La secretaria de desarrollo económico Fabiola Torres y el director del IFEY (Instituto Financiero y Empresarial de Yopal) Jimmy Barrera, entregaron detalles de la operación de cesión a un particular de la planta de beneficio animal.
Barrera aclaró que era necesario disipar dudas, porque se ha conocido que algunas personas le han dado una mala interpretación, sobre el cambio administrativo que se aplicó a la PBA, que pasó de la Secretaría de Desarrollo Económico al IFEY.
Enfatizó que era necesario hacer la trazabilidad de todas las situaciones que ha tenido que pasar la planta, desde el año 2012 cuando se creó.
Un primer dato mencionado es que en más de 20 años de operaciones, las diferentes administraciones pasadas le inyectaron dineros para su operación, pero no para optimizarla.
Barrera también contó que en 2015 la planta es asumida por Ceiba, entidad que trató de darle un mejor manejo, pero surgieron unos incumplimientos ambientales y sanitarios, a los que se sumaron los llamados contratos realidad, que generaron 23 demandas en la época de Ceiba y 26 con a la Secretaría de Desarrollo Económico.
Estos procesos judiciales tienen unas pretensiones económicas que superan los 3.600 millones de pesos, de los cuales solo se han pagado 944 millones, luego de conciliar con los demandantes.
Afirmó el funcionario que en caso de haber continuado con este modelo de contratación, la Administración municipal no podía seguir sosteniéndolos.
Agregó que la planta anualmente deja un producido de 1.800 millones de pesos, pero sus gastos son superiores a los 2.300 millones. “Todos los años el Municipio tiene que invertir 500 millones de pesos, aproximadamente”, acotó el director del IFEY.
Adicionalmente la Alcaldía debe asumir los pagos ambientales a Corporinoquia, también ante el Invima. Sobre este último aspecto Fabiola Torres explicó que la situación de la planta no era la mejor y tenía unas sanciones, porque no estaba cumpliendo con las normas de calidad que exige la autoridad vigilancia de alimentos.
Con este escenario tan adverso se buscó una alternativa de solución y se optó entregarla en concesión, donde el contratista asumió varias obligaciones.
Según lo explicó Jimmy Barrera, la concesionaria asume el 100 por ciento del riesgo de la operación de la planta. Aplicó un modelo diferente de contratación a término indefinido para el personal que labora en la PBA, que incluye las prestaciones sociales acordes con la ley.
Así mismo se comprometió con unas inversiones superiores a los 11 mil millones, las cuales serán a largo plazo, pero en los 3 meses y medio que quedan de este año, adelantarán unas adecuaciones para poder cumplir con el mínimo de la normativa, exigida por el Invima. Estas mejoras tienen un costo aproximado de 4.500 millones de pesos.
Otra condición es que la titularidad el inmueble, al igual que la estructura, los equipos y la maquinaria pertenecen al IFEY o de la entidad que cumpla sus funciones.
En cuanto a las utilidades que genere la planta, al Municipio le corresponde el 4 por ciento mensual de estas ganancias. El nombre de la concesionaria es Consorcio PSBR Yopal 2023, cuyo representante legal es Aldemar Alvernia Verjel.
