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La Superintendencia Nacional de Salud anunció la llegada de Bety Cecilia Anaya Nieto como nueva agente interventora en Capresoca. La decisión, oficializada por el Superintendente Bernardo Camacho Rodríguez, marca el relevo en la interventoría de esta EPS.

Anaya Nieto es administradora de empresas, especialista en auditoría en salud y magíster en gerencia estratégica, con trayectoria de 24 años en cargos de dirección y asesoría en el sector salud.

Además de Capresoca, la Superintendencia hizo posesión de nuevos interventores en Coosalud, Servicios Occidentales de Salud SOS, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud y Savia Salud EPS.

Los nuevos agentes interventores iniciaron funciones desde este 14 de noviembre, con el compromiso de mantener la continuidad y calidad en la prestación del servicio.

Bety Cecilia Anaya Nieto, reemplaza a Yeferson Caicedo, quien estuvo un año al frente del cargo.

La Supersalud resaltó que la selección se basó en el registro oficial de perfiles técnicos y profesionales, garantizando idoneidad y compromiso con el cuidado de los recursos públicos y la atención a los ciudadanos.

Con el relevo en Capresoca y otras EPS, la entidad busca avanzar en los planes de intervención definidos para mejorar la gestión de las entidades intervenidas y la protección del derecho a la salud.

René Leonardo Puentes Vargas ha presentado su renuncia irrevocable al cargo de director regional de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para la Orinoquia. La dimisión, formalizada en una carta dirigida al Superintendente Nacional de Salud, Helver Giovanny Rubiano García.

En la misiva, Puentes Vargas expuso que su decisión obedece al traslado definitivo de la Dirección Regional Orinoquia a la ciudad de Villavicencio y al desmonte total de la Sede en Yopal (Casanare), sumado a situaciones personales.

El ahora exdirector también aprovechó para señalar su desacuerdo con la pérdida de presencia institucional en la región, indicando que, si bien la decisión ya ha sido tomada desde Bogotá, él considera que Casanare debería haber mantenido al menos la presencia de una sede de la Supersalud.

Esta posición, según el documento, ya había sido manifestada por Puentes Vargas en reiteradas ocasiones.

A pesar de las circunstancias que motivaron su renuncia, Puentes Vargas expresó su gratitud por la oportunidad de liderar y acompañar al equipo de la Supersalud en la Orinoquia, lo cual le significó una "inmensa posibilidad de crecimiento personal y profesional".

Subrayó la importancia de la presencia institucional de la Supersalud en Casanare durante seis años, confiando en que esta labor deja una "huella de servicio muy profunda".

También destacó que la entidad ha contado con el respaldo de un equipo profesional y técnico permanente en este departamento, que forma parte de aquellos reconocidos como de la "Colombia profunda", en un contexto donde la institucionalidad nacional es precaria.

Puentes Vargas afirmó que las direcciones regionales de la Superintendencia están llamadas a liderar el proceso de transformación de la entidad y a ser garantes de los cambios urgentes del sistema de salud en todo el territorio colombiano.

Finalizó la misiva agradeciendo Gobierno nacional la oportunidad de servir a los dos millones de colombianos que habitan la Orinoquia y permitirle participar en la transformación del sistema de salud que demandan todos los colombianos en el marco del nuevo modelo económico, político y social.

La Superintendencia Nacional de Salud ha emitido la Resolución 2025500000000451-6, la cual modifica la distribución, jurisdicción y sedes de sus Direcciones Regionales.

Según la entidad, esta reorganización busca fortalecer su presencia territorial y optimizar sus funciones de inspección, vigilancia y control en el sistema general de seguridad social en Salud.

Para la Superintendencia, la medida, que modifica resoluciones anteriores de 2022, 2023 y 2024, responde a la necesidad de desconcentrar las acciones de la entidad a nivel central y mejorar la atención al usuario.

Los principales cambios incluyen la reubicación de la sede de la Dirección Regional Orinoquía, trasladada de Yopal a Villavicencio, debido a que esta última representa un corredor importante para aumentar la presencia institucional de la Superintendencia.

Reasignación del departamento del Amazonas que ahora estará a cargo de la sede central de la Superintendencia, dada su ubicación limítrofe con Brasil y el riesgo en el acceso al derecho fundamental a la salud de su población.

