Buscando que se escuchen a las víctimas de violencia en el marco del conflicto armado colombiano, algunos medios de comunicación, resolvieron unirse y acompañar en su calvario a decenas de, especialmente mujeres, que reclaman por sus familiares desaparecidos y la reivindicación de sus derechos

Periodistas de diferentes medios de comunicación de Casanare, luego de escuchar espeluznantes historias de degradantes prácticas que todos los actores armados sometieron a mujeres, hombres y jóvenes, y que no han encontrado quien los escuche y atienda sus reclamos en los niveles del Estado, resolvieron hacer un colectivo, que marche al lado de las víctimas, buscando que sean atendidas y tratadas como se merece.  

Los comunicadores casanareños, pretenden a través de un trabajo conjunto, llamar la atención de las instituciones y funcionarios que,  el Estado tiene para investigar las  características, y patrones de la violencia, ejercida contra la población civil y, muy especialmente, contra las mujeres, a las que les desaparecieron sus familias, o fueron asesinadas en su presencia y sometidas a vejámenes impublicables, ahora no son escuchadas, o en algunos casos son re- victimizadas.

Para el caso de Casanare, donde se vivió la violencia en toda su bajeza y degradación, provocada por todos los actores armados, guerrilla, autodefensas, políticos y agentes de la fuerza pública, las víctimas y los familiares, no han encontrado, la ruta que les permita narrar su historia y rescatar los despojos mortales de sus seres queridos, de los que solo saben dónde están enterrados, quienes cometieron los crímenes, algunos de ellos en prisión, pero que tampoco han encontrado quien los escuche.

Como medida de fortalecimiento al acompañamiento que pretenden los comunicadores llaneros, a las víctimas de violencia en el marco del conflicto armado colombiano, solicitarán la solidaridad de organismos y asociaciones de periodistas en los ámbitos nacional e internacional y las garantías que el Estado colombiano, a través de las agencias judiciales, sociales y políticas está obligado en cumplimiento de la Constitución y las leyes. 

Luego de un partido de futbol, entre las mujeres y los excombatientes, que se jugó en las instalaciones del penal, en el marco de la Semana de la Desaparición Forzada en Casanare, los familiares de las víctimas del conflicto armado, principalmente las mujeres, reiteraron un vehemente llamado a las autoridades, para que se brinde información clara y precisa en relación con el paradero de sus familiares desaparecidos, después de más de dos décadas de búsqueda infructuosa.

La Fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida solicita a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que lidera este proceso humanitario, que se escuche el clamor de madres, esposas e hijas, en la búsqueda de la verdad. Como periodistas, nos unimos  a este llamado porque se esclarezcan estos hechos, reza la declaración pública.

Declaración Medios de Comunicación de Casanare - 31 de mayo 2024

Ratificando un compromiso público que varios periodistas de Casanare hicieron el 9 de abril de 2015 en un evento público de conmemoración del Día de las Víctimas que se realizó en la institución educativa Megacolegio de Yopal, renovamos nuestro interés en el respeto y la búsqueda de la verdad, no judicial sino reparadora, en un esfuerzo sincero de entregar a las familias de las víctimas y a la opinión pública, una cobertura informativa desprovista de intereses ocultos y manipulaciones indebidas.

1- Esta declaración pública se centra puntualmente en dar a conocer un reclamo de las víctimas del delito de desaparición forzada, debido a que en menos de 2 años, los ex combatientes que hicieron parte de las Autodefensas Campesinas de Casanare, al mando de alias Martín Llanos, saldrán de la cárcel y cómo este grupo paramilitar no se desmovilizó en el marco de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), estas personas no están obligadas a hacer aportes a la verdad.

2- Acompañamos el llamado de las víctimas quienes están buscando diferentes alternativas, para lograr que los ex combatientes, contribuyan con la verdad reparadora, que conocen sobre las desapariciones que se generaron a la primera década del 2.000. Sin embargo hay una limitante, debido a que muchos están próximos a recuperar su libertad y temen que se les abra un nuevo proceso judicial. 

Cabe resaltar que a las familias de las víctimas, no les interesa que haya nuevas condenas a los ex combatientes, lo más valioso en este proceso no es cárcel o indemnizaciones, lo realmente trascendental es conocer la verdad que les permita saber por qué desaparecieron sus familiares y especialmente, saber dónde están sus restos. Esta verdad puede ayudar a cerrar un ciclo de dolor y pérdida, que les permita continuar con su vida y/o afrontarla de una manera diferente.

