La Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha una investigación disciplinaria contra Víctor Jaimes Jerónimo, concejal del municipio de Paz de Ariporo, en el departamento de Casanare.

Esta medida se toma a raíz de señalamientos que apuntan a una presunta agresión física por parte de Jaimes Jerónimo hacia otro miembro del cuerpo colegiado, el concejal José Antonio Naranjo Ruiz, ocurrida en las propias instalaciones del cabildo municipal.

Según la información que ha sido ampliamente difundida y publicada en diferentes medios de comunicación locales, el incidente habría tenido lugar el pasado 4 de noviembre del año en curso.

Los reportes indican que, al culminar una sesión ordinaria del concejo municipal, el concejal Jaimes Jerónimo supuestamente propinó un golpe en el rostro a su colega Naranjo Ruiz.

Se especula que esta agresión habría sido una respuesta directa e inmediata a una intervención o un comentario crítico que Naranjo Ruiz había realizado previamente durante el desarrollo del debate en el pleno.

El Ministerio Público ha enfatizado la seriedad de este suceso, destacando que el presunto hecho, el cual habría sido atestiguado por otros concejales y funcionarios presentes en la corporación, podría constituir una grave transgresión a los principios fundamentales que deben regir la conducta de todo servidor público.

La Procuraduría señala específicamente la posible vulneración de la moralidad, el respeto, la responsabilidad y el decoro, valores éticos esenciales para el ejercicio de la función pública y la convivencia democrática. De confirmarse las acusaciones, el acto de violencia se configuraría como una falta disciplinaria que amerita una sanción.

Para garantizar un proceso transparente y exhaustivo, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare ha tomado cartas en el asunto y ha ordenado la práctica de diversas pruebas documentales y testimoniales.

El principal objetivo de estas diligencias es verificar de manera fehaciente los hechos disciplinariamente relevantes y, de igual forma, ampliar y profundizar en la información disponible sobre las circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar en que se habría producido la agresión.

La investigación busca no solo determinar la veracidad de las acusaciones, sino también establecer las posibles responsabilidades disciplinarias que recaerían sobre el concejal Víctor Jaimes Jerónimo, en aras de salvaguardar la integridad de la función pública y la institucionalidad del Concejo Municipal.

La gerente de Enerca, Nubia Stella Castro Molano, expresó su preocupación ante lo que considera la inminente crisis en el suministro de gas para la región de la Orinoquia.

La funcionaria habló sobre la falta de interés por parte del Gobierno nacional, para abordar estos temas con las autoridades locales y regionales.

Para ayer 28 de noviembre se tenía programada una reunión donde se esperaba la presencia del Ministerio de Minas, Ecopetrol y otras entidades del orden nacional, pero solo algunos funcionarios del orden nacional se comunicaron de manera virtual.

Castro Molano sostuvo que Casanare y Meta se encuentra al borde de una crisis energética, con más de 10.000 familias y usuarios formales de Enerca y residentes en el norte del departamento, corren el riesgo de quedarse sin suministro de gas domiciliario o de enfrentar precios inasequibles.

La situación se agrava al considerar que estos departamentos aportan más del 60% del gas a la producción nacional, lo que genera un sentimiento de injusticia y preocupación entre la población y sus representantes.

Municipios como Trinidad, Paz de Ariporo, Orocué, San Luis, veredas de Yopal y Aguazul, son los más afectados por esta incertidumbre que, según Castro Molano, podría materializarse a partir del 1 de diciembre.

La principal demanda es la implementación de una tarifa diferencial para la región de los Llanos, así como un precio justo y garantizado para la "molécula de gas vehicular" que también impacta al gremio transportador, incluyendo a los taxistas de Yopal, Aguazul y el departamento del Meta.

La gerente ha manifestado consistentemente su postura en diversos foros públicos y encuentros con el Gobierno Nacional, abogando por la necesidad de atender estas demandas.

Sin embargo, la reciente participación virtual de algunas entidades del gobierno central en mesas de diálogo ha generado malestar y la percepción de falta de compromiso directo por parte de las autoridades nacionales.

