El gobernador de Casanare respondió al vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien en el informe entregado ayer marte 6 de febrero  en el auditorio del Hotel GHL de Yopal, hizo un llamado de atención a la Administración departamental.

Según el funcionario el actual Gobierno seccional no debió suspender el proceso licitatorio del PAE, el cual venía desde el año pasado. Esta decisión tuvo como consecuencia, un retraso en el inició de dicho programa, por lo que a la fecha aún no se ha podido prestar este servicio, lo que perjudicó a la población estudiantil del departamento.

Zuluaga recalcó que en lugar de la suspensión, lo más oportuno era remediar las posibles observaciones que tuviese el mencionado proceso. Agregó que informó a la Procuraduría sobre esta situación, para que el ente de control tome las medidas correspondientes.

Por su parte César Zorro en mensaje de texto agradeció la preocupación de la Contraloría y añadió que el PAE que fue formulado a finales de 2023, presentaba “irregularidades  sustanciales imposibles de subsanar, que conllevaron a la revocatoria del proceso de contratación”.

 Sin embargo como una acción inmediata para sanear el tema se “decretó la medida de urgencia manifiesta para atender lo más pronto posible la prestación del servicio de alimentación escolar en el departamento de Casanare”, finalizó el escrito.

La Contraloría General de la República reveló que encontraron dos hallazgos fiscales por $14.981 millones, en contratos para la prestación del servicio de vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria, suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

El ente de control fiscal precisó que el hallazgo más cuantioso fue por $14.652 millones, correspondiente al cobro del servicio diario de monitoreo de dispositivos inactivos, que no estaban siendo utilizados por personas con detención domiciliaria.

La Contraloría evidencia que el software utilizado para generar los informes de facturación no fue examinado ni verificado por la interventoría de los contratos, lo que derivó en cobros y pagos por servicios no prestados.

Asimismo, se detectó otro hallazgo fiscal por $329 millones por irregularidades similares en la prestación del servicio de vigilancia electrónica contratado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El ente de control adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por $12,815 millones adicionales que aún se encuentra en etapa probatoria. Con estos hechos, la Contraloría asumió 34 hallazgos administrativos y 7 con presunta incidencia disciplinaria.

En su visita a Yopal el contralor general de la república (e), Carlos Mario Zuluaga, entregó un informe del trabajo que ha adelantado la entidad en el departamento.

Manifestó que se encontraron 34 obras inconclusas, las cuales pertenecen a la familia de los elefantes blancos, una especie con mucho arraigo en el sector público de la región.

Estos proyectos suman 571 mil millones de pesos y representan varias iniciativas que hasta el momento no han llegado a feliz término. Entre estos detrimentos patrimoniales del Estado Zuluaga mencionó el proyecto de interconexión eléctrica entre Casanare y Vichada por 120,342 millones.

El mejoramiento de la vía Maní – Tauramena – Monterrey, que tiene un valor registrado de 105.758 millones y el acueducto de Yopal, que ha demandado una inversión de 88.314 millones de pesos.

Todos los hallazgos hecho por la Controlaría los clasificó en dos grandes categorías. La primera corresponde a proyectos críticos, donde están registrados 4 de las 34 obras antes referidas y su valor asciende a $37.706 millones.

Los  30 restantes corresponde a la especie de elefantes blancos, cuyo monto total es de $533.471 millones. Otra precisión que hizo la Contraloría apunta a que $226.471 millones se han invertido en agua potable y saneamiento básico.

Torres del Silencio

Dentro de los proyectos más sonados Zuluaga se refirió a la propuesta de vivienda Torres del Silencio, cuyo contrato data desde el año 2011. El contralor (e) que desde el comienzo de la ejecución se presentaron dificultades pues la infraestructura construida no cumplió con los requerimientos de construcción, por ese motivo fue suspendido.

Algunas familias beneficiarias invadieron el conjunto residencial y habitan allí a pesar de los riesgos y que no cuentan con servicios públicos. Se cuenta igualmente con una consultoría que estableció la inviabilidad de la infraestructura existente, tras lo cual la Alcaldía declaró la calamidad pública en el proyecto.

Sobre el proyecto existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, que obliga al Municipio de Yopal a ejecutar un plan de tres fases, que permita reubicar a las familias, demoler las actuales construcciones que presentan deficiencias y consolidar un nuevo proyecto de vivienda para las familias beneficiarias que resultaron afectadas.

Sin embargo, hasta ahora no se ha culminado efectivamente ninguna de las fases, dado que la Administración local no ha comenzado el proceso administrativo para el desalojo de las familias, que no dejarán sus viviendas voluntariamente.

Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía, tienen pendiente definir cuál de las dos entidades aportará los recursos para la demolición de las torres existentes y situar los recursos para el nuevo proyecto, que actualmente cuenta solo con el monto que corresponde a la consultoría para estudios y diseños, pendiente de contratar por el Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y Rural de Yopal – INDEV.

