Contra todo pronóstico, el Juzgado Promiscuo Municipal de Maní, en fallo de acción de tutela ordenó a la Alcaldía Municipal de Maní, en un tiempo perentorio de 48 horas, permitir la participación objetiva de cada uno de los proponentes y la del accionante Consorcio Casanare CHM, en el proceso que realiza el comité de evaluación, admitiendo su participación en el desarrollo del proceso licitatorio de la vía que comunica Maní, Tauramena y Monterrey, por 105 mil millones de pesos y el cual está suspendido cautelarmente por violaciones al debido proceso.

El juzgado en el fallo emanado este 27 de julio a la acción de tutela presentada por el representante legal del Consorcio Casanare CHM, Fernando Romero Herrera, argumentó que debe cumplirse con los principios de igualdad de oportunidades, equilibrio y publicidad en el multimillonario proceso licitatorio, los cuales fueron vulnerados por la Administración Municipal de Aguazul al no permitir la participación de dos oferentes que presentaron la oferta económica el lunes 28 de junio, y no les fue habilitada porque lo habrían hecho extemporáneamente, según la Alcaldía.

Cabe recordar que uno de los oferentes, el tutelante, que quedó inhabilitados en el proceso contractual por haber entregado su oferta, pasadas las 7 de la mañana del lunes 28 de junio, argumentó que cuando intentó radicar la oferta el viernes 24 de junio a las 4:26 de la tarde, se enteró mediante una circular fijada en la puerta de la Alcaldía que dicho día se había declarado no hábil en compensación de una jornada de ornato y embellecimiento hecha por la alcaldía el 4 de junio. Por ello muy a las 6 de la mañana del lunes siguiente intentó radicar nuevamente su oferta antes de las 7 am, hora límite de recepción, pero fue imposible porque solo abrieron las oficinas luego de esa hora. Nunca se informó en el Secop sobre dicha situación.

Con base en estos argumentos y los lineamientos legales de la contratación pública, la juez municipal de Maní, expresó que “NO fue publicado en el Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP, así como tampoco tenido en cuenta en la edificación y contabilización de términos dentro del cronograma del proceso de la referencia, donde ninguno de los documentos precontractuales (Aviso de Convocatoria, Estudio previo, Acto Administrativo de Apertura, borrador del pliego de condiciones, ni pliego de condiciones definitivo) tuvo en cuenta tal mención o contabilizó el día veinticuatro (24) de Junio de 2022, como día no hábil, pese a que la administración municipal tenía un conocimiento previo de la situación en comento, no fue protocolizada de ninguna manera esta situación en desarrollo del proceso contractual”.

La juez agregó que “Aquí ocurren dos situaciones irregulares claramente advertidas: i) No se hace mención de este acto administrativo en desarrollo del cronograma contractual, así como tampoco es tenido en cuenta el día veinticuatro (24) de 2022 como DÍA NO HABIL para la edificación del mismo y; ii) Su socialización para los interesados en el proceso contractual ocurre hasta la publicación en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de la Circular T.H.120.98.04.0368 el día 24 de junio de 2022, encontrándose en curso el termino perentorio para la presentación de las ofertas, previo al cierre del proceso.”

Igualmente que “Así, tal como lo menciona la administración Municipal en el traslado de la presente acción, la publicación del mentado acto administrativo (Decreto 038 del 19 de mayo de 2022) nunca tuvo publicación alguna en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal – SECOP I, así como tampoco fue tenido en cuenta en desarrollo del proceso de Licitación Pública N° MM-LP-001-2022, ni los documentos que lo conforman, entendiéndose con ello, que no puede advertirse su injerencia directa en la actuación procesal.”

Según el resumen técnico de procedimiento de verificación de firmas, expedido por la Registraduría, se pudo constatar que fueron analizadas 3.645 firmas, de las cuales solo 1.951 fueron validadas, de las 3.021 requeridas para continuar con el proceso.

Así se desprende del informe presentado ayer por la coordinadora del Grupo de Verificación de Firmas, Martha Lucía Isaza Rodríguez.

En el análisis hecho se detectó que, de los supuestos apoyos recogidos, 320 fueron registros improcedentes; 460 renglones en blanco; 264 nombres no corresponden; 248 datos incompletos; 136 no están en el censo; 97 son datos ilegibles; 66 están clasificados como No ANI; en otros 40 casos la fecha no corresponde y en 24 más hay registros duplicados.

