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Un llamado a la comunidad de Tauramena para que no se dejen intimidar, hizo el acalde de esta localidad, Javier Álvarez. El anuncio del burgomaestre hecho a través de un video publicado en la cuenta de Facebook de la Alcaldía, se publico luego de conocerse la circulación de panfletos amenazantes en contra de ganaderos, expendedores de carnes y taxistas.

Según el mandatario local “es importante no seguirles el juego, no caer en esa trampa”. Para Álvarez el único objetivo de estos mensajes amenazantes es sacar un beneficio económico por parte de quienes enviaron dichos panfletos, a través de la extorsión.

En el mismo material audiovisual aparece el comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, coronel Fernando Porras. El oficial aseguró que esta situación obedece a un fenómeno de seguridad que se viene presentando en la región.

Mencionó que sus orígenes se dieron en el municipio de Villanueva también bajo la modalidad de panfletos. Agregó que la respuesta del Ejército fue la militarización de esta población. Situación que obligó a los autores de estas amenazas trasladar su actividad delictiva a otras localidades como Monterrey y Tauramena.

“Quiero dar un parte de tranquilidad con respecto a que estos grupos extorsionan desde las cárceles y reclutan personal para poder extorsionar en el municipio, pero no son grupos armados como tal”, precisó el coronel Porras.

El oficial insistió en que “la gente no caiga en la extorsión y comience a darle fuerza económica a estos grupos donde puedan adquirir armas, contratar más personal”.

Añadió que modus operandi de estos grupos es enviar panfletos por redes sociales para generar temor en la comunidad, lo que genera que se replique esta información lo que puede conllevar a un pánico colectivo.

Por su parte el comandante de la estación de policía de Tauramena, Didier Barrera, entregó un parte de tranquilidad e invitó a la comunidad a denunciar estos hechos delictivos.

Recordó que para tal fin se tienen habilitadas las líneas 123 de la Policía Nacional y el 165 de Gaula de esta misma institución.

Después del asesinato de un taxista en Villanueva, Casanare, el pasado 28 de junio, surgió una ola de preocupación entre conductores del municipio por la circulación de panfletos amenazantes firmados por un grupo armado ilegal que se hace llamar Renacer Erpac.

El primer mensaje, difundido por redes sociales, contenía advertencias directas al gremio de taxistas. Posteriormente, se conoció un segundo panfleto en el que se impone un presunto toque de queda a vehículos de transporte público y domiciliarios.

El documento advierte que quienes incumplan la medida deberán abandonar el municipio, y amenaza con posibles atentados contra sus vidas o las de sus familiares.

El homicidio que dio origen a esta situación ocurrió sobre la vía Marginal del Llano, en el tramo entre Villanueva y Aguaclara, pocos kilómetros después del peaje de San Pedro.

Según el reporte oficial, el conductor fue atacado a disparos por un pasajero, perdiendo la vida de forma inmediata. Tras el hecho, el vehículo se salió de la vía y colisionó contra una propiedad a un costado de la carretera.

El agresor habría aprovechado la confusión provocada por el choque para escapar del lugar. Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar y capturar al responsable del crimen.

De manera categórica la petrolera GeoPark rechazó los señalamientos de los cuales ha sido objeto por parte del ciudadano Alex Gil. Según la empresa, ha insinuado que la compañía ha adelantado acciones para afectar su integridad personal.

En boletín de prensa la multinacional indicó que valora, respeta y comparte la labor que ejerce el mencionado ciudadano, por preservación de los recursos naturales.

Teniendo en cuenta lo anterior, GeoPark rechaza de manera contundente cualquier acusación o insinuación, que vincula a la petrolera con amenazas contra los líderes sociales.

En el escrito se recuerda que la multinacional es respetuosa de los Derecho Humanos, tanto de las personas como de las comunidades vecinas a sus operaciones.

Bajo estos parámetros las acusaciones hechas por el señor Gil son consideradas por la empresa como una contravía de los valores de respeto, diálogo y confianza que rigen el actuar de GeoPark

Es por ello que, ante los señalamientos recibidos, se puso en conocimiento de las entidades competentes esta situación, para que las autoridades adelanten las acciones que consideren pertinentes.

Igualmente la firma petrolera dejó claro que ha intentado establecer canales de diálogo con el señor Gil, para atender sus inquietudes en presencia de las autoridades locales y entidades garantes de Derechos Humanos. Sin embargo, estos esfuerzos han sido infructuosos.

Finalmente, GeoPark reafirmó su disposición al diálogo y al relacionamiento transparente con las comunidades vecinas a sus operaciones.

