La secretaria de gobierno ad hoc para el proceso electoral del 8 de marzo en Yopal, Karina Rojas, confirmó que la granja de la Universidad Unitrópico se mantiene como la sede oficial para los escrutinios de la jornada electoral del 8 de marzo.

Tras cumplirse la cuarta sesión de la comisión de garantías, la administración municipal respondió las objeciones presentadas por el partido Centro Democrático, argumentando que el sitio cuenta con un informe favorable de seguridad debido a su proximidad con bases de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional.

La funcionaria explicó que se dispondrá de tres anillos de seguridad coordinados por la Policía y las Fuerzas Militares para garantizar el orden en el recinto.

En cuanto a la infraestructura, Rojas indicó que el lugar permitirá la operación de 10 comisiones escrutadoras, lo que representa un incremento frente a las siete comisiones habituales.

También aclaró que la Alcaldía garantiza el apoyo logístico requerido por la Registraduría, incluyendo un presupuesto de 30 millones de pesos destinado a papelería y refrigerios, además del suministro de vehículos y equipos.

Finalmente, la secretaria informó que existe un plan de contingencia con una ubicación alternativa, el cual solo se activará en caso que un fallo judicial ordene el cambio de sede.

Un accidente de tránsito registrado en la tarde del 19 de febrero en la intersección de la calle 2 con carrera 1 de Tauramena dejó como saldo un motociclista lesionado.

El reporte oficial indica que el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó su salida de la vía. Al lugar acudió personal de atención prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron la valoración inicial del paciente en el sitio de la emergencia.

Tras ser estabilizado y diagnosticado preliminarmente con heridas que requerían manejo hospitalario, el motociclista fue trasladado al centro de salud local para recibir atención médica especializada.

La campaña del aspirante a la Cámara de Representantes por Casanare, Diego Fernando García Alfonso, emitió un pronunciamiento para desestimar las versiones sobre una presunta inhabilidad que afectaría su candidatura por el partido Alianza Verde.

Desde las directivas de la campaña se fundamentó la viabilidad de la aspiración en el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por el Consejo Nacional Electoral y la ausencia de sanciones administrativas o judiciales que limiten su ejercicio político.

La inquietud surgió luego de la publicación de una aparente posibilidad de inhabilidad, basados en el grado de consanguinidad que guarda el aspirante a la Cámara de Representantes, con la subgerente administrativa y financiera de Indercas, Cándida Líver Alfonso, quien es tía Diego García.

Para la campaña el debate jurídico se centra en la aplicación del numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política de Colombia, el cual regula las restricciones para congresistas con vínculos de parentesco con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

Según el comunicado, en el caso de García Alfonso no se configuran los elementos técnicos que definen dicha autoridad, tales como el poder de mando frente a la ciudadanía, la facultad de imponer decisiones obligatorias a particulares o el ejercicio de competencias de dirección política con capacidad de influir en el electorado.

La defensa de la candidatura sostiene que la interpretación de la ley y la jurisprudencia vigente ratifican que no existe causal de inhabilidad alguna.

El comunicado concluye con un llamado a la responsabilidad en el debate público, señalando que la transparencia y el respeto por el Estado de Derecho son los ejes que guían el proceso electoral del candidato número 101 en el departamento de Casanare.

Los apoyos económicos que el Gobierno nacional anunció para el sector arrocero, no los van a ver los agricultores Casanare, así lo manifestó el producto y exdiputado Julio Cala.

Las declaraciones las hizo durante la reunión sobre los precios del arroz que se realizó este 19 de febrero en las oficinas de Fedearroz en Yopal. Actividad que contó con la participación de Rafael Hernández, gerente de la federación.

Cala calificó como discriminatorio la categorización hecha por la Administración central en pequeños, medianos y grandes productores. "Sisbenizaron a los agricultores" y en ese orden de ideas esos auxilios van a llegar a los productos de Tolima y Huila, pero Casanare no verá este beneficio.

Dijo, además, que es necesario renegociar con el Gobierno de los Estados Unidos el tratado de libre comercio, porque si no se hace, el gremio arrocero desaparecerá para el 2030, año en que se eliminarán los aranceles.

