construcción de una sede definitiva.

El secretario de educación de Casanare recordó en rueda de prensa lleva a cabo este viernes 23 de enero, que en el departamento se inicia el calendario escolar con toda la canasta educativa en marcha.

El funcionario mencionó que se tiene listo todo el tema de la alimentación, transporte y residencias escolares, para que comiencen a funcionar desde este lunes 26 de enero, fecha en la que se inician las clases en todos los colegios del departamento

En este contexto, Ardila hizo un llamado a los padres de familia para que aprovechen todos los beneficios que ofrece el Estado para los estudiantes y acudan en el menor tiempo posible a matricular a aquellos niños y jóvenes que aún están por fuera del sistema educativo.

Sobre este particular el secretario entregó las cifras sobre alumnos ya matriculados. En la estadística oficial, con corte al martes 20 de enero, se tenía registrados 41 mil alumnos de un total de 52 mil, lo que representa el 80 por ciento del universo de alumnos que tiene el departamento en los centros educativos de carácter público.

Ardila Plazas sostuvo que tradicionalmente en Casanare el proceso de matrícula se consolida entre finales de febrero y comienzos de marzo. No obstante, para este año las autoridades educativas esperan alcanzar el 100 de los estudiantes matriculados, antes de esta fecha.

Agregó que la demora en el proceso de matricula afecta en materia de cobertura los diferentes programas de institucionales. Explicó que la Secretaría tiene proyectado un número de alumnos destinatarios con estas iniciativas, que por el momento arrancan con ese 80 por de estudiantes matriculados.