Se escribió un nuevo capítulo la demanda entre el Municipio de Yopal y la concesionaria Setty. En esta ocasión el episodio corrió por cuenta del Tribunal Administrativo de Casanare.

Así lo reveló el exalcalde Leonardo Puentes, quien manifestó que la autoridad judicial reversó un pago cercano a los 5 mil millones de pesos a favor de la concesionaria, por los vehículos abandonados en los parqueaderos de tránsito.

Puentes explicó el origen del problema. Mencionó que una semana antes de posesionarse como alcalde, su antecesora, la señora Zoila Rosa Angulo, firmó un acuerdo asumiendo el pago de esos dineros.

Responsabilidad que el exalcalde recalcó que no era competencia del ente territorial, porque en el contrato de concesión estaba pactado que todo el riesgo los asumía Setty.

Agregó que en su momento como burgomaestre de la ciudad, demandó ese arreglo económico y pidió su nulidad. También hizo hincapié que desde 2021 hay una medida cautelar de suspensión.

Figura jurídica que fue tenida en cuenta por el Tribunal para cambiar su decisión, salvando al ente municipal de pagar cerca de 5 mil millones de pesos.

En este escenario, reconoció Leonardo Puentes, fue muy oportuna la intervención del procurador que actúa en el proceso, porque fue él quien advirtió a la autoridad judicial sobre la existencia de la citada medida cautelar.

Para el exmandatario, ahora solo resta esperar un fallo definitivo por parte del Tribunal, que le ponga punto final a esa concesión leonina para los intereses de Yopal.

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Se escribió un nuevo capítulo en la historia del presunto caso de corrupción en el contrato entre la EAAAY y la empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas SAS, para la construcción de una nueva PTAR de Yopal.

En esta ocasión el turno fue para la Contraloría General de la República. La entidad mediante comunicado de prensa hizo algunas precisiones, sobre las cuales emanó un pronunciamiento oficial.

Al respecto la Contraloría manifestó que, desde octubre de 2022, procedió con el análisis de los dos contratos que son objetos de diatribas y señalamientos.

El 811.14.01.00147.22 cuyo objeto es la construcción de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, que incluye su operación por 25 años.

El segundo contrato es el 811.14.01.00148.22 destinado a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y la operación del sistema durante 30 años.

Durante el proceso investigativo la Contaloría encontró que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal – Casanare, dio respuesta a una acción interpuesta por la Procuraduría 23 Judicial II Ambiente y Agraria.

La mencionada autoridad judicial decretó la suspensión del trámite de legalización y perfeccionamiento del contrato de colaboración empresarial en alianza estratégica No. 00148.22, suscrito entre la EAAAY y la empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas SAS.

Dicho fallo judicial originó una intervención funcional de oficio por parte de la Contraloría, que tuvo un proceso de seguimiento desde el 12 de diciembre del año pasado.

Al final de la jornada después de todo este trabajo de control, se pudo determinar que no hubo desembolso de recursos públicos, dentro de los contratos mencionados.

Basada en esta conclusión, para la Contraloría no se ha configurado detrimento patrimonial, porque no hubo desembolso de dinero.

Sin embargo, recordó que los referidos procesos contractuales son objeto de seguimiento permanente, cuyo objetivo es identificar y analizar cualquier riesgo al patrimonio público.

 

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La Contraloría General de la República encuentra que los multimillonarios contratos firmados por la EAAAY para la operación de la PTAR y el tratamiento de basuras, podrían ser riesgosos para el suministro de los servicios públicos si se llegan a incumplir.

Ante las dudas generadas y el temor a incumplimiento de los contratos, decretó la intervención funcional de dichas contrataciones. Es decir, asumió directamente la investigación, vigilancia y control, retirando estas funciones a la Contraloría Departamental de Casanare.

Para la CGR estás contrataciones no son claras en varios aspectos financieros, técnicos y administrativos. Esta intervención funcional podría ser la antesala de la llegada de una comisión de la Contraloría para recabar información más detallada de estas contrataciones e incluso recibir denuncias puntuales al respecto.

