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La ausencia de facturación del impuesto predial para la vigencia 2026 mantiene suspendida la expedición de certificados de paz y salvo en Yopal, situación que impide la transferencia de dominio de bienes inmuebles en las notarías del municipio.

Así lo explicó el abogado Guillermo Carrero Ibáñez, integrante de la lonja de propiedad raíz. El profesional del derecho expuso que esta anomalía administrativa vulnera el derecho a la disposición de la propiedad privada y genera un bloqueo en las transacciones de compraventa e hipotecas que requieren de dicho documento.

La problemática afecta a ciudadanos con promesas de compraventa vigentes, quienes enfrentan posibles sanciones económicas y cláusulas penales al no poder cumplir con las fechas pactadas para la escrituración.

Así mismo, el sector de la construcción reporta dificultades para legalizar la entrega de viviendas, lo que ha represado el desembolso de créditos hipotecarios y afectado la cadena de pagos a proveedores y contratistas.

Según Carrero, la urgencia de los contribuyentes radica en la obtención del recibo para efectuar el pago y tramitar el trámite notarial, más allá de los incentivos por pronto pago.

El abogado informó que se presentó una propuesta técnica a la Administración municipal consistente en extender la validez de los paz y salvo del año 2025 hasta que se habiliten los nuevos recibos, fundamentando la viabilidad legal en que el impuesto predial es anticipado y los usuarios no se encuentran en mora.

A pesar de que la iniciativa fue planteada a la Secretaría de Planeación como una medida de contingencia para reactivar el mercado inmobiliario, Guillermo Carrero señaló que no se ha recibido una respuesta formal ni se ha dado trámite a la solución, mientras persiste el desacuerdo técnico entre la Alcaldía y el gestor catastral, Catasig, sobre las inconsistencias de la base de datos.

La expedición de los recibos del impuesto predial continuara en pausa, hasta tanto Catasig no solucione las16.500 inconsistencias detectadas por la supervisión en el avalúo catastral.

La información fue dada a conocer por la Administración municipal, reiteró que “la decisión se adopta tras las múltiples y reiteradas inconsistencias identificadas en la información entregada por los prestadores de servicio catastral, en el marco del Convenio 1707 de 2023, suscrito el 31 de mayo de 2023 por la administración anterior”.

Subrayó la publicación oficial que “el impuesto predial debe pagarse; sin embargo, debe liquidarse sobre información técnica confiable y jurídicamente válida”.

De esta manera cada contribuyente pagará lo que realmente le corresponde, libre de cualquier sobrecosto derivado de una información errónea o con abundancia de inconsistencias.

Dentro del listado de falencias, la Secretaría de Planeación precisó el hallazgo de “Información incompleta en formatos R1 y R2. Registros con campos vacíos. Predios sin destino económico o sin dirección reportada.

Igualmente reportó predios sin área de terreno o construcción registrada.

Duplicidad de registros. Sectores sin división predial definida y ausencia de manzaneo urbano”.

Añade el boletín de prensa de la Alcaldía de Yopal, que toda esta información fue consignada “en nueve informes de supervisión”, igualmente “fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes para su evaluación y actuación correspondiente”.

Ante esta situación la Alcaldía señaló que “activó los mecanismos contractuales y legales disponibles para exigir a los prestadores de servicio catastral el cumplimiento de sus obligaciones y la corrección de las fallas advertidas”.

Otra medida reportada por el Gobierno local tuvo como epicentro la negativa de extender el modelo catastral a la zona rural por un valor cercano a $18.700.000.000 adicionales, teniendo en cuenta la situación presentada con Catasig en el área urbana.

Frente a esta ola de yerros, la Alcaldía recordó que tramitó ante el Concejo Municipal dos proyectos de acuerdo orientados a otorgar alivios tributarios a la población urbana y rural.

