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Un juez de Villavicencio dictó una sentencia de 48 años de prisión contra un hombre que fue hallado culpable del homicidio agravado de su hija de tres años, en un caso que estremeció a la comunidad de La Macarena, en el departamento del Meta.

El fallo se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, y fue interpretado como una respuesta firme del sistema judicial ante la violencia intrafamiliar.

El crimen ocurrió el 13 de septiembre de 2023, cuando el agresor llegó al caserío La Sombra junto a su pareja y la menor. Se hospedaron en un alojamiento rural, y en la madrugada, el hombre atacó a la niña con un arma cortopunzante, causándole heridas mortales en el cuello.

Aunque fue trasladada a un centro asistencial, la menor falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La decisión judicial negó cualquier beneficio como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena, por lo tanto, el condenado de quien no se reveló su identidad, deberá cumplir la sentencia en un establecimiento carcelario.

El fallo fue emitido corresponde a una primera instancia, y la defensa quedó habilitada para interponer los recursos legales correspondientes.

Más allá del castigo, el caso fue considerado un llamado urgente a reforzar los mecanismos de protección infantil, especialmente en zonas rurales donde el acceso a servicios de prevención y atención es limitado.

La condena envió un mensaje claro: los niños y niñas son sujetos de especial protección constitucional, y cualquier agresión contra ellos será enfrentada con todo el peso de la ley.

El Tribunal Administrativo de Casanare ha admitido una demanda de Acción Popular interpuesta por Jorge Leonardo Infante Tovar y Oromairo Avella Ballesteros contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Concesionario Vial del Oriente S.A.S. (Covioriente).

La demanda acusa a ambas entidades de ser responsables de la vulneración de derechos colectivos debido a presuntas deficiencias estructurales y de diseño en la doble calzada Yopal -Aguazul, en el sector de la entrada a la capital casanareña.

La magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz encontró que el tribunal tiene competencia para conocer del caso, ya que la ANI es una entidad de orden nacional y los hechos en cuestión ocurrieron en el distrito judicial de Yopal.

La decisión del tribunal confirmó que los demandantes, en su calidad de personas naturales, están legitimados para iniciar la acción, mientras que la ANI y Covioriente, como entidades públicas y privadas, son consideradas legalmente aptas para ser demandadas.

En su resolución, el tribunal ordenó la notificación personal de la providencia a los representantes legales de la ANI y Covioriente.

Además, se dispuso que la parte demandante debe comunicar la admisión de la demanda a la comunidad afectada a través de un medio masivo de comunicación6. Se notificará también al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo.

Finalmente, la magistrada concedió a las entidades demandadas un plazo de diez días para responder a la demanda y solicitar la práctica de pruebas.

También se les solicitó que informen si tienen conocimiento de la existencia de otras acciones populares con identidad de objeto, fundamentos y partes.

Varios detalles hacen parte de lista de interrogantes que las autoridades intentan resolver y que están relacionados con el hurto de 100 millones de pesos perpetrado el miércoles 3 de septiembre en una vivienda del conjunto residencial Valle de Guarataros, en Yopal.

Según el comandante saliente del Departamento de Policía Casanare, coronel Giovanni Barrero Unigarro, los maleantes tardaron 45 minutos en la ejecución del hurto. El oficial mencionó que los ladrones llegaron a las 2:45 de la madrugada y abandonaron el lugar a las 3:30 a.m.

El oficial también aseguró que además de la suma de dinero en efectivo antes mencionada, los sujetos se llevaron algunas joyas, pero no especificó el valor de las mismas.

Un primer interrogante por resolver está relacionado con las cámaras de seguridad. El coronel Barrero manifestó que 15 de estos dispositivos electrónicos habían sido desconectados desde el martes 2 de septiembre a las 4 de la tarde y el DVR de este sistema de vigilancia, también hizo parte del botín de los delincuentes.

Sobre el uso prendas oficiales de la Policía por parte de los bribones, Barrero Unigrarro indicó que se encontró una chaqueta marcada los logos y el nombre de la Sijín de Boyacá, hecho que no valida su autenticidad porque, seguramente, puede tratarse de una imitación.

