El Tribunal revocó la sanción por el supuesto Desacato hacia la alcaldesa de Aguazul, Johana Moreno, proferida por el Juzgado 1 Penal del Circuito Para Adolescentes de Yopal.

La medida se habría tomado aparentemente por desacato a una acción de tutela que protegían los derechos fundamentales de dos adultos mayores de la Vereda Volcán Blanco, amparando el derecho fundamental a Salud e Igualdad, como también el de Acceso a la Energía Eléctrica.

No obstante, el Tribunal consideró que el municipio, en especial la mandataria local, ha adelantado una gestión importante en pro de lograr una solución definitiva a la falta de energía eléctrica en la vivienda propiedad de los ciudadanos amparados por el fallo de tutela.

Asimismo, considera que la alcaldesa Johana Moreno ha tenido una actitud positiva demostrando toda la voluntad de cumplir con la orden emitida por la autoridad judicial, adelantando una serie de actividades en pro del cumplimiento del fallo como un contrato de Obra celebrado cuyo objeto es la instalación de la red eléctrica en la residencia de los demandantes. Así las cosas, se concluyó que no se configuran los elementos necesarios para constituir un Desacato.

 

 

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En las últimas horas la alcaldesa Eunice Escobar Bernal realizó una visita a la zona de emergencia sobre el puente del río Ariporo, donde dialogó con la comunidad e hizo un llamado al Instituto Nacional de Vías - Invías para que sea reevaluado el paso ubicado en el sector del frío para vehículos de carga pesada, ya que se ha evidenciado el traumatismo (Radios de giro y capacidad de carga del pavimento) en el tráfico por el sector urbano.

La mandataria entregó chalecos salvavidas gestionados ante la dirección departamental de la Defensa Civil Colombiana, para mitigar cualquier riesgo de las personas que cruzan el río en los medios que se han habilitado de manera improvisada. Así mismo recalcó que la administración municipal no avala ningún tipo de cobro para el paso de personas en el sector de la emergencia.

También envió un mensaje al Comité de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento para que sea consolidado de manera urgente y se ponga en marcha el Plan específico de acción luego de declararse la calamidad pública por parte de la Gobernación de Casanare.

 

 

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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar Bernal, por presunta omisión en el ejercicio de sus funciones y a la secretaria de Salud, Tatiana Rojas Abril, por posible violación del régimen de inhabilidades. 

El Ministerio Público investiga el nombramiento y posesión de Rojas Abril en la vigencia 2020, cuando, al parecer, no contaba con el tiempo requerido de experiencia mínima para desempeñar el cargo y para ejercer actividades como secretaria de despacho. 
 
Asimismo, la Procuraduría Regional de Casanare cuestionó a la mandataria local por la posible omisión al revisar diligentemente la designación e idoneidad de la secretaria para asumir el cargo.   
 
Por lo anterior, el ente de control calificó provisionalmente la falta de las investigadas como graves, a título de culpa grave.
 
 
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La Procuraduría Regional de Casanare formuló pliego de cargos contra la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar Bernal y la secretaria de salud municipal, Tatiana Rojas Abril, por irregularidades en la contratación de esta funcionaria, quien labora desde el 1 de enero en la Administración Municipal.

Según el Ministerio Público, en providencia del 21 de junio de 2022, Tatiana Rojas presuntamente no acreditó el cumplimiento de la experiencia relacionada de 6 meses exigida para ser nombrada como secretaria de salud, conforme al manual de funciones y competencias laborales de la Alcaldía.

La alcaldesa habría omitido el deber de revisar y confirmar la documentación con la cual se fundamentó la experiencia laboral de la funcionaria nombrada el 1 de enero de 2020, primer día de labores de la alcaldesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Según el resumen técnico de procedimiento de verificación de firmas, expedido por la Registraduría, se pudo constatar que fueron analizadas 3.645 firmas, de las cuales solo 1.951 fueron validadas, de las 3.021 requeridas para continuar con el proceso.