Mandatarios de los municipios afectados, como la alcaldesa de Trinidad y los burgomaestres de Orocué, Yopal, Paz de Ariporo y San Luis, han unido sus voces para gestionar el apoyo del Gobierno Nacional.

La inminencia de la fecha límite y el impacto potencial en más de 10.818 familias, incluyendo aquellos beneficiarios del programa de gas social de Perenco, subraya la urgencia de una intervención gubernamental efectiva, según lo explicado por Nubia Castro.

La comunidad y sus líderes instan a una respuesta concreta que garantice el acceso a un servicio esencial a un precio equitativo, evitando así una crisis humanitaria y económica en una de las regiones productoras de gas más importantes del país.

La Policía Nacional en el departamento de Casanare logró la desactivación de tres artefactos explosivos de alto poder, atribuidos al grupo armado ilegal del ELN, en el peaje del Charte.

La acción, que se extendió durante desde las horas de la noche del viernes 28 hasta la mañana de hoy sábado 29, evitó que estallarán los tres artefactos explosivos con capacidad para volar toda la estructura del peaje.

Según informó el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, comandante del Departamento de Policía Casanare, la alerta se recibió en la noche de ayer viernes, alrededor de las 9:45 PM.

Información preliminar indicaba que una camioneta blanca con aproximadamente seis personas armadas había sido vistas instalando los dispositivos.

Antes de la colocación, los perpetradores habrían realizado disparos para obligar a los ocupantes de las cabinas y vigilantes a abandonar el puesto, una táctica que buscaba despejar la zona antes de activar los artefactos.

La Policía Nacional desplegó de inmediato todas sus capacidades institucionales, incluyendo personal de guías caninos, el Sistema de Información y Análisis de Riesgo (SIAR) con sistemas remotamente tripulados, y equipos especializados de antiexplosivos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (SIJIN).

El oficial recalcó que, gracias a la coordinación y pericia de estas unidades, los tres artefactos fueron exitosamente desactivados, garantizando la seguridad del área.

El coronel Galindo Valencia detalló que los explosivos estaban compuestos por una combinación de amonio y RDX. Cada uno de los cilindros pesaba aproximadamente 27 kilogramos, una carga suficiente para haber derribado completamente la estructura del peaje, según las evaluaciones de los expertos.

La autoridad confirmó que, tras el análisis de la situación y el tipo de material, se atribuye la autoría de este intento de atentado al ELN, específicamente al grupo José David Suárez.

Afortunadamente, la respuesta policial y la profesionalidad del personal involucrado resultaron en un balance positivo, sin heridos ni pérdidas que lamentar entre los ciudadanos o los uniformados.

Sobre la identidad de los responsables de instalar los artefactos explosivos, el coronel Galindo explicó que la imagen de los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el peaje es muy borrosa.

Sin embargo, se van a enviar para que un equipo de especialistas hagan un trabajo de remasterización para mejor la calidad del material audiovisual.

Con el cansancio reflejado en sus caras, los usuarios de la Marginal del Llano han tenido que soportar una larga espera debido a la situación de orden público que se presentó desde la noche de este viernes 28 de noviembre en el peaje de El Charte.

Según versiones extraoficiales, en dicha infraestructura desconocidos dejaron tres cargas explosivas, lo que generó la reacción inmediata de las autoridades que se hicieron presentes en el sitio.

Igualmente, la situación originó un trancó monumental sobre la vía, que se ha prolongado hasta las primeras horas de hoy sábado 29 de noviembre.

Se conoció así mismo, que unidades antiexplosivos lograron la detonación controlada de dos de los tres artefactos y se espera que en las próximas horas quede superada esta emergencia, para poder restablecer el flujo normal de vehículos.

Por su parte algunos viajeros expresaron su preocupación por esta situación en redes sociales. Varios de ellos son pasajeros quienes se encuentran a bordo de los buses y vehículos transporte público, que llevan más de 9 horas en el trancón.