Esta iniciativa de revocatoria del mandato la lideraba Guillermo Alarcón Morales desde el año pasado en virtud del presunto incumplimiento del programa de gobierno y de la insatisfacción del pueblo de Aguazul con la Administración Municipal.

Esta es la segunda de las revocatorias que se venían adelantando en Casanare que no prospera. La primera en caerse por estas mismas situaciones fue la del alcalde de Orocué, Monchi Yovany Moreno. Igualmente, la del alcalde de Maní, Jersson Montoya, se fue quedando sin aire. Por ahora solo estarían avanzando las revocatorias del alcalde de Monterrey Carlos Díaz y de la alcaldesa de Paz de Ariporo, Eunice Escobar.

Tras 11 años del colapso de la planta de tratamiento de agua potable de Yopal, inversiones por 95 mil millones de pesos en el sistema de abastecimiento de agua para el municipio que incluye la construcción y puesta en operación de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable definitiva que provee a Yopal 24 horas de agua al día, el Tribunal Administrativo de Casanare decidió cerrar el proceso judicial que cursaba a través de una acción popular instaurada ese mismo año.

El presidente del Tribunal, magistrado José Antonio Figueroa, informó que las órdenes emitidas en el fallo de esta acción constitucional, indicaban que las entidades, Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, Fondo de Adaptación y Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, debían brindar el servicio de agua potable a los ciudadanos las 24 horas del día y al cumplirse esto se da por terminado este proceso.

Sin embargo, frente a decisiones que tomaron las accionadas durante estos años y que retrasaron los procesos tendientes a garantizar el líquido vital al municipio, se compulsó copias a las entidades competentes para que investiguen, si lo tienen a bien, estas actuaciones. 

Una invitación especial a los habitantes de la ciudadela La Bendición, hizo la Administración Municipal, para que asistan este sábado 19 de febrero a la socialización del plano de loteo de este asentamiento humano, con lo cual se cumple un importante paso para la legalización urbanística.

La cita es en la cancha deportiva de La Bendición, a las 4:00 de la tarde, donde se espera la participación activa de líderes y comunidad en general, para que conozcan el trabajo que ha adelantado el equipo de Planeación Municipal.

Al respecto la jefe de la Oficina, Sonia Ruíz García, destacó que ha sido un trabajo arduo y estructurado, con un despliegue logístico y de profesionales, para hacer el levantamiento topográfico de más de 4700 predios, encuestas y caracterización socio económica (en un 85%); además de la compra de 110 hectáreas a favor del municipio, lo que permitirá avanzar en equipamiento y servicios públicos.

La Alcaldía de Yopal, informa que de esta forma se concluye la tercera etapa del proceso de legalización, pasando a la cuarta, en la cual se generará el estudio urbanístico final, para beneficiar a las miles de familias que habitan en este asentamiento, uno de los más grandes del país.

Mientras Corporinoquia informa que fue convocado el Consejo Directivo a una sesión extraordinaria para el próximo 19 de octubre para definir cómo sería el proceso de elección del director general en propiedad de la entidad, NO se ha informado que también se convocó al Consejo Directivo para el 20 de octubre, un día después, para autorizar al director encargado José Armando Suárez, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras.

No se entiende cómo si desde el 21 de junio la Sección Quinta del Consejo de Estado ya había declarado la nulidad de la elección de la directora elegida Doris Bernal Cárdenas y se estaba a la espera de unas aclaraciones, que no iban a cambiar el fallo, hasta ahora se convoque, primero para definir el mecanismo de elección del director, y segundo, si va a ser elegido este funcionario, que dirigirá a Corporinoquia, por qué se convoca al Consejo Directivo para aprobar vigencias futuras y no se espera a que el nuevo director plantee su plan de acción.

Con respecto al mecanismo para definir el nuevo director de Corporinoquia, el Consejo Directivo de Corporinoquia definirá entre, uno, retomar el proceso justo en el momento antes de que se presentó la irregularidad, bajo el entendido de que se sabe con certeza qué parte de la actuación no estuvo viciada y dos, llevarse a cabo un nuevo procedimiento y una nueva convocatoria, siempre y cuando no se desconozcan derechos adquiridos.