Por ello recordó la existencia del programa “Cuéntame”, que a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y los puntos de atención presenciales en Villanueva (Calle 17 #10-48, Barrio El Morichal) y Tauramena (Calle 9 #11-74, Barrio Mastranto), gestiona las preocupaciones y peticiones de todos sus grupos de interés.

Un carro bomba sería el método que estarían pensando utilizar algunos actores violentos, para atendar contra la seguridad del gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro.

La información fue confirma por el propio mandatario, quien dijo que fue alertado sobre esta situación, por lo que adelantó la noche de este lunes 02 de septiembre un consejo de seguridad para analizar esta información. Participaron de esta actividad la Policía, Ejército FAC y Fiscalía.

Aunque no entregó más detalles sobre el caso, manifestó que se están tomando las medidas de seguridad respectivas, especialmente con su núcleo familiar, para evitar cualquier eventualidad.

Agregó el mandatario que el tema por el momento es una alarma y que se encuentra a la espera del resultado de las investigaciones que adelantan las autoridades para esclarecer este hecho. Mientras tanto, dijo, que continuará trabajando como lo ha venido haciendo hasta ahora.

“Necesitamos que se preste atención. Que los trámites se hagan con celeridad. Personalmente les dije que he sido objeto de amenazas y que en mi caso es un poco demorado, no me imagino el tema de los líderes sociales”.

Con estas palabras el secretario de gobierno de Yopal, Carlos Andrés Rodríguez llamó la atención a la Unidad Nacional de Protección, para que tome cartas en el asunto de las amenazas a líderes sociales, que se presenta en la ciudad.

Aunque este tema se ha vuelvo recurrente, la preocupación del funcionario radica en el creciente número de víctimas. Mencionó que el año pasado circuló un panfleto con los nombres de 10 líderes sociales y que este año las lista aumentó a 31 personas que han sido objeto de este delito.

La situación es tan preocupante que este 10 de junio se desarrolló un consejo extraordinario de seguridad, para abordar esta problemática. Infortunadamente la gran ausente fue la UNP, por lo que no fue posible resolver varios interrogantes, cuyas respuestas son de competencia de esta entidad.

Una de esas preguntas que aún espera respuesta tiene que ver con el caso de Javier Condía, líder del corregimiento de El Morro, asesinado recientemente.

Sobre este caso Rodríguez manifestó que basado en la información recibida por la Defensoría del Pueblo y la Personería, este líder tenía medidas de protección, pero realmente en el momento en que fue asesinado no contaba con la persona de la UNP.

Es por ello que hizo un llamado a los organismos encargados de la seguridad para que hagan lo pertinente. Recalcó que no se puede permitir que estas personas sigan viviendo en la zozobra que genera la intimidación.

Añadió que esta situación puede obedecer a esa labor social que ellos adelantan. Expresó que además de los líderes de El Morro, también se han presentado casos en Tilodirán, Tacarimena, Quebrada Seca y algunos ediles de Charte. Sobre los responsables de estas amenazas el secretario dijo que las autoridades manejan distintas hipótesis y que son objeto de investigación. 

La tranquilidad en varios sectores de Yopal se vio alterada por la circulación clandestina de panfletos y grafitis con amenazas atribuidas a un grupo autodenominado "AUC - Autodefensas Unidas de Colombia".

En las paredes de un inmueble sujeto a un proceso de extinción de dominio, cercano a la Alcaldía Municipal y el Comando de Policía, aparecieron grafitis alusivos a este grupo armado.

Paralelamente, se distribuyeron de forma masiva panfletos con una lista de más de 30 alias y nombres propios, de presuntos delincuentes vinculados a hechos como tráfico de estupefacientes, hurtos, extorsiones, abigeato y atracos,

Varios de las personas amenazadas son residentes en zonas complicadas de seguridad, como La Resistencia, Llano Lindo, el asentamiento Mi Nueva Esperanza y el barrio Los Progresos y los autores de las amenazas les dieron 24 horas para abandonar la ciudad.

Según los reportes, en el barrio Bosques de San Martín también se encontró un grafiti con las siglas de las AUC. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni desmentido la autenticidad del panfleto amenazante.

Una hipótesis del hecho se atribuye a intentos de intimidación entre bandas delincuenciales, que disputan el control territorial en la capital casanareña.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes exigen mayores medidas de seguridad por parte de las autoridades locales, quienes aún no se han pronunciado  sobre este caso.

En sesión realizada en el Concejo de Hato Corozal el día anterior, la concejal del partido ASI, Luz Mila Piñeros, denunció amenazas en contra de su vida. Aseguró que ha recibido mensajes y llamadas intimidantes.