3- A los ex combatientes les solicitamos respetuosamente que consideren su voluntaria participación con aportes a la verdad, con el fin de conocer detalles de posibles fosas en donde se puedan encontrar a personas que desaparecieron con ocasión al conflicto que se vivió en Casanare desde comienzos de la década del 2.000, teniendo en cuenta que hay un respaldo constitucional que garantiza que no tendrán nuevos procesos con la información que puedan proporcionar. 

Cabe aclarar que esta declaración no conlleva una presión u obligación para los ex combatientes, por el contrario, este mensaje es un llamado a la reparación; a contribuir con la verdad como una garantía de no repetición y como un gesto de paz hacia las víctimas del conflicto. 

4- Recordando el 5 punto de nuestra Declaración del 2015, cuando nos “comprometimos a hacer gestiones para visibilizar la historia de las víctimas de Casanare y recopilar las memorias del conflicto en el departamento’, solicitamos respetuosamente, pero con mucha vehemencia, a las autoridades que corresponda, implementar acciones pedagógicas que generen confianza en los ex combatientes y sobre todo, haciendo énfasis en que si hacen aportes a la verdad no les implicará un nuevo proceso penal, sino que con su verdad contribuirán en alguna medida, a reparar a las víctimas que llevan más de 20 años buscando los restos de sus familiares. 

5- Al señor Consejero Comisionado de Paz José Otty Patiño Hormaza, se le hace un llamado para que desde sus competencias y su experiencia como experto en procesos de paz, reincorporación y convivencia, envíe un salva vidas con carácter de urgencia a las víctimas de Casanare y que a través de su gestión, se logre algún resultado positivo para los ex combatientes puedan hacer el aporte a la verdad, a fin de ubicar los restos del mayor número de desaparecidos de nuestro departamento. 

6- En el marco de la Semana de la Desaparición Forzada en Casanare, los familiares de las víctimas del conflicto armado, principalmente las mujeres han hecho un vehemente llamado a las autoridades para que se brinde información clara y precisa en relación con su paradero, después de más de dos décadas de búsqueda infructuosa. La Fundación Yovany Quevedo Lazos de Vida solicita a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que se escuche el clamor de madres, esposas e hijas, en la búsqueda de la verdad. Como periodistas, nos unimos  a este llamado porque se esclarezcan estos hechos.

La justicia que realmente revindica a una víctima es la justicia restaurativa, la que se imparte para reparar el daño y que socialmente legítima todo acto de reconciliación, pues muestra un acto responsable y consciente entre actores intervinientes en un conflicto y esto se ha visto en otros procesos de paz en Colombia, en donde se han registrado experiencias de reconciliación entre exintegrantes de los grupos armados ilegales y víctimas,  que han resultado sanadoras y ejemplarizantes a la hora de reconstruir el tejido social roto por la guerra.

Los firmantes de esta declaración somos un grupo de periodistas y ciudadanos esperanzados en que Colombia encuentre vías de solución equitativa, justa y negociada al conflicto nacional; no pretendemos asumir la representación de un gremio diverso, pero invitamos de manera incluyente a colegas que quieran sumarse a esta iniciativa a que lo hagan de manera participativa, libre y espontánea.

Recordamos que como periodistas y medios de comunicación, tenemos una responsabilidad social de contribuir con la reconstrucción del pasado y escuchar las versiones de las víctimas, pero también de los victimarios, para construir relatos que se acerquen a la verdad de una manera responsable.  

En medio de una jornada en la cual no estuvieron asuntes las voces de inconformidad, que reclamaron por supuestamente no haber podido votar, fue elegida el pasado sábado 02 de septiembre la mesa municipal de participación efectiva de víctimas, por un periodo de 4 años

Fueron 326 personas las que participaron en esta elección, que se adelantó en el coliseo Bicentenario. En el desarrollo del acto de instalación, el personero de Yopal, Rafael Alberto Peña Torres, hizo un recuento sobre el proceso de inscripción, cupos a proveer y dejó claras las reglas de juego para que la jornada se realizará de la mejor manera y con total normalidad.

La actividad democrática permitió la elección para el periodo comprendido entre 2023 y 2027, dos organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas (ODV), así como los representantes de 120 organizaciones de víctimas (OV), que corresponden a los diferentes hechos victimizantes y enfoques diferenciales.