Esto permitirá una respuesta más rápida a las necesidades de salud en la región y una mejor coordinación entre diferentes entidades.

También se hizo una reasignación de la sede insular de en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ahora también estará adscrita a la sede principal de la Superintendencia.

La medida incluye el mantenimiento de las ocho direcciones regionales la cual se mantiene, pero se redefine su jurisdicción y sedes para una mayor eficiencia.

De esta manera la regional norte tendrá sede principal en Barranquilla y abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. En la Costa también estará la sede Caribe con punto principal en Riohacha, la cual tendrá jurisdicción en La Guajira, Magdalena y Cesar.

En Medellín sigue operando la sede Antioquia que extiende su área de cobertura a Caldas, Quindío y Risaralda. Otra regional en el interior del país es la noroiental, que tiene como jurisdicción los departamentos de Boyacá, Norte de Santander y Santander.

Cali será el epicentro de la sede occidente, cuya área de cobertura incluye el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En este mismo sector suroccidental de país se tiene la regional sur con sede en Neiva y que cobija los departamentos de Huila, Putumayo y Tolima.

En el oriente colombiano se cuenta con la sede Orinoquia, que tiene como epicentro la ciudad de Villavicencio y su área de cobertura son los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.

Otras regionales son la de Chocó con sede en Quibdó y la de la jurisdicción de Cundinamarca, que cobija a Bogotá, Amazonas y San Andrés.

Estos territorios estarán a cargo de la sede principal de la Superintendencia delegada para entidades territoriales y generadores, recaudadores y administradores de recursos del sistema general de seguridad social.

Esta medida busca, en última instancia, garantizar que el servicio de salud se preste de manera permanente, oportuna, con calidad, eficiencia y eficacia, asegurando que los recursos destinados a la seguridad social se utilicen para tal fin.

Una vez materializada la intervención forzosa administrativa de la cual fue objeto Capresoca y ordenada por la Superintendencia de Salud, comenzaron a surgir una serie de afirmaciones, en su mayoría producto de la especulación, acerca del futuro inmediato de la empresa.

Dentro de este cúmulo de rumores se encuentra el tema de atención a los usuarios. En este sentido desde la EPS se emitió un comunicado, donde se hace claridad sobre el asunto.

El escrito comienza por precisar que “la medida de intervención forzosa busca salvaguardar la vida y protección del derecho fundamental a la salud para los más de 176 mil usuarios afiliados a la Caja de Previsión Social del Casanare- Capresoca EPS”

Para conseguir este objetivo es necesario garantizar “el acceso sin interrupciones y con calidad a la oferta de servicios, que no se verá afectada con esta determinación”, recalcó el mensaje.

Agregó el escrito que con esta información “el agente especial interventor de Capresoca EPS, Yeferson Caicedo Pardo, envía un parte de tranquilidad a todos los afiliados y ratifica el compromiso de la Superintendencia Nacional de Salud de mantener un servicio continuo, con oportunidad, calidad y seguridad, garantizando así la efectividad de los derechos fundamentales a la salud y vida”, indica el boletín de prensa.

Por lo tanto, se deja claro que la intervención no interrumpirá los servicios a que tienen derechos los usuarios de la empresa, “por el contrario, su objetivo es implementar acciones de fortalecimiento que permitan prolongar su operación, superando los hallazgos de tipo administrativo, financiero y jurídico que motivaron la medida”.

En cuanto a la labor que cumplirá el agente interventor es escrito es claro en señalar que su primera tarea es “la formulación e implementación de un plan de trabajo en el cual se definen estrategias encaminadas a garantizar con oportunidad, calidad y eficacia el aseguramiento de sus afiliados”.

En esta nueva etapa de Capresoca es necesario enfocarse “de manera prioritaria en la gestión de las más de 1.000 peticiones, quejas, reclamos y sugerencias- PQRS-, reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud en la diligencia de toma de posesión. Así mismo, revisar y concertar la red de servicios de salud y tecnologías de salud, para garantizar la atención oportuna de los usuarios”.

El agente interventor también hizo un llamado a todos “los afiliados, a los estamentos gubernamentales del departamento, a la comunidad que ejerce control social y público en general, la invitación para aunar esfuerzos en pro de Capresoca EPS, que es un baluarte del departamento de Casanare”.