Segùn la concejal, en las primeras llamadas le señalaban que tenía que ir hasta un sitio conocido como Pueblo Nuevo, lugar a donde nunca fue, por lo que nuevamente recibió mensajes donde le advertían que por no presentarse en este sitio no respondían por su vida, ni por la de su hijo.

Luz Mila Piñeros, aseguró que la última llamada la recibió la noche de este martes 24 de agosto donde le advirtieron que le daban unas horas para desocupar el pueblo.

“Denuncio públicamente estas amenazas, no voy a ir a ningún lado a dialogo con nadie, no estoy en condiciones de negociar con nadie, aquí me quedo y no me van a sacar, Dios es el único que tiene la última palabra”, aseguró la concejal.

Agregó que ya dio a conocer (denunció) sobre dichas amenazas a la Policía y el Gaula y que ya se iniciaron las investigaciones para determinar de donde provienen porque en las llamadas que ha recibido no se identifican.

El Secretario de Gobierno de Casanare, Oscar Gómez Peñaloza junto con el grupo de gestores de Seguridad y Convivencia Ciudadana, llegaron hasta el colegio Técnico Ambiental para de manera personal, atender a los presidentes y ediles, y escuchar las problemáticas más sentidas de la Comuna 5 de Yopal.

Los líderes comunales solicitaron al Gobierno departamental y al comandante operativo de Policía de Casanare, coronel José Cristóbal Fonseca, acciones contundentes que les dé solución a las problemáticas relacionadas con amenazas a los líderes de las Juntas de Acción Comunal, consumo de sustancias psicoactivas, al igual que, mejoramiento e instalación de cámaras de seguridad, mayor pie de fuerza, así como la atención a las llamadas de alerta, instalación de luminarias, entre otros.

“Como estrategia de la Gobernación de Casanare, tenemos recompensas para el tema del hurto, y otros delitos relacionados con la venta de sustancias alucinógenas, de las cuales, buscamos que las comunidades denuncien a través de material probatorio como fotos y videos y así mitigar esta problemática desde el liderazgo de la acción comunal, es por eso que los invito para que se acerquen a su gestor y ellos los orienten para hacer las denuncias”, manifestó el secretario de Gobierno, Oscar Gómez.

480 millones de recompensa tiene destinados la Gobernación de Casanare para que la comunidad denuncie y así las instituciones de seguridad y la Fuerza Pública puedan atacar de raíz las problemáticas de consumo y venta de sustancias psicoactivas, entre otros delitos que se vienen presentando en Yopal.

Otro de los compromisos adquiridos en la mesa, es la realización de un Consejo de Seguridad con todos los comunales, para que se materialice con la Unidad Nacional de Protección, soluciones a los casos de amenazas que han recibido algunos de estos líderes, así como casos de extorsión.

De igual manera, se reforzará el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, a través de las estrategias de seguridad, así como la gestión de recursos para que los jóvenes casanareños se capaciten en la Policía Nacional y en compensación regresen y se radiquen en la región fortaleciendo la seguridad del territorio.

“Estuvimos en un consejo de seguridad donde se acompañó al alcalde de Támara, Leonel, porque hay algunas amenazas con respecto al señor alcalde, funcionarios y contratistas del municipio. Estamos garantizando con Ejército y Policía, para reforzar esa seguridad allí, y entender que no estamos de acuerdo con la extorsión y que no vamos a permitir que ninguno de estos delincuentes le venga a hacer daño a Casanare”, afirmó el gobernador Salomón Sanabria.

Sobre los autores de estas amenazas, el gobernador de Casanare dijo que, por ahora es materia de investigación, sin embargo, señaló que hay indicios de que el responsable sería Alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias del frente 28 de las Farc.

Recordamos que, recientemente las autoridades capturaron en flagrancia en Paz de Aariporo, a un presunto extorsionista vinculado a esa agrupación ilegal armada, quien en compañía de una menor de 16 años, estaban cobrando a un contratista de Támara, 40 millones de pesos, producto de una extorsión por dejarlo trabajar.

Por ahora se reforzarán las medidas de seguridad en este municipio y se cuenta con una bolsa de 200 millones de pesos para dar recompensas sobre información que permita llegar a los responsables de las amenazas a estas personas.

También para reforzar la seguridad en municipios del departamento, el gobernador Salomón Sanabria, anunció que en agosto se estarán entregando dos pelotones de motos a la policía en Villanueva y Paz de Ariporo. También informó que se están conformando gestores de seguridad comunitarios para identificar zonas calientes en Casanare.