Otra pregunta que ronda en la mente de los investigadores está relacionada con las falencias en los protocolos de seguridad del conjunto cerrado, teniendo en cuenta que el sistema de vigilancia en este lugar es muy estricto.

El coronel expresó que los controles son tan severos que cuando el personal de la Policía acudió al sitio no los dejaron ingresar. Para el coronel esta actitud obedece a los protocolos de seguridad que se maneja en el conjunto.

Agregó que están investigando por qué a los uniformados les negaron inicialmente el acceso, pero sin permitieron con toda confianza la entrada de los ladrones.

Teniendo en cuenta la manera en que se perpetró el ilícito, la Policía apunta a que el robo fue ejecutado por una banda muy bien organizada con objetivo específico. Sabían a cuál vivienda debían ingresar para cometer el hurto. Sobre la víctima solo se acotó que es un ganadero muy reconocido de la región.

Finalmente, el coronel Barrero expresó que los sujetos se movilizaban en dos vehículos, una camioneta y un automóvil. En cuanto al número de personas que participaron en el robo, dijo que se tiene información que fueron 8 los implicados.

Dos motociclistas resultaron con heridas de consideración tras un accidente de tránsito ocurrido hoy 4 de septiembre, en la vía que de Yopal conduce a Aguazul.

El siniestro vial, que se presentó alrededor de las 4:50 p.m., involucró a dos motocicletas: una Yamaha XTZ 125 de placa WMY-50G, conducida por Pedro Molano, de 20 años; y una Pulsar 200 NS Pro, de placa QTG-50D, a cargo de Andrés Arbeláez, de 32 años.

Según el reporte oficial de la Policía de Carreteras, ambos vehículos se desplazaban en el mismo sentido, de Aguazul hacia Yopal. La motocicleta de Arbeláez impactó a la de Molano por el costado lateral izquierdo, provocando el volcamiento de los dos vehículos sobre la calzada y el separador central.

Las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que el accidente pudo haberse producido debido a que uno de los vehículos, al parecer el conducido por Molano, realizó un giro brusco e invadió el carril por el que transitaba la otra motocicleta.

Producto del choque, ambos conductores sufrieron heridas graves. Según información oficial, Pedro Molano presentó un trauma craneoencefálico, mientras que Andrés Arbeláez fue diagnosticado con una herida en la región frontal y un trauma craneoencefálico moderado.

Un escalofriante caso de feminicidio reveló la Fiscalía General de la Nación. El ente investigativo indicó que el caso ocurrió en la ciudad de Medellín.

Según el reporte oficial, el autor de este crimen, identificado como Rafael Ramiro Vanegas Muñoz, cumplió con la amenaza de quitarle la vida a su pareja sentimental, en hechos ocurridos el 18 de febrero de 2023.

El agresor una vez cometió el crimen, tomó el cuerpo de su víctima y lo lanzó a una quebrada que pasa cerca del barrio Robledo, en la capital antioqueña.

Igualmente, la Fiscalía mencionó no se trató de un hecho aislado, por el contrario, la mujer venía siendo sometida a un ciclo de violencia física y psicológica por parte de Vanegas Muñoz. La publicación oficial no señaló si existía alguna denuncia previa por violencia intrafamiliar.

Como consecuencia de este acto violento, el ente investigador manifestó que un juez penal de conocimiento condenó a Rafael Ramiro Vanegas a 55 años de prisión, por los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada.

Miércoles, 03 Septiembre 2025 15:48

Hallaron cuerpo sin vida entre Sácama y Hato Corozal

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En la mañana del 3 de septiembre fue hallado un cuerpo sin vida de sexo masculino, en la vía que conecta el municipio de Sácama con Hato Corozal, en el departamento de Casanare.

El hallazgo se produjo en la vereda La Colorada, aproximadamente a 12 kilómetros del casco urbano de Sácama, en un tramo donde actualmente se adelantan trabajos de mantenimiento vial.