Cravo Sur

Una segunda obra que está en el mira de la Contraloría es la estabilización y protección del margen derecho del río Cravo sur, entre la calle octava y la urbanización El Paraíso.

El proyecto que inició en el 2015 y tiene un porcentaje de avance físico del 100% y financiero del 73,6%. Además de realizarla verificación final de las obras para la entrega y liquidación de la obra, el municipio tiene pendiente gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre los recursos para la segunda fase del proyecto.

Acueducto de Yopal

Sobre este proyecto la Contraloría explicó que la primera etapa de los trabajos de captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal, fue culminada en su totalidad.

“Sin embargo no cuenta con recursos para el reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la contratación”, indicó la entidad en boletín de prensa.

La Contraloría exhorta a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas, que dejen saneados estos proyectos y evitar que se pierdan los recursos públicos destinados para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Con el objetivo de aclarar dudas y actualizar la normatividad sobre control fiscal, la Contraloría Departamental de Casanare adelantará desde hoy el Seminario de Control Fiscal 2023.

El evento, que se extenderá hasta mañana 06 de diciembre, reúne en el auditorio Quiripa de la Cámara de Comercio, a funcionarios públicos de entidades sujetas a control y busca ser un espacio de encuentro con la entidad fiscalizadora.

En la primera jornada se abordarán temas relacionados con contratación estatal y delitos contra la administración pública. Asimismo, se tratarán los procesos de notificación a través de tecnologías de la información.

Expertos en estas materias, como la abogada Magnolia Valencia, el consultor Héctor Arévalo y la docente Juanita Ospina, son los encargados de dirigir las conferencias.

Cabe mencionar que esta actividad académica hace parte del plan estratégico "Control fiscal, nuestro compromiso social" de la Contraloría. La inscripción y certificación del seminario son gratuitas, en el vínculo https://fycconsultores.com/.../Form.../views/inicio.php.

Argumentando un desacato a un fallo de Tutela, el Juzgado Segundo Municipal de Yopal profirió un falló en contra el hoy excontralor departamental Reyneiro Hernando Flechas Díaz.

La Tutela le ordenaba a Flechas, entonces contralor, pronunciarse ante una solicitud de nulidad, inmersa en una investigación que se lleva a cabo en contra de José Javier González, por una supuesta violación al debido proceso.

El mencionado fallo de Tutela fue proferido el 3 de mayo de 2023, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal. El mismo está relacionado con la defensa del derecho fundamental del debido proceso, en el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta contra José Javier González, por parte de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada de Casanare.

En este proceso la autoridad judicial ordenó al ente de control pronunciarse con relación a una solicitud de nulidad, fechada el 27 de diciembre de 2022.

También le ordenaba suspender de manera inmediata cualquier trámite, que se hubiese originado en dicho proceso de responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría.

Por incumplir con la orden de Tutela, falló el Juzgado Segundo Municipal. “SANCIONAR a Reyneiro Hernando Flechas Díaz, en calidad de Gerente de la Gerencia Colegiada de Casanare o quien se encuentre haciendo sus veces con tres (3) días de arresto efectivo y una multa por el equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes respectivamente…”

La gerente de Capresoca EPS Nuria Yarley Bohórquez Peña y el subgerente administrativo y financiero Ricaurte Rojas Bahamón, participaron de la mesa de instalación oficial, de la auditoría de cumplimiento a la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud – ADRES, a la Superintendencia Nacional de Salud y la EPS de la vigencia 2020, 2021 y 2022.

Esta labor de auditoría fue adelantada por la Contraloría General de la República, en desarrollo de su plan Nacional de vigilancia y control fiscal vigencia 2023.

El objetivo general de este trabajo es verificar la operación corriente de los recursos del sistema general de salud, fiscales y parafiscales, en términos de oportunidad, control y cumplimiento; considerando las operaciones administrativas relacionadas con giros, postulación de prestadores y conciliación de cartera, para la vigencia 2020, 2021 y 2022.

Durante este tiempo de auditoría, que va hasta el 24 de noviembre de 2023, Capresoca estará comprometida con el suministro oportuno de la información que solicite el equipo auditor y todos los requerimientos relacionados con dicho ejercicio.

Julio Molano Novoa, un administrador público de la ESAP con especialización en finanzas públicas y una experiencia de más de 3 lustros en el sector oficial, fue nombrado como nuevo gerente de la Contraloría General de la República en Boyacá.

Molano Novoa es oriundo de Aguazul , y entre otros cargos se ha desempeñado como secretario de Hacienda del departamento de Casanare durante la administración de Alirio Barrera, también laboró en la Alcaldía de Aguazul, en donde fue secretario de Hacienda de Fernando Camacho. Además fue concejal de Aguazul y aspirante a la Alcaldía de ese municipio en 2015. Últimamente estuvo vinculado a la UTL de Alirio Barrera y a Corporinoquia. 

