El Tribunal Administrativo de Casanare admitió una acción popular contra varias entidades estatales por la falta de ejecución de obras de interconexión entre los departamentos de Casanare y Vichada, especialmente la construcción de un puente sobre el Río Meta.

La demanda fue presentada por Carlos Eduardo Hernández e Ismael Córdoba, quienes promueven este mecanismo judicial con el objetivo de lograr avances concretos en la conectividad regional.

Entre las entidades implicadas figuran la Nación, el Ministerio de Transporte, Invías, las gobernaciones de Casanare y Vichada, y el municipio de Santa Rosalía.

En respuesta a una solicitud del abogado coadyuvante Daniel Burgos, el Tribunal decidió vincular al proceso a las compañías privadas Río Paila y Río Palma, las cuales operan en la zona y, según información preliminar, estarían dispuestas a aportar recursos para financiar el puente.

La admisión de esta acción judicial representa un nuevo paso en la búsqueda de soluciones a la falta de infraestructura vial entre los dos departamentos y abre la posibilidad de que el proyecto sea asumido parcialmente con inversión privada.