La Inspección de Policía local y el Cuerpo de Bomberos de Sácama acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y adelantar las diligencias correspondientes. La alerta fue recibida vía telefónica por parte de trabajadores del Consorcio KMA, empresa encargada de las obras en el carreteable.

De manera preliminar, trascendió que el cuerpo presentaba signos de violencia a la altura del tórax. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la persona ni se han entregado detalles sobre las posibles causas del fallecimiento.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento de esta persona.

En la mañana del 2 de septiembre, se registró un accidente de tránsito en la vía alterna que conduce de Tauramena hacia Monterrey. Un motociclista y su acompañante se vieron involucrados en una colisión con un vehículo tipo NQR.

El conductor de la motocicleta resultó con una fractura en la extremidad superior izquierda y múltiples laceraciones, mientras que su acompañante no presentó lesiones.

Debido a la gravedad del estado del herido, personal de emergencias procedió con su traslado al hospital de Tauramena para recibir atención médica especializada.

El reporte fue confirmado por el Cuerpo de Bomberos de Tauramena, quienes atendieron la emergencia en el lugar del siniestro.

Un accidente de tránsito se presentó en la vía que conecta Trinidad con Yopal, específicamente en la vereda Macuco ubicada en el trayecto entre La Nevera y San Luis de Palenque. El siniestro se presentó en el momento en  que una buseta de la empresa Coocatrans, identificada con el número interno 2080, volcó tras colisionar con una camioneta Toyota Hilux de placas LZQ 084.

El siniestro dejó varias personas heridas, aunque hasta el momento del reporte no se había confirmado el número exacto de lesionados. Testigos en el lugar señalaron que los organismos de socorro se tardaron en llegar al sitio, lo que generó preocupación entre los pasajeros y transeúntes que presenciaron el hecho.

La falta de atención médica inmediata fue motivo de angustia para quienes se encontraban en el lugar, mientras las autoridades aún no entregaban un informe oficial sobre las causas del accidente ni el estado de los involucrados.

El hecho ocurrió en una de las vías más transitadas del departamento, y se espera que en las próximas horas se emita un parte oficial por parte de las entidades competentes.

Un hecho alarmante sacudió a la comunidad médica en México luego de que una mujer intentara agredir con una navaja a su médico durante una consulta rutinaria.

El incidente ocurrió en la Clínica Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Ávalos, ciudad de Chihuahua.

La paciente, identificada como Claudia T. G., reaccionó de forma violenta tras recibir una recomendación médica relacionada con su peso. El galeno le sugirió bajara unos kilos por motivos de salud, lo que provocó que la mujer sacara un arma blanca de su ropa e intentara apuñalarlo.

El médico logró protegerse utilizando una silla, mientras el personal de la unidad médica intervino rápidamente para evitar una tragedia.

El caso fue considerado como un presunto intento de homicidio. Tras la denuncia penal, la Fiscalía de Chihuahua emitió una orden de aprehensión y la agresora fue detenida días después.

Actualmente enfrenta una imputación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y permanece bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Este incidente ha generado preocupación entre profesionales de la salud, reabriendo el debate sobre la seguridad en los centros médicos y el manejo de situaciones sensibles durante las consultas.

Las autoridades continúan investigando el estado psicológico de la imputada y otros elementos del expediente que aún no han sido revelados públicamente.

En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad general por diez años para ejercer cargos públicos al exministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva Durán.

La sanción fue impuesta por haber declarado desierta, sin fundamentos legales, la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.

Según la decisión del Ministerio Público, Leyva Durán tomó una determinación que no tuvo como objetivo garantizar la selección objetiva en el proceso de contratación estatal.

La Procuraduría señaló que el exministro se basó en el hecho de que solo se había presentado un único oferente, lo que, según el ente de control, no era motivo suficiente para invalidar el proceso, ya que el proponente cumplía con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

La entidad disciplinaria determinó que el excanciller desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. Por esta razón, su falta fue calificada de manera definitiva como gravísima a título de dolo.

La Procuraduría recaló  que por tratarse de un fallo en segunda instancia, no admite ningún tipo de recurso legal.