En este escenario se dijo que manera oficial que para este año “el incremento previsto de los avalúos catastrales para calcular el impuesto predial será del 3 %, conforme al Decreto 1480 del 30 de diciembre de 2025 expedido por el Departamento Nacional de Planeación”.

La Alcaldía de Yopal aseguró que “mantiene la facturación suspendida hasta que existan garantías técnicas y jurídicas suficientes”.

De la misma manera hizo hincapié en que “el objetivo es que los yopaleños cumplan con su obligación tributaria sobre bases ciertas, verificadas y ajustadas a la ley, accediendo a los beneficios tributarios por pago oportuno, cuya primera fecha (15 al 30 % de descuento) está dispuesta para el 31 de marzo de 2026”.

Finalmente, se deja la puerta abierta para que “en caso de requerirse, la administración municipal acudirá al Honorable Concejo Municipal para ampliar estos plazos con el fin de que la comunidad pueda realizar oportunamente sus pagos”.

La Superintendencia de Notariado y Registro inició una averiguación preliminar contra el municipio de Sabanalarga, Atlántico, en su calidad de gestor catastral (Catasig) para la ciudad de Yopal.

El procedimiento administrativo surge tras una solicitud formal de la Alcaldía de Yopal, que pidió revisar presuntas irregularidades en el convenio de gestión suscrito en mayo de 2023. Así lo manifestó el Gobierno local en boletín de prensa.

En el marco de esta actuación, la autoridad competente requirió a la administración municipal de Yopal la entrega de material probatorio que incluya registros fotográficos, informes de supervisión y las comunicaciones iniciales donde se reportaron las anomalías.

La información oficial indicó  que según los reportes técnicos, la base de datos entregada por el gestor presenta fallas estructurales que impiden actualmente la liquidación y expedición de las facturas del impuesto predial.

El inventario de errores detectados asciende a 16.538 predios con inconsistencias. Entre las fallas reportadas en los formatos oficiales se encuentran registros con información incompleta, ausencia de direcciones y destinos, falta de áreas de terreno o construcción, y duplicidad de folios.

Aunque la responsabilidad contractual de corregir estos datos recae sobre Catasig, la Alcaldía de Yopal ha dispuesto personal de diversas dependencias para intentar subsanar la información de forma manual y restablecer el proceso de facturación tributaria.

El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías emitió un fallo de tutela que ordena a la autoridad catastral, Catasig, resolver en un plazo de 48 horas las inquietudes y solicitudes de información radicadas por el concejal de Yopal, Felipe Becerra.

La decisión judicial se produce tras la falta de respuesta de la entidad a requerimientos previos realizados por el cabildante sobre el proceso de actualización catastral en el municipio y que elevó el valor del impuesto predial durante la vigencia 2025 en la zona urbana de la ciudad.

Según las declaraciones de Becerra, la información solicitada es necesaria para evaluar presuntas irregularidades en el cálculo de las áreas construidas y el valor por metro cuadrado de los terrenos, los cuales, según el concejal, presentan inconsistencias frente a la realidad de los predios.

El concejal informó que, de los 80.700 predios registrados en Yopal, aproximadamente 40.000 no realizaron el pago del impuesto predial el año anterior.

Entre las fallas reportadas se encuentran inconsistencias en el software de la alcaldía, recibos con datos erróneos y predios en sectores como Villa David que aparecen a nombre de la Administración municipal, pese a que ya habían sido entregados a particulares.

Así mismo, se reportaron discrepancias entre los polígonos catastrales de Catasig y la información cartográfica de la oficina de Planeación Municipal.

El fallo de Tutela busca garantizar el acceso a la información pública ante la denuncia de falta de atención presencial y canales de comunicación ineficaces por parte de la autoridad catastral.

Becerra indicó que compartirá el contenido íntegro de la sentencia con la ciudadanía para orientar las reclamaciones individuales relacionadas con los avalúos

Desde julio la fundación Little Guardians solicitó a Catasig la base cartográfica de la actualización catastral de las áreas 1 y 2, así como de las zonas homogéneas de la ciudad de Yopal, al gestor catastral Catasig.