Por último advirtió que, para adelantar trámites, solicitar la prestación de servicios y obtener el pago de cartera no se requiere intermediarios ni pagar dádivas o comisiones; por lo cual, se invita a denunciar cualquier hecho de corrupción”.

La Superintendencia Nacional de Salud emitió una alerta sobre la presencia de empresas que ofrecen servicios médicos de manera fraudulenta en el país.

Según la entidad, se han identificado dos compañías, "Inmunity" y "Vital Sanar", que a través de publicidad engañosa se hacen pasar por prestadores de salud legítimos.

Estas empresas falsas afirman pertenecer a programas del Ministerio de Salud y Protección Social, y ofrecen la realización de exámenes médicos, tratamientos y medicamentos. Sin embargo, ninguna de ellas cuenta con la habilitación necesaria para ofrecer estos servicios.

Supersalud hace un llamado a la ciudadanía para que se abstengan de aceptar este tipo de promociones, ya que no están avaladas ni reconocidas por ninguna entidad gubernamental del sector salud en Colombia.

Igualmente recomendó a los usuarios consultar con las secretarías de salud locales y departamentales antes de contratar cualquier servicio, con el fin de verificar la legitimidad de los prestadores.

Ante la detección de irregularidades, la Superintendencia insta a la población a informar a las autoridades competentes, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los pacientes.

La Superintendencia Nacional de Salud ha iniciado averiguaciones preliminares contra la EPS Sanitas debido a presuntas negaciones en el suministro de medicamentos e insumos para sus afiliados.

Según la Resolución 2023710000009987-6 de 2023, se alega que la EPS no resolvió 605 reclamos de salud y no cumplió con las instrucciones emitidas por la Supersalud.

Ante estos hechos, se sospecha que Sanitas no garantizó un servicio de salud oportuno y completo, lo que llevó a los usuarios a presentar quejas ante la Supersalud.

Tras dos requerimientos, donde solo se solucionaron 232 reclamaciones, se ha iniciado una investigación para determinar si se deben tomar medidas administrativas sancionatorias.

La Supersalud busca proteger el derecho a la salud de los afiliados y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a Sanitas.

De acuerdo con la Delegatura para Investigaciones Administrativas, el inicio de las averiguaciones preliminares busca contar con los elementos necesarios, para verificar la existencia o no de mérito para iniciar un proceso administrativo sancionatorio con dicha EPS, en aras de garantizar el debido proceso.

La Superintendencia de Salud requirió a Sanitas, por 837 quejas recibidas por parte de los usuarios, quienes denunciaron falencias en la entrega de medicamentos.

El requerimiento se hizo directamente al representante legal de la EPS, a quien se le enviaron 4 preguntas puntuales, solicitándole que informe las acciones desplegadas, para garantizar la prestación de los servicios de salud, específicamente en lo relacionado con la entrega de medicamentos.

Según la Superintendencia dicho proceso no ha tenido una solución de fondo. Es por ello que Sanitas debe adelantar de manera inmediata, todas las acciones que sean necesarias para solucionar esta situación, que pone en riesgo la vida e integridad física de los afiliados.

Un primer ítem solicitado a la EPS, la conmina a informar sobre los mecanismos diseñados para garantizar la entrega oportuna y completa de medicamentos.

En segundo lugar se le pide que precise las estrategias diseñadas con sus gestores farmacéuticos, para identificar y prevenir las entregas ficticias, entendidas como el reporte de entrega de un medicamento, sin la correspondiente recepción por parte del usuario.

Un tercer requerimiento le solicita indicar la fecha y hora de entrega de medicamentos, de los usuarios que figuran como sin solución de fondo frente a quejas por ese tema.

Finalmente, la Supersalud le pidió que indique si la EPS cuenta con convenios o contratos adicionales, con el fin de asegurar la oportuna entrega de medicamentos a sus usuarios e informe cuáles son dichas entidades.

Pese a esta situación el tema no es nada nuevo, por el contrario es de vieja data. Se conoció que en 14 meses que lleva el presente Gobierno nacional, Sanitas ha recibido 30.236 PQR relacionadas con fallas en la entrega de medicamentos.

Estas cifras ubican a Sanitas como la segunda EPS en el país con mayor número de reclamos, relacionados con este tema de la entrega de medicamentos.