Una vez entregados los resultados y realizada la toma de juramento, se procedió a instalar la nueva mencionada mesa, compuesta por los representante recién elegidos, según los dispuesto por la Ley 1448 del 2011 y la Resolución 01668 del 2020.

En este mismo escenario los representantes eligieron como coordinadora a Jeiny Alexandra Jarro.

Como garantes de la jornada electoral estuvieron delegados de la Defensoría del Pueblo y la Registraduría de Yopal, quienes atentos vigilaron todo el proceso para garantizar su transparencia.

Así mismo, la Secretaría de Gobierno municipal dispuso la logística requerida, para culminar con éxito el ejercicio democrático.

“Invitamos a que cada uno de los representantes electos asuman con responsabilidad y dedicación la representación y defensa de las víctimas asentadas en Yopal”, afirmó el personero Rafael Alberto Peña Torres.

 Los representantes electos fueron los siguientes:

 Hechos victimizantes

Desplazamiento forzado: Gloria Cecilia Martínez, Olga Emilse Rojas, Sharick Eliana Pérez Unda, Jenny Liliana Hernández, Rodulfo Arciniegas Guevara, Eduardo Cetina Cerinza, Lenin Velandia Gómez, Johny Macualo Gaitán.

Vida y libertad: Milagros Gisela Robayo Blanco, y Yamile Pérez Siboche.

Minas Antipersonales: Meiner Santos Montenegro y Yanira Rojas García.

Desaparición forzada: Jeiny Alexandra Jarro Achagua y María Martina Cerinza.

Violencia sexual: Claudia Patricia Zapata.

Integridad física: Lauri Yadira Inocencio y Gonzalo José Segura Castro.

Enfoques diferenciales

Mujer: Liz Katherine Sierra Jiménez.

Adulto mayor: Juan de Jesús Rodríguez Acosta.

LGTBI: Tatiana Judith Torres Ramírez.

Jóvenes: Liliana Jiménez Higuera.

Discapacidad: Pablo Antonio Barrera Palacios.

Afrocolombiano: Lulvi Nicolás Otalvarez Cadena.

Organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas (ODV)

Organización Cuéntame Tu verdad Cuenta: representante legal, Yury Aracely Guais.

Organización Sembrar: representante legal, Yurly Eliana Trujillo.

En un nuevo caso de raponazo en la carrera 23 entre calles 16 y 17 en Yopal, madre e hija fueron víctimas de un delincuente que se movilizaba a bordo de una motocicleta y las abordó para hurtarles sus pertenencias.

La mujer aseguró que el sujeto la tomó fuerte de la blusa y el bolso con la intención de arrebatárselo, pero ella forcejeó y no se lo dejó quitar, al ver esta reacciòn el individuo optó por darle un puño en el pecho, halarla hacia la moto de él ocasionando la caída de las tres personas.

Relató que fue hospitalizada tras el fuerte golpe, que le dejó heridas en el hombro, manos, dedos, y cara. Además, de un golpe en la cabeza que requirió de sutura de dos puntos. La madre de la mujer, quien conducía la motocicleta también resultó con algunas laceraciones, pero por fortuna, no fueron de gravedad.

Del delincuente dijo que, aunque algunas personas lo persiguieron no lograron alcanzarlo. Relató que del individuo solo alcanza a recordar que portaba el casco sin abrochar, era de piel trigueña y que huyó del lugar sin el bolso.

“Quedé inconsciente unos minutos por culpa de unas personas que no les gusta trabajar y les encanta coger lo ajeno. Por fortuna no pasó a mayores, estoy maltratada bastante, pero no estoy muerta porque gracias a Dios portaba casco y elementos de seguridad, que me protegieron porque el golpe fue demasiado fuerte”, señaló la víctima.

Los familiares de Erika Alejandra Guzmán Machado y Jesica Lorena Perdomo Maldonado, quienes murieron en accidente de tránsito en la carrera 29 con calle 21 exigieron que se haga justicia contra el conductor en estado de embriaguez que ocasionó este trágico hecho que enluta a dos familias yopaleñas.

Desde el sábado familiares y amigos realizaron una velatón para rendir a las dos jóvenes mujeres, madres, hijas y hermanas que murieron trágicamente en este siniestro vial.