Se recuerda que el Consejo Directivo de la entidad elegido en febrero está conformado por 1 delegado de la Presidencia de la República, 1 delegado del Ministerio de Medio Ambiente, los 5 gobernadores del área de jurisdicción, Casanare, Arauca, Vichada, Cundinamarca y Boyacá, 2 delegados de organizaciones no gubernamentales, 2 delegados del sector privado, 1 delegado del sector indígena y 4 alcaldes de los municipios pertenecientes a la jurisdicción, quienes son: el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro; de Chámeza, Jhon Alexander Cubides; De Fortul, Javier Alonso Cabrera; de Arauca, Edgar Fernando Tovar y de Pisba, Wilton Giovanny Ruiz. El gobernador de Casanare es el presidente del Consejo Directivo.

Fuente: Martha Cifuentes

Con una amplia afluencia de funcionarios públicos de entidades a las cuales el ente de control ejerce vigilancia, y de otras como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, al igual que de veedores ciudadanos, y empleados de la Contraloría Departamental, se inició el Plan Institucional de Capacitación previsto para ser ejecutado en lo que resta del presente año.

De acuerdo con lo señalado por la Contralora departamental Yanneth Constanza Holguín Suárez, en lo que va corrido del programa, se ha logrado capacitar hasta la fecha, más de 700 personas, vinculadas unas, a diferentes agencias del Gobierno Nacional, otras a las entidades territoriales regionales y un buen número de ciudadanos que tienen como vocación las veedurías y el control social del manejo de los recursos públicos.

El desarrollo de estas capacitaciones tiene como objeto, la actualización de las nuevas normas que rigen para el control fiscal de los recursos públicos, las facilidades que ahora tienen los veedores para conseguir la información y los mecanismos de participación ciudadana.

Dada las restricciones por causa de la pandemia del Covid, las capacitaciones se han logrado realizar de manera virtual, con una alta asistencia, siendo exitosa su convocatoria, lo que muestra el interés, tanto de los funcionarios de las entidades estatales, como de los ciudadanos del común que conforman las organizaciones veedoras ciudadanas.

Por su parte, José Alfredo Rojas Pérez, vice contralor departamental anunció que en este programa de capacitación se han abordado hasta la fecha tres (3) temáticas principales, que tienen que ver con las novedades del código nacional disciplinario, gestión del presupuesto público y reformas al decreto ley 403 del 2020 en temas de responsabilidad fiscal.

Más adelante, Dijo Rojas Pérez, se iniciará el proceso de capacitación en temas de control social, en las que se espera la participación de los ciudadanos con vocación de veedores para el control social de la actividad pública.

Con optimismo los habitantes del asentamiento Brisas de San Rafael, ven el trabajo que adelantan funcionarios desde la oficina Asesora de Planeación, con el fin de legalizar sus predios y poder recibir todos los beneficios que conlleva dicha legalidad.

Una jornada de identificación del asentamiento humano ubicado en el corregimiento Santa Fe de Morichal, se realizó como respuesta a la solicitud de la comunidad de este centro poblado de la capital casanareña, quien escuchó los lineamientos para el proceso de legalización de los predios, como primer paso para lograr el desarrollo de importantes proyectos.

Por su parte, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Sonia Ruiz, expresó que, han aprovechado las herramientas que les brindó el Concejo Municipal para realizar todo el proceso de legalidad de predios que hasta la fecha no cuentan con la titularidad.

“La idea de este proceso es que los predios puedan ser intervenidos con obras por parte de la Administración Municipal o Departamental en cuanto a temas de ampliación de redes de servicios públicos y todos aquellos que requieren las familias que habitan estos sectores”, afirmó la funcionaria.

Dentro de los mecanismos creados para el proceso de legalización, se encuentra: La transformación de bienes baldíos urbanos en bienes de uso público; declaratoria de espacio público; la cesión a título gratuito y la enajenación directa de bienes fiscales.

En las próximas semanas la Administración Municipal estaría emitiendo el decreto que finalice oficialmente este proceso en la comuna más nueva de la ciudad.