Estos datos hacen parte de un estudio hecho por la Superintendencia, donde también figura que Sanitas que para junio de 2023,  tenía 4.322 medicamentos reportados como pendientes y el número de usuarios afectados por esta situación, era de 277.158 afiliados.

Luego de realizar un análisis a la capacidad de pago que tienen las EPS para pagar sus obligaciones y cómo garantiza la prestación de los servicios de salud a sus afiliados, la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer la clasificación de riesgo en que se encuentran las entidades administradoras de recursos (EPS) con corte al mes de octubre de 2022.

La evaluación permitió establecer tres niveles de riesgo (alto, medio y bajo) entre lo que se tuvo en cuenta: cumplimiento de las condiciones y capacidad financiera y para el pago de sus obligaciones

En riesgo alto se ubican 7 EPS que están bajo medida especial de la Supersalud, que no cumplen con indicadores financieros y presentan altos niveles de endeudamiento.

Las de riesgo medio son aquellas EPS que están en medida y cumplen 2 de los 3 indicadores financieros exigibles para permanecer como administradoras de recursos. En este nivel se encuentran también entidades que no están en medida y que incumplen dos de los tres indicadores financieros, además de comprometer en proporción importante su nivel de endeudamiento. En este riesgo se ubican 3 EPS

Finalmente, en nivel de riesgo bajo están aquellas EPS que no se encuentran bajo medida especial de la Superintendencia, cumplen al menos dos de los tres indicadores de carácter financiero y registran bajo nivel de endeudamiento. En esta categoría se ubican 12 EPS.

Hay 7 EPS en riesgo alto financiero

En nivel de riesgo alto, la Superintendencia clasifica a 7 EPS (Savia Salud, SOS, Emssanar, Capresoca, Asmet Salud, Comfachocó y Ecoopsos) que agrupan una población de más 7 millones de afiliados y acumulan cuentas por pagar de 3.5 billones de pesos con sus prestadores y proveedores.

De ese total de cartera, cerca de 2.7 billones de pesos se concentran en las EPS Emssanar, Asmet Salud y Savia Salud, las cuales están con medida de vigilancia especial o intervención y que más cuentas por pagar tienen con sus redes de prestación públicas y privadas, con sus proveedores de servicios y tecnologías, con los servicios de ambulancias y con profesionales independientes.

Las de más alto nivel de riesgo en salud

La mayoría de las EPS en medida de vigilancia son también las que presentan los menores porcentajes de cumplimiento en variables como gestión de la atención en salud, materialización del riesgo en salud, gestión individual del riesgo y modelo de atención.

Al analizar técnicamente cada variable, la Supersalud encontró que la EPS Capresoca, de Casanare, se clasifica en nivel de riesgo alto, mientras que las EPS Savia Salud y SOS se encuentran en riesgo medio alto, estas últimas por sus deficientes calificaciones en el componente denominado ‘gestión de atención en salud’.

3 EPS en riesgo medio

La Supersalud categorizó en nivel de riesgo medio a tres EPS: Famisanar, Capital Salud, de Bogotá, y Comfaoriente, que cuentan con una población de 4.4 millones de afiliados y unas cuentas por pagar de 1.2 billones de pesos.

Las dos primeras incumplen las condiciones financieras de patrimonio adecuado y régimen de inversiones, mientras que Comfaoriente -EPS que se encuentra bajo medida de vigilancia especial- presenta incumplimiento solamente en el indicador de régimen de inversiones.

Frente al monto de las deudas, se alerta por la EPS Famisanar que presenta cuentas por pagar superior a los 833 mil millones de pesos, siendo la mayor cartera la que tiene con proveedores de servicios y tecnologías en salud (220.516 millones).

En el análisis del riesgo en salud, las tres EPS se clasifican en riesgo alto, porque incumplen al menos dos de los cuatro indicadores.

12 EPS en riesgo bajo

Finalmente, la Superintendencia clasificó en nivel de riesgo bajo a 12 EPS: Nueva EPS, Sanitas, SURA, Salud Total, Coosalud, Mutual Ser, Compensar, Cajacopi, Comfenalco Valle, Aliansalud, EPS Familiar y Salud Mía.