Angelín Tatiana Caicedo, una de las afectadas con el trancón, en declaraciones a Casanare Noticias, indicó que es situación perturbadora y con mucha zozobra, porque no se tiene certeza de la hora en pueda continuar su viaje, cuyo destino es el departamento del Cauca.

Mencionó que el bus en el cual viaja hay menores de edad y adultos mayores, quienes están padeciendo de las incomodidades generadas por este imprevisto.

Como se trató de un caso fortuito, muchos de los pasajeros no cuentan con provisión de víveres ni de hidratación, para soportar las largas horas de espera.

A todo lo anterior, comentó, se suma la falta de información por parte de las autoridades. “No nos han dicho nada. No han sacado un comunicado para saber realmente qué es lo que está pasando”, manifestó Angelín Tatiana Caicedo.

Una operación conjunta y simultánea, liderada por la Policía Nacional en colaboración con la Fuerza Aérea Colombiana y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, ha asestado un golpe significativo a la subestructura criminal "Gonzalo Oquendo Urrego" del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia en Casanare.

La acción, desarrollada en los municipios de Aguazul y Yopal, culminó con la captura de seis personas, presuntos integrantes de esta organización delictiva.

Tres de los detenidos fueron detenidos por orden judicial, investigados por delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.

De manera complementaria, otras tres personas fueron capturadas en flagrancia por porte ilegal de armas, municiones o explosivos, y tráfico de estupefacientes.

Durante la intervención, que incluyó siete diligencias de registro y allanamiento tanto en zonas urbanas como rurales, se logró la incautación de diversos elementos que apoyaban las actividades ilícitas de este grupo armado ilegal.

Entre los objetos decomisados se encuentran dos armas de fuego, un arma traumática, tres proveedores, 357 cartuchos de diferentes calibres, dieciocho teléfonos celulares, tres mil gramos de marihuana, dos motocicletas, un computador, dinero en efectivo y dos radios de comunicación tipo walkie-talkie.

En cuanto a los individuos capturados se destaca alias "Topo", de 42 años, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla militar de la subestructura.

Junto a él, fueron detenidos su segundo al mando, el encargado logístico de la organización y un colaborador activo. Otros alias reportados entre los capturados incluyen "Tibias" (42 años), "Pájaro" (46 años), "Chucho" (29 años), "Pequeño Juan" (29 años) y una mujer de 27 años.

Las autoridades informaron que los seis detenidos registran un total de veintitrés anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos graves como homicidio, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes y hurto agravado, lo que subraya su trayectoria en el ámbito delictivo dentro del departamento.

La Alcaldía de Yopal, a través de su Secretaría de Planeación, ha convocado a la ciudadanía a la primera jornada de sensibilización y legalidad, un evento crucial diseñado para abordar y mitigar los crecientes conflictos derivados de construcciones sin autorización y ventas fraudulentas de terrenos.

La iniciativa busca empoderar a los habitantes de Yopal con información vital para tomar decisiones seguras en el ámbito inmobiliario y urbanístico.

Este viernes 29 de noviembre, a partir de la 1:00 de la tarde, el centro comercial Unicentro Yopal será el punto de encuentro para esta jornada pedagógica.

En un esfuerzo coordinado, diversas entidades con competencia en control urbano, rural y ambiental se unirán para ofrecer orientación y resolver dudas.

Entre los participantes se encuentran la Secretaría de Gobierno, el Instituto de Desarrollo de Yopal (INDEV), las Curadurías Urbanas 1 y 2, la Policía Nacional, autoridades administrativas de Policía (tanto urbanas como rurales),

También participará la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), la Personería Municipal, la Fiscalía General de la Nación y los 11 corregidores del municipio.

El propósito central de esta jornada es brindar herramientas claras y prácticas para que los ciudadanos puedan identificar si un lote, una construcción o un proyecto urbanístico cumple con todos los permisos y licencias requeridos por la ley.