Como compromiso de la reunión con Efraín García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Lucía, el alcalde Luis Eduardo Castro, en las próximas semanas emitirá y firmará el decreto que finalice oficialmente el proceso de legalización a la comuna VII de la ciudad.

Recordemos que la comuna VII es la última comuna que se ha creado en la capital del Casanare y por tal razón, actualmente no ha podido culminar de manera oficial su proceso de legalización, lo que impide el apoyo de diversas entidades como la Alcaldía de Yopal para la ejecución de diversas iniciativas y proyectos, que estén enfocados al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Efraín García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Lucía, al finalizar la reunión destacó que el mandatario de los yopaleños es conocedor de la situación y le reiteró su voluntad de apoyar en la culminación del proceso de legalización. "Lograr la legalización de la comuna es un avance muy importante ya que, al ser la comuna más nueva de Yopal, tiene problemáticas en muchos aspectos como en el servicio de acueducto, alcantarillado, la pavimentación de vías, el alumbrado público, entre otras", expresó el líder comunal en su intervención.

Por su parte el alcalde Luis Eduardo Castro, además de adquirir el compromiso de culminar el proceso de legalización de la comuna, agregó que realizará una reunión con todos los líderes comunales y sociales de este sector, para organizar y estructurar un cronograma de trabajo articulado, que permita evaluar y ejecutar algunas iniciativas o proyectos que puedan darle solución a las dificultades más urgentes que registra esta localidad de la capital del departamento de Casanare.

La Procuraduría General de la Nación archivó el proceso que adelantaba contra el entonces comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez Espinel, por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones, al no encontrar mérito para continuar con la acción disciplinaria. 

Luego de analizar las pruebas en la etapa de indagación preliminar, la Sala Disciplinaria de la Entidad evidenció que en ninguna de las certificaciones allegadas al proceso se puede advertir que a los generales del Ejército Nacional se les haya presionado o exigido que cumplieran unas metas mínimas de bajas, capturas o desmovilizaciones; por el contrario, quienes rindieron declaraciones dieron fe de que Martínez Espinel fue enfático en exigir respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la doctrina militar. 

La dependencia agregó que el entonces comandante del Ejército Nacional no incurrió en irregularidad que pueda configurar falta disciplinaria, y por lo tanto ordenó la terminación del proceso. 

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

Dentro del proceso que se ha venido adelantando durante varios meses en cuanto a la legalización de un predio donde se encuentra la Estación de Policía de Yopal, la Administración Municipal en cabeza del alcalde Luis Eduardo Castro, a través de la Oficina Asesora de Planeación, llevó a cabo una visita para realizar los análisis técnicos pertinentes en donde se examinó el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, definiendo un área de uso institucional y otra recreacional.

“Allí se precisó la destinación y el área que sería la adecuada, con normativa pertinente en la parte institucional, de igual forma se concretó que el restante del predio sería para destinación recreacional, según como se encuentra estipulado en el POT”, señaló Angie Oquendo, arquitecta de la Oficina Asesora de Planeación.

El área que va a ser usada como un parque, puede tener equipamientos colectivos que desarrollen usos complementarios a las actividades propias del escenario. “Esta área está establecida dentro de la estructura ecológica principal como uno de los espacios de mayor importancia para contemplación y paisajismo de la ciudad”, expresó David Rivera, también arquitecto de la Oficina Asesora de Planeación.

Cabe destacar que, dentro del proceso se identificó que la cerca que rodea la Estación de Policía cubre aproximadamente 57 mil metros cuadrados, allí se especificó que el uso institucional que ellos tienen realmente es una aproximación de 22 mil a 25 mil metros cuadrados, por lo tanto, se debe hacer una modificación. 

Durante la actividad se acordó que, siguiendo el modelo de ciudad, las áreas de conservación proyectadas en el POT, serán destinadas para un proyecto en pro de la biodiversidad y ecología de la capital casanareña. Dentro de los compromisos pactados se encuentran:

Mejorar el entorno del lote, para la proyección de un parque urbano con un equipamiento colectivo recreativo.

Desarrollar una mesa de trabajo.

Ampliar la oferta de espacios públicos al aire libre para la población.

El objetivo es que se inicie lo más pronto posible el proceso de adecuaciones en estos predios con recursos emanados directamente de la Institución.