Así se desprende del informe presentado ayer por la coordinadora del Grupo de Verificación de Firmas, Martha Lucía Isaza Rodríguez.

En el análisis hecho se detectó que, de los supuestos apoyos recogidos, 320 fueron registros improcedentes; 460 renglones en blanco; 264 nombres no corresponden; 248 datos incompletos; 136 no están en el censo; 97 son datos ilegibles; 66 están clasificados como No ANI; en otros 40 casos la fecha no corresponde y en 24 más hay registros duplicados.

Esta iniciativa de revocatoria del mandato la lideraba Guillermo Alarcón Morales desde el año pasado en virtud del presunto incumplimiento del programa de gobierno y de la insatisfacción del pueblo de Aguazul con la Administración Municipal.

Esta es la segunda de las revocatorias que se venían adelantando en Casanare que no prospera. La primera en caerse por estas mismas situaciones fue la del alcalde de Orocué, Monchi Yovany Moreno. Igualmente, la del alcalde de Maní, Jersson Montoya, se fue quedando sin aire. Por ahora solo estarían avanzando las revocatorias del alcalde de Monterrey Carlos Díaz y de la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El pasado miércoles 8 de junio en horas de la tarde fue capturado en la carrera 11 con tercera Germán Escobar, hermano de la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar, por portar un arma de fuego.

Segùn información preliminar, Germán Escobar se encontraba en un establecimiento público cuando uniformados de la policía realizaban un registro, al requisarlo le hallaron un arma y fue trasladado esposado a la estación.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para surtir las audiencias que definirán su situación. Las audiencias fueron suspendidas anoche. Sin embargo, algunos ciudadanos señalan que Escobar es un ciudadano tranquilo que goza de buena reputación.

Se conoció que recientemente el esposo de la alcaldesa también habría sido requerido por la policía al hallarle un arma de fuego porque, aunque tiene salvoconducto legal, no contaba con la excepción para el porte fuera de su lugar de su residencia.

Foto de referencia

 

 

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En un escueto comunicado, la mandataria local se pronunció ante las denuncias recibidas en contra de un instructor de baile y danza llanera, quien fue acusado por presuntamente, someter a una niña, menor de edad, a acoso sexual.

La situación denunciada, fue considerada por la alcaldesa como indignante, y de inmediato ordenó, que los hechos fueran puestos en conocimiento de las autoridades competentes, para que se investiguen con rigurosidad y se esclarezcan, en aras de garantizar en la población, las garantías y el respeto por sus derechos.

Este hecho fue ventilado hace algunos días, cuando una joven denunció el comportamiento morboso e indecente del instructor con algunas menores de edad, quien de inmediato fue separado de sus actividades contractuales.

"Activamos a través de la Secretaria de Desarrollo Social, una ruta segura, para que los jóvenes y jovencitas que reciben formación cultural, deportiva y recreativa en las instalaciones de la casa de la cultura, denuncien todo tipo de comportamientos abusivos de los instructores y que pongan en peligro su integridad física y emocional”, indicó Cristina Guarnizo.

Reiteró la alcaldesa que estos escenarios deben ser seguros para los jovencitos y jovencitas y que no permitirá que pierdan su esencia, en busca del rescate y el fortalecimiento de la cultura y el deporte como pilares de desarrollo integral.

Guarnizo dio un parte de tranquilidad a los padres de familia y comunidad en general y se comprometió a redoblar esfuerzos para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir en Pore.

 

 

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El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal revocó las providencias de los Juzgados 1° Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo, que ordenaban el arresto y multa de la alcaldesa de Paz de Ariporo Eunice Escobar, dentro del incidente de desacato No. 85250-40-89-001-2021-00106, y ordenó su archivo.