También recalcó que se debe revisar con mucho cuidado el tema de los cultivos ilícitos, porque, aseguró, que en la actualidad la producción de coca supera los niveles de seguridad alimentaria del país.

Finalmente, subrayó que hace falta voluntad política por parte del Gobierno nacional, quizá porque no se avizora que una crisis profunda del sector arrocero puede llevar a una crisis social, económica y de seguridad.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la recuperación de cinco predios rurales que suman 1.330 hectáreas en los municipios de Tauramena y Villanueva, Casanare.

Estas tierras, que se encontraban vinculadas a procesos de extinción de dominio por sus nexos con estructuras narcoparamilitares y redes de testaferrato, pasarán a disposición del Estado para ser adjudicadas a comunidades campesinas.

Entre los bienes recuperados destaca el predio "La Suelta", de 639 hectáreas, el cual habría pertenecido a Óscar Pachón Rozo, alias ‘Puntilla’, señalado como heredero de las rutas de narcotráfico de Daniel ‘El Loco’ Barrera.

También, se intervino el predio "La Palmita I", relacionado en su cadena de propiedad con el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, condenado por lavado de activos y urbanización ilegal.

La operación busca transformar terrenos que funcionaron como centros de acopio logístico para economías ilegales en espacios productivos para campesinos sin tierra y víctimas del conflicto.

Según la ANT, el proceso de adjudicación priorizará a familias rurales y mujeres como parte del cumplimiento de la Reforma Agraria en el departamento.

El Comando de la Brigada 18, unidad de la Octava División del Ejército Nacional, informó sobre un ataque perpetrado en la tarde del 18 de febrero contra un vehículo blindado tipo TITAN.

El evento ocurrió en el sector de Puente Caranal, jurisdicción del municipio de Arauquita, Arauca, mientras las tropas realizaban un movimiento táctico en el marco de una operación de acción decisiva.

Producto de la detonación de una carga explosiva instalada en la zona, un suboficial de la institución resultó herido con fracturas en ambos tobillos debido a las contusiones provocadas con el impacto.

El uniformado fue evacuado de manera inmediata hacia la ciudad de Arauca, donde recibe atención médica especializada. Tras el ataque, se registraron combates en la zona contra integrantes de la comisión ‘Camilo Cienfuegos’ del grupo armado organizado ELN.

La institución militar anunció que interpondrá las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, señalando al ELN por la infracción recurrente al Derecho Internacional Humanitario y la vulneración de los Derechos Humanos.

Como medida de respuesta, el Ejército Nacional ha reforzado los dispositivos de seguridad en todo el departamento de Arauca para garantizar el control del orden público.

Tras años de gestiones por parte de la comunidad educativa, el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, realizó la firma de las escrituras que individualizan el terreno donde se construirá la sede propia de la Institución Educativa Centro Social.

El proceso técnico, que incluyó estudios topográficos y la obtención de licencias de subdivisión bajo la modalidad de reloteo ante la Curaduría Segunda, culminó con la segregación del lote que anteriormente compartía espacio con la actual estación de Policía de Yopal.

La Administración municipal confirmó una asignación de 17.000 millones de pesos para la cofinanciación de la obra, infraestructura que busca dar solución definitiva a una institución que ha funcionado históricamente bajo la modalidad de arrendamiento.

Según el cronograma presentado, el próximo 1 de marzo se radicará el proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para iniciar los debates correspondientes y asegurar el avance del proyecto que beneficiará a más de 1.800 estudiantes.

Como parte del diseño urbanístico, la Secretaría de Infraestructura informó que se habilitará una vía perimetral para separar físicamente el plantel educativo de la unidad policial colindante.

Con el registro del nuevo folio de matrícula inmobiliaria ante la Oficina de Instrumentos Públicos, el municipio queda habilitado legalmente para iniciar las fases de contratación y ejecución de la infraestructura física.