Así lo explicó Luis Guillermo Pérez Pérez, miembro de la mencionada entidad. Agregó que la empresa en reiteradas ocasiones se ha negado a suministrar dicha información, la cual es determinante para cotejar los datos y corroborar que efectivamente “se hizo mal la actualización catastral” en la zona urbana de la capital casanareña.

Ante la negativa de Catasig optaron por interponer una Acción de Tutela. El resultado es un fallo en primera instancia donde la autoridad judicial señaló que en este caso se configuró un incidente de desacato.

Pérez señaló, igualmente, que esperan el fallo de segunda instancia, no obstante, contó que existe un segundo incidente de desacato, por un asunto similar.

La duda se genera en la insistencia de la empresa en no revelar a base catastral. Actitud que no para Luis Pérez no tiene explicación alguna, debido a que esta información de carácter público y no está cobijada bajo ninguna medida de protección de datos.

En este escenario mencionó que tuvo la posibilidad de ver lo que estaba solicitando de manera oficial, pero no de contar con una copia. De esta manera pudo constatar que se presentan varias inconsistencias. “Hay casas que tienen sus linderos sobre las vías públicas, hay zonas homogéneas que no corresponden a la realidad del territorio”, precisó Luis Pérez.

Mientras se resuelva la situación, la autoridad judicial decidió sancionar Elvira Helena Martínez Consuegra, gerente de Catasig, con una multa de tres salarios mínimos legales vigentes y con tres días de arresto que deberá cumplir en el comando de Policía.

La Procuraduría Regional de Casanare solicitó al Tribunal Administrativo de Casanare decretar medidas cautelares para suspender temporalmente el convenio entre el Municipio de Yopal y la empresa Catasig, que busca ejecutar la segunda fase de actualización catastral en el sector rural.

La solicitud tiene como punto de partida la acción popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante Tovar, quien alertó sobre posibles afectaciones a los derechos colectivos de la comunidad yopaleña.

En respuesta, el procurador Juan Pablo Rincón Camacho, en calidad de agente del Ministerio Público, emitió un pronunciamiento en el que advierte que continuar con el convenio podría generar perjuicios similares o mayores a los ya registrados en la fase urbana del proceso.

Según el documento, no se debe hacer este proceso de actualización, hasta tanto no se adelante una socialización real con la comunidad que habita el área rural del municipio.

Evitar esta observación podría derivar en bases gravables que no reflejan la realidad de los predios. Esto, además de afectar el patrimonio de los propietarios, pondría en riesgo los recursos públicos del municipio.

La Procuraduría argumenta que, de no suspenderse el convenio, se corre el riesgo de que los fondos sean desembolsados sin garantías técnicas ni jurídicas, lo que dificultaría una eventual decisión judicial que ordene rehacer el proceso bajo una nueva metodología.

En aplicación del principio de precaución, se solicita al Tribunal decretar una medida cautelar de cesación de actividades, con el fin de proteger los intereses generales, los recursos del municipio y los derechos de los propietarios rurales.

Durante el evento de inauguración de las sesiones extraordinarias del Concejo, la secretaria de planeación de Yopal, Narda Consuelo Perilla, entregó declaraciones donde ratificó la decisión de la Alcaldía de no firmar con Catasig el convenio para la actualización del avalúo catastral en el área rural del municipio.

Agregó que esta medida se suma a las continuas revisiones y un proceso por posible incumplimiento en los avalúos del sector urbano.

La funcionaria informó que el seguimiento al contrato interadministrativo 1707 continúa únicamente para el sector urbano** y la conservación del rural.

Sin embargo, se ha notificado por escrito que la actualización del sector rural no será aceptada, ni por renovación, actualización o ajuste automático.