Comunicado de prensa EAAAY

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, informa a la opinión pública que recibe con beneplácito la decisión adoptada por la Contraloría General de la República, mediante la resolución ordinaria 1413 de 2022, donde se determina decretar la intervención funcional de oficio sobre los contratos de colaboración estratégica empresarial suscritos por la empresa de servicios públicos.

El objetivo de esta intervención funcional de oficio es para que la Contraloría General de la República, asuma el control fiscal, dada la trascendencia e impacto económico, social y ambiental que implica para la ciudad de Yopal el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.

Para la EAAAY la vigilancia por parte del órgano de control es de vital importancia para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos que serán intervenidos dentro de los contratos de colaboración estratégica empresarial, con el objetivo de fortalecer los mismos y proyectarlos al cumplimiento de las demandas que registra la población de Yopal, una de las ciudades con mayores índices de crecimiento demográfico y urbanístico.

Finalmente, la EAAAY reitera su total disposición de suministrar toda la documentación relacionada con la suscripción de los contratos de colaboración estratégica empresarial ante las entidades correspondientes para poder garantizar la transparencia de los procesos y la adecuada ejecución de estas iniciativas que se tramitaron con el único objetivo de brindarle a la capital del Casanare unos servicios públicos de calidad y acordes a las necesidades de sus habitantes.

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Luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos requiriera a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, información precisa sobre la contratación por 320 mil millones de pesos para la operación de la PTAR y el manejo de los residuos sólidos en el relleno El Cascajar, su gerente Jairo Bossuet Pérez junto a otros funcionarios de la Alcaldía de Yopal, rindieron informe sobre dichos contratos denominados de colaboración estratégica empresarial.

Integrantes de la junta directiva de la EAAAY, conformada entre otros por el secretario de Infraestructura Álvaro Rivera y la secretaria de Planeación, Sonia Ruíz acompañaron a Pérez, a mesa de trabajo con la Superservicios. Allí se informó sobre el avance de los procesos de los dos contratos de alianza estratégica para construir obras de sanemiento básico, además que se hizo entrega de los documentos requeridos para que esa entidad haga el seguimiento correspondiente

El pasado 12 de octubre, luego de ya haberse firmados los contratos, que tanta suspicacia y desconfianza han causado, el el superintendente Dagoberto Quiroga Collazos, pidió que, en un plazo perentorio de tres días, la Eaaay debía remitirle copia del contrato referente a la operación de la PTAR, la construcción de la nueva PTAR y los diseños de los planes de acueducto y alcantarillado de Yopal.

De igual manera para el contrato por 15 mil millones de pesos con la firma SSYAM para la construcción e implementación de una planta de tratamiento, aprovechamiento y manejo integral de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario El Cascajar de Yopal, se requirió la copia del contrato, informe del impacto sobre el servicio público de aseo, afectación de la vida útil del relleno.

Ahora se espera un pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos con respecto al cumplimiento de las leyes y actos administrativos que afectarían a los usuarios finales, en materia de tarifas y servicios.

 

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Los 380 contratos petroleros existentes en la actualidad  en el país se encuentran en revisión y algunos  que están suspendidos se reactivarán, dijo este miércoles la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, en la instalación de la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, organizada por la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).

Reiteró la funcionaria, que, de estos contratos petroleros, que son administrados por la ANH y de manera directa por Ecopetrol, 35 se encuentran suspendidos, inactivos y aplazados,  por diversas causas, entre otras, orden público, conflictos sociales, ordenamiento territorial y trámites ambientales, siendo prioritaria su revisión, para lo cual se avanza en la constitución de una mesa técnica con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.

Indicó que, dentro de los contratos en ejecución se han priorizado 29, cuya materialidad podría llegar a representar la incorporación de hasta 5 o 6 veces las reservas probadas de gas comercial en el país. “32 contratos tienen la capacidad de incorporar recursos prospectivos si se adelanta actividad exploratoria”, indicó la ministra.