Los asistentes tendrán la oportunidad de resolver inquietudes sobre aspectos fundamentales como el uso del suelo, los procesos de licenciamiento, la problemática de los asentamientos ilegales, la diferenciación entre suelo rural y urbano, los planes parciales y las normativas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La Secretaría de Planeación ha subrayado que un número significativo de los problemas actuales en Yopal se originan precisamente en la falta de autorización para construcciones y en transacciones de venta que no cumplen con la normatividad vigente.

Estas irregularidades no solo exponen a las familias a pérdidas económicas y litigios, sino que también tienen un impacto directo en la seguridad y la planificación ordenada de la ciudad.

Por consiguiente, esta actividad se presenta como un mecanismo esencial para la protección ciudadana y para fomentar un desarrollo urbano sostenible y legal.

La jornada representa una oportunidad única para que los yopaleños fortalezcan su conocimiento y se prevengan de ser víctimas de estafas o de realizar inversiones en proyectos que operan al margen de la ley.

Los organismos de socorro del municipio continúan con las labores de búsqueda de la persona reportada como desaparecida en el Río Upía.

El dato oficial que se tiene sobre esta emergencia menciona de los hechos se presentaron en la vereda Buenos Aires Bajo. La persona desaparecida responde al nombre de Soilo Parada de 80 años.

El caso se conoció por las versiones de los familiares del desaparecido. Ellos arribaron sobre las 10:30 de la noche del pasado miércoles 26 de noviembre a la estación de policía de Caribayona.

En el relato entregado a las autoridades mencionaron que el señor Parada, sobre las 6 de la tarde de ese mismo día, se dirigía en canoa hacia su vivienda. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

Acerca de la suerte que pudo haber corrido Soilo Parada, su familia no descarta la posibilidad de una inmersión involuntaria. Partiendo de esta información en la mañana de ayer jueves 27 de noviembre se inició la búsqueda del adulto mayor.

El operativo tuvo como punto de partida el lugar señalado por los familiares, donde posiblemente se pudo presentar la inmersión involuntaria.

En esta labor participaron siete unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villanueva. Cuatro socorristas pertenecían al grupo de rescate acuático; dos al componente de sobrevuelos, drone y búsqueda aérea. El séptimo asistió como apoyo de coordinación y comunicaciones.

Los rescatistas, con el apoyo de los familiares del desparecido y vecinos del sector, realizaron un recorrido aguas abajo de aproximadamente 4 kilómetros.

El trabajo se adelantó tanto en el bote de búsqueda como con un drone.

Al finalizar de la tarde no se logró ubicar al señor Soilo, por lo que el operativo de rescate se retomó esta mañana sobre las 5 a.m.

Para la jornada de hoy se prepararon 2 botes, 8 unidades de búsqueda, motores fuera de borda y un drone. El objetivo es ampliar el área de búsqueda, para poder encontrar al señor Soilo Parada.

La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Infraestructura, inició trabajos de rehabilitación en tres kilómetros de vías del casco urbano del centro poblado La Chaparrera.

Los trabajos comenzaron con reconformación del terreno, extendido y compactación de material para garantizar una estructura vial resistente al tráfico vehicular de la zona.

La intervención beneficiará directamente a familias de los barrios Corocito, Brisas del Tocaría, La Libertad y otros sectores aledaños que durante años han reportado deterioro en estas vías.

Adriana Hernández, secretaria de Infraestructura, señaló que una vez finalizada la obra "la comunidad podrá movilizarse de manera más fluida, reduciendo tiempos de desplazamiento hacia instituciones educativas, comercios y zonas productivas".

La obra priorizada responde a una solicitud de la comunidad y busca facilitar el transporte de productos y el acceso a servicios institucionales en este corregimiento de Yopal.

La falta de visibilidad que generan los puntos ciegos en momentos en que el vehículo se dispone a realizar un giro, fue la causa de un accidente ocurrido en el casco urbano de Tauramena.

Esa fue la explicación dada por el conductor de un vehículo que se vio involucrado en el siniestro vial, ocurrido en la carrera 7ª # 8 – 12, barrio Colinas.