Se escribió un nuevo capítulo en la historia del presunto caso de corrupción en el contrato entre la EAAAY y la empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas SAS, para la construcción de una nueva PTAR de Yopal.

En esta ocasión el turno fue para la Contraloría General de la República. La entidad mediante comunicado de prensa hizo algunas precisiones, sobre las cuales emanó un pronunciamiento oficial.

Al respecto la Contraloría manifestó que, desde octubre de 2022, procedió con el análisis de los dos contratos que son objetos de diatribas y señalamientos.

El 811.14.01.00147.22 cuyo objeto es la construcción de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, que incluye su operación por 25 años.

El segundo contrato es el 811.14.01.00148.22 destinado a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y la operación del sistema durante 30 años.

Durante el proceso investigativo la Contaloría encontró que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal – Casanare, dio respuesta a una acción interpuesta por la Procuraduría 23 Judicial II Ambiente y Agraria.

La mencionada autoridad judicial decretó la suspensión del trámite de legalización y perfeccionamiento del contrato de colaboración empresarial en alianza estratégica No. 00148.22, suscrito entre la EAAAY y la empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas SAS.

Dicho fallo judicial originó una intervención funcional de oficio por parte de la Contraloría, que tuvo un proceso de seguimiento desde el 12 de diciembre del año pasado.

Al final de la jornada después de todo este trabajo de control, se pudo determinar que no hubo desembolso de recursos públicos, dentro de los contratos mencionados.

Basada en esta conclusión, para la Contraloría no se ha configurado detrimento patrimonial, porque no hubo desembolso de dinero.

Sin embargo, recordó que los referidos procesos contractuales son objeto de seguimiento permanente, cuyo objetivo es identificar y analizar cualquier riesgo al patrimonio público.

La Contraloría General de la República encuentra que los multimillonarios contratos firmados por la EAAAY para la operación de la PTAR y el tratamiento de basuras, podrían ser riesgosos para el suministro de los servicios públicos si se llegan a incumplir.

Ante las dudas generadas y el temor a incumplimiento de los contratos, decretó la intervención funcional de dichas contrataciones. Es decir, asumió directamente la investigación, vigilancia y control, retirando estas funciones a la Contraloría Departamental de Casanare.

Para la CGR estás contrataciones no son claras en varios aspectos financieros, técnicos y administrativos. Esta intervención funcional podría ser la antesala de la llegada de una comisión de la Contraloría para recabar información más detallada de estas contrataciones e incluso recibir denuncias puntuales al respecto.

Comunicado de prensa EAAAY

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, informa a la opinión pública que recibe con beneplácito la decisión adoptada por la Contraloría General de la República, mediante la resolución ordinaria 1413 de 2022, donde se determina decretar la intervención funcional de oficio sobre los contratos de colaboración estratégica empresarial suscritos por la empresa de servicios públicos.

El objetivo de esta intervención funcional de oficio es para que la Contraloría General de la República, asuma el control fiscal, dada la trascendencia e impacto económico, social y ambiental que implica para la ciudad de Yopal el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.

Para la EAAAY la vigilancia por parte del órgano de control es de vital importancia para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos que serán intervenidos dentro de los contratos de colaboración estratégica empresarial, con el objetivo de fortalecer los mismos y proyectarlos al cumplimiento de las demandas que registra la población de Yopal, una de las ciudades con mayores índices de crecimiento demográfico y urbanístico.

Finalmente, la EAAAY reitera su total disposición de suministrar toda la documentación relacionada con la suscripción de los contratos de colaboración estratégica empresarial ante las entidades correspondientes para poder garantizar la transparencia de los procesos y la adecuada ejecución de estas iniciativas que se tramitaron con el único objetivo de brindarle a la capital del Casanare unos servicios públicos de calidad y acordes a las necesidades de sus habitantes.

La Contraloría Departamental de Casanare se ratifica en hallazgo fiscal en cuantía de 14.500 millones de pesos, correspondientes al valor comercial de un terreno que fue enajenado ilícitamente por la Alcaldía de Yopal por una cifra irrisoria de 24 millones de pesos y el cual terminó en manos de un particular, firma SERPET JR, que luego se convirtió en socio de la Empresa de Economía Mixta Terminal de Transportes, aportando el dichoso predio por la millonaria cifra. Así lo ratificó el Contralor Departamental de Casanare, Cipriano Castro Medina en rueda de prensa realizada ayer.

Esta es básicamente la respuesta del ente de control a la réplica de la Alcaldía de Yopal al informe preliminar dado a conocer sobre presuntas irregularidades en la conformación de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal.

El Contralor Departamental de Casanare Cipriano Castro Medina, expresó que se evidencia una conducta dolosa del representante legal del municipio, concejo y privados para atentar contra los bienes del Estado, a través de diversos actos administrativos, registros, cedulas catastrales, matrículas, avalúos, paz y salvos de pagos de impuestos y constancias para lograr su cometido ilícito común, en un tiempo récord como quedó evidenciado en la resolución 494 del 5 de septiembre pasado.