Vélez Torres explicó que,  el objetivo es realizar una evaluación de la situación actual de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, actualmente suscritos entre la ANH y los inversionistas del sector, incluido Ecopetrol.

“Este análisis nos permitirá analizar  y visibilizar los cuellos de botella de  los contratos que se encuentran suspendidos o en procesos de terminación, con el fin dar garantía a las actividades exploratorias comprometidas en los mismos. Esta medida será vital ya que fácilmente servirá de aporte para la industria que tendrá contratos confiables de hidrocarburos que ya están en fase de desarrollo y producción”, expuso la ministra de Minas.

Transición energética responsable

“Estamos en la ruta de la transición energética,  un proceso de planeación participativa  que se ha propuesto el Gobierno, en los próximos seis años, consistente en la transformación de las tecnologías y del modelo social”, dijo la ministra Irene Vélez.

Explicó uno a uno los cuatro pilares,  bajo los cuales está estructurado el CONPES de Transición Energética: Seguridad y confiabilidad en el abastecimiento energético, Conocimiento e innovación en transición energética, Desarrollo y crecimiento económico a partir de las oportunidades que ofrece la transición energética, y Desarrollo de un sistema energético que contribuya a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La titular de la cartera de Minas y Energía fue clara en reafirmar que,  Colombia apuesta por la consolidación de la transición energética y el crecimiento económico sostenible, a partir de unos lineamientos, estrategias y acciones que le permitirán mantener su seguridad y confiabilidad energética, promover las Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (FNCER), el transporte sostenible, la eficiencia energética, el desarrollo de nuevas tecnologías y energéticos, así como desarrollar combustibles sostenible y consolidar la diversificación de la canasta minera que aportan recursos esenciales para la economía del país.

 

 

 

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Ante cuestionamientos presentados por comunicadores, respecto al contrato IDRY -MC 0338 – 2022, cuyo objeto era el suministro de bienes y servicios para garantizar las actividades deportivas denominadas “Short Track”, la Contraloría informó lo siguiente:

La Contraloría Departamental recibió denuncia pública sobre el incumplimiento de los ítems pactados, entre ellos refiere a unas bicicletas avaluadas en 5.200.000 destinadas a la premiación, las cuales no fueron entregadas, pero si se pagaron con recursos del contrato, cuando, además, presuntamente, fueron donadas por patrocinadores.

Al realizar la revisión del mencionado contrato en el aplicativo SIA OBSERVA, se evidenció que este contrato fue financiado con recursos de SGP, los cuales son vigilados, por competencia, por la Contraloría General de la República.

En este orden de ideas la Contraloría traslada, por competencia, la mencionada denuncia ante la gerencia departamental de la Contraloría General de la República para que sea esta entidad la que continúe con la investigación que permita esclarecer si se presentaron irregularidades o afectaciones fiscales.

 

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Después de cuatro años, Ecopetrol retoma una nueva campaña de perforación de pozos de desarrollo y exploración en el área del Piedemonte llanero, la cual ayudará a reactivar la economía de Casanare por medio de la generación de oportunidades laborales y contratación de bienes y servicios, y aportará a la seguridad energética del país con suministro de gas.

La Empresa tiene previsto perforar 22 pozos en un periodo de tiempo de siete años, integrando las actividades de exploración y desarrollo, actividad que dependerá de los resultados de los pozos que se vayan perforando. Este año se cerrará con dos taladros perforando (Floreña Tp12, Pauto Jp12) en Yopal, a los cuales se suman dos adicionales que se encuentran en proceso de movilización, para empezar a perforar a comienzos de 2022 (Pauto Sur Cp11, en Yopal, y Cupiagua XD45, en Aguazul).

Estos primeros cuatro taladros generarán oportunidades laborales para más de 520 familias del departamento y para finales de 2022 se espera que ingresen otros dos taladros adicionales (Turupe en el área de Paz de Ariporo y Cusiana V31 en Aguazul) para un total de seis equipos perforando con más de 800 oportunidades de empleo.