Al fallar una acción de tutela en primera instancia interpuesta por la alcaldesa, Eunice Escobar,  el Tribunal dejó sin efecto las providencias judiciales del 26 de enero y 8 de febrero de 2022 preferidas por dichos juzgados,  que ordenarán tres días de arresto y sanción de cinco salarios mínimos legales  vigentes, por desacatar un fallo de tutela referente a la entrega de una información solicitada por parte de la veeduría PZA 0 Corrupción,  en relación a los suministros al hogar Mi Ranchito.

Esta acción de tutela,  tiene que ver con un contrato de prestación de servicios del 29 de abril de 2021, referente al suministro semanal de bienes de la canasta familiar y elementos de aseo, para el hogar de adultos mayores.

Diana Taquiva, demandante, instauró la acción de tutela, la cual, fue fallada en primera instancia a favor de la veeduría, en ese entonces la Administración apeló y nuevamente fue ratificado el fallo a favor de la veeduría, sin embargo, Taquiva señaló en su momento que nunca se cumplió y en vista que no le entregaron información instauraron un incidente de desacato.

Al enterarse del fallo a su favor, la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar, quien siempre se defendió argumentando que se había entregado la información, se pronunció a través de sus redes sociales señalando que: “La justicia tarda, pero llega, el tiempo nos da la razón”.

 

  

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El Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo confirmó fallo proferido contra la alcaldesa municipal Eunice Escobar consistente en 3 días de arresto y sanción de 5 salarios mínimos legales vigentes, por desacatar un fallo de tutela referente a la entrega de una información solicitada por parte de la veeduría PZA 0 corrupción, en relación a los suministros al Hogar Mi Ranchito.

En la providencia se recuerda que en la sentencia del 15 de julio de 2021 se conminó a la alcaldía a suministrar a la demandante copias de la entrada a almacén de los elementos de aseo y desinfección. Orden que la Alcaldía no cumplió argumentando que no fue una obligación impuesta al contratista y por ello no es posible cumplir.

Por lo anterior la providencia consultada, dice el juzgado, se confirma y ratifica el arresto por 3 días y la multa pecuniaria. El expediente se devuelve al juzgado inicial para que apliqué. De igual manera se remite a la Contraloría y la Procuraduría para lo de sus competencias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo este 26 de enero, sancionó con arresto de 3 días a la alcaldesa Eunice Escobar Bernal en una carceleta o celda de la estación de policía, por desacato a un fallo de tutela del 15 de julio de 2021, que ordenaba la entrega de información de un contrato de suministro de alimentos y elementos de aseo para para el hogar geriátrico Mi Ranchito.

La acción de tutela promovida por la veeduría Ciudadana PZA0Corrupción tiene que ver con un contrato de prestación de servicios del 29 de abril de 2021, referente al suministro semanal de bienes de la canasta familiar y elementos de aseo, para el hogar de adultos mayores. Se había solicitado las hojas de vida de 3 ecónomas contratadas y las actas o certificados de entrada a almacén de los elementos de aseo y desinfección y de la canasta familiar y estas últimas no fueron entregadas, porque supuestamente no existen.

Igualmente se impuso una sanción de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todas estas medidas impuestas serán ejecutadas una vez sea confirmada por el juzgado promiscuo del circuito, cuando se cumpla la consulta establecida en la ley. En todo caso se ordenó entregar la información en 48 horas.

Sobre este tema, Diana Taquiva, veedora ciudadana de Paz de Ariporo, informó que se instauró una acción de tutela, la cual, fue fallada en primera instancia a favor de la veeduría, en ese entonces la administración apeló y nuevamente fue ratificado el fallo a favor de la veeduría, sin embargo, señala que nunca se cumplió y en vista que no le entregaron información instauraron un incidente de desacato, que tiene en apuros hoy a la alcaldesa de esa localidad.

“Como ciudadana da tristeza que por lago tan básico como es entregar información se llegue a esto en el municipio de Paz de Ariporo”, afirmó Diana Taquiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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