La ciudad de Yopal registra una nueva víctima fatal producto de la siniestralidad vial. Tras permanecer 23 días en una unidad de cuidados intensivos (UCI), se confirmó el fallecimiento de Edward Camargo, uno de los dos motociclistas que protagonizaron un aparatoso choque el pasado 27 de enero en el sector de la carrera 5ª con calle 46.

El siniestro ocurrió durante la mañana del 27 de enero, cuando dos motocicletas colisionaron violentamente a la altura del separador de la carrera quinta.

En el hecho también resultó gravemente herido el joven arpista Deyvid Santiago Jiménez Mojica, oriundo de Hato Corozal, quien al igual que Camargo, fue ingresado de urgencia a un centro asistencial debido a la complejidad de sus lesiones.

Según versiones recolectadas entre testigos del percance en el momento del impacto, el choque se produjo de manera frontal, dejando a ambos conductores con pronóstico gravemente heridos desde el primer momento.

Pese a los esfuerzos médicos realizados durante más de tres semanas de hospitalización, el cuerpo de Camargo no resistió más, confirmándose su deceso en las últimas horas.

El Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Yopal, Casanare, amparó los derechos fundamentales al buen nombre, honra y rectificación de Josué Alirio Barrera Rodríguez, tras fallar una Acción de Tutela en contra de los periodistas Camila Gómez, Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño, integrantes del medio de comunicación CasaMacondo.

En la providencia, el juez ordenó a los comunicadores que, en un plazo de tres días hábiles tras la notificación, procedan a realizar una rectificación pública y personal.

El fallo estipula que dicha corrección debe tener un despliegue informativo equivalente al de las publicaciones originales donde se difundieron las afirmaciones objeto de la controversia.

La rectificación debe precisar que los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 470-94635 y 470-94634, ubicados en la vereda Las Atalayas del municipio de Aguazul, fueron adquiridos por Barrera Rodríguez mediante una compraventa legal al señor José Antonio Cala López.

Según consta en la escritura pública número 2915 del 14 de noviembre de 2012, estos terrenos tenían la calidad de propiedad privada al momento de la transacción y no eran baldíos, como se había informado anteriormente.

Así mismo, el despacho judicial conminó a los periodistas de CasaMacondo a dar cumplimiento estricto a las cargas de veracidad e imparcialidad previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y en la jurisprudencia constitucional vigente al ejercer la libertad de información y prensa.

Contra esta decisión procede el recurso de impugnación dentro de los tres días siguientes a su notificación; de no presentarse, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Este jueves 19 de febrero se hará la visita a dos puntos de la ciudad sugeridos por la Alcaldía de Yopal, como opciones para reubicar el terminal satélite ubicado sobre la Marginal del Llano, frente a las instalaciones del Gaula Militar.

Como se recuerda dicho paradero de buses intermunicipales e interdepartamentales que toman la ruta hacia el norte de Casanare, por temas de seguridad, debe ser trasladado. Esta orden fue dada desde al año pasado por la propia Administración municipal.

El pasado lunes un grupo de taxistas impidió el estacionamiento de los buses y busetas que llegan al lugar para dejar pasajeros. La actitud asumida por el gremio amarillo se dio como respuesta, a lo que consideraron como una persecución en su contra por parte de las autoridades.

Según voceros de los conductores de taxis, a ellos no se les permite estacionar en este sitio para recoger a los usuarios que desciendes de los vehículos intermunicipales. El inconformismo tuvo como resultado una reunión con la Secretaría de la Movilidad.

Sobre los resultados de este encuentro Alejandro Rojas, voceros de los taxistas, mencionó que se llegó a un primer acuerdo y fue trasladar el terminal satélite en un plazo que oscila entre los 20 y 25 días.

Los puntos propuestos por la Administración local para dicha reubicación quedan ubicados, uno sobre la calle 6ª con trasversal 18, el otro corresponde al lote contiguo a la sede de Medicina Legal.  

Independiente del lugar seleccionado, Rojas dijo que hicieron una petición muy puntual a la Secretaría de Movilidad. La petición consiste en que se habilite junto al nuevo terminal satélite, un parqueadero exclusivo para que los taxistas lleguen a recoger los usuarios provenientes del norte del departamento y de desciendan en dicho lugar.