A esta buena dinámica, se suman 12 frentes de trabajo que ejecutan proyectos en las facilidades de producción de la regional, que tienen por objetivo garantizar la sostenibilidad energética para el país, especialmente en gas, y que generan 870 oportunidades laborales para familias del departamento.

Desde los campos Cusiana, Cupiagua, Floreña y la planta de gas Gibraltar (límites entre Arauca, Norte de Santander y Boyacá), se producen en promedio 520 millones de pies cúbicos de gas natural, por día, que representan cerca del 50% de la producción de gas para el país.

De la mano de la reactivación de las actividades de perforación, y el nuevo ritmo de las operaciones en los campos de producción, una vez superados los picos más fuertes de la pandemia por la covid-19, aumentan las oportunidades de contratación laboral y de bienes y servicios en Casanare.

Es así como al cierre de octubre de este año, la contratación de bienes y servicios en la regional Piedemonte llegó a los $284 mil millones, superando el potencial de contratación proyectado para el total del año ($270 mil millones).

Construcción de vías, obras integrales y suministro de servicios de alimentación están dentro de las categorías con mayor contratación regional por parte de Ecopetrol, mientras que transporte terrestre de personal, transporte de carga y alimentación están dentro de las categorías más contratadas por las empresas aliadas.

En materia de contratación de mano de obra, en octubre de 2021, se generaron a través de las empresas contratistas 2.803 oportunidades laborales de las cuales el 88% (2.483 plazas) fueron mano de obra local. Del total de la mano de obra no calificada (1.350), el 100% es mano de obra de la localidad donde se desarrolla el proyecto, y del total de la mano de obra calificada (1.453), el 78% también fue local.

Suscritos convenios y contratos por más de $42 mil millones.

Durante 2021, Ecopetrol suscribió convenios y contratos por más de $42 mil millones con aportes de la Empresa por más de $33 mil millones, en las líneas de inversión que hacen parte de la Estrategia de Gestión del Entorno de la compañía.

En la línea de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial se suscribieron convenios y contratos por un valor de $4.233 millones de aporte Ecopetrol, entre los que se destacan: Mentalidad y cultura para la innovación y el emprendimiento en Tauramena y el programa Ecopetrol Emprende – Créame, que benefició a 90 empresas de Casanare.

En la línea de Infraestructura Pública y Comunitaria, se suscribieron proyectos y convenios por $24.400 millones. Se destacan: construcción de cancha en el barrio Buenos Aires de Tauramena, mantenimiento de vías terciarias en el sector Asovec – Aguazul, construcción de cancha cubierta El Morro, Yopal; pavimentación de 7,9 km de anillos viales en Aguazul y mantenimiento de 15 sedes de instituciones educativas en Aguazul.

En la línea de Desarrollo Rural Inclusivo, se suscribieron convenios y proyectos por $1.364 millones entre los que se destacan: ganadería doble propósito que beneficia a 23 familias de Aguazul y Soluciones agropecuarias Agrosol que beneficia a 150 familias productoras de Yopal.

En la línea de Acceso a Servicios Públicos, se suscribieron proyectos y convenios por $1.364 millones, entre los que se destacan: redes de gas para 4 veredas de Yopal y redes de gas para siete veredas de Aguazul.

En Educación, Deporte y Salud se suscribieron proyectos y convenios por $2.460 millones, entre los que se destacan Formación Musical - Batuta 2021 – 2023, Kits escolares 2022, Acuerdo No.1 Diagnósticos Hospital Tauramena.

Finalmente, en la línea de Fortalecimiento Institucional y Comunitario, se suscribieron proyectos y convenios por $1.616 millones, entre los que se destacan: gestión del riesgo - maquinaria amarilla para Aguazul y Yopal, 19 eventos de relacionamiento - Día del campesino, Día del comunal, Jornadas de salud, Jornadas de reforestación, eventos deportivos, festivales folclóricos, Dia del niño, ferias agroempresariales y de emprendimiento, entre otros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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