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La actualización catastral de la zona rural del municipio de Yopal, a cargo del gestor catastral Catasig, ha generado una serie de inquietudes y debates, especialmente sobre los efectos que la aplicación de la Resolución IGAC 1912 de 2024 podría tener en las comunidades campesinas.

Tras haber finalizado la actualización en la zona urbana, Catasig se prepara ahora para la rural, advirtiendo sobre las implicaciones que trascenderán el mero ajuste de valores.

Según declaraciones del asesor jurídico de Catasig, Fredy Sossa, la actualización masiva de valores en el área rural no solo impactará el impuesto predial unificado, sino también el impuesto al patrimonio y las declaraciones de renta de las comunidades.

Una de las principales preocupaciones radica en la distinción entre un "ajuste" y una "actualización". De llevarse a cabo solo un "ajuste" y no una "actualización" completa, los terrenos de predios en varios corregimientos podrían perder la oportunidad de acceder de manera fácil a la legalización de sus predios, que han poseído y ocupado por muchos años.

Además, advierte que, con un simple ajuste, la administración municipal no dispondrá de herramientas adecuadas para el plan de ordenamiento territorial (POT), un instrumento clave que debería estar en desarrollo actualmente.

El gestor catastral ha manifestado una falta de "disposición puntual" por parte de la Secretaría de Planeación Municipal para abordar de manera conjunta este proceso.

Catasig informó que enviaron a la Secretaría de Planeación una hoja con los costos asociados a la actualización masiva y el ajuste de valores.

Aunque la Secretaría solicitó una ampliación técnica de esta información, lo que llevó a Catasig a generar una relación detallada de actividades para mayor claridad, no se ha logrado establecer una mesa de trabajo colaborativa.

"Nunca hemos encontrado como que la posición de sentémonos y ayúdenos a construir un documento técnico que nos permita que sea soporte del proyecto de inversión que debe reposar en el banco de proyectos de planeación", lamentó Fredy Sossa.

El representante de Catasig enfatizó que, si bien la empresa tiene la función de informar a la administración sobre la normativa y sus costos, la competencia para realizar estudios de mercado y el proyecto de inversión recae en la Secretaría de Planeación.

Pese a ello, el asesor jurídico indicó que Planeación ha manifestado que no cuenta con la información necesaria y que es Catasig quien debería elaborar el proyecto.

A esto, Sossa respondió que su rol de la empresa es generar una cotización sobre lo que se les solicita como autoridad catastral, pero que la elaboración de los estudios previos y el proyecto de inversión es responsabilidad del municipio.

Agregó el asesor jurídico que a pesar de las discrepancias, Catasig se muestra "propositivo" en este ejercicio, dejando claro que el único afectado por una gestión inadecuada será el campesinado, y no la administración municipal ni la empresa.

El abogado aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al alcalde de Yopal, reiterando la disposición de Catasig para "trabajar de la mano" en la organización de un ejercicio técnico y la estructuración del proyecto de inversión, siempre y no esperar hasta cuando haya recursos disponibles.

No obstante, recordó que, de no haber acuerdo o recursos, Catasig está en la "obligación de cumplir con una norma que deben cumplir todas las autoridades catastrales del país".

La situación pone de manifiesto la urgencia de una coordinación efectiva entre Catasig y la administración municipal, para asegurar que la actualización catastral en el área rural de Yopal beneficie realmente a la comunidad y no genere nuevas complejidades para los habitantes y el desarrollo territorial.

La publicación de un oficio enviado por la empresa Catasig invitando a la socialización de la propuesta de actualización el avalúo catastral de la zona rural de Yopal, encendió la polémica en la ciudad.

Esta misiva llegó en un momento en cual, aún no se conoce el epílogo de la controversia suscita por la actualización del avalúo en la zona urbana, que ha recibido toda una avalancha de críticas, por los altos costos que generó en el recibido el impuesto predial, sin contar con las implicaciones que en temas tributarios conlleva esta medida.

El documento fechado este 3 junio tuvo un primer yerro con el nombre del alcalde de Yopal, quien era uno de los destinatarios.  En el oficio Catasig escribió Luis Eduardo Castañeda.  

Pero ya en el contexto de la comunicación Catasig convoca a la Administración Municipal y al Concejo Municipal a una importante jornada de socialización sobre la implementación de la Resolución IGAC 1912 de 2024, que establece la metodología para el ajuste masivo de valores catastrales en zonas rurales.

La reunión, programada para el viernes 6 de junio de 2025 a las 8:30 a.m. en las instalaciones de Catastro Yopal, tiene como objetivo principal presentar los fundamentos técnicos, jurídicos y operativos de esta metodología de obligatorio cumplimiento, así como exponer los criterios normativos y territoriales que orientan su aplicación.

Según lo informado por Elvira Helena Martínez Consuegra, gerente de Catasig, la entidad remitió el pasado 19 de mayo una comunicación formal a la Administración Municipal advirtiendo sobre la necesidad de dar cumplimiento a esta normativa.

A pesar de argumentar que no ha recibido respuesta oficial, la entidad catastral ha decidido continuar con las gestiones técnicas y administrativas necesarias, en el marco de su competencia legal y del Convenio Interadministrativo Marco No. 1454 de 2023.

"Es imperativo cumplir de manera oportuna con los deberes que impone el marco normativo vigente", señaló la gerente en el documento de convocatoria, destacando que la implementación de esta metodología "no constituye una gestión unilateral ni opcional", sino que responde a un mandato legal de carácter nacional.