Las razones esgrimidas son la protección de la comunidad y la falta de seguridad jurídica para firmar un nuevo convenio específico para el tema rural. Perilla enfatizó que la actualización rural no se iniciará en la presente vigencia ni en la siguiente**.

La decisión de la Alcaldía de Yopal surge en medio de cuestionamientos sobre el rol de Catasig. Según lo manifestado, la empresa al parecer es operador catastral y no un gestor, como lo exige la normativa.

En cuanto a los procesos de revisión de los avalúos urbanos, la Secretaria Perilla indicó que desde su gestión se han realizado tres informes de supervisión, que se encuentran disponibles para consulta pública en el SECOP.

En el tercer informe reitera que no se han subsanado todas las observaciones o, al menos, el contratista no lo ha comunicado en sus informes mensuales. Por ello, la Administración continúa con un proceso ante la oficina jurídica, por un posible incumplimiento del contrato en el área urbana.

La Administración Municipal de Yopal decidió no avanzar en convenios con la empresa estatal Catasig para procesos de actualización catastral en zonas rurales, tras identificar incumplimientos en requisitos técnicos y legales indispensables para este tipo de contrataciones.

Así lo informó Edgar Iván Paérez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quien explicó que la medida se tomó luego de un análisis jurídico detallado que evidenció la falta de condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente.

El alcalde Marco Tulio Ruiz respaldó la decisión, al considerar que no existen garantías suficientes para implementar una actualización catastral transparente y ajustada a las características del área rural del municipio.

Según Paérez, cualquier iniciativa en materia catastral debe partir de un contrato formal, escrito y claro, que defina los alcances, obligaciones y condiciones de ejecución.

En este caso, Catasig no presentó la documentación ni el respaldo técnico requerido, por lo que se descartó la posibilidad de establecer algún tipo de acuerdo.

Además, indicó que la Alcaldía ha dado estricto cumplimiento a los contratos suscritos en 2023, particularmente en lo atinente al convenio marco del sector rural.

Esta situación refuerza “la decisión de abstenerse de avanzar en procesos que no cuentan con respaldo jurídico y técnico suficiente” sostuvo el abogado Paérez.

  los actos contractuales firmados en 2023, especialmente los relacionados con el sector rural, fueron cumplidos conforme a la ley, y sirven como referencia para abstenerse de avanzar en procesos sin sustento jurídico.

Añadió que cualquier actuación en el tema catastral debe estar precedida por la formalización y solemnidad de un contrato escrito, que delimite con claridad los alcances, obligaciones y condiciones de ejecución.

Para la Administración Municipal, en caso no se han acreditado las condiciones específicas que exige la normatividad vigente, para que la empresa Catasig pueda adelantar una actualización catastral en la zona rural del municipio.

Por su parte, la secretaria de planeación, Narda Perilla, señaló que se han aplicado protocolos específicos para revisar cada fase del posible convenio, priorizando la protección del interés general de las familias rurales de Yopal.

Finalmente, Paérez precisó que ningún procedimiento contractual puede iniciarse sin contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente, aspecto que también fue revisado por el equipo jurídico, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad fiscal.

La publicación de un oficio enviado por la empresa Catasig invitando a la socialización de la propuesta de actualización el avalúo catastral de la zona rural de Yopal, encendió la polémica en la ciudad.

Esta misiva llegó en un momento en cual, aún no se conoce el epílogo de la controversia suscita por la actualización del avalúo en la zona urbana, que ha recibido toda una avalancha de críticas, por los altos costos que generó en el recibido el impuesto predial, sin contar con las implicaciones que en temas tributarios conlleva esta medida.

El documento fechado este 3 junio tuvo un primer yerro con el nombre del alcalde de Yopal, quien era uno de los destinatarios.  En el oficio Catasig escribió Luis Eduardo Castañeda.  

Pero ya en el contexto de la comunicación Catasig convoca a la Administración Municipal y al Concejo Municipal a una importante jornada de socialización sobre la implementación de la Resolución IGAC 1912 de 2024, que establece la metodología para el ajuste masivo de valores catastrales en zonas rurales.