Estas entidades cuentan con una población afiliada de 35.9 millones de usuarios y presenta unas cuentas por pagar de 11.2 billones de pesos.

Aunque el Superintendente de Salud Ulahy Beltrán, sabe que Capresoca es una entidad débil por su condición financiera, en las últimas horas demostró su intención de ayudar a salvarla, teniendo en cuenta el servicio que le presta a los cerca de 180 mil afiliados que tiene actualmente la EPS.

“No nos asiste el interés de quebrarla, sino de ayudar a rescatarla”, estas fueron las palabras del superintendente, luego de que el Representante a la Cámara por Casanare Hugo Archila manifestara, en la sesión de la Comisión Séptima de este miércoles, la urgente necesidad de una solución para el estado en el cual se encuentra la entidad de salud de los casanareños.

El importante espaldarazo del Superintendente de Salud a Capresoca, se dio durante el debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde había sido citada la entidad, junto a la Superintendencia de Subsidio Familiar, en una jornada legislativa que se extendió hasta el medio día de este miércoles, y que se da en el marco de una visita que se desarrolla esta semana, por parte de la entidad reguladora de salud, a la ciudad de Yopal.

Ante esto el Superintendente Ulahy respondió que es un tema amplio que hay que tratar con cuidado para entenderlo “Frente a la reforma que se presentará por iniciativa de la sociedad civil y que será moderada por el gobierno, el congreso decidirá cuales serán las reglas de juego, pero mientras exista la normatividad actual hay que proceder con lo que se exige” argumentó adicionalmente que ya se ha hecho la exigencia de las reservas técnicas que tenían las EPS para soportar la atención “Tenemos hasta el 30 de septiembre y hemos logrado que migren al pago de la red”.

Archila Suárez aprovechó la atención del Superintendente Beltrán para entregarle una carta firmada por diecinueve (19) líderes que representan a la población con discapacidad de Casanare, entre los cuales se destacada la líder social Elsa María Villamil “Pecas” y quién según el congresista, sería la encargada de encomendarle la entrega del documento, el cual contiene las principales problemáticas que afronta el departamento en temas de salud, como es la atención prioritaria, los traslados, las remisiones entre otros “Nos piden que por favor tengamos presente estos temas, yo se que tiene un grupo de trabajo presente allá, le pido que los escuche, porque estos lideres sociales tienen la información de primera mano, para que tome las decisiones correctas” afirmó el Representante Liberal por Casanare.

Es de destacar que el también Representante a la Cámara Jairo Cristo del departamento de Antioquia, se refirió a la zozobra por la que atraviesan los departamentos como Casanare y el suyo, en donde se dan recursos para salvar estas entidades, pero permanece la incertidumbre en los Gobiernos locales.

La Superintendencia Nacional de Salud extendió hasta el 27 de junio de 2023 la medida de vigilancia especial que rige sobre la EPS Capresoca para cumplir los indicadores que aún no están en un 100% que permitan restablecer las condiciones financieras y de solvencia y garantizar la atención oportuna a su población asegurada.

La gerente de Capresoca, Nuria Yarley Bohórquez Peña, afirmó que dentro de los indicadores financieros están: solvencia, capital mínimo, reserva técnica y deudas por pagar. En indicadores de salud, se debe continuar trabajando en el fortalecimiento de las rutas de promoción y mantenimiento con las empresas del estado de primer nivel.

Asimismo, se debe captar todos los pacientes renales, hipertensos y de alto costo como cáncer. En cuanto a las PQR, la gerente manifestó que el 2021, se registró un momento atípico con una de las IPS, lo que arrojó un alto número de quejas por parte de los usuarios de la EPS.

La EPS cuenta con 174.900 afiliados, de los cuales 158.755 pertenecen al régimen subsidiado y 16.145 al contributivo, distribuidos principalmente en los 19 municipios del departamento de Casanare.

“Nosotros seguimos optimistas de continuar trabajando por una pronta viabilidad que nos va a dar la Superintendencia y que le va a dar al gobernador, que tanto ha buscado la viabilidad al concepto de capitalización y saneamiento de la empresa. Es un trabajo arduo que se ha hecho frente a la Supersalud, DNP y el Ministerio de Salud y esperamos una pronta respuesta a este concepto”, dijo Nuria Yarley.