Durante la jornada de socialización también se presentará el cronograma de difusión y se propiciará un espacio de articulación institucional respecto a los impactos fiscales y operativos que esta medida tendrá frente a la comunidad y los entes de control.

La entidad también recordó que, conforme al artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, corresponde a los municipios adelantar procesos de formación y actualización catastral al menos cada cinco años, así como participar activamente en su financiación.

Por tanto, el Municipio de Yopal "no solo es beneficiario de este proceso —en virtud del incremento en su base gravable— sino también responsable de garantizar su sostenibilidad mediante la provisión de los recursos requeridos".

En este sentido, Catasig ha solicitado a la Administración Municipal definir un esquema claro de compensación institucional por la prestación de este componente del servicio público catastral, considerándolo una "condición indispensable para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público de gestión catastral en la jurisdicción del municipio".

La entidad ha manifestado que continuará impulsando las gestiones administrativas requeridas para formalizar dicho reconocimiento, sin descartar acudir a los mecanismos jurídicos y administrativos correspondientes en caso de ser necesario.

La Superintendencia de Notariado y Registro, liderada por Lady Yadira Escamilla, coordinadora de la delegación en visita especial a Yopal, recogió las quejas e inconformidades de la comunidad respecto a los resultados de la actualización catastral.

La visita se enmarca en una indagación preliminar para la recolección de pruebas y su respectivo análisis que permita emitir un informe sobre el proceso cumplido por la empresa Catasig.

Según la funcionaria, la percepción de la Superintendencia tras la visita coincide con las inquietudes manifestadas por los habitantes de Yopal. Si bien Escamilla no pudo entrar en detalles específicos debido al proceso en curso, expresó la satisfacción de haber podido atender y escuchar a la comunidad.

Así mismo, resaltó el compromiso de la administración de la Superintendencia de hablar con la verdad sobre las acciones a seguir dentro de sus competencias para revisar el proceso.

Al ser consultada sobre el tiempo que tomará la revisión, Escamilla indicó que, si bien no se puede precisar un plazo exacto, se espera emitir un dictamen muy rápido.

También señaló que esta situación de inconformidad no es exclusiva de Casanare. Mencionó que en Cundinamarca la situación es incluso más grave.

Explicó que la actualización del avalúo catastral, que refleja el valor actual del territorio, impacta directamente en el cobro del impuesto predial, generando malestar entre los ciudadanos.

El objetivo de la Superintendencia es verificar que se hayan cumplido los lineamientos metodológicos exigidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la normativa vigente.

En cuanto a la actuación de la Superintendencia en otros lugares del país donde ha habido reclamos similares, informó que se han sancionado gestores y actualmente hay más de 65 procesos sancionatorios abiertos.

Dijo que existen 89 expedientes gestionados y varios gestores ya sancionados por diversas situaciones. La entidad se encuentra en proceso de emitir fallos en diferentes sectores y contra distintas entidades a nivel nacional.

Respecto a la posibilidad de encontrar una salida jurídica, como lo sugirió el delegado de la Defensoría del Pueblo, Escamilla afirmó que existen varias vías legales, incluyendo revisiones y acciones ante lo contencioso administrativo.

Finalmente, el mensaje para la comunidad de Yopal, que continúa mostrando su inconformidad, es siempre reclamar y erradicar las quejas ante el gestor, que no puede negarse a recibirlas.

Además, la Superintendencia se mantiene abierta a recibir las reclamaciones e inconformidades de los ciudadanos con el gestor, para realizar el seguimiento correspondiente.

La Superintendencia de Notariado y Registro ha desplegado una visita especial a Yopal para verificar el proceso de actualización catastral adelantado por la empresa Catasig.

La diligencia responde a la solicitud del alcalde Marco Tulio Ruiz y al clamor de más de 400 quejas ciudadanas recibidas por el organismo de control.

Lady Yadira Escamilla, coordinadora del área de investigación, vigilancia y control catastral de la Superintendencia, lidera la labor que se extenderá hasta el miércoles 23 de abril.

La funcionaria manifestó que el objetivo principal es revisar, desde una perspectiva técnica y jurídica, cómo se llevó a cabo la actualización catastral en el municipio, basándose en los lineamientos emitidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Agregó que la visita tiene como propósito examinar la metodología empleada y la aplicación de las normas técnicas del IGAC por parte del gestor catastral Catasig y sus operadores.

Esta acción se fundamenta en una indagación preliminar previa, motivada tanto por la petición del burgomaestre como por las numerosas denuncias presentadas por los ciudadanos de Yopal.

Escamilla aclaró que esta visita constituye una etapa de recopilación de pruebas y revisión de la información proporcionada por Catasig. Por lo tanto, al finalizar la estadía en Yopal, no se emitirá un dictamen inmediato.

El informe final, con las conclusiones de la labor adelantada, tomará un tiempo prudencial para ser elaborado.

En cuanto a las facultades de la Superintendencia en este caso, la coordinadora explicó que se centran en la apertura de la investigación preliminar, la realización de la visita y, en caso de encontrar mérito, el inicio de un proceso sancionatorio contra el gestor catastral.

“Lo único que no hace la Superintendencia es suspender o no poner en vigencia los resultados de una actualización catastral, esa no es nuestra competencia”, recalcó Escamilla.

Esta visita del Supernotariado genera expectativas en la comunidad yopaleña, que espera claridad y posibles soluciones ante las inconformidades surgidas por la reciente actualización catastral.