La reunión, programada para el viernes 6 de junio de 2025 a las 8:30 a.m. en las instalaciones de Catastro Yopal, tiene como objetivo principal presentar los fundamentos técnicos, jurídicos y operativos de esta metodología de obligatorio cumplimiento, así como exponer los criterios normativos y territoriales que orientan su aplicación.

Según lo informado por Elvira Helena Martínez Consuegra, gerente de Catasig, la entidad remitió el pasado 19 de mayo una comunicación formal a la Administración Municipal advirtiendo sobre la necesidad de dar cumplimiento a esta normativa.

A pesar de argumentar que no ha recibido respuesta oficial, la entidad catastral ha decidido continuar con las gestiones técnicas y administrativas necesarias, en el marco de su competencia legal y del Convenio Interadministrativo Marco No. 1454 de 2023.

"Es imperativo cumplir de manera oportuna con los deberes que impone el marco normativo vigente", señaló la gerente en el documento de convocatoria, destacando que la implementación de esta metodología "no constituye una gestión unilateral ni opcional", sino que responde a un mandato legal de carácter nacional.

Durante la jornada de socialización también se presentará el cronograma de difusión y se propiciará un espacio de articulación institucional respecto a los impactos fiscales y operativos que esta medida tendrá frente a la comunidad y los entes de control.

La entidad también recordó que, conforme al artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, corresponde a los municipios adelantar procesos de formación y actualización catastral al menos cada cinco años, así como participar activamente en su financiación.

Por tanto, el Municipio de Yopal "no solo es beneficiario de este proceso —en virtud del incremento en su base gravable— sino también responsable de garantizar su sostenibilidad mediante la provisión de los recursos requeridos".

En este sentido, Catasig ha solicitado a la Administración Municipal definir un esquema claro de compensación institucional por la prestación de este componente del servicio público catastral, considerándolo una "condición indispensable para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público de gestión catastral en la jurisdicción del municipio".

La entidad ha manifestado que continuará impulsando las gestiones administrativas requeridas para formalizar dicho reconocimiento, sin descartar acudir a los mecanismos jurídicos y administrativos correspondientes en caso de ser necesario.

La Superintendencia de Notariado y Registro inició una averiguación preliminar contra Catasig, tras una solicitud presentada por el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz.

Sobre Catasig se conoce que es una empresa industrial y comercial del Estado constituida por la Alcaldía de Sabanalarga (Atlántico), y que  fue la encargada de llevar a cabo la actualización catastral en Yopal.

El mandatario yopaleño cuestionó la metodología utilizada en la actualización catastral de la ciudad. Este proceso, contratado durante la pasada administración municipal, generó incrementos desproporcionados en los cobros del impuesto predial. 

La petición del burgomaestre, presentada el pasado 27 de febrero de 2025, solicitó a la Supernotariado que ejerciera sus funciones de vigilancia y control para revisar el proceso de actualización catastral en Yopal.

Ruiz Riaño pidió que se garantizara la correcta aplicación de la metodología, conforme a la normativa vigente, y expresó dudas sobre los criterios técnicos empleados por Catasig.

La posición del mandatario yopaleño se sustenta en los resultados de la actualización catastral, los cuales generaron incrementos desmedidos en el valor del impuesto predial unificado, que a su vez provocó a la inconformidad de los contribuyentes, quienes adelantaron un plantón frente a la sede del palacio municipal.

Como respuesta a esta solicitud, la Supernotariado anunció que iniciará una investigación para determinar si el gestor catastral incurrió en irregularidades durante el proceso.

La entidad ordenará la práctica de pruebas para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como para verificar si se cometieron infracciones al régimen jurídico catastral. 

La investigación de la Superintendencia de Notariado y Registro busca establecer si Catasig, incurrió en posibles violaciones a las normas que rigen el servicio público catastral.