En la versión entregada a los bomberos que atendieron el incidente, dicha persona manifestó que, debido al mencionado punto ciego, no pudo visualizar a los motociclistas que en ese momento circulaban por el sector y fue ahí donde se generó el accidente.

Por su parte las unidades del organismo de socorro reportaron que el percance se presentó en la noche del pasado 26 de noviembre.

Como resultado de este percance, el conductor de la motocicleta siniestrada presentaba una herida abierta en su pierna izquierda, mientras que su acompañante presentó algunas laceraciones leves.

La persona que iba al volante del carro salió ilesa, pero el vehículo presentó daños materiales como consecuencia del imprevisto.

Carlos Romero, concejal de la oposición al gobierno del alcalde de Monterrey, Hugo Alberto Ballesteros Rivera, denunció que el burgomaestre insiste en endeudar al municipio, pese a que existe una orden judicial donde se pone en pausa el citado empréstito, dando respuesta a una Acción de Tutela que busca revocar esta iniciativa.

El pronunciamiento proveniente de los estrados judiciales es un fallo en segunda instancia, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo del circuito municipal de Monterrey.

En dicho fallo la autoridad judicial recalca que la decisión tiene como objetivo “conceder amparo constitucional de manera transitoria, tutelando los derechos fundamentales al debdo proceso”.

Para el cabildante Romero, en el trámite que se dio al proyecto de acuerdo municipal, el cual fue aprobado en medio de una férrea oposición de algunos sectores, tanto del concejo como de la comunidad, se presentaron fallas al debido proceso.

La menciona iniciativa, hoy convertida en Acuerdo, autoriza al mandatario Ballesteros Rivera, a tramitar un crédito a nombre del Municipio de Monterrey por valor de 20 mil millones de pesos.

Ante los supuestos yerros encontrados, el juzgado ordenó a la Alcaldía y al Concejo abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuaciones, tendientes a materializar el citado empréstito, hasta tanto no se defina la medida cautelar solicitada dentro de un proceso de nulidad simple, pedido por los accionantes.

No obstante, el pasado 21 de noviembre los concejales opositores a Hugo Ballesteros Rivera radicaron un incidente de desacato contra el alcalde y del Concejo Municipal, porque en su concepto no cumplieron con la orden emanada por el togado.

El referido incidente fue radicado ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Monterrey, que concedió 24 horas al burgomaestre y al presidente del Concejo para que se pronunciaron sobre este tema.

En repuesta de la Administración municipal se argumentó que el fallo del juez ordenaba suspender el Proyecto de Acuerdo 014, donde se buscaba la autorización del Concejo para tramitar el crédito.

Pero para la fecha en que se hizo el pronunciamiento de la autoridad judicial, el proyecto de acuerdo ya no existía, porque se había convertido en Acuerdo Municipal.

En estos términos, sostiene la respuesta del Gobierno local, la orden dada por el juzgado “es objetivamente inexecutable”. Para reforzar esta teoría menciona que “no se puede suspender algo que ya sucedió por completo”.

Igualmente recalca que “el proyecto ya dejó de existir formal y materialmente”. Además “existe una situación jurídicamente consumada: el nacimiento del Acuerdo Municipal”.

La contra parte, entre tanto, asegura que la suspensión ordenada por el juez se extiende a la aprobación por parte del Concejo del proyecto de acuerdo, la sanción por parte del alcalde, a la firma del crédito con la entidad bancaria escogida y la adición de estos recursos al presupuesto municipal.

Finalmente, en esta controversia, Ballesteros Rivera siguió adelante y envió un oficio el pasado 25 de noviembre al presidente del Concejo, donde solicita “la inclusión del contrato de empréstito dentro del Proyecto de Acuerdo del Presupuesto General 2026”.

En el escrito se menciona que “el contrato del empréstito fue formalizado el 10 de noviembre de 2025 con el Banco BBVA”, por un valor de 20 mil millones de pesos.