El dolor se manifestó a través de la luz de las velas que portaban ciudadanos consternados y tristes por el lamentable hecho.

Las voces que reclaman justicia contra el conductor se escucharon ayer en la Carrera de la Mujer, hasta donde llegaron familiares y ciudadanos con pancartas reclamando para que estas muertes no queden impunes.

Por su parte, el abogado Lenin Bustos dijo que se realizará este jueves 22 de diciembre una Mesa Seccional prioritaria, convocada por el gobernador Salomón Sanabria para abordar el tema relacionado con la muerte en accidente de tránsito de las jóvenes, Jessica y Alejandra y otros casos que se han registrado en Casanare.

La jefe de zona oriental de Tiendas Vélez, Angélica Céspedes, expresó su solidaridad y apoyo con la familia de Alejandra Guzmán y Jessica Perdomo, víctimas del accidente de tránsito del pasado 15 de diciembre en la carrera 29 con calle 21 de Yopal, cuando regresaban en sus motos a sus viviendas luego de salir de sus trabajos en el centro comercial Unicentro y fueron arrolladas por un vehículo.

Dijo que es una noticia muy lamentable para la empresa, y desde el momento del siniestro, Vélez se puso al frente de la situación asumiendo todos los gastos.

“Estamos al frente de la situación, queremos que este despido se haga de la mejor manera. Vélez es una empresa que valora lo humano”, afirmó Angélica Céspedes, jefe de zona de Vélez, quien además reiteró que, continuarán respaldando económicamente a los hijos de las jóvenes, que quedaron desamparados, para lo cual los empleados de las tiendas del país realizan una bolsa común.

Erika Alejandra Guzmán Machado, de 27 años de edad, llevaba 3 años como asesora en Tiendas Vélez y Jesica Lorena Perdomo Maldonado, de 26 años, 3 meses aproximadamente.

Recientemente en el departamento de Casanare se han desarrollado varias actividades en la etapa de formulación e implementación de los 17 planes de retornos y reubicaciones con los que actualmente se busca la reparación integral de las víctimas por el hecho de desplazamiento forzado. 

Desde la etapa de formulación, se llevó a cabo la aprobación del plan de retorno y reubicación con el cual se buscará la reparación integral de la comunidad Forjando Caminos de Esperanza, en el municipio de Hato Corozal. 

Este paso se dio en el marco del comité de justicia transicional realizado en días pasados en ese municipio, donde  los voceros de esta organización sin ánimo de lucro dijeron que el cierre de esta etapa de formulación es el resultado de un trabajo conjunto que les tomó casi todo un año de diálogos comunitarios y otros espacios de análisis y revisión,  en los que se identificaron esas acciones que demanda la comunidad para superar la situación de vulnerabilidad de los afectados por el conflicto armado. 

Por otro lado, en el municipio de Monterrey se efectuó la entrega de dotación mobiliaria para el centro de salud, siendo esta una de las acciones acordadas. Allí se contó con el acompañamiento de la organización Huellas de Esperanza, alcaldía y funcionarios del puesto de salud.            

En el plan de retorno y reubicación que se adelanta con la Asociación de Víctimas de Orocué (Asovioro), la comunidad también recibió mobiliario para el centro de desarrollo infantil. La inversión total de estas tres entregas de implementos es de aproximadamente $90 millones y consistió en sillas, escritorios, vitrinas y demás elementos necesarios para la operación básica de estos lugares.                                      

Durante dos días en el municipio de Hato Corozal se desarrolló un encuentro concertado entre los coordinadores de las 19 mesas municipales y la Mesa Departamental de Casanare, donde se analizaron las responsabilidades institucionales que se enmarcan en la implementación de la Ley 1448 de 2011, la cual busca la reparación integral de los afectados por el conflicto armado en todo el territorio colombiano.

La agenda trató temas como la reparación colectiva, planes de retornos y reubicación, procesos de indemnización y oferta de servicios para las víctimas, entre otros. Según José Alirio Barrera, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas de Casanare, en este ejercicio se realizó un diagnóstico acerca del cumplimiento de la implementación de la política en el departamento, el cual les arrojó un balance de lo que han avanzado y lo que aún hace falta hacer, llegando a tres conclusiones importantes:

-Más Fortalecimiento a las unidades productivas.
-Aumento en la participación e incidencia desde los diferentes enfoques diferenciales.
-Garantizar que este tipo de encuentros se realicen periódicamente y así hacer un correcto seguimiento y revisión coordinada a los compromisos pactados.

Este espacio, que corresponde a una de las acciones de participación en el Plan de Acción Territorial (PAT), fue convocado por la Gobernación de Casanare y contó con acompañamiento técnico del plenario de la Mesa Municipal de Víctimas de Hato Corozal, la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Hato Corozal.

La Unidad para las Víctimas, en su misión de reparar integralmente a los afectados por el conflicto, continúa realizando actividades de reconocimiento, sensibilización y apoyo emocional a través de estrategias psicosociales.

Una de ellas es “Más Valía”, la cual tiene un sentido transformador que busca fortalecer el proceso de reparación, especialmente de las víctimas con discapacidad.

El encuentro más reciente se desarrolló el pasado 20 de septiembre en el municipio de Yopal, donde asistieron alrededor de 30 personas, quienes fueron guiadas por una consejera psicosocial con discapacidad, lo cual facilita el acompañamiento.

En el mismo espacio, otra profesional psicosocial realizó un ejercicio paralelo con los cuidadores de esta población con capacidades diferentes.

“Más Valía” es una de las medidas de satisfacción y acciones de garantías de no repetición que busca la dignificación, el reconocimiento y el empoderamiento de los y las víctimas participantes.

Este lunes 19 y el miércoles 21 de septiembre la Unidad para las Víctimas lleva a cabo una nueva jornada de pagos de indemnización administrativa para beneficio de 86 víctimas del conflicto.

Estos recursos, que suman más de $750 millones, llegan para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los afectados por el conflicto residentes en 11 municipios de este departamento.

Además de la entrega de recursos económicos, se hace la lectura de la carta de dignificación donde el Estado colombiano pide perdón por los daños causados, y además se hace una actividad con enfoque psicosocial.

Igualmente, hay un espacio de inclusión social y económica para que los beneficiarios accedan a la oferta de Colpensiones, Banco Agrario, el Sena, alcaldía municipal y la Gobernación e inviertan en vivienda, educación, entre otros. 

La entidad recuerda a la población víctima del Casanare que, para realizar algún requerimiento pendiente sobre su estado de proceso, pueden acercarse a los puntos de atención ubicados en los municipios de Paz de Ariporo, Villanueva y Yopal.

Este último punto de atención está ubicado en la calle 21 No. 23- 08 del barrio Bicentenario, con atención de lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 12: 30 m. y de 2: 00 p.m. a 4: 00 p.m. con agendamiento previo en el número de celular 323226 6939.

De la inseguridad en Yopal no se salvan ni las IPS que prestan servicios de salud en el municipio. Con revolver y cuchillo, delincuentes asaltaron la noche de este sábado a don Armando Solano y su esposa Carmen Rosa Leguizamón, propietarios de la IPS Servidoensalud, entidad que brinda servicios de salud domiciliaria en Yopal, desde hace más de 12 años.

Según relataron las víctimas, sujetos armados ingresaron a las instalaciones de la entidad, ubicada al frente del parque extremo y después de amenazarlos con revolver y cuchillo, procedieron a despojarlos de sus pertenencias, celulares, dinero y documentos de identidad, entre otros elementos.

Diana Leguizamón, sobrina de Carmen Rosa Leguizamón, cuestionó la ola de inseguridad que afecta al municipio y reclamó a la policía y a la Alcaldía de Yopal, mayores garantías para sus habitantes.

“La delincuencia tocó nuestras puertas. ¿Factor oportunidad? Una "modalidad" que siento revictimiza a la víctima. Nadie nunca debería sentir miedo de abrir la puerta de su casa o de salir a la calle. ¡Estoy profundamente afectada y aterrorizada por este hecho!”, escribió indignada Diana en sus redes sociales, y a la vez solicitó a quien encuentre los documentos hurtados, favor hacerlos llegar a la sede de la entidad o comunicarse al celular: 311 2174099.

Sobre este hecho delincuencial, la secretaria de Gobierno, Karen López, dijo que lo mismo está pasando en todo el país y que Yopal no es ajeno a la realidad. “Yo misma atendí el caso de la IPS donde hombres armados hurtaron prendas y otros elementos. Ya las autoridades están haciendo su trabajo y se les pidió que por favor atendieran y respondieran frente a ello puesto que no se puede convertir en un